Cuando una empresa acumulaba una deuda considerable, cesaba su actividad y otra tomaba el relevo
ALMERÍA HOY / 29·07·2026
La Policía Nacional ha desarticulado en Almería un entramado empresarial en el sector agrícola acusado de defraudar cerca de 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La investigación, bautizada como Operación Tributo, se ha saldado con dos personas detenidas y otras dos investigadas por un presunto delito contra la hacienda pública y la Seguridad Social.
El fraude consistía en una maniobra conocida como «carrusel empresarial». Desde el año 2009, los implicados creaban y utilizaban de forma sucesiva varias sociedades interconectadas. Cuando una de las empresas acumulaba una deuda considerable con la Administración, cesaba su actividad en el papel y otra firma tomaba el relevo de inmediato.
A pesar de los cambios de nombre y titularidad formal, el negocio nunca se detuvo. Los investigadores comprobaron que las distintas sociedades compartían las mismas fincas agrícolas, maquinaria, trabajadores, clientes, proveedores, direcciones e incluso cuentas bancarias.
Entre los implicados figuran varios miembros de una misma familia que se alternaban como administradores o titulares de las distintas mercantiles, además de un antiguo empleado que pasó a actuar como empresario individual para gestionar una de las explotaciones.
La intervención policial responde a una orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, emitida en febrero de 2025 tras un aviso previo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Los agentes de las unidades de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales analizaron en profundidad el entramado patrimonial y laboral hasta destapar la trampa.
Durante las indagaciones, la Policía también detectó ventas y traspasos de bienes sospechosos. Estas operaciones se realizaban justo cuando las deudas con la Seguridad Social eran exigibles, con el objetivo claro de declararse insolventes y evitar que la Administración pudiera cobrar lo defraudado.
Para asegurar que los responsables paguen las posibles sanciones y deudas acumuladas, el juez ha decretado el embargo cautelar de siete propiedades inmuebles, valoradas en torno a un millón de euros, así como el bloqueo de diez cuentas bancarias.
Los dos detenidos quedaron en libertad tras declarar ante la Policía en presencia de sus abogados, a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, que mantiene abiertas las diligencias sobre el caso.
El fraude consistía en una maniobra conocida como «carrusel empresarial». Desde el año 2009, los implicados creaban y utilizaban de forma sucesiva varias sociedades interconectadas. Cuando una de las empresas acumulaba una deuda considerable con la Administración, cesaba su actividad en el papel y otra firma tomaba el relevo de inmediato.
A pesar de los cambios de nombre y titularidad formal, el negocio nunca se detuvo. Los investigadores comprobaron que las distintas sociedades compartían las mismas fincas agrícolas, maquinaria, trabajadores, clientes, proveedores, direcciones e incluso cuentas bancarias.
Entre los implicados figuran varios miembros de una misma familia que se alternaban como administradores o titulares de las distintas mercantiles, además de un antiguo empleado que pasó a actuar como empresario individual para gestionar una de las explotaciones.
La intervención policial responde a una orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, emitida en febrero de 2025 tras un aviso previo de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Los agentes de las unidades de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales analizaron en profundidad el entramado patrimonial y laboral hasta destapar la trampa.
Durante las indagaciones, la Policía también detectó ventas y traspasos de bienes sospechosos. Estas operaciones se realizaban justo cuando las deudas con la Seguridad Social eran exigibles, con el objetivo claro de declararse insolventes y evitar que la Administración pudiera cobrar lo defraudado.
Para asegurar que los responsables paguen las posibles sanciones y deudas acumuladas, el juez ha decretado el embargo cautelar de siete propiedades inmuebles, valoradas en torno a un millón de euros, así como el bloqueo de diez cuentas bancarias.
Los dos detenidos quedaron en libertad tras declarar ante la Policía en presencia de sus abogados, a la espera de ser citados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, que mantiene abiertas las diligencias sobre el caso.
