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J. A. SÁEZ CALVO
La frontera constituye la primera expresión material de la soberanía. Aquí empieza la jurisdicción de un Estado y queda claro qué marco legal se aplica. Cuando una frontera exterior de la Unión Europea es desbordada por decenas de miles de personas en unas horas, mueren 141 seres humanos, resultan agredidos miembros de las Fuerzas Armadas y una ciudad queda sometida durante semanas a una situación excepcional, el problema deja de ser exclusivamente inmigratorio. Se convierte en una crisis de seguridad nacional y en una prueba de la incapacidad del Estado para proteger su territorio.
El Gobierno disponía de información suficiente para saber que se preparaba una entrada masiva. Los documentos desclasificados recogen avisos desde comienzos de julio. La Guardia Civil detectó incrementos de hasta el 900 % en determinados intentos de acceso. Una nota del día 8 advirtió del riesgo por vía marítima y solicitó refuerzos, detección temprana y cambios normativos. Entre el 13 y el 26, los intentos a nado aumentaron un 201 %.
El 27 de julio, tres días antes de la invasión, una nota militar consideró “muy probable” una entrada masiva coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. Mencionaba convocatorias a través de redes sociales, posibles accesos por la valla y por mar, y disponía mantener personal preparado. El aviso fue transmitido también a los servicios marroquíes el día 29.
El Centro Nacional de Inteligencia conocía el riesgo. La Guardia Civil lo había cuantificado. Las Fuerzas Armadas adoptaron medidas preventivas. Marruecos fue advertido. Faltó convertir aquella información en una decisión política proporcionada. Desacreditar desde el poder los avisos desplaza la responsabilidad desde quien podía decidir hacia quien cumplió su obligación de alertar.
El Consejo de ministros declaró Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional el 25 de agosto. El Real Decreto-ley 22/2026 reconoce una situación sin precedentes, la alteración de servicios esenciales y la afectación de la seguridad ciudadana. El propio Estado admite la gravedad que inicialmente evitó reconocer. Si la crisis justificó esa declaración, ¿por qué las advertencias no provocaron antes una respuesta equivalente?
Lo que no se controla al comienzo se complica después. Una concentración contenida antes de alcanzar el límite territorial exige vigilancia, coordinación diplomática, refuerzos y disuasión. Más de 70.000 accesos o intentos en unas horas, en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, crean un problema de identificación, alojamiento, sanidad, seguridad, retorno y convivencia capaz de prolongarse durante meses.
Todavía falta una cifra pública, consolidada y verificable de quienes permanecen en Ceuta. Las autoridades manejan estimaciones de entre 10.000 y 13.000 personas, mientras algunas fuentes locales advierten de que el número real podría ser incluso del doble. No existe, por tanto, un censo fiable. El Gobierno debería publicar el número de personas identificadas biométricamente, solicitantes de protección, con resolución de retorno, menores de edad, situadas fuera de los dispositivos de acogida y que hayan abandonado la ciudad.
Esa información demostraría control real, protegería a la población ceutí, permitiría atender a los vulnerables y dificultaría la actividad de las redes. Una Administración que desconoce la identidad o situación jurídica de miles de personas tampoco puede garantizar sus derechos.
La violencia registrada impide reducir lo sucedido a un problema asistencial y vuelve a poner de manifiesto la improvisación. El 18 de septiembre, durante el traslado de miles de personas desde las playas hasta las instalaciones provisionales del puerto, se producen aglomeraciones, carreras y enfrentamientos que obligan a la Policía Nacional a emplear material antidisturbios. El recinto habilitado dispone de unas 1.700 plazas, una capacidad claramente insuficiente, por lo que miles de personas continuarán fuera del dispositivo, en playas, calles y montes. La operación evidencia la distancia entre la dimensión del problema y los medios preparados para afrontarlo. La resolución europea condena expresamente los actos violentos y reconoce la actuación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Quien encomienda a estos cuerpos una misión de esta magnitud debe proporcionarles instrucciones claras, recursos personales y materiales suficientes y plena protección jurídica para responder de forma proporcionada, eficaz y segura.
