Desde la Subdelegación aseguran que se trata de una competencia «exclusiva» del Gobierno andaluz, pero la Junta afirma que sólo le corresponde la limpieza
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| Vista aérea de la desembocadura del río Antas en la costa de Vera. |
ALMERÍA HOY / 13·10·2015
El Ayuntamiento de Vera ha aprobado emprender «acciones judiciales» para reclamar al Gobierno central el encauzamiento del río Antas al tiempo que el Consistorio abderitano ha convocado una gran manifestación el próximo domingo para exigir actuaciones en el río Adra. Sin embargo, ni el Ejecutivo central ni el andaluz quieren hacerse cargo de los encauzamientos de ambos ríos. Es más; la Junta de Andalucía dice que es una responsabilidad del Estado, y el Estado afirma que le compete a la Junta.
Cabe recordar que tanto Vera como Adra han padecido inundaciones e importantes daños materiales a causa de temporales que, a su vez, han provocado crecidas en sendos ríos de fatales consecuencias.
Ante preguntas de ALMERÍA HOY, el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Antonio Martínez, ha explicado que «la competencia del Gobierno andaluz es la limpieza de los cauces, y así se va a establecer en un informe que están detallando los técnicos, y que está valorado en 70.000 euros, para una posterior limpieza del cauce del río Adra valorada en unos 700.000 euros».
«Lo que sí decimos desde la Junta es que el encauzamiento y las obras de laminaciones en las cabeceras de los ríos, que serían una solución definitiva al problema, están declaradas de interés general y, por lo tanto, mantenemos que la competencia es del Estado», según ha detallado el delegado, refiriéndose tanto al caso del río Adra como del río Antas.
Así, Martínez ha contestado a las declaraciones que el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García-Lorca, realizaba recientemente también ante preguntas de ALMERÍA HOY. En ellas, García-Lorca manifestaba que «la competencia en materia de restauración hidrológica y conservación de los cauces pertenece al organismo de Cuencas», y que «el organismo de Cuencas es la Junta de Andalucía».
«A ella —la Junta— le compete el mantenimiento, la limpieza, etcétera, del cauce. Otra cosa es que se quiere invocar un principio del Plan Hidrológico, pero claro, eso ya es un tema más complejo jurídicamente. En cualquier caso, e incluso aunque estuviera declarado de interés general, tendría que ser la comunidad autónoma la instara ese interés general, y el Estado valorar si participa o no», explicó entonces.
Cabe recordar que tanto Vera como Adra han padecido inundaciones e importantes daños materiales a causa de temporales que, a su vez, han provocado crecidas en sendos ríos de fatales consecuencias.
Ante preguntas de ALMERÍA HOY, el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Antonio Martínez, ha explicado que «la competencia del Gobierno andaluz es la limpieza de los cauces, y así se va a establecer en un informe que están detallando los técnicos, y que está valorado en 70.000 euros, para una posterior limpieza del cauce del río Adra valorada en unos 700.000 euros».
«Lo que sí decimos desde la Junta es que el encauzamiento y las obras de laminaciones en las cabeceras de los ríos, que serían una solución definitiva al problema, están declaradas de interés general y, por lo tanto, mantenemos que la competencia es del Estado», según ha detallado el delegado, refiriéndose tanto al caso del río Adra como del río Antas.
Así, Martínez ha contestado a las declaraciones que el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García-Lorca, realizaba recientemente también ante preguntas de ALMERÍA HOY. En ellas, García-Lorca manifestaba que «la competencia en materia de restauración hidrológica y conservación de los cauces pertenece al organismo de Cuencas», y que «el organismo de Cuencas es la Junta de Andalucía».
«A ella —la Junta— le compete el mantenimiento, la limpieza, etcétera, del cauce. Otra cosa es que se quiere invocar un principio del Plan Hidrológico, pero claro, eso ya es un tema más complejo jurídicamente. En cualquier caso, e incluso aunque estuviera declarado de interés general, tendría que ser la comunidad autónoma la instara ese interés general, y el Estado valorar si participa o no», explicó entonces.
