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J. A. SÁEZ CALVO
¿Dónde está mi dinero?
Esta pregunta vuelve con fuerza cuando el ciudadano compara lo que entrega cada mes con lo que le queda para vivir. No es una consigna ni un debate ideológico, es contabilidad doméstica. Si la nómina sube, pero la compra, la vivienda y la energía suben más, el resultado es inmediato. Y si, además, una parte creciente del ingreso se queda por el camino antes incluso de entrar en casa, el malestar deja de ser una impresión personal para convertirse en una dura realidad.
Conviene fijar primero una idea sencilla. La presión fiscal mide el peso conjunto de impuestos y cotizaciones sociales sobre la riqueza que produce una economía. Es un indicador global, no es perfecto, pero útil para hacerse una fotografía. Según la OCDE, en 2024 España alcanzó una presión fiscal del 36,7 % del PIB, por encima de la media de los países desarrollados (34,1 %). Si se compara con 2015 y 2017, cuando España rondaba el 34,2 %, la trayectoria es evidente: en menos de una década se ha consolidado un aumento estructural de unos 2,5 puntos, afianzado tras la pandemia y no revertido después. En términos prácticos, eso significa que, año tras año, una mayor proporción de la riqueza nacional entra en la caja pública y una menor queda disponible para que familias y empresas decidan su destino. Este incremento no se explica por una sola figura. España ha combinado una presión fiscal elevada con una subida sostenida de la recaudación en IRPF, IVA y cotizaciones sociales. Funcas estima que, solo en 2024, el aumento recaudatorio se concentró en esos grandes impuestos y superó los 21.000 millones de euros, aportando el IRPF la mayor parte. Aquí aparece un concepto técnico con efectos muy reales: si el impuesto sobre la renta no se corrige con la inflación (deflactación), subidas salariales nominales empujan a muchos contribuyentes a tramos superiores sin un aumento real de capacidad económica. Se llama progresividad en frío. En la práctica se puede considerar una subida de impuestos sin debate explícito, camuflada en la mecánica del impuesto. No hace falta un nuevo tipo, basta con no actualizar los límites.
El IVA ha sido el otro gran acelerador. En 2024 su recaudación creció un 7,9 % hasta 90.541 millones de euros, según el informe anual de la Agencia Tributaria. Y esto importa porque el IVA no entiende de nivel de rentas: grava el consumo, incluso el imprescindible. Para una familia de clase media, la diferencia entre “imprescindible” y “prescindible” no se decide por capricho, sino por margen de maniobra de su economía; cuando ese margen se estrecha, el impuesto indirecto se vuelve especialmente visible, aunque no aparezca en la nómina o en las retenciones de los autónomos. La inflación, además, lo multiplica: cuando el precio sube, el impuesto sube con él. Aquí conviene conocer la historia del impuesto, porque explica por qué el coste de la vida no depende solo de salarios o tipos de interés. El IVA se implantó en España el 1 de enero de 1986, con un tipo general del 12 %. Desde entonces, ha sufrido reformas sucesivas al alza: en 1992 pasó al 13 % y más tarde al 15 %, en 1995 subió al 16 %, en 2010 se elevó al 18 % como parte de medidas fiscales vinculadas a la crisis financiera, y en septiembre de 2012 el tipo general se incrementó al 21 %, con el reducido al 10 %, mientras el superreducido del 4 % se mantuvo para productos básicos. No son matices técnicos: pasar del 12 % al 21 % supuso elevar el tipo básico un 75 % en algo más de dos décadas. Por eso, cuando a ese tipo se le suma inflación y, en ocasiones, la retirada de rebajas temporales, el efecto se percibe en la compra diaria sin necesidad de analizar estadísticas. Se repite a veces que el tipo aplicable “lo impone Bruselas”. No es exacto. La Unión Europea no fija el porcentaje concreto, aunque sí establece un marco mínimo armonizado (tipo general no inferior al 15 % y reglas sobre tipos reducidos) para evitar distorsiones en el mercado único. La Directiva 2006/112/CE dibuja ese marco; dentro de él, el tipo español es una decisión soberana: el impuesto se rige por la Ley 37/1992 y su desarrollo reglamentario, pero los tipos se determinan y modifican por normas internas. El salto al 21 % se formalizó en 2012 mediante normativa española. La responsabilidad, por tanto, es doméstica, y eso obliga a debatirlo sin coartadas: el IVA es un instrumento recaudatorio potentísimo que crece con facilidad cuando el coste de la vida sube, incluso si los salarios reales apenas avanzan.
