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Una empresa en el juzgado por cultivos en Cabo de Gata pese a negarle autorización la Junta

La Fiscalía aprecia delito en la transformación del suelo para plantar frutales.

Aspecto actual de la finca objeto del procedimiento judicial


ALMERÍA HOY / 28·11·2019

El Juzgado de Instrucción número 4 de los de Almería ha iniciado la apertura de diligencias previas para investigar si hay delito en el cultivo de 166,49 hectáreas de regadío en el paraje La Joya de Aguamarga, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, según informa la agencia de noticias Europa Press.

La agencia señala que la causa penal se ha incoado después de que la Fiscalía de Medio Ambiente formalizase denuncia al apreciar indicios de delito en la transformación de suelo para árboles frutales como melocotón, nectarina, ciruela y paraguayo, según fuentes judiciales.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía por la asociación “Amigos del Parque Natural”, indicando que “la transformación de suelo se ha producido sin contar con la preceptiva licencia municipal ni con la autorización medioambiental".

Ya en el mes de mayo de este año, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía rechazó la autorización ambiental unificada solicitada por la mercantil Agrofruits Levante S. L., para la "adecuación al cultivo de cítricos en regadío" en la finca La Joya de Aguamarga.

Desde la Consejería argumentaban para ese rechazo “la incompatibilidad del cambio de uso de forestal a agrícola de 11,27 hectáreas que había solicitado legalizar la empresas en la zona con grado de protección B1”, además de “la transformación de tierras de secano a regadío sobre una superficie de 67,94 hectáreas que, en la misma línea, también había solicitado legalizar en la zona con grado de protección B2”.

Según esa resolución, “tampoco es viable ambientalmente la transformación agrícola que la mercantil había solicitado en zona C1 por no cumplir los criterios y directrices del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural, ni la adecuación de edificaciones de apoyo para la implantación de una gran extensión de cultivos de frutales de hueso forzados".

Según la denuncia elevada a Fiscalía y que ha dado lugar a la apertura de procedimiento penal, la finca, que tiene una superficie de 251,98 hectáreas, ya ha desarrollado una superficie de 166,49 hectáreas de frutales de hueso en regadío, y ahora pretende su legalización a efectos ambientales.

De ellas, 11,27 hectáreas están situadas en zona B1, consideradas áreas naturales de interés general; 67,94 hectáreas en zonas B2, que son áreas seminaturales con usos tradicionales; y 82,19 hectáreas en zonas C1 que el PORN permite ser utilizadas para cultivos agrícolas, pero que en este caso no se acredita la disponibilidad de recursos hídricos.