ALMERÍA HOY / 27·01·2026
El Consistorio almeriense ha puesto en marcha un ambicioso y polémico plan para acabar con el anonimato a la hora de tirar la basura. Mediante la instalación de 150 cierres electrónicos en los nuevos contenedores marrones, la ciudad monitorizará los hábitos de reciclaje de sus ciudadanos. Para ello, se repartirán 15.000 tarjetas identificativas que serán imprescindibles para abrir los depósitos, permitiendo al Consistorio saber exactamente quién, cuándo y qué tipo de residuo se deposita.
Esta transición tecnológica, que ya se ha intentado implementar sin éxito desde 2017, cuenta ahora con el respaldo financiero de la Junta de Andalucía. Aunque el discurso institucional endulza la medida prometiendo futuras bonificaciones o tasas de basura más justas en función de lo que se genere, lo cierto es que el sistema rompe la privacidad del ciudadano y está diseñado para facilitar la imposición de sanciones a quienes incumplan la ordenanza municipal o los horarios establecidos.
Para intentar suavizar el impacto de este control social y evitar las previsibles quejas vecinales, el área de Sostenibilidad ha licitado un plan de comunicación que costará casi 250.000 euros. Esta inversión se destinará a una campaña informativa que llegará a casi 100.000 hogares mediante cartas y folletos, además de la instalación de estands en distintos barrios para la entrega de las tarjetas.
Más allá de la vigilancia, el Ayuntamiento defiende que los sensores permitirán optimizar las rutas de recogida al conocer en tiempo real el llenado de los recipientes. Sin embargo, la medida supone una revolución en los hábitos domésticos de los almerienses, que a partir de ahora estarán bajo la lupa municipal cada vez que salgan de casa con una bolsa de basura.
Esta transición tecnológica, que ya se ha intentado implementar sin éxito desde 2017, cuenta ahora con el respaldo financiero de la Junta de Andalucía. Aunque el discurso institucional endulza la medida prometiendo futuras bonificaciones o tasas de basura más justas en función de lo que se genere, lo cierto es que el sistema rompe la privacidad del ciudadano y está diseñado para facilitar la imposición de sanciones a quienes incumplan la ordenanza municipal o los horarios establecidos.
Para intentar suavizar el impacto de este control social y evitar las previsibles quejas vecinales, el área de Sostenibilidad ha licitado un plan de comunicación que costará casi 250.000 euros. Esta inversión se destinará a una campaña informativa que llegará a casi 100.000 hogares mediante cartas y folletos, además de la instalación de estands en distintos barrios para la entrega de las tarjetas.
Más allá de la vigilancia, el Ayuntamiento defiende que los sensores permitirán optimizar las rutas de recogida al conocer en tiempo real el llenado de los recipientes. Sin embargo, la medida supone una revolución en los hábitos domésticos de los almerienses, que a partir de ahora estarán bajo la lupa municipal cada vez que salgan de casa con una bolsa de basura.
