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J. A. SÁEZ CALVO
España ha mirado demasiadas veces sus archipiélagos como descanso, paisaje o lejanía. Pero cuando una isla se encuentra en una posición estratégica, deja de ser periferia para convertirse en una pieza central del mapa.
Canarias mira al Atlántico africano. Baleares, al Mediterráneo occidental. La primera conecta con el Sáhara, el Sahel, Mauritania, Senegal y la fachada marroquí. La segunda obliga a mirar Argelia, las rutas marítimas, el eje levantino y la seguridad del Mare Nostrum. Cumplen funciones distintas, aunque comparten valor geoestratégico, ya que nuestro país no se agota en la Península.
La historia confirma su importancia. Menorca fue ocupada en 1708, cedida a Gran Bretaña por Utrecht y recuperada definitivamente por la Paz de Amiens de 1802. Las grandes potencias sabían lo que significaba Mahón. En las Canarias, corsarios, rutas americanas y ataques como el de Nelson a Santa Cruz de Tenerife en 1797 recuerdan que lo que es puerta atlántica, escala oceánica y defensa avanzada. No son tierras marginales, son puntos de apoyo. La pregunta es si hoy los responsables políticos lo ven con la misma claridad. El dominio oceánico se disputa con radares, cables y canalizaciones submarinas, satélites, zonas económicas exclusivas, datos oceanográficos, recursos, inteligencia y rutas. También con relatos históricos y jurídicos. Quien fija primero el marco llega con ventaja. Protestar tarde suele costar soberanía.
España acoge a primeros de mayo el “Chiefs of European Navies Meeting”, CHENS 2026, organizado por la Armada, con 35 jefes de marinas y representantes aliados. La cita prueba que las Fuerzas Armadas españolas entienden la cooperación naval y trabajan en ella con continuidad. Esa cultura debería extenderse al conjunto del Gobierno, no para militarizar la política, sino evitar que se camine por detrás de quienes ya leen el mar como un sistema. Un punto de partida debe ser el Sáhara. La posición española no puede plantearse como si aquel territorio fuera un recuerdo polvoriento de 1975. El Decreto de 10 de enero de 1958 reorganizó el África Occidental Española y el BOE lo publicó como norma sobre Ifni y Sáhara Español. Hubo, por tanto, una estructura provincial española, al margen de cómo se valore hoy aquel pasado.
Cada movimiento sobre ese expediente nos incumbe. Marruecos y Argelia lo incorporan a su reivindicación; la Unión Europea lo comprueba en los tribunales. España, demasiadas veces, lo trata como herencia incómoda, cuando debería leerlo como pieza de defensa, pesca, política exterior y presencia atlántica.
Esa estrategia no se limita a la tierra. Marruecos también ha movido el tablero marítimo. Las reformas legales de 2020 adaptaron su normativa sobre mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, hasta 200 millas náuticas de ZEE y una plataforma proyectable hasta 350 millas bajo lectura marroquí. Que un Estado legisle sobre sus dominios oceánicos es normal. Lo grave aparece cuando esa legislación alcanza áreas sensibles entorno a Canarias y aguas vinculadas al Sáhara Occidental, cuya soberanía no está resuelta internacionalmente. La ONU mantiene el Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos desde 1963, y el Consejo de Seguridad prorrogó en 2025 el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026. Se trata de una cuestión humanitaria, jurídica y estratégica sin cerrar y donde hay costa, banco pesquero, fosfatos, proyección marítima y peso geopolítico.
Rabat actúa con paciencia. No necesita grandes declaraciones: acumula pasos en el Sáhara, en su relación con Francia y Estados Unidos, en la presión sobre Ceuta y Melilla y en su papel ante Europa como socio útil frente a flujos migratorios, terrorismo, inestabilidad sahariana o influencia rusa y china. Ese enfoque se transforma en fuerza negociadora. Quien sabe presentarse como necesario suele ganar la partida.
