La Junta estudia cómo frenar la legalización de El Algarrobico

La consejera de Medio Ambiente afirma que se están valorando las «acciones legales» a tomar tras la decisión del TSJA que avala la licencia de obras del hotel


El hotel de Azata del Sol, practicamente terminado y a la espera de los tribunales.
EUROPA PRESS / 13·05·2015

La consejera de Fomento, Vivienda y Medio Ambiente, María Jesús Serrano (PSOE), ha avanzado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando «qué acciones legales seguimos emprendiendo» en relación a la sentencia que declara, en firme, la conformidad a derecho de la licencia municipal del hotel de Azata en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, y que faculta a la promotora para que pueda reanudar las obras.

Al tiempo, Serrano ha pedido, desde el «máximo respeto» a la justicia, «celeridad» al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a la hora de resolver sobre la autorización judicial solicitada por la Junta para poder entrar en la finca y tomar posesión de ella en ejecución de la sentencia firme que le da la propiedad del suelo por 2,3 millones de euros, y que «decidimos formalizar para evitar precisamente esa reanudación», según ha recordado.

Antes de participar en un acto en la barriada de El Puche, en la capital almeriense, e interpelada sobre si el Gobierno andaluz se plantea pedir amparo al Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia que valida la licencia como ya anunciaron colectivos ecologistas, ha emplazado a que los servicios jurídicos «analicen» el auto dictado por el TSJA el pasado día 5 para «determinar qué acciones legales seguimos emprendiendo».

Cabe recordar que la Sección Primera, con ponencia del magistrado Rafael Toledano, rechazó anular la citada sentencia ya que sostiene que no se ha producido «ninguna» vulneración de derechos fundamentales ya que, para fallar en este sentido, se analizaron «extensa y exhaustivamente» las alegaciones que argumentaban que el hotel se construyó en espacio no urbanizable, e invadiendo la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre fijada en 100 metros.