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J. A. SÁEZ CALVO
La frontera Sur y el precio de la incoherencia
Si Gibraltar dibuja uno de los brazos de la pinza, Marruecos obliga a mirar el Estrecho como un espacio decisivo para la defensa española. Basta observar el mapa para entender que el problema no se agota en la colonia británica ni en Ceuta y Melilla consideradas por separado. La costa gaditana, el Campo de Gibraltar, la fachada malagueña, las aguas del Estrecho y las posiciones españolas del norte de África - Chafarinas, Vélez de la Gomera o Alhucemas- forman una misma cadena de seguridad. Marruecos no es para España un vecino más. Es uno de los ejes de ese flanco estratégico.
El asunto no es que Rabat tenga intereses, eso entra dentro de lo normal en cualquier Estado serio. La clave es que los sostiene con persistencia, mientras España oscila demasiadas veces entre el olvido, la reacción tardía y el parche coyuntural. Desde hace años, la reflexión estratégica española viene situando el Mediterráneo occidental, el Norte de África y el Sahel entre los espacios más sensibles para la seguridad nacional. Las consecuencias aparecen después, cuando esa lectura no se convierte en conducta sostenida, a pesar de que no falta diagnóstico ni doctrina.
Repasemos el terreno histórico. El norte africano perteneció al mundo romano bajo la forma de la Mauretania Tingitana y, en la Antigüedad tardía, quedó adscrito al marco administrativo de Hispania. Eso no convierte al vecino actual en una prolongación española ni le autoriza a fantasías reivindicativas. Lo que sí recuerda es algo elemental: el espacio del Estrecho nunca fue una periferia indiferente, sino una zona unida por la geografía, el comercio, la guerra y la necesidad de vigilancia. El Sur peninsular y la orilla norteafricana pueden distinguirse, pero no entenderse como piezas inconexas.
El territorio alauita posee una larga historia, continuidad dinástica y una memoria política muy trabajada, pero el Estado marroquí contemporáneo emerge en 1956 al cerrarse el ciclo de protectorados. La monarquía ha sabido convertir ese hilo anterior en un relato nacional útil, proyectado hacia atrás para dar solidez al presente y legitimidad a sus ambiciones.
Por eso la cuestión territorial reaparece con tanta frecuencia. El expediente del Sáhara es el más importante, aunque no el único. Ceuta y Melilla siguen formando parte de un horizonte reivindicativo que nunca desaparece del todo.
A veces el pulso se enfría y otras se desplaza por cauces diplomáticos, económicos o documentales. No siempre se formula con el mismo tono, pero la cuestión de fondo permanece. Esa constancia dice mucho. Los Estados que saben lo que quieren no necesitan proclamarlo a diario; les basta con avanzar, cuando es propicio, en la dirección fijada. Hoy el Sáhara Occidental sigue figurando para la ONU entre los Territorios No Autónomos y el Consejo de Seguridad prorrogó en 2025 el mandato de la MINURSO hasta octubre de 2026. No es un caso cerrado, sino una pieza viva que condiciona la relación entre Rabat, Argel y Madrid.
España, en cambio, ha administrado este vértice con una mezcla poco tranquilizadora de prudencia, costumbre y discontinuidad. Se confía en la buena vecindad, se gestiona la coyuntura y se espera que el tiempo rebaje lo que no se ha querido encarar con una línea firme. El resultado es conocido. Cada cierto tiempo regresan el hostigamiento sobre Ceuta o Melilla, el debate del Sáhara, el roce con Argelia y la sensación de que ese frente aflora siempre como urgencia sobrevenida, cuando en realidad es permanente. La geografía no se debe corrigir por cansancio. La franja marítima tampoco concede treguas al Estado que piensa tarde y responde reactivamente. Confundir cortesía diplomática con seguridad, o cooperación puntual con lealtad estratégica, ha sido una de las debilidades más persistentes de la política española.
Ceuta y Melilla no son una rareza del mapa ni un residuo pintoresco de la historia. Son posiciones históricas españolas, europeas y estratégicas, pequeñas en tamaño y enormes en significado. Precisamente por eso se prestan al desgaste gradual. No hace falta una agresión abierta para erosionarlas. Basta una combinación bien calculada de coacción fronteriza, asfixia económica, incertidumbre jurídica, empuje poblacional, desgaste psicológico y propaganda. En esa línea, el Parlamento Europeo rechazó en 2021 el uso del control fronterizo y de la presión migratoria, en particular de menores no acompañados, como instrumento de presión contra España. Se llame coacción híbrida, imposición indirecta o política de hechos consumados, la lógica es la misma. Cuando un Estado utiliza de manera sostenida varios resortes de desgaste sin franquear por completo el umbral del conflicto abierto, ya no estamos ante una simple fricción de vecindad.