Un puerto no es un solar cualquiera. Es una infraestructura estratégica donde confluyen abastecimiento, combustible, mercancías, pasajeros, comunicaciones marítimas y servicios de emergencia. Instalar allí un alojamiento masivo exige estudiar la compatibilidad de usos, el control de accesos, la protección contra incendios, la evacuación, la vigilancia, las distancias de seguridad y la continuidad operativa. Advertirlo responde al deber elemental de proteger una instalación esencial cuya función no puede quedar subordinada a una solución improvisada.
También existe una presión sanitaria real que debe exponerse con transparencia. Se han comunicado casos de tuberculosis, varicela, sarna y gastroenteritis, además de un caso de mpox confirmado por el Instituto de Salud Carlos III en un menor acogido. El Ministerio ha tenido que movilizar decenas de miles de vacunas y reforzar la vigilancia epidemiológica. Fuentes sanitarias estimaron que durante las entradas del 30 y 31 de julio llegaron más de setenta mujeres embarazadas, algunas de las cuales han dado a luz y permanecen hospitalizadas ante la falta de recursos adecuados para su alojamiento. Miles de personas concentradas en centros, playas, calles y montes multiplican las necesidades, saneamiento, gestión de residuos y asistencia. Los ceutíes tienen derecho a conocer el alcance exacto del problema y a conservar la calidad de unos servicios públicos que sostienen con sus impuestos sin sufrir una degradación de sus servicios por una emergencia que no provocaron. La ocultación, la minimización y la falta de previsión también tienen responsables.
Melilla observa lo ocurrido como quien ve pelar las barbas de su vecino. Comparte presión inmigratoria, frontera terrestre, litoral vulnerable y dependencia de la cooperación marroquí. El posterior refuerzo de la vigilancia en ambas ciudades confirma la existencia del riesgo. Esperar a que se repita una entrada semejante convertiría la advertencia en negligencia. Melilla necesita prevención permanente, vigilancia costera, coordinación policial y militar y capacidad inmediata de identificación y retorno. El Parlamento Europeo ha utilizado palabras que el Gobierno evitó durante semanas. Su resolución, aprobada por 339 votos frente a 225 y 16 abstenciones, califica la instrumentalización de la inmigración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”. Afirma que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas cuya soberanía está fuera de toda duda. Reclama más protección fronteriza, apoyo de Frontex, cooperación judicial, utilización efectiva de los fondos europeos y retorno rápido de quienes carezcan de derecho a permanecer.
Se intentará desacreditar la resolución explicando quiénes votaron a favor. El Parlamento Europeo no pierde legitimidad porque su conclusión incomode al Ejecutivo censurado. Sus 720 miembros proceden de elecciones celebradas en veintisiete Estados. Cuando una mayoría habla de guerra híbrida, riesgo para Schengen, falta de firmeza y responsabilidades incumplidas, el problema no es Europa ni España. Es la actuación del Gobierno que ha merecido esa advertencia.
Su importancia reside en reconocer que el uso deliberado o tolerado de movimientos humanos puede causar efectos estratégicos propios de una acción hostil sin recurrir a armamento convencional. La guerra híbrida opera por debajo del umbral formal del conflicto, explota vulnerabilidades jurídicas y sociales, conserva una negación plausible y traslada al adversario el coste humano, económico y político.
Marruecos niega haber organizado el asalto y lo atribuye a rumores, redes, traficantes y a una interpretación judicial española que habría reducido la devolución inmediata. Esa versión choca con un hecho difícil de explicar: durante unas diez horas sus fuerzas permitieron el paso de decenas de miles de personas pese a haber recibido la alerta. Si no existió una decisión política, habría que admitir que el Reino perdió el control de una de sus fronteras más sensibles. Una hipótesis apunta a instrumentalización; la otra, a incapacidad operativa. El retorno de quien carezca de título para permanecer forma parte del ordenamiento europeo. Requiere identificación individual, audiencia, posibilidad de solicitar protección y garantías específicas para menores. Por eso debía haberse preparado una capacidad administrativa excepcional desde el primer día. La legalidad no es una excusa para la pasividad. Es el instrumento que permite adoptar decisiones ejecutables y capaces de superar el control judicial.
