ALMERÍA HOY / 08·07·2026
La Audiencia Provincial de Almería ha concluido la vista oral contra el antiguo regidor de Cantoria, Pedro María Llamas (PP), por las presuntas irregularidades en la compra de una sección del histórico Palacio de Almanzora. En la jornada de conclusiones definitivas, la Fiscalía ratificó su solicitud de cuatro años de privación de libertad y diecisiete años de inhabilitación, atribuyéndole delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Por su parte, el Ayuntamiento de Cantoria, que ejerce la acusación particular, rebajó su petición inicial de seis años de prisión para sumarse a los criterios del Ministerio Público, al resultar más ventajosa para el procesado la actual tipificación del Código Penal.
Durante el desarrollo del plenario testificaron el entonces secretario de la corporación local, el propietario que vendió el inmueble y el agente de la Guardia Civil que coordinó las indagaciones. Las tesis acusatorias sostienen que el exalcalde firmó a sabiendas en 2009 un acuerdo privado de compraventa por un montante de 360 000 euros eludiendo por completo la normativa legal, dado que la operación carecía de expediente de contratación, consignación presupuestaria e informes de los servicios técnicos y jurídicos. A pesar de los dictámenes en contra emitidos formalmente por la Intervención y la Secretaría municipal, entre los años 2011 y 2012 se tramitaron desembolsos fraccionados por valor de 40 400 euros con cargo al erario público, unos movimientos y reparos que nunca se notificaron de manera oficial al Pleno municipal. Como particularidad del caso, las investigaciones desvelaron que las reuniones y la rúbrica de dicho documento privado tuvieron lugar en un negocio de hostelería situado en la calle Arcos de la capital almeriense.
La línea de defensa argumentó que la iniciativa buscaba el beneficio patrimonial y el interés general del municipio al intentar rescatar un edificio de notable valor histórico. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como la representación del Consistorio rechazaron este planteamiento, incidiendo en que los fines políticos o culturales no eximen del cumplimiento estricto de las garantías legales que protegen los fondos públicos. Aunque el acusado ha depositado en sede judicial los 40 400 euros correspondientes al perjuicio económico causado, las acusaciones recordaron que la transacción nunca llegó a formalizarse en una escritura pública, lo que impidió que el Palacio de Almanzora pasara a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento y que la institución recuperara el dinero invertido.
Durante el desarrollo del plenario testificaron el entonces secretario de la corporación local, el propietario que vendió el inmueble y el agente de la Guardia Civil que coordinó las indagaciones. Las tesis acusatorias sostienen que el exalcalde firmó a sabiendas en 2009 un acuerdo privado de compraventa por un montante de 360 000 euros eludiendo por completo la normativa legal, dado que la operación carecía de expediente de contratación, consignación presupuestaria e informes de los servicios técnicos y jurídicos. A pesar de los dictámenes en contra emitidos formalmente por la Intervención y la Secretaría municipal, entre los años 2011 y 2012 se tramitaron desembolsos fraccionados por valor de 40 400 euros con cargo al erario público, unos movimientos y reparos que nunca se notificaron de manera oficial al Pleno municipal. Como particularidad del caso, las investigaciones desvelaron que las reuniones y la rúbrica de dicho documento privado tuvieron lugar en un negocio de hostelería situado en la calle Arcos de la capital almeriense.
La línea de defensa argumentó que la iniciativa buscaba el beneficio patrimonial y el interés general del municipio al intentar rescatar un edificio de notable valor histórico. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como la representación del Consistorio rechazaron este planteamiento, incidiendo en que los fines políticos o culturales no eximen del cumplimiento estricto de las garantías legales que protegen los fondos públicos. Aunque el acusado ha depositado en sede judicial los 40 400 euros correspondientes al perjuicio económico causado, las acusaciones recordaron que la transacción nunca llegó a formalizarse en una escritura pública, lo que impidió que el Palacio de Almanzora pasara a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento y que la institución recuperara el dinero invertido.