Su pulso es diplomático y narrativo. Desde hace años, medios marroquíes y tribunas próximas al nacionalismo presentan Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas o territorios marroquíes bajo administración española. No se puede impedir que otros fabriquen su relato; pero sí se puede evitar llegar tarde a la respuesta. El territorio no se defiende solo con tratados, banderas o declaraciones solemnes. También exige impedir que una falsedad repetida parezca una duda razonable ante terceros.
Los últimos movimientos en Washington deben leerse con atención. Un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha mencionado Ceuta y Melilla como ciudades bajo administración española situadas en territorio de Marruecos, e incluso ha alentado una mediación sobre su futuro. No cambia la posición oficial estadounidense ni modifica la soberanía española, pero tampoco conviene despacharlo como una frase aislada. En política internacional, antes de un giro suelen aparecer informes, globos sonda, matices laterales y silencios calculados.
A la vez, el vecino magrebí refuerza su utilidad militar para Estados Unidos. African Lion 2026, organizado por el Mando África estadounidense y las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, reúne en suelo marroquí a miles de efectivos y decenas de países con el objetivo declarado de mejorar la interoperabilidad y la respuesta ante emergencias. En términos políticos, Rabat se presenta como plataforma fiable para la proyección occidental en África. Mientras España consume demasiada energía en debates internos e ideológicos, el reino alauita convierte su geografía en capital diplomático.
A las Islas Afortunadas las rodea, antes que nada, una cuestión jurisdiccional. La Ley 44/2010 trazó un contorno perimetral del archipiélago y denominó “aguas canarias” a las integradas en él. La norma tiene valor político y simbólico, aunque reconoce un límite: ese trazado no altera la delimitación de los ejes navales conforme al Derecho internacional. Una frontera marítima no se consolida por dibujarla. Se afirma con consistencia diplomática, vigilancia, conocimiento técnico y presencia continuada.
Después están los recursos. España autorizó prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura en 2014; Repsol las abandonó en 2015 al no hallar, supuestamente, reservas comercialmente viables. Más tarde, la Ley de cambio climático cerró la puerta a nuevas autorizaciones de hidrocarburos en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. La decisión puede defenderse por razones ambientales. Lo que no cabe es convertir la prudencia climática en pasividad. Descartar la extracción no debe traducirse en abandono estratégico: los fondos marinos deben conocerse, protegerse y mantenerse fuera de usos contrarios al interés nacional.
La transición energética no elimina la geopolítica; la desplaza. Antes pesaban el petróleo y el gas. Ahora cuentan los minerales críticos, las interconexiones, el hidrógeno, los puertos y la capacidad industrial. Canarias no puede quedar encerrada en el debate sobre perforar o no perforar.
La pesca abre otro flanco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en octubre de 2024 los acuerdos agrícola y pesquero con el país alauita por haberse celebrado sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. El acuerdo pesquero, además, ya había expirado en julio de 2023. La resolución recuerda algo que la política nacional no debería olvidar: el Sáhara sigue produciendo efectos jurídicos y económicos. Para nuestra perspectiva atlántica, pesca, aguas, competencia y legalidad internacional forman un mismo eje. Ahí encaja también el tomate. Las exportaciones marroquíes hacia el mercado comunitario han aumentado alrededor de un 50 % desde 2012, mientras el producto español pierde terreno y el campo denuncia competencia desigual, controles insuficientes y dudas sobre origen y trazabilidad.
La inmigración irregular añade la dimensión más visible. Aquí conviven tragedias humanas, redes criminales, Estados frágiles, presión fronteriza y cálculo político. Reducirlo todo a compasión o a seguridad empobrece el análisis. Los corredores migratorios tienen una dimensión humana, delictiva, económica y estratégica. Frontex registró en 2025 una fuerte caída de la ruta de África occidental hacia Canarias, por el descenso de salidas desde Mauritania, Marruecos y Senegal. En el primer trimestre de 2026 volvió a señalar una bajada acusada. El dato es positivo, aunque la presión no desaparece. Entonces entra Baleares: cuando el flujo atlántico retrocede, el Mediterráneo occidental gana presión y la vía desde Argelia se convierte en uno de los corredores más dinámicos. El problema cambia de orilla.