También debe explicarse la intervención de Frontex. España podía solicitar apoyo operativo, especialistas en documentación, medios de vigilancia y asistencia en los retornos. El Parlamento reclama ahora reforzar su capacidad y garantizar despliegues rápidos. Si el Gobierno no pidió esa ayuda a tiempo, debe justificarlo. Si la solicitó y no llegó, corresponde exigir responsabilidades europeas. Lo inaceptable es que nadie responda mientras la ciudad soporta las consecuencias.
La reducción al absurdo descubre el límite de la normalización. Si más de 70.000 entradas o intentos pueden producirse sin consecuencias políticas, ¿qué cifra obligaría a asumirlas? ¿Cien mil? ¿Medio millón? ¿la siguiente generación joven del Norte de África o todo el que consiga cruzar? Si una frontera puede quedar desbordada durante horas sin coste, el incentivo para repetir la presión aumenta.
La posibilidad de traslados clandestinos a la Península tampoco puede ignorarse. Las redes del narcotráfico y del contrabando disponen de embarcaciones rápidas, puntos de salida y estructuras logísticas adaptables al tráfico de personas. Esto significa que miles de personas fuera de recursos estables, con expedientes pendientes y voluntad de continuar hacia Europa constituyen una oportunidad para las organizaciones delictivas. La desaparición de OCON Sur redujo, además, una capacidad especializada cuya reconstrucción merece consideración urgente.
Crimea, Kargil y el Donbás muestran cómo la ambigüedad inicial favorece a quien crea hechos consumados mientras el Estado afectado discute cómo denominarlos. Ceuta no es ninguno de esos escenarios, aunque una agresión alejada de la invasión clásica puede paralizar la respuesta hasta alterar la realidad sobre el terreno.
La defensa empieza por impedir concentraciones, exigir cooperación efectiva, desplegar medios suficientes, activar los instrumentos europeos, proteger los espigones y preparar procedimientos capaces de absorber una emergencia. Continúa utilizando las palancas de bloqueo de cualquier relación entre Estados: energía, financiación, cooperación, comercio, visados y ayuda en materia de seguridad. La reciprocidad no es hostilidad. Es la base de una vecindad equilibrada y de una disuasión que pretende evitar el conflicto.
Existen instrumentos jurídicos suficientes; corresponde aplicarlos a tiempo y exigir su cumplimiento. La procedencia inmediata de quienes cruzaron es conocida: llegaron desde territorio marroquí. España dispone del Acuerdo bilateral de readmisión suscrito con Marruecos el 13 de febrero de 1992, publicado en el BOE el 25 de abril de ese año y plenamente vigente desde el 21 de octubre de 2012. Este instrumento regula, con sus requisitos y excepciones, la readmisión de nacionales de terceros países llegados ilegalmente desde territorio marroquí. A ello se suma el marco común europeo establecido por la Directiva 2008/115/CE sobre el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.
En una democracia exigente, 141 muertos, decenas de miles de entradas, militares heridos, servicios colapsados y advertencias desatendidas provocarían ceses, dimisiones o una comisión de investigación con acceso íntegro a la documentación. Aquí parece bastar con declarar tarde una emergencia, aprobar ayudas y confiar en que el paso del tiempo sustituya a la rendición de cuentas.
Los documentos acreditan que la amenaza fue prevista. El Gobierno ha reconocido después su extrema gravedad. Quedan tres preguntas que ninguna campaña de comunicación puede borrar: ¿quién asume la responsabilidad por no haber actuado a tiempo?, ¿cómo se recuperará la normalidad anterior a la invasión? y, si no se modifica la respuesta, ¿qué vendrá después?