Conviene añadir un apunte histórico que ayuda a entender el fenómeno de la economía familiar. La Escuela de Salamanca, en pleno siglo XVI, ya describió cómo el aumento de la cantidad de dinero (incluso falseando la cantidad de oro y plata de la moneda) y el desorden monetario alteraban los precios y castigaban al consumidor común. Cambian los instrumentos, pero el mecanismo se reconoce: cuando suben los precios y el Estado no actualiza umbrales, mínimos y deducciones, la recaudación crece por inercia, y se agrava más con la emisión de moneda. La inflación erosiona el ahorro y encarece la vida; y, además, hincha la base imponible. En ese contexto, hablar de “subidas de impuestos” no siempre significa aprobar una ley nueva: a veces basta con dejar que el tiempo y los precios hagan el trabajo.
La comparación internacional ayuda a poner perspectiva, pero también exige honestidad. Francia e Italia presentan presiones fiscales altas, pero con un tejido industrial fuerte e histórico y un pacto social distinto. Irlanda, con tácticas de visión liberal, ha apostado por atraer capital, inversión y actividad exportadora con reglas estables y una fiscalidad muy competitiva en determinados ámbitos. El contraste impresiona: según Eurostat, en 2024 Irlanda registró un PIB per cápita un 121 % por encima de la media de la UE. Ahora bien, el propio Eurostat recuerda que esa cifra puede inflarse por el peso de grandes multinacionales y por cómo se contabilizan ciertos activos; de hecho, en 2024 su consumo individual efectivo por habitante se situó en la media europea. Por eso Irlanda usa indicadores como el GNI* (renta nacional modificada) para aproximar mejor la renta que realmente queda en el país. Y, aun así, el salto es notable: el GNI* per cápita pasó de 29.966 euros en 2013 a 55.084 euros en 2023, según la oficina estadística irlandesa. No es magia: es estrategia, estabilidad regulatoria y una política orientada a crecer y a competir por inversión, comercio y talento. España, por el contrario, se ha aproximado a un modelo crecientemente intervenido, donde la fiscalidad sobre trabajo y consumo soporta el peso principal, mientras se multiplica la normativa y se penaliza el ahorro. El Instituto de Estudios Económicos ha señalado que el esfuerzo fiscal, la carga ajustada al nivel de renta, se sitúa un 13,7 % por encima de la media de la Unión Europea. Dicho de otro modo: no basta con comparar porcentajes sobre el PIB; importa cuánto pesa el sistema tributario sobre una renta relativa menor, y cómo se reparte esa carga entre consumo, trabajo y ahorro. En 2024, además, Eurostat sitúa a España con un PIB per cápita por debajo de la media de la UE, aunque no somos los últimos, pero tampoco estamos donde deberíamos para sostener un Estado cada vez más caro.
En España, el PIB per cápita es en términos nominales de 23.290 € (INE 2015) a 32.633 € (INE 2024), parece un gran salto, pero son euros corrientes, sin ajustar la inflación. Llevados a euros constantes de 2024 equivalen a 28.700 €, así que la mejora real queda en torno a un 14 % (el resto es subida de precios).
La vivienda ilustra bien la dinámica. Entre IVA o ITP, AJD, tasas, plusvalías, IBI y la fiscalidad que recorre la cadena de promoción y alquiler, la carga fiscal efectiva sobre el acceso a una vivienda puede acercarse al 30 % del coste total. Después, al hogar le queda asumir hipoteca o alquiler con una renta neta mermada. Si la política fiscal encarece el acceso a la vivienda y, a la vez, reduce el margen de ahorro, el círculo se cierra: menos patrimonio, menos colchón, más dependencia. Y, con menos ahorro, menos inversión futura, que es justo lo que alimenta salarios mejores. Las cotizaciones sociales refuerzan el mismo patrón. Su peso en la recaudación total es elevado y alimenta una cuña fiscal que encarece contratar y reduce lo que el trabajador percibe. Lo paga la empresa, lo sufre el empleado y, al final, lo nota el mercado de trabajo: menos margen para subir salarios reales, más dificultad para crear empleo estable y más barreras para que un joven pase de contrato precario a carrera profesional. En un país con envejecimiento demográfico, esto tiene un efecto directo sobre el futuro: pensiones y sanidad requieren una base productiva sólida, pero esa base no se construye con impuestos que desincentivan el empleo de calidad y la inversión. Se construye con crecimiento real, productividad y reglas previsibles.