Marruecos ha demostrado más de una vez que sabe jugar en ese terreno. La Marcha Verde fue una lección histórica. Perejil, años después, una señal. La presión sobre Ceuta y Melilla por vías distintas y en diversos momentos forma parte de una pauta demasiado constante como para fingir sorpresa cuando reaparece. La debilidad española ante ese tipo de retos no parece residir en el plano militar. España conserva Fuerzas Armadas profesionales, experiencia operativa y medios suficientes para sostener la defensa inmediata de sus intereses. El problema aparece un escalón más arriba, cuando la capacidad táctica no encuentra detrás una respuesta con el mismo nivel de coherencia. Un Estado no se desgasta solo por carecer de medios, se corroe cuando altera criterios esenciales, desordena lealtades y transmite inseguridad en los propios límites. La disuasión no depende únicamente de la fuerza disponible, sino de la credibilidad con la que se percibe la voluntad de sostenerla.
La seguridad energética entra de lleno en esa ecuación. No basta con hablar de gas o de suministros como si fueran un asunto separado de la defensa. Cuando las relaciones con Argel y con Rabat se gestionan a golpe de improvisación, el coste no es solo diplomático; afecta a la estabilidad de un flanco entero. La cuestión migratoria no admite simplificaciones fáciles. Frontex informó en 2025 de un aumento del 27 % en la ruta del Mediterráneo occidental durante los diez primeros meses del año y señaló que más del 75 % de las salidas registradas en esa vía partían de Argelia. Reducir todo el fenómeno a una sola palanca marroquí sería falso; negar la capacidad de coacción sobre el límite exterior, también. El análisis anual de riesgos advertía, además, del peligro de que personas con intenciones delictivas se mezclen con esos flujos y entren en la Unión Europea sin ser detectadas.
El frente meridional no termina en Ceuta, Melilla o el Estrecho. Incluye Canarias, el Sahel, los tráficos ilícitos, las rutas irregulares, la competencia por la influencia regional, las delimitaciones marítimas y la mezcla creciente entre política, economía y control de flujos humanos. Hoy todo está más conectado que hace dos décadas. Rabat ha entendido mejor que Madrid el valor de la paciencia y de la oportunidad.
Sabe presionar, esperar, retroceder un paso y volver más tarde por otra vía. Utiliza de forma complementaria la frontera, la diplomacia, la economía, el simbolismo y su propia posición geográfica. A eso añade una notable capacidad para situarse bien en el tablero internacional y presentarse ante terceros como socio útil, estable y necesario. Importa también el modo en que el Estado alauita cultiva el sentimiento de pertenencia de sus nacionales fuera del país, una línea que aparece de forma explícita en el propio discurso oficial de la Corona. No trata ese vínculo como algo meramente sentimental, sino como una prolongación de la comunidad nacional y un activo político, aunque esa población resida en otros territorios.
La relación con Estados Unidos mantiene un perfil estratégico singular, y la aproximación francesa de los últimos tiempos refuerza ese peso diplomático. Estos movimientos muestran hasta qué punto el Reino alauita sabe convertir su papel regional en una posición negociadora sólida.
Algo parecido ocurre en otros terrenos igual de sensibles: la pesca, los productos agrarios, la relación con la Unión Europea y las disputas jurídicas vinculadas al Sáhara. España no debería limitarse al arancel ni al volumen comercial, sino la reciprocidad real de costes, exigencias y controles.
La Unión Europea dispone de un sistema de controles oficiales sobre productos importados, pero funciona de forma selectiva y basada en riesgo, no como una inspección exhaustiva de todo lo que cruza el espacio Schengen. Incluso con medidas reforzadas, la frecuencia de controles de identidad y físicos se fija por porcentajes según producto, origen y peligro detectado. Conviene discutir hasta qué punto su intensidad efectiva y la igualdad de exigencias bastan para proteger al productor europeo y al consumidor final.
No se debe olvidar qué es lo esencial: la soberanía, la integridad territorial, la seguridad energética, la estabilidad del flanco meridional y la capacidad de no vivir al ritmo de la presión ajena. Quien pretenda separar Gibraltar, Ceuta, Melilla, el Sáhara, Canarias y el norte de África en carpetas inconexas no ha entendido nada. El Estrecho funciona como un sistema; su defensa también. Por eso las ecuaciones del triángulo las debe escribir España, acerca de la seriedad con la que se entiende la puerta de entrada, se ordenan prioridades y se decide defenderlas. Hace falta dejar la improvisación, sostener instrumentos de salvaguarda y asumir de una vez que la defensa del Sur no es episódica ni una molestia recurrente, sino una obligación permanente. Porque el precio de la incoherencia en esa frontera nunca se paga de golpe: se pierde poco a poco, cesión tras cesión, silencio tras silencio, hasta que un día el país descubre que no ha perdido una discusión, sino una posición.