(Para ver el artículo anterior "La mala costumbre de no querer ver. Manual de Guerra Híbrida" click AQUÍ)
El Gobierno disponía de información suficiente para saber que se preparaba una entrada masiva. Los documentos desclasificados recogen avisos desde comienzos de julio. La Guardia Civil detectó incrementos de hasta el 900 % en determinados intentos de acceso. Una nota del día 8 advirtió del riesgo por vía marítima y solicitó refuerzos, detección temprana y cambios normativos. Entre el 13 y el 26, los intentos a nado aumentaron un 201 %.
El 27 de julio, tres días antes de la invasión, una nota militar consideró “muy probable” una entrada masiva coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. Mencionaba convocatorias a través de redes sociales, posibles accesos por la valla y por mar, y disponía mantener personal preparado. El aviso fue transmitido también a los servicios marroquíes el día 29.
El Centro Nacional de Inteligencia conocía el riesgo. La Guardia Civil lo había cuantificado. Las Fuerzas Armadas adoptaron medidas preventivas. Marruecos fue advertido. Faltó convertir aquella información en una decisión política proporcionada. Desacreditar desde el poder los avisos desplaza la responsabilidad desde quien podía decidir hacia quien cumplió su obligación de alertar.
El Consejo de ministros declaró Ceuta situación de interés para la Seguridad Nacional el 25 de agosto. El Real Decreto-ley 22/2026 reconoce una situación sin precedentes, la alteración de servicios esenciales y la afectación de la seguridad ciudadana. El propio Estado admite la gravedad que inicialmente evitó reconocer. Si la crisis justificó esa declaración, ¿por qué las advertencias no provocaron antes una respuesta equivalente?
Lo que no se controla al comienzo se complica después. Una concentración contenida antes de alcanzar el límite territorial exige vigilancia, coordinación diplomática, refuerzos y disuasión. Más de 70.000 accesos o intentos en unas horas, en una ciudad de poco más de 80.000 habitantes, crean un problema de identificación, alojamiento, sanidad, seguridad, retorno y convivencia capaz de prolongarse durante meses.
Todavía falta una cifra pública, consolidada y verificable de quienes permanecen en Ceuta. Las autoridades manejan estimaciones de entre 10.000 y 13.000 personas, mientras algunas fuentes locales advierten de que el número real podría ser incluso del doble. No existe, por tanto, un censo fiable. El Gobierno debería publicar el número de personas identificadas biométricamente, solicitantes de protección, con resolución de retorno, menores de edad, situadas fuera de los dispositivos de acogida y que hayan abandonado la ciudad.
Esa información demostraría control real, protegería a la población ceutí, permitiría atender a los vulnerables y dificultaría la actividad de las redes. Una Administración que desconoce la identidad o situación jurídica de miles de personas tampoco puede garantizar sus derechos.
La violencia registrada impide reducir lo sucedido a un problema asistencial y vuelve a poner de manifiesto la improvisación. El 18 de septiembre, durante el traslado de miles de personas desde las playas hasta las instalaciones provisionales del puerto, se producen aglomeraciones, carreras y enfrentamientos que obligan a la Policía Nacional a emplear material antidisturbios. El recinto habilitado dispone de unas 1.700 plazas, una capacidad claramente insuficiente, por lo que miles de personas continuarán fuera del dispositivo, en playas, calles y montes. La operación evidencia la distancia entre la dimensión del problema y los medios preparados para afrontarlo. La resolución europea condena expresamente los actos violentos y reconoce la actuación de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Quien encomienda a estos cuerpos una misión de esta magnitud debe proporcionarles instrucciones claras, recursos personales y materiales suficientes y plena protección jurídica para responder de forma proporcionada, eficaz y segura.