Mirando al futuro, el riesgo es estructural. Un Estado que incrementa de forma persistente su tamaño y su gasto sin reforzar la base productiva que lo sostiene se expone a una quiebra funcional; no como colapso repentino, sino como erosión progresiva de la capacidad de crecer. El problema no es que existan impuestos; es confundir recaudación con riqueza. La riqueza se crea antes, en la empresa, en el trabajo productivo, en el ahorro que se convierte en inversión, en la innovación que mejora la productividad. Si se debilita esa base, todo lo demás es reparto de un pastel cada vez más pequeño.
La pregunta final, por tanto, no es solo dónde está mi dinero, sino por qué un esfuerzo fiscal creciente no se traduce en un aumento proporcional de bienestar, oportunidades y seguridad económica. Si el sistema premia el corto plazo (recaudar hoy) y castiga el largo (ahorrar, invertir, prosperar), el resultado es un empobrecimiento silencioso: lento, difuso y acumulativo. Cambiar de “categoría” en el mundo no se logra con un titular ni con un plan de gasto: se logra mejorando productividad, educación útil, seguridad jurídica, planes de infraestructuras eficientes, mantenimiento de las mismas para mantener el pulso social y sobre todo la seguridad y confianza del usuario y contribuyente y una economía abierta que exporte más valor del que importa. Y si queremos una salida, habrá que hablar, sin tabúes y con números y transparencia, de los problemas y retos que se esconde detrás de todos los demás: infraestructuras fiables, eléctricas, hidráulicas, de transporte, productividad, demografía, pensiones. Y así ocupar el lugar real que España debería y puede ocupar en la economía europea y global.
(Querido lector, para ver la primera parte del artículo click AQUÍ)
Esta pregunta vuelve con fuerza cuando el ciudadano compara lo que entrega cada mes con lo que le queda para vivir. No es una consigna ni un debate ideológico, es contabilidad doméstica. Si la nómina sube, pero la compra, la vivienda y la energía suben más, el resultado es inmediato. Y si, además, una parte creciente del ingreso se queda por el camino antes incluso de entrar en casa, el malestar deja de ser una impresión personal para convertirse en una dura realidad.
Conviene fijar primero una idea sencilla. La presión fiscal mide el peso conjunto de impuestos y cotizaciones sociales sobre la riqueza que produce una economía. Es un indicador global, no es perfecto, pero útil para hacerse una fotografía. Según la OCDE, en 2024 España alcanzó una presión fiscal del 36,7 % del PIB, por encima de la media de los países desarrollados (34,1 %). Si se compara con 2015 y 2017, cuando España rondaba el 34,2 %, la trayectoria es evidente: en menos de una década se ha consolidado un aumento estructural de unos 2,5 puntos, afianzado tras la pandemia y no revertido después. En términos prácticos, eso significa que, año tras año, una mayor proporción de la riqueza nacional entra en la caja pública y una menor queda disponible para que familias y empresas decidan su destino. Este incremento no se explica por una sola figura. España ha combinado una presión fiscal elevada con una subida sostenida de la recaudación en IRPF, IVA y cotizaciones sociales. Funcas estima que, solo en 2024, el aumento recaudatorio se concentró en esos grandes impuestos y superó los 21.000 millones de euros, aportando el IRPF la mayor parte. Aquí aparece un concepto técnico con efectos muy reales: si el impuesto sobre la renta no se corrige con la inflación (deflactación), subidas salariales nominales empujan a muchos contribuyentes a tramos superiores sin un aumento real de capacidad económica. Se llama progresividad en frío. En la práctica se puede considerar una subida de impuestos sin debate explícito, camuflada en la mecánica del impuesto. No hace falta un nuevo tipo, basta con no actualizar los límites.
