ALMERÍA HOY / 07·07·2026
La histórica decisión del pleno extraordinario del Ayuntamiento de Carboneras de declarar nula la licencia de obras de El Algarrobico, otorgada en 2003 a la promotora Azata del Sol, ha desencadenado una oleada de pronunciamientos políticos y sociales. El acuerdo municipal, adoptado bajo el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha trasladado el foco del debate hacia los plazos reales para la demolición de la mole de hormigón y la restauración ambiental del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha comparecido en el Parlamento andaluz para instar a la Junta de Andalucía a actuar de forma urgente. Montero ha exigido al Gobierno autonómico que requiera formalmente el inicio del derribo, alegando que es el compromiso que se adquirió en las reuniones de coordinación entre el Estado y la comunidad autónoma. La líder de los socialistas andaluces ha aprovechado para poner en valor la firmeza de su formación a la hora de expedientar a los concejales díscolos de Carboneras, argumentando que la presión del partido ha sido el movimiento determinante para que dos de las edilas del PSOE rectificaran su posición y permitieran alcanzar la mayoría de ocho votos a favor de la nulidad.
Por su parte, los colectivos ecologistas han recibido la noticia como un avance indispensable, aunque mantienen la cautela respecto a los plazos futuros. El abogado de las organizaciones Salvemos Mojacar y Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha recordado que el consistorio tiene ahora la obligación legal de ordenar la demolición de la infraestructura, con independencia de las acciones que emprenda la promotora. No obstante, las organizaciones advierten de que Azata del Sol previsiblemente impugnará la resolución municipal ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería y, posteriormente, ante el TSJA, lo que podría suponer una nueva demora en un proceso que acumula más de veinte años de litigios.
Desde la coalición Por Andalucía también se ha celebrado el levantamiento del bloqueo institucional en el municipio costero, subrayando que la restauración de este entorno protegido no admite más dilaciones de carácter burocrático. El final del periplo judicial en el ámbito municipal deja paso a la aplicación del protocolo conjunto de actuación, donde la Junta de Andalucía ya ha anunciado que activará los mecanismos técnicos precisos para iniciar la recuperación ambiental de la playa en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica.
La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha comparecido en el Parlamento andaluz para instar a la Junta de Andalucía a actuar de forma urgente. Montero ha exigido al Gobierno autonómico que requiera formalmente el inicio del derribo, alegando que es el compromiso que se adquirió en las reuniones de coordinación entre el Estado y la comunidad autónoma. La líder de los socialistas andaluces ha aprovechado para poner en valor la firmeza de su formación a la hora de expedientar a los concejales díscolos de Carboneras, argumentando que la presión del partido ha sido el movimiento determinante para que dos de las edilas del PSOE rectificaran su posición y permitieran alcanzar la mayoría de ocho votos a favor de la nulidad.
Por su parte, los colectivos ecologistas han recibido la noticia como un avance indispensable, aunque mantienen la cautela respecto a los plazos futuros. El abogado de las organizaciones Salvemos Mojacar y Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, ha recordado que el consistorio tiene ahora la obligación legal de ordenar la demolición de la infraestructura, con independencia de las acciones que emprenda la promotora. No obstante, las organizaciones advierten de que Azata del Sol previsiblemente impugnará la resolución municipal ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería y, posteriormente, ante el TSJA, lo que podría suponer una nueva demora en un proceso que acumula más de veinte años de litigios.
Desde la coalición Por Andalucía también se ha celebrado el levantamiento del bloqueo institucional en el municipio costero, subrayando que la restauración de este entorno protegido no admite más dilaciones de carácter burocrático. El final del periplo judicial en el ámbito municipal deja paso a la aplicación del protocolo conjunto de actuación, donde la Junta de Andalucía ya ha anunciado que activará los mecanismos técnicos precisos para iniciar la recuperación ambiental de la playa en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica.