Un puerto no es un solar cualquiera. Es una infraestructura estratégica donde confluyen abastecimiento, combustible, mercancías, pasajeros, comunicaciones marítimas y servicios de emergencia. Instalar allí un alojamiento masivo exige estudiar la compatibilidad de usos, el control de accesos, la protección contra incendios, la evacuación, la vigilancia, las distancias de seguridad y la continuidad operativa. Advertirlo responde al deber elemental de proteger una instalación esencial cuya función no puede quedar subordinada a una solución improvisada.
También existe una presión sanitaria real que debe exponerse con transparencia. Se han comunicado casos de tuberculosis, varicela, sarna y gastroenteritis, además de un caso de mpox confirmado por el Instituto de Salud Carlos III en un menor acogido. El Ministerio ha tenido que movilizar decenas de miles de vacunas y reforzar la vigilancia epidemiológica. Fuentes sanitarias estimaron que durante las entradas del 30 y 31 de julio llegaron más de setenta mujeres embarazadas, algunas de las cuales han dado a luz y permanecen hospitalizadas ante la falta de recursos adecuados para su alojamiento. Miles de personas concentradas en centros, playas, calles y montes multiplican las necesidades, saneamiento, gestión de residuos y asistencia. Los ceutíes tienen derecho a conocer el alcance exacto del problema y a conservar la calidad de unos servicios públicos que sostienen con sus impuestos sin sufrir una degradación de sus servicios por una emergencia que no provocaron. La ocultación, la minimización y la falta de previsión también tienen responsables.
Melilla observa lo ocurrido como quien ve pelar las barbas de su vecino. Comparte presión inmigratoria, frontera terrestre, litoral vulnerable y dependencia de la cooperación marroquí. El posterior refuerzo de la vigilancia en ambas ciudades confirma la existencia del riesgo. Esperar a que se repita una entrada semejante convertiría la advertencia en negligencia. Melilla necesita prevención permanente, vigilancia costera, coordinación policial y militar y capacidad inmediata de identificación y retorno. El Parlamento Europeo ha utilizado palabras que el Gobierno evitó durante semanas. Su resolución, aprobada por 339 votos frente a 225 y 16 abstenciones, califica la instrumentalización de la inmigración irregular como “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”. Afirma que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y europeas cuya soberanía está fuera de toda duda. Reclama más protección fronteriza, apoyo de Frontex, cooperación judicial, utilización efectiva de los fondos europeos y retorno rápido de quienes carezcan de derecho a permanecer.
Se intentará desacreditar la resolución explicando quiénes votaron a favor. El Parlamento Europeo no pierde legitimidad porque su conclusión incomode al Ejecutivo censurado. Sus 720 miembros proceden de elecciones celebradas en veintisiete Estados. Cuando una mayoría habla de guerra híbrida, riesgo para Schengen, falta de firmeza y responsabilidades incumplidas, el problema no es Europa ni España. Es la actuación del Gobierno que ha merecido esa advertencia.
Su importancia reside en reconocer que el uso deliberado o tolerado de movimientos humanos puede causar efectos estratégicos propios de una acción hostil sin recurrir a armamento convencional. La guerra híbrida opera por debajo del umbral formal del conflicto, explota vulnerabilidades jurídicas y sociales, conserva una negación plausible y traslada al adversario el coste humano, económico y político.
Marruecos niega haber organizado el asalto y lo atribuye a rumores, redes, traficantes y a una interpretación judicial española que habría reducido la devolución inmediata. Esa versión choca con un hecho difícil de explicar: durante unas diez horas sus fuerzas permitieron el paso de decenas de miles de personas pese a haber recibido la alerta. Si no existió una decisión política, habría que admitir que el Reino perdió el control de una de sus fronteras más sensibles. Una hipótesis apunta a instrumentalización; la otra, a incapacidad operativa. El retorno de quien carezca de título para permanecer forma parte del ordenamiento europeo. Requiere identificación individual, audiencia, posibilidad de solicitar protección y garantías específicas para menores. Por eso debía haberse preparado una capacidad administrativa excepcional desde el primer día. La legalidad no es una excusa para la pasividad. Es el instrumento que permite adoptar decisiones ejecutables y capaces de superar el control judicial.