El valor de las islas se mide por historia, pertenencia, población y superficie, también por lo que permiten controlar, proteger o impedir. Un puerto puede pesar más que una provincia extensa. Un EVA, Escuadrón de Vigilancia Aérea, bien situado aporta más defensa real que muchos discursos. Un cable submarino cortado puede causar más daño que una crisis diplomática. Un centro de mando, una base aérea o una red de salvamento son soberanía práctica.
La insularidad agrava cualquier emergencia. Abastecimiento, turismo, seguridad interior, asistencia a inmigrantes, transporte sanitario, vigilancia costera y respuesta militar dependen de medios que no se improvisan. La distancia puede proteger a la Península, pero no debe dejar solas a las islas, menos aún con la inmigración ilegal y nuevos riesgos epidemiológicos como el hantavirus.
En ese mapa, las Fuerzas Armadas no aparecen solo cuando estalla la amenaza. Su trabajo empieza antes: disuasión, control y seguimiento, rescate, apoyo logístico y coordinación civil. Esa labor diaria depende de una estructura que rara vez aparece en el debate público: el Estado Mayor de la Defensa, el Mando de Operaciones y los mandos operativos terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, responsables de sostener la alerta en los espacios de interés nacional.
En el Atlántico, Gando, Lanzarote, los mandos, patrulleros, unidades terrestres y de salvamento no son piezas administrativas. Son despliegue efectivo del Estado. En el Mediterráneo ocurre lo mismo, con otra visión y medios.
Para ello hace falta política de Estado. La cooperación resulta imprescindible; sin delegar la frontera. La buena vecindad no consiste en aceptar que otros administren nuestros límites, sino en tratar con ellos sin olvidar los intereses propios.
Las islas completan el triángulo de la Defensa. Gibraltar enseñó el coste de dejar que otro consolide mientras nosotros protestamos. Marruecos mostró el precio de enfrentarse a un vecino que piensa a largo plazo. Canarias y Baleares añaden una advertencia histórica y geoestratégica. España debe entenderse desde el mar, y recordar que sus archipiélagos son observados con atención mientras algunos gobernantes los tratan con distancia.
(Para leer El triángulo de la defensa española I y II, click AQUÍ)
La historia confirma su importancia. Menorca fue ocupada en 1708, cedida a Gran Bretaña por Utrecht y recuperada definitivamente por la Paz de Amiens de 1802. Las grandes potencias sabían lo que significaba Mahón. En las Canarias, corsarios, rutas americanas y ataques como el de Nelson a Santa Cruz de Tenerife en 1797 recuerdan que lo que es puerta atlántica, escala oceánica y defensa avanzada. No son tierras marginales, son puntos de apoyo. La pregunta es si hoy los responsables políticos lo ven con la misma claridad. El dominio oceánico se disputa con radares, cables y canalizaciones submarinas, satélites, zonas económicas exclusivas, datos oceanográficos, recursos, inteligencia y rutas. También con relatos históricos y jurídicos. Quien fija primero el marco llega con ventaja. Protestar tarde suele costar soberanía.
España acoge a primeros de mayo el “Chiefs of European Navies Meeting”, CHENS 2026, organizado por la Armada, con 35 jefes de marinas y representantes aliados. La cita prueba que las Fuerzas Armadas españolas entienden la cooperación naval y trabajan en ella con continuidad. Esa cultura debería extenderse al conjunto del Gobierno, no para militarizar la política, sino evitar que se camine por detrás de quienes ya leen el mar como un sistema. Un punto de partida debe ser el Sáhara. La posición española no puede plantearse como si aquel territorio fuera un recuerdo polvoriento de 1975. El Decreto de 10 de enero de 1958 reorganizó el África Occidental Española y el BOE lo publicó como norma sobre Ifni y Sáhara Español. Hubo, por tanto, una estructura provincial española, al margen de cómo se valore hoy aquel pasado.