El IVA ha sido el otro gran acelerador. En 2024 su recaudación creció un 7,9 % hasta 90.541 millones de euros, según el informe anual de la Agencia Tributaria. Y esto importa porque el IVA no entiende de nivel de rentas: grava el consumo, incluso el imprescindible. Para una familia de clase media, la diferencia entre “imprescindible” y “prescindible” no se decide por capricho, sino por margen de maniobra de su economía; cuando ese margen se estrecha, el impuesto indirecto se vuelve especialmente visible, aunque no aparezca en la nómina o en las retenciones de los autónomos. La inflación, además, lo multiplica: cuando el precio sube, el impuesto sube con él. Aquí conviene conocer la historia del impuesto, porque explica por qué el coste de la vida no depende solo de salarios o tipos de interés. El IVA se implantó en España el 1 de enero de 1986, con un tipo general del 12 %. Desde entonces, ha sufrido reformas sucesivas al alza: en 1992 pasó al 13 % y más tarde al 15 %, en 1995 subió al 16 %, en 2010 se elevó al 18 % como parte de medidas fiscales vinculadas a la crisis financiera, y en septiembre de 2012 el tipo general se incrementó al 21 %, con el reducido al 10 %, mientras el superreducido del 4 % se mantuvo para productos básicos. No son matices técnicos: pasar del 12 % al 21 % supuso elevar el tipo básico un 75 % en algo más de dos décadas. Por eso, cuando a ese tipo se le suma inflación y, en ocasiones, la retirada de rebajas temporales, el efecto se percibe en la compra diaria sin necesidad de analizar estadísticas. Se repite a veces que el tipo aplicable “lo impone Bruselas”. No es exacto. La Unión Europea no fija el porcentaje concreto, aunque sí establece un marco mínimo armonizado (tipo general no inferior al 15 % y reglas sobre tipos reducidos) para evitar distorsiones en el mercado único. La Directiva 2006/112/CE dibuja ese marco; dentro de él, el tipo español es una decisión soberana: el impuesto se rige por la Ley 37/1992 y su desarrollo reglamentario, pero los tipos se determinan y modifican por normas internas. El salto al 21 % se formalizó en 2012 mediante normativa española. La responsabilidad, por tanto, es doméstica, y eso obliga a debatirlo sin coartadas: el IVA es un instrumento recaudatorio potentísimo que crece con facilidad cuando el coste de la vida sube, incluso si los salarios reales apenas avanzan.
Conviene añadir un apunte histórico que ayuda a entender el fenómeno de la economía familiar. La Escuela de Salamanca, en pleno siglo XVI, ya describió cómo el aumento de la cantidad de dinero (incluso falseando la cantidad de oro y plata de la moneda) y el desorden monetario alteraban los precios y castigaban al consumidor común. Cambian los instrumentos, pero el mecanismo se reconoce: cuando suben los precios y el Estado no actualiza umbrales, mínimos y deducciones, la recaudación crece por inercia, y se agrava más con la emisión de moneda. La inflación erosiona el ahorro y encarece la vida; y, además, hincha la base imponible. En ese contexto, hablar de “subidas de impuestos” no siempre significa aprobar una ley nueva: a veces basta con dejar que el tiempo y los precios hagan el trabajo.
La comparación internacional ayuda a poner perspectiva, pero también exige honestidad. Francia e Italia presentan presiones fiscales altas, pero con un tejido industrial fuerte e histórico y un pacto social distinto. Irlanda, con tácticas de visión liberal, ha apostado por atraer capital, inversión y actividad exportadora con reglas estables y una fiscalidad muy competitiva en determinados ámbitos. El contraste impresiona: según Eurostat, en 2024 Irlanda registró un PIB per cápita un 121 % por encima de la media de la UE. Ahora bien, el propio Eurostat recuerda que esa cifra puede inflarse por el peso de grandes multinacionales y por cómo se contabilizan ciertos activos; de hecho, en 2024 su consumo individual efectivo por habitante se situó en la media europea. Por eso Irlanda usa indicadores como el GNI* (renta nacional modificada) para aproximar mejor la renta que realmente queda en el país. Y, aun así, el salto es notable: el GNI* per cápita pasó de 29.966 euros en 2013 a 55.084 euros en 2023, según la oficina estadística irlandesa. No es magia: es estrategia, estabilidad regulatoria y una política orientada a crecer y a competir por inversión, comercio y talento. España, por el contrario, se ha aproximado a un modelo crecientemente intervenido, donde la fiscalidad sobre trabajo y consumo soporta el peso principal, mientras se multiplica la normativa y se penaliza el ahorro. El Instituto de Estudios Económicos ha señalado que el esfuerzo fiscal, la carga ajustada al nivel de renta, se sitúa un 13,7 % por encima de la media de la Unión Europea. Dicho de otro modo: no basta con comparar porcentajes sobre el PIB; importa cuánto pesa el sistema tributario sobre una renta relativa menor, y cómo se reparte esa carga entre consumo, trabajo y ahorro. En 2024, además, Eurostat sitúa a España con un PIB per cápita por debajo de la media de la UE, aunque no somos los últimos, pero tampoco estamos donde deberíamos para sostener un Estado cada vez más caro.
