Cinco concejales del PSOE y el exalcalde Felipe Cayuela, ausentes
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| Pleno de Carboneras 'y sus ausentes' |
ALMERÍA HOY / 11·07·2025
Veintidós años después de una controvertida decisión, el Ayuntamiento de Carboneras ha dado un paso crucial hacia la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras del hotel El Algarrobico. Esta medida, aprobada en un pleno extraordinario, busca cumplir con múltiples sentencias judiciales firmes que han declarado ilegal la construcción.
La votación se llevó a cabo con la presencia de solo siete concejales, quienes dieron su apoyo unánime a la anulación. Entre ellos se encontraban el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y cinco ediles del Partido Popular, además de Andrés Belmonte, formalmente miembro del grupo socialista. El pleno estuvo marcado por notables ausencias —cinco concejales del PSOE y el exalcalde Felipe Cayuela, aún en el PP no acudieron— y un cruce de reproches políticos.
La propuesta aprobada es una revisión de oficio del decreto de 2003 que permitió a Azata del Sol S.A. construir un macrohotel de 411 habitaciones junto a la playa de El Algarrobico, dentro del protegido Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La decisión obedece a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021, que ordenó explícitamente la ilegalidad de la licencia.
El alcalde Salvador Hernández enfatizó que el Ayuntamiento está "obligado por el TSJA" y calificó el proyecto como un "culebrón" y un "proyecto fallido". Hernández fue particularmente crítico con la ausencia de concejales socialistas, recordando que en 2003 el PSOE gobernaba tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía. Lamentó que la sesión se desarrollara con problemas de suministro eléctrico y conexión a internet.
Reflexionando sobre el impacto del hotel, el alcalde expresó el sentir general: "Lo que un día se vendió como un sueño para el pueblo de Carboneras, con el paso de los años se ha convertido en una pesadilla". Aseguró que el hotel ha dañado la imagen del municipio y sus consecuencias persisten dos décadas después.
El portavoz del PP, Lorenzo González Belmonte, también criticó al PSOE por su falta de compromiso, señalando que la ministra Montero había prometido el derribo del hotel meses atrás, mientras sus concejales no estaban presentes para respaldar la acción.
Las ausencias en el pleno incluyeron al portavoz socialista José Luis Amérigo, cuyo viaje fue justificado por escrito, y al exalcalde Felipe Cayuela, quien recientemente dejó el PP para ser no adscrito y no justificó su ausencia. Otros ediles socialistas, Vanessa Fuentes y Francisco Capel, alegaron motivos de salud. El alcalde insistió en que los comunicados vía WhatsApp no son válidos en la administración pública.
Finalmente, el pleno aprobó la incoación del expediente de nulidad, que incluye un plazo de audiencia de diez días para los interesados. Esta acción se fundamenta en el artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, que permite anular actos administrativos que prescinden del procedimiento o vulneran normas esenciales.
En paralelo, el TSJA ha vuelto a recordar al Ayuntamiento su incumplimiento en la publicación del PGOU corregido, fijando un nuevo plazo de diez días y advirtiendo sobre posibles multas coercitivas e identificación del funcionario responsable si persiste la omisión.
El hotel El Algarrobico, paralizado desde 2006, ha sido objeto de una veintena de sentencias judiciales que confirman su ilegalidad por ocupar suelo protegido y servidumbre de protección del litoral. La aprobación de este procedimiento de revisión es un paso fundamental para su futura demolición, una demanda constante de organizaciones ecologistas y del Gobierno central, que ya ha declarado la necesidad de ocupación de los terrenos y planea iniciar negociaciones con Azata del Sol a principios de agosto.
La votación se llevó a cabo con la presencia de solo siete concejales, quienes dieron su apoyo unánime a la anulación. Entre ellos se encontraban el alcalde Salvador Hernández (Ciudadanos) y cinco ediles del Partido Popular, además de Andrés Belmonte, formalmente miembro del grupo socialista. El pleno estuvo marcado por notables ausencias —cinco concejales del PSOE y el exalcalde Felipe Cayuela, aún en el PP no acudieron— y un cruce de reproches políticos.
La propuesta aprobada es una revisión de oficio del decreto de 2003 que permitió a Azata del Sol S.A. construir un macrohotel de 411 habitaciones junto a la playa de El Algarrobico, dentro del protegido Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La decisión obedece a la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021, que ordenó explícitamente la ilegalidad de la licencia.
El alcalde Salvador Hernández enfatizó que el Ayuntamiento está "obligado por el TSJA" y calificó el proyecto como un "culebrón" y un "proyecto fallido". Hernández fue particularmente crítico con la ausencia de concejales socialistas, recordando que en 2003 el PSOE gobernaba tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía. Lamentó que la sesión se desarrollara con problemas de suministro eléctrico y conexión a internet.
Reflexionando sobre el impacto del hotel, el alcalde expresó el sentir general: "Lo que un día se vendió como un sueño para el pueblo de Carboneras, con el paso de los años se ha convertido en una pesadilla". Aseguró que el hotel ha dañado la imagen del municipio y sus consecuencias persisten dos décadas después.
El portavoz del PP, Lorenzo González Belmonte, también criticó al PSOE por su falta de compromiso, señalando que la ministra Montero había prometido el derribo del hotel meses atrás, mientras sus concejales no estaban presentes para respaldar la acción.
Las ausencias en el pleno incluyeron al portavoz socialista José Luis Amérigo, cuyo viaje fue justificado por escrito, y al exalcalde Felipe Cayuela, quien recientemente dejó el PP para ser no adscrito y no justificó su ausencia. Otros ediles socialistas, Vanessa Fuentes y Francisco Capel, alegaron motivos de salud. El alcalde insistió en que los comunicados vía WhatsApp no son válidos en la administración pública.
Finalmente, el pleno aprobó la incoación del expediente de nulidad, que incluye un plazo de audiencia de diez días para los interesados. Esta acción se fundamenta en el artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, que permite anular actos administrativos que prescinden del procedimiento o vulneran normas esenciales.
En paralelo, el TSJA ha vuelto a recordar al Ayuntamiento su incumplimiento en la publicación del PGOU corregido, fijando un nuevo plazo de diez días y advirtiendo sobre posibles multas coercitivas e identificación del funcionario responsable si persiste la omisión.
El hotel El Algarrobico, paralizado desde 2006, ha sido objeto de una veintena de sentencias judiciales que confirman su ilegalidad por ocupar suelo protegido y servidumbre de protección del litoral. La aprobación de este procedimiento de revisión es un paso fundamental para su futura demolición, una demanda constante de organizaciones ecologistas y del Gobierno central, que ya ha declarado la necesidad de ocupación de los terrenos y planea iniciar negociaciones con Azata del Sol a principios de agosto.
