Se trata de la tramitación ilícita de autorizaciones de residencia para mujeres marroquíes en situación irregular mediante la simulación de violencia machista
ALMERÍA HOY / 05·10·2026
La sede judicial de Almería juzga a una red acusada de articular denuncias falsas para regularizar a migrantes
El Juzgado de lo Penal número 3 del Tribunal de Instancia de Almería acoge esta semana el proceso judicial contra un grupo de 30 personas implicadas en una trama dedicada, presuntamente, a la tramitación ilícita de autorizaciones de residencia para mujeres de origen marroquí en situación irregular mediante la simulación de episodios de violencia machista.
La investigación sitúa los hechos entre los años 2017 y 2019. Según sostiene el Ministerio Público en su escrito provisional, la estructura contaba con un organizador principal —para quien se solicitan ocho años y medio de prisión— apoyado por un colaborador actualmente en parado de busca y captura. La operativa consistía en captar a ciudadanas sin documentación en regla, instruirlas sobre el procedimiento y ponerlas en contacto con varones dispuestos a simular agresiones a cambio de sumas económicas que rondaban los 4 500 euros.
Las simulaciones se ejecutaban en zonas concurridas como avenidas, locales de hostelería, zonas verdes, paseos marítimos o inmediaciones de centros educativos distribuidos por Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar. Tras el incidente pactado, las mujeres interponían la denuncia ante la Guardia Civil o el juzgado de guardia afirmando falsamente mantener una relación sentimental con el supuesto agresor.
El engranaje continuaba en la vía judicial mediante la celebración de juicios rápidos. Los varones aceptaban condenas de conformidad por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, asumiendo penas menores que evitaban su entrada en la cárcel. Con la resolución judicial firme en la mano, las solicitantes acudían a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno para tramitar el permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, obteniendo autorizaciones con una validez de cinco años.
También les orientaban a la consecución de subsidios públicos La acusación señala asimismo que la red orientaba a las beneficiarias para solicitar subsidios públicos derivados de su condición de víctimas vulnerables. Varias de las 16 mujeres procesadas llegaron a percibir cuantías de hasta 5 600 euros a través del Programa de Renta Activa de Inserción (RAI) o prestaciones de la Seguridad Social, importes cuya restitución exige la Fiscalía en el procedimiento. Para ellas se reclaman penas que alcanzan los cinco años y tres meses de cárcel, mientras que para los 13 hombres implicados se piden condenas de nueve meses.
Los cargos imputados varían según el grado de implicación e incluyen delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falso testimonio y fraudes a la Seguridad Social.
La investigación sitúa los hechos entre los años 2017 y 2019. Según sostiene el Ministerio Público en su escrito provisional, la estructura contaba con un organizador principal —para quien se solicitan ocho años y medio de prisión— apoyado por un colaborador actualmente en parado de busca y captura. La operativa consistía en captar a ciudadanas sin documentación en regla, instruirlas sobre el procedimiento y ponerlas en contacto con varones dispuestos a simular agresiones a cambio de sumas económicas que rondaban los 4 500 euros.
Las simulaciones se ejecutaban en zonas concurridas como avenidas, locales de hostelería, zonas verdes, paseos marítimos o inmediaciones de centros educativos distribuidos por Almería, Aguadulce, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Almerimar. Tras el incidente pactado, las mujeres interponían la denuncia ante la Guardia Civil o el juzgado de guardia afirmando falsamente mantener una relación sentimental con el supuesto agresor.
El engranaje continuaba en la vía judicial mediante la celebración de juicios rápidos. Los varones aceptaban condenas de conformidad por delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género, asumiendo penas menores que evitaban su entrada en la cárcel. Con la resolución judicial firme en la mano, las solicitantes acudían a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno para tramitar el permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, obteniendo autorizaciones con una validez de cinco años.
También les orientaban a la consecución de subsidios públicos La acusación señala asimismo que la red orientaba a las beneficiarias para solicitar subsidios públicos derivados de su condición de víctimas vulnerables. Varias de las 16 mujeres procesadas llegaron a percibir cuantías de hasta 5 600 euros a través del Programa de Renta Activa de Inserción (RAI) o prestaciones de la Seguridad Social, importes cuya restitución exige la Fiscalía en el procedimiento. Para ellas se reclaman penas que alcanzan los cinco años y tres meses de cárcel, mientras que para los 13 hombres implicados se piden condenas de nueve meses.
Los cargos imputados varían según el grado de implicación e incluyen delitos continuados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falso testimonio y fraudes a la Seguridad Social.