(Parte primera pinchar AQUÍ)
Si Gibraltar dibuja uno de los brazos de la pinza, Marruecos obliga a mirar el Estrecho como un espacio decisivo para la defensa española. Basta observar el mapa para entender que el problema no se agota en la colonia británica ni en Ceuta y Melilla consideradas por separado. La costa gaditana, el Campo de Gibraltar, la fachada malagueña, las aguas del Estrecho y las posiciones españolas del norte de África - Chafarinas, Vélez de la Gomera o Alhucemas- forman una misma cadena de seguridad. Marruecos no es para España un vecino más. Es uno de los ejes de ese flanco estratégico.
El asunto no es que Rabat tenga intereses, eso entra dentro de lo normal en cualquier Estado serio. La clave es que los sostiene con persistencia, mientras España oscila demasiadas veces entre el olvido, la reacción tardía y el parche coyuntural. Desde hace años, la reflexión estratégica española viene situando el Mediterráneo occidental, el Norte de África y el Sahel entre los espacios más sensibles para la seguridad nacional. Las consecuencias aparecen después, cuando esa lectura no se convierte en conducta sostenida, a pesar de que no falta diagnóstico ni doctrina.
Repasemos el terreno histórico. El norte africano perteneció al mundo romano bajo la forma de la Mauretania Tingitana y, en la Antigüedad tardía, quedó adscrito al marco administrativo de Hispania. Eso no convierte al vecino actual en una prolongación española ni le autoriza a fantasías reivindicativas. Lo que sí recuerda es algo elemental: el espacio del Estrecho nunca fue una periferia indiferente, sino una zona unida por la geografía, el comercio, la guerra y la necesidad de vigilancia. El Sur peninsular y la orilla norteafricana pueden distinguirse, pero no entenderse como piezas inconexas.
El territorio alauita posee una larga historia, continuidad dinástica y una memoria política muy trabajada, pero el Estado marroquí contemporáneo emerge en 1956 al cerrarse el ciclo de protectorados. La monarquía ha sabido convertir ese hilo anterior en un relato nacional útil, proyectado hacia atrás para dar solidez al presente y legitimidad a sus ambiciones.
Por eso la cuestión territorial reaparece con tanta frecuencia. El expediente del Sáhara es el más importante, aunque no el único. Ceuta y Melilla siguen formando parte de un horizonte reivindicativo que nunca desaparece del todo.
A veces el pulso se enfría y otras se desplaza por cauces diplomáticos, económicos o documentales. No siempre se formula con el mismo tono, pero la cuestión de fondo permanece. Esa constancia dice mucho. Los Estados que saben lo que quieren no necesitan proclamarlo a diario; les basta con avanzar, cuando es propicio, en la dirección fijada. Hoy el Sáhara Occidental sigue figurando para la ONU entre los Territorios No Autónomos y el Consejo de Seguridad prorrogó en 2025 el mandato de la MINURSO hasta octubre de 2026. No es un caso cerrado, sino una pieza viva que condiciona la relación entre Rabat, Argel y Madrid.
España, en cambio, ha administrado este vértice con una mezcla poco tranquilizadora de prudencia, costumbre y discontinuidad. Se confía en la buena vecindad, se gestiona la coyuntura y se espera que el tiempo rebaje lo que no se ha querido encarar con una línea firme. El resultado es conocido. Cada cierto tiempo regresan el hostigamiento sobre Ceuta o Melilla, el debate del Sáhara, el roce con Argelia y la sensación de que ese frente aflora siempre como urgencia sobrevenida, cuando en realidad es permanente. La geografía no se debe corrigir por cansancio. La franja marítima tampoco concede treguas al Estado que piensa tarde y responde reactivamente. Confundir cortesía diplomática con seguridad, o cooperación puntual con lealtad estratégica, ha sido una de las debilidades más persistentes de la política española.
Ceuta y Melilla no son una rareza del mapa ni un residuo pintoresco de la historia. Son posiciones históricas españolas, europeas y estratégicas, pequeñas en tamaño y enormes en significado. Precisamente por eso se prestan al desgaste gradual. No hace falta una agresión abierta para erosionarlas. Basta una combinación bien calculada de coacción fronteriza, asfixia económica, incertidumbre jurídica, empuje poblacional, desgaste psicológico y propaganda. En esa línea, el Parlamento Europeo rechazó en 2021 el uso del control fronterizo y de la presión migratoria, en particular de menores no acompañados, como instrumento de presión contra España. Se llame coacción híbrida, imposición indirecta o política de hechos consumados, la lógica es la misma. Cuando un Estado utiliza de manera sostenida varios resortes de desgaste sin franquear por completo el umbral del conflicto abierto, ya no estamos ante una simple fricción de vecindad.