También debe explicarse la intervención de Frontex. España podía solicitar apoyo operativo, especialistas en documentación, medios de vigilancia y asistencia en los retornos. El Parlamento reclama ahora reforzar su capacidad y garantizar despliegues rápidos. Si el Gobierno no pidió esa ayuda a tiempo, debe justificarlo. Si la solicitó y no llegó, corresponde exigir responsabilidades europeas. Lo inaceptable es que nadie responda mientras la ciudad soporta las consecuencias.
La reducción al absurdo descubre el límite de la normalización. Si más de 70.000 entradas o intentos pueden producirse sin consecuencias políticas, ¿qué cifra obligaría a asumirlas? ¿Cien mil? ¿Medio millón? ¿la siguiente generación joven del Norte de África o todo el que consiga cruzar? Si una frontera puede quedar desbordada durante horas sin coste, el incentivo para repetir la presión aumenta.
La posibilidad de traslados clandestinos a la Península tampoco puede ignorarse. Las redes del narcotráfico y del contrabando disponen de embarcaciones rápidas, puntos de salida y estructuras logísticas adaptables al tráfico de personas. Esto significa que miles de personas fuera de recursos estables, con expedientes pendientes y voluntad de continuar hacia Europa constituyen una oportunidad para las organizaciones delictivas. La desaparición de OCON Sur redujo, además, una capacidad especializada cuya reconstrucción merece consideración urgente.
Crimea, Kargil y el Donbás muestran cómo la ambigüedad inicial favorece a quien crea hechos consumados mientras el Estado afectado discute cómo denominarlos. Ceuta no es ninguno de esos escenarios, aunque una agresión alejada de la invasión clásica puede paralizar la respuesta hasta alterar la realidad sobre el terreno.
La defensa empieza por impedir concentraciones, exigir cooperación efectiva, desplegar medios suficientes, activar los instrumentos europeos, proteger los espigones y preparar procedimientos capaces de absorber una emergencia. Continúa utilizando las palancas de bloqueo de cualquier relación entre Estados: energía, financiación, cooperación, comercio, visados y ayuda en materia de seguridad. La reciprocidad no es hostilidad. Es la base de una vecindad equilibrada y de una disuasión que pretende evitar el conflicto.
Existen instrumentos jurídicos suficientes; corresponde aplicarlos a tiempo y exigir su cumplimiento. La procedencia inmediata de quienes cruzaron es conocida: llegaron desde territorio marroquí. España dispone del Acuerdo bilateral de readmisión suscrito con Marruecos el 13 de febrero de 1992, publicado en el BOE el 25 de abril de ese año y plenamente vigente desde el 21 de octubre de 2012. Este instrumento regula, con sus requisitos y excepciones, la readmisión de nacionales de terceros países llegados ilegalmente desde territorio marroquí. A ello se suma el marco común europeo establecido por la Directiva 2008/115/CE sobre el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular.
En una democracia exigente, 141 muertos, decenas de miles de entradas, militares heridos, servicios colapsados y advertencias desatendidas provocarían ceses, dimisiones o una comisión de investigación con acceso íntegro a la documentación. Aquí parece bastar con declarar tarde una emergencia, aprobar ayudas y confiar en que el paso del tiempo sustituya a la rendición de cuentas.
Los documentos acreditan que la amenaza fue prevista. El Gobierno ha reconocido después su extrema gravedad. Quedan tres preguntas que ninguna campaña de comunicación puede borrar: ¿quién asume la responsabilidad por no haber actuado a tiempo?, ¿cómo se recuperará la normalidad anterior a la invasión? y, si no se modifica la respuesta, ¿qué vendrá después?
(Para ver el artículo anterior "La mala costumbre de no querer ver. Manual de Guerra Híbrida" click AQUÍ)