Cada movimiento sobre ese expediente nos incumbe. Marruecos y Argelia lo incorporan a su reivindicación; la Unión Europea lo comprueba en los tribunales. España, demasiadas veces, lo trata como herencia incómoda, cuando debería leerlo como pieza de defensa, pesca, política exterior y presencia atlántica.
Esa estrategia no se limita a la tierra. Marruecos también ha movido el tablero marítimo. Las reformas legales de 2020 adaptaron su normativa sobre mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental, hasta 200 millas náuticas de ZEE y una plataforma proyectable hasta 350 millas bajo lectura marroquí. Que un Estado legisle sobre sus dominios oceánicos es normal. Lo grave aparece cuando esa legislación alcanza áreas sensibles entorno a Canarias y aguas vinculadas al Sáhara Occidental, cuya soberanía no está resuelta internacionalmente. La ONU mantiene el Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos desde 1963, y el Consejo de Seguridad prorrogó en 2025 el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026. Se trata de una cuestión humanitaria, jurídica y estratégica sin cerrar y donde hay costa, banco pesquero, fosfatos, proyección marítima y peso geopolítico.
Rabat actúa con paciencia. No necesita grandes declaraciones: acumula pasos en el Sáhara, en su relación con Francia y Estados Unidos, en la presión sobre Ceuta y Melilla y en su papel ante Europa como socio útil frente a flujos migratorios, terrorismo, inestabilidad sahariana o influencia rusa y china. Ese enfoque se transforma en fuerza negociadora. Quien sabe presentarse como necesario suele ganar la partida.
Su pulso es diplomático y narrativo. Desde hace años, medios marroquíes y tribunas próximas al nacionalismo presentan Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas o territorios marroquíes bajo administración española. No se puede impedir que otros fabriquen su relato; pero sí se puede evitar llegar tarde a la respuesta. El territorio no se defiende solo con tratados, banderas o declaraciones solemnes. También exige impedir que una falsedad repetida parezca una duda razonable ante terceros.
Los últimos movimientos en Washington deben leerse con atención. Un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha mencionado Ceuta y Melilla como ciudades bajo administración española situadas en territorio de Marruecos, e incluso ha alentado una mediación sobre su futuro. No cambia la posición oficial estadounidense ni modifica la soberanía española, pero tampoco conviene despacharlo como una frase aislada. En política internacional, antes de un giro suelen aparecer informes, globos sonda, matices laterales y silencios calculados.
A la vez, el vecino magrebí refuerza su utilidad militar para Estados Unidos. African Lion 2026, organizado por el Mando África estadounidense y las Fuerzas Armadas Reales marroquíes, reúne en suelo marroquí a miles de efectivos y decenas de países con el objetivo declarado de mejorar la interoperabilidad y la respuesta ante emergencias. En términos políticos, Rabat se presenta como plataforma fiable para la proyección occidental en África. Mientras España consume demasiada energía en debates internos e ideológicos, el reino alauita convierte su geografía en capital diplomático.
A las Islas Afortunadas las rodea, antes que nada, una cuestión jurisdiccional. La Ley 44/2010 trazó un contorno perimetral del archipiélago y denominó “aguas canarias” a las integradas en él. La norma tiene valor político y simbólico, aunque reconoce un límite: ese trazado no altera la delimitación de los ejes navales conforme al Derecho internacional. Una frontera marítima no se consolida por dibujarla. Se afirma con consistencia diplomática, vigilancia, conocimiento técnico y presencia continuada.
Después están los recursos. España autorizó prospecciones petrolíferas frente a Lanzarote y Fuerteventura en 2014; Repsol las abandonó en 2015 al no hallar, supuestamente, reservas comercialmente viables. Más tarde, la Ley de cambio climático cerró la puerta a nuevas autorizaciones de hidrocarburos en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. La decisión puede defenderse por razones ambientales. Lo que no cabe es convertir la prudencia climática en pasividad. Descartar la extracción no debe traducirse en abandono estratégico: los fondos marinos deben conocerse, protegerse y mantenerse fuera de usos contrarios al interés nacional.