En España, el PIB per cápita es en términos nominales de 23.290 € (INE 2015) a 32.633 € (INE 2024), parece un gran salto, pero son euros corrientes, sin ajustar la inflación. Llevados a euros constantes de 2024 equivalen a 28.700 €, así que la mejora real queda en torno a un 14 % (el resto es subida de precios).
La vivienda ilustra bien la dinámica. Entre IVA o ITP, AJD, tasas, plusvalías, IBI y la fiscalidad que recorre la cadena de promoción y alquiler, la carga fiscal efectiva sobre el acceso a una vivienda puede acercarse al 30 % del coste total. Después, al hogar le queda asumir hipoteca o alquiler con una renta neta mermada. Si la política fiscal encarece el acceso a la vivienda y, a la vez, reduce el margen de ahorro, el círculo se cierra: menos patrimonio, menos colchón, más dependencia. Y, con menos ahorro, menos inversión futura, que es justo lo que alimenta salarios mejores. Las cotizaciones sociales refuerzan el mismo patrón. Su peso en la recaudación total es elevado y alimenta una cuña fiscal que encarece contratar y reduce lo que el trabajador percibe. Lo paga la empresa, lo sufre el empleado y, al final, lo nota el mercado de trabajo: menos margen para subir salarios reales, más dificultad para crear empleo estable y más barreras para que un joven pase de contrato precario a carrera profesional. En un país con envejecimiento demográfico, esto tiene un efecto directo sobre el futuro: pensiones y sanidad requieren una base productiva sólida, pero esa base no se construye con impuestos que desincentivan el empleo de calidad y la inversión. Se construye con crecimiento real, productividad y reglas previsibles.
Mirando al futuro, el riesgo es estructural. Un Estado que incrementa de forma persistente su tamaño y su gasto sin reforzar la base productiva que lo sostiene se expone a una quiebra funcional; no como colapso repentino, sino como erosión progresiva de la capacidad de crecer. El problema no es que existan impuestos; es confundir recaudación con riqueza. La riqueza se crea antes, en la empresa, en el trabajo productivo, en el ahorro que se convierte en inversión, en la innovación que mejora la productividad. Si se debilita esa base, todo lo demás es reparto de un pastel cada vez más pequeño.
La pregunta final, por tanto, no es solo dónde está mi dinero, sino por qué un esfuerzo fiscal creciente no se traduce en un aumento proporcional de bienestar, oportunidades y seguridad económica. Si el sistema premia el corto plazo (recaudar hoy) y castiga el largo (ahorrar, invertir, prosperar), el resultado es un empobrecimiento silencioso: lento, difuso y acumulativo. Cambiar de “categoría” en el mundo no se logra con un titular ni con un plan de gasto: se logra mejorando productividad, educación útil, seguridad jurídica, planes de infraestructuras eficientes, mantenimiento de las mismas para mantener el pulso social y sobre todo la seguridad y confianza del usuario y contribuyente y una economía abierta que exporte más valor del que importa. Y si queremos una salida, habrá que hablar, sin tabúes y con números y transparencia, de los problemas y retos que se esconde detrás de todos los demás: infraestructuras fiables, eléctricas, hidráulicas, de transporte, productividad, demografía, pensiones. Y así ocupar el lugar real que España debería y puede ocupar en la economía europea y global.
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