Marruecos ha demostrado más de una vez que sabe jugar en ese terreno. La Marcha Verde fue una lección histórica. Perejil, años después, una señal. La presión sobre Ceuta y Melilla por vías distintas y en diversos momentos forma parte de una pauta demasiado constante como para fingir sorpresa cuando reaparece. La debilidad española ante ese tipo de retos no parece residir en el plano militar. España conserva Fuerzas Armadas profesionales, experiencia operativa y medios suficientes para sostener la defensa inmediata de sus intereses. El problema aparece un escalón más arriba, cuando la capacidad táctica no encuentra detrás una respuesta con el mismo nivel de coherencia. Un Estado no se desgasta solo por carecer de medios, se corroe cuando altera criterios esenciales, desordena lealtades y transmite inseguridad en los propios límites. La disuasión no depende únicamente de la fuerza disponible, sino de la credibilidad con la que se percibe la voluntad de sostenerla.
La seguridad energética entra de lleno en esa ecuación. No basta con hablar de gas o de suministros como si fueran un asunto separado de la defensa. Cuando las relaciones con Argel y con Rabat se gestionan a golpe de improvisación, el coste no es solo diplomático; afecta a la estabilidad de un flanco entero. La cuestión migratoria no admite simplificaciones fáciles. Frontex informó en 2025 de un aumento del 27 % en la ruta del Mediterráneo occidental durante los diez primeros meses del año y señaló que más del 75 % de las salidas registradas en esa vía partían de Argelia. Reducir todo el fenómeno a una sola palanca marroquí sería falso; negar la capacidad de coacción sobre el límite exterior, también. El análisis anual de riesgos advertía, además, del peligro de que personas con intenciones delictivas se mezclen con esos flujos y entren en la Unión Europea sin ser detectadas.
El frente meridional no termina en Ceuta, Melilla o el Estrecho. Incluye Canarias, el Sahel, los tráficos ilícitos, las rutas irregulares, la competencia por la influencia regional, las delimitaciones marítimas y la mezcla creciente entre política, economía y control de flujos humanos. Hoy todo está más conectado que hace dos décadas. Rabat ha entendido mejor que Madrid el valor de la paciencia y de la oportunidad.
Sabe presionar, esperar, retroceder un paso y volver más tarde por otra vía. Utiliza de forma complementaria la frontera, la diplomacia, la economía, el simbolismo y su propia posición geográfica. A eso añade una notable capacidad para situarse bien en el tablero internacional y presentarse ante terceros como socio útil, estable y necesario. Importa también el modo en que el Estado alauita cultiva el sentimiento de pertenencia de sus nacionales fuera del país, una línea que aparece de forma explícita en el propio discurso oficial de la Corona. No trata ese vínculo como algo meramente sentimental, sino como una prolongación de la comunidad nacional y un activo político, aunque esa población resida en otros territorios.
La relación con Estados Unidos mantiene un perfil estratégico singular, y la aproximación francesa de los últimos tiempos refuerza ese peso diplomático. Estos movimientos muestran hasta qué punto el Reino alauita sabe convertir su papel regional en una posición negociadora sólida.
Algo parecido ocurre en otros terrenos igual de sensibles: la pesca, los productos agrarios, la relación con la Unión Europea y las disputas jurídicas vinculadas al Sáhara. España no debería limitarse al arancel ni al volumen comercial, sino la reciprocidad real de costes, exigencias y controles.
La Unión Europea dispone de un sistema de controles oficiales sobre productos importados, pero funciona de forma selectiva y basada en riesgo, no como una inspección exhaustiva de todo lo que cruza el espacio Schengen. Incluso con medidas reforzadas, la frecuencia de controles de identidad y físicos se fija por porcentajes según producto, origen y peligro detectado. Conviene discutir hasta qué punto su intensidad efectiva y la igualdad de exigencias bastan para proteger al productor europeo y al consumidor final.
No se debe olvidar qué es lo esencial: la soberanía, la integridad territorial, la seguridad energética, la estabilidad del flanco meridional y la capacidad de no vivir al ritmo de la presión ajena. Quien pretenda separar Gibraltar, Ceuta, Melilla, el Sáhara, Canarias y el norte de África en carpetas inconexas no ha entendido nada. El Estrecho funciona como un sistema; su defensa también. Por eso las ecuaciones del triángulo las debe escribir España, acerca de la seriedad con la que se entiende la puerta de entrada, se ordenan prioridades y se decide defenderlas. Hace falta dejar la improvisación, sostener instrumentos de salvaguarda y asumir de una vez que la defensa del Sur no es episódica ni una molestia recurrente, sino una obligación permanente. Porque el precio de la incoherencia en esa frontera nunca se paga de golpe: se pierde poco a poco, cesión tras cesión, silencio tras silencio, hasta que un día el país descubre que no ha perdido una discusión, sino una posición.
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