La transición energética no elimina la geopolítica; la desplaza. Antes pesaban el petróleo y el gas. Ahora cuentan los minerales críticos, las interconexiones, el hidrógeno, los puertos y la capacidad industrial. Canarias no puede quedar encerrada en el debate sobre perforar o no perforar.
La pesca abre otro flanco. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en octubre de 2024 los acuerdos agrícola y pesquero con el país alauita por haberse celebrado sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. El acuerdo pesquero, además, ya había expirado en julio de 2023. La resolución recuerda algo que la política nacional no debería olvidar: el Sáhara sigue produciendo efectos jurídicos y económicos. Para nuestra perspectiva atlántica, pesca, aguas, competencia y legalidad internacional forman un mismo eje. Ahí encaja también el tomate. Las exportaciones marroquíes hacia el mercado comunitario han aumentado alrededor de un 50 % desde 2012, mientras el producto español pierde terreno y el campo denuncia competencia desigual, controles insuficientes y dudas sobre origen y trazabilidad.
La inmigración irregular añade la dimensión más visible. Aquí conviven tragedias humanas, redes criminales, Estados frágiles, presión fronteriza y cálculo político. Reducirlo todo a compasión o a seguridad empobrece el análisis. Los corredores migratorios tienen una dimensión humana, delictiva, económica y estratégica. Frontex registró en 2025 una fuerte caída de la ruta de África occidental hacia Canarias, por el descenso de salidas desde Mauritania, Marruecos y Senegal. En el primer trimestre de 2026 volvió a señalar una bajada acusada. El dato es positivo, aunque la presión no desaparece. Entonces entra Baleares: cuando el flujo atlántico retrocede, el Mediterráneo occidental gana presión y la vía desde Argelia se convierte en uno de los corredores más dinámicos. El problema cambia de orilla.
El valor de las islas se mide por historia, pertenencia, población y superficie, también por lo que permiten controlar, proteger o impedir. Un puerto puede pesar más que una provincia extensa. Un EVA, Escuadrón de Vigilancia Aérea, bien situado aporta más defensa real que muchos discursos. Un cable submarino cortado puede causar más daño que una crisis diplomática. Un centro de mando, una base aérea o una red de salvamento son soberanía práctica.
La insularidad agrava cualquier emergencia. Abastecimiento, turismo, seguridad interior, asistencia a inmigrantes, transporte sanitario, vigilancia costera y respuesta militar dependen de medios que no se improvisan. La distancia puede proteger a la Península, pero no debe dejar solas a las islas, menos aún con la inmigración ilegal y nuevos riesgos epidemiológicos como el hantavirus.
En ese mapa, las Fuerzas Armadas no aparecen solo cuando estalla la amenaza. Su trabajo empieza antes: disuasión, control y seguimiento, rescate, apoyo logístico y coordinación civil. Esa labor diaria depende de una estructura que rara vez aparece en el debate público: el Estado Mayor de la Defensa, el Mando de Operaciones y los mandos operativos terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciberespacial, responsables de sostener la alerta en los espacios de interés nacional.
En el Atlántico, Gando, Lanzarote, los mandos, patrulleros, unidades terrestres y de salvamento no son piezas administrativas. Son despliegue efectivo del Estado. En el Mediterráneo ocurre lo mismo, con otra visión y medios.
Para ello hace falta política de Estado. La cooperación resulta imprescindible; sin delegar la frontera. La buena vecindad no consiste en aceptar que otros administren nuestros límites, sino en tratar con ellos sin olvidar los intereses propios.
Las islas completan el triángulo de la Defensa. Gibraltar enseñó el coste de dejar que otro consolide mientras nosotros protestamos. Marruecos mostró el precio de enfrentarse a un vecino que piensa a largo plazo. Canarias y Baleares añaden una advertencia histórica y geoestratégica. España debe entenderse desde el mar, y recordar que sus archipiélagos son observados con atención mientras algunos gobernantes los tratan con distancia.
(Para leer El triángulo de la defensa española I y II, click AQUÍ)
