ALMERÍA HOY / 07·04·2026
Un funcionario de la prisión de El Acebuche ha resultado herido de gravedad tras ser golpeado por un interno durante la apertura de celdas. Este nuevo episodio de violencia ha provocado la reacción inmediata de la diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, quien ha denunciado la situación de "abandono" e inseguridad que sufren los trabajadores del centro almeriense.
La formación popular advierte que este tipo de ataques no son hechos aislados
Según los datos facilitados por Torregrosa, las agresiones en el sistema penitenciario han crecido un 126% desde 2018. En el caso concreto de la cárcel almeriense, el incremento de la violencia se sitúa en un 37% en los últimos dos años, una cifra que la diputada vincula directamente con la falta de personal y la creciente masificación de las instalaciones. "El Gobierno mira hacia otro lado a pesar de las reiteradas denuncias de los sindicatos", ha criticado la parlamentaria, quien recordó que el número de reclusos en El Acebuche ha pasado de 845 a 955 en apenas dos ejercicios.
Torregrosa ha reprochado al Ministerio del Interior que su política penitenciaria parezca estar "más preocupada por los delincuentes que por los trabajadores". En este sentido, ha puesto como ejemplo la concesión de la semilibertad a históricos dirigentes de ETA como Txeroki o Anboto, mientras los funcionarios de prisiones siguen esperando el reconocimiento legal como agentes de la autoridad.
Para el PP, este estatus es una medida urgente e imprescindible. Actualmente, el Gobierno mantiene bloqueadas en el Congreso las dos iniciativas legislativas presentadas por el Grupo Popular para otorgar dicha protección jurídica. Torregrosa insiste en que, sin medios suficientes ni el respaldo legal adecuado, los empleados públicos de El Acebuche quedan desprotegidos ante una población reclusa que no deja de aumentar.
La formación popular advierte que este tipo de ataques no son hechos aislados
Según los datos facilitados por Torregrosa, las agresiones en el sistema penitenciario han crecido un 126% desde 2018. En el caso concreto de la cárcel almeriense, el incremento de la violencia se sitúa en un 37% en los últimos dos años, una cifra que la diputada vincula directamente con la falta de personal y la creciente masificación de las instalaciones. "El Gobierno mira hacia otro lado a pesar de las reiteradas denuncias de los sindicatos", ha criticado la parlamentaria, quien recordó que el número de reclusos en El Acebuche ha pasado de 845 a 955 en apenas dos ejercicios.
Torregrosa ha reprochado al Ministerio del Interior que su política penitenciaria parezca estar "más preocupada por los delincuentes que por los trabajadores". En este sentido, ha puesto como ejemplo la concesión de la semilibertad a históricos dirigentes de ETA como Txeroki o Anboto, mientras los funcionarios de prisiones siguen esperando el reconocimiento legal como agentes de la autoridad.
Para el PP, este estatus es una medida urgente e imprescindible. Actualmente, el Gobierno mantiene bloqueadas en el Congreso las dos iniciativas legislativas presentadas por el Grupo Popular para otorgar dicha protección jurídica. Torregrosa insiste en que, sin medios suficientes ni el respaldo legal adecuado, los empleados públicos de El Acebuche quedan desprotegidos ante una población reclusa que no deja de aumentar.
