Mientras se terminan las obras en la EDAR de El Bobar, piden soluciones para que todos los pueblos del Bajo Andarax salvo Huércal dejen de verter sus aguas residuales
EUROPA PRESS / 27·07·2015
El grupo municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Almería ha elevado denuncia a la Fiscalía para que se depuren responsabilidades por la acumulación «de aguas fecales sin depurar» en el cauce del río Andarax, lo que está causando proliferación de mosquitos, además de un «grave problema de salubridad pública».
Así lo ha indicado el portavoz, Rafael Esteban, quien ha precisado que el escrito, que se dirige en concreto a la Fiscalía de Medio Ambiente, recoge «todas las recomendaciones» realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz a raíz de una queja presentada por la coalición de izquierdas.
Esteban ha recordado que la institución envió estas recomendaciones a todas las administraciones implicadas en el asunto —Ayuntamiento de Almeria, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax «sin que se hayan producido avances».
En concreto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, urgió a que «a la mayor brevedad posible» se procediese a acordar una reunión entre todas las administraciones «a fin de tratar las diversas causas de la acumulación de mosquitos, malos olores y otras molestias en la desembocadura del río Andarax, y sus posibles soluciones y trabajos a desarrollar por cada una de las implicadas para solventar, aunque sea provisionalmente, esta problemática».
«Ello, con independencia de la solución definitiva del problema cuando se ponga en marcha, en su caso, las obras de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Bobar», según precisó.
Al hilo de esto, concluyó que la problemática iba a persistir en tanto no se culminara la ejecución de las obras de ampliación de la EDAR El Bobar, por lo que destacó que era «preciso» buscar «mecanismos de coordinación» entre las administraciones implicadas «para, al menos, solventar la problemática de proliferación de malos olores y mosquitos en la zona».
Disputa entre la Junta y el Ayuntamiento de Almería
En una resolución de 18 de mayo, el Defensor del Pueblo hizo constar que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta había detectado que todos los municipios del Bajo Andarax, salvo Huércal de Almería, tenían analíticas cuyos resultados superaban los límites máximos de los parámetros legalmente establecidos en cuanto a vertidos de aguas residuales e iniciado expedientes sancionadores.
Recogió, asimismo, que la Junta remitía a la obra de mejora de abastecimiento y saneamiento de los municipios integrados en la Mancomunidad del Bajo Andarax que se «está ejecutando», y que prevé la agrupación de los vertidos de las aguas residuales urbanas de los siete municipios y su conducción hasta la EDAR de Almería para su tratamiento, y también a las obras de mejora y ampliación de esta EDAR del Bobar.
Como solución «provisional», la administración autonómica apuntaba «la conducción» de las aguas residuales de los municipios del Bajo Andarax hasta la depuradora de Almería, aunque matizó que era «necesario» que el Ayuntamiento capitalino «diera su permiso, que hasta aquel momento no se había otorgado» y remarcaba que los responsables de las aguas residuales sin depurar que discurren por el río Andarax «son los ayuntamientos».
Por su parte, el Ayuntamiento de Almería informó de que, con fecha de abril de 2014, se había dado inicio a las obra de construcción y ampliación de la EDAR el Bobar cuya finalidad es, entre otras, «la mejora y ampliación de esta instalación para poder atender a los caudales de aguas residuales», estando en ejecución, de tal forma que —añadía— «mientras tanto no sean finalizadas y puestas en servicio, resulta imposible atender al exceso de caudal, generado por la aportación referida».
En ese sentido, cabe recordar que el propio Consistorio almeriense ya amenazó —cuatro días antes de las elecciones municipales— a la Junta de Andalucía con llevarla a los tribunales aduciendo que los ciudadanos de la capital no se tienen que «comer la mierda» de otros según palabras del entonces portavoz municipal, el edil Carlos Sánchez.
Así lo ha indicado el portavoz, Rafael Esteban, quien ha precisado que el escrito, que se dirige en concreto a la Fiscalía de Medio Ambiente, recoge «todas las recomendaciones» realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz a raíz de una queja presentada por la coalición de izquierdas.
Esteban ha recordado que la institución envió estas recomendaciones a todas las administraciones implicadas en el asunto —Ayuntamiento de Almeria, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax «sin que se hayan producido avances».
En concreto, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, urgió a que «a la mayor brevedad posible» se procediese a acordar una reunión entre todas las administraciones «a fin de tratar las diversas causas de la acumulación de mosquitos, malos olores y otras molestias en la desembocadura del río Andarax, y sus posibles soluciones y trabajos a desarrollar por cada una de las implicadas para solventar, aunque sea provisionalmente, esta problemática».
«Ello, con independencia de la solución definitiva del problema cuando se ponga en marcha, en su caso, las obras de mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Bobar», según precisó.
Al hilo de esto, concluyó que la problemática iba a persistir en tanto no se culminara la ejecución de las obras de ampliación de la EDAR El Bobar, por lo que destacó que era «preciso» buscar «mecanismos de coordinación» entre las administraciones implicadas «para, al menos, solventar la problemática de proliferación de malos olores y mosquitos en la zona».
Disputa entre la Junta y el Ayuntamiento de Almería
En una resolución de 18 de mayo, el Defensor del Pueblo hizo constar que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta había detectado que todos los municipios del Bajo Andarax, salvo Huércal de Almería, tenían analíticas cuyos resultados superaban los límites máximos de los parámetros legalmente establecidos en cuanto a vertidos de aguas residuales e iniciado expedientes sancionadores.
Recogió, asimismo, que la Junta remitía a la obra de mejora de abastecimiento y saneamiento de los municipios integrados en la Mancomunidad del Bajo Andarax que se «está ejecutando», y que prevé la agrupación de los vertidos de las aguas residuales urbanas de los siete municipios y su conducción hasta la EDAR de Almería para su tratamiento, y también a las obras de mejora y ampliación de esta EDAR del Bobar.
Como solución «provisional», la administración autonómica apuntaba «la conducción» de las aguas residuales de los municipios del Bajo Andarax hasta la depuradora de Almería, aunque matizó que era «necesario» que el Ayuntamiento capitalino «diera su permiso, que hasta aquel momento no se había otorgado» y remarcaba que los responsables de las aguas residuales sin depurar que discurren por el río Andarax «son los ayuntamientos».
Por su parte, el Ayuntamiento de Almería informó de que, con fecha de abril de 2014, se había dado inicio a las obra de construcción y ampliación de la EDAR el Bobar cuya finalidad es, entre otras, «la mejora y ampliación de esta instalación para poder atender a los caudales de aguas residuales», estando en ejecución, de tal forma que —añadía— «mientras tanto no sean finalizadas y puestas en servicio, resulta imposible atender al exceso de caudal, generado por la aportación referida».
En ese sentido, cabe recordar que el propio Consistorio almeriense ya amenazó —cuatro días antes de las elecciones municipales— a la Junta de Andalucía con llevarla a los tribunales aduciendo que los ciudadanos de la capital no se tienen que «comer la mierda» de otros según palabras del entonces portavoz municipal, el edil Carlos Sánchez.
