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J. A. SÁEZ CALVO
En la historia administrativa de España, el Sur no ha sido una unidad uniforme, ni en su configuración institucional ni en sus lealtades cotidianas. Durante siglos, la palabra “Andalucía” designó, con límites variables, un conjunto de reinos y demarcaciones que no incluían necesariamente a Granada en la misma categoría mental y política. Granada fue, ante todo, Reino de Granada: una realidad jurídica propia, con su chancillería, su red judicial y su aparato territorial, percibida como espacio diferenciado en la cartografía y en la administración del Antiguo Régimen. La Real Chancillería de Granada, instalada en 1505 y suprimida en 1834, ilustra esa centralidad institucional autónoma y duradera.
Esa dualidad, aparece una y otra vez en documentos, mapas y diagnósticos de cada época. La propia “Gaceta de Madrid” llegó a publicar, en 1924, la división agronómica del territorio en “Andalucía occidental”, con capital en Sevilla, y “Andalucía oriental”, con capital en Granada. No se trata de una simple etiqueta, sino de una clasificación del Estado, asentada sobre realidades económicas y geográficas observables.
Y, cuando se mira con la lupa de la sociología histórica, la fractura se reconoce también en el plano cultural y político. Fernando de los Ríos, en un texto de 1918, habla de una Andalucía con dos almas, con una “Andalucía alta” y una “Andalucía baja”, y utiliza esa distinción para explicar comportamientos, mentalidades y estructuras sociales. En publicaciones como “Horizonte Garnata” se coloca como síntesis “Granada nunca fue Andalucía” y condensa una intuición que la documentación de largo recorrido vuelve plausible: Granada se pensó, durante mucho tiempo, aparte.
El problema llega cuando, sobre esa complejidad histórica, se impone una simplificación política de final del siglo XX: un relato homogéneo que pide adhesión total, símbolos comunes y una capitalidad práctica concentrada. Esa reducción genera una paradoja: un territorio internamente diverso se gobierna como si fuera uniforme. La norma presupone igualdad de partida; y la realidad dibuja dos velocidades, una occidental, más conectada al centro de decisión, y otra oriental, que arrastra déficits acumulados en infraestructuras, sedes, inversión y capacidad de fijar población.
El 28 de febrero de 1980 es el punto de giro. La consulta sobre la iniciativa autonómica, planteada por la vía del artículo 151 de la Constitución, no medía solo “sí” y “no” en votos válidos: exigía mayorías en términos de censo, provincia a provincia. La Junta Electoral Central publicó los resultados oficiales en el BOE, y el propio acuerdo declara rechazada la ratificación por no alcanzarse el umbral en todas las provincias.
Hay que tener memoria histórica en este sentido. Antes incluso de la publicación definitiva, la prensa ya recogía la asimetría. El 1 de marzo de 1980, “Ideal” difundía porcentajes provisionales del “sí” sobre censo: Almería 42,07 %, Málaga 50,77 %, Granada 52,62 %, Jaén 49,35 %. El BOE de 13 de mayo incorporó los resultados oficiales tras “reajustes” de escrutinio en el caso de Jaén, y con cifras prácticamente en la misma línea: Almería 42,31 %, Málaga 52,40 %, Granada 52,95 %, Jaén con un curioso 50,07 %. La variación es pequeña; el patrón territorial permanece.
En Sevilla, el dato es el 64,88 %. La fotografía es clara: el Oeste empuja con más fuerza; el Este responde con un patrón distinto, y en Almería y Jaén el umbral se rompe.
Ese resultado no cerró el proceso; lo reorientó. Meses después, las Cortes aprobaron una reforma de la ley orgánica de referéndum (Ley Orgánica 12/1980), que incorporó una disposición transitoria pensada para salvar el escollo andaluz: si en el conjunto del territorio se alcanzaba la mayoría exigida, y si los representantes parlamentarios del territorio afectado lo solicitaban, podía entenderse sustituida la iniciativa en la provincia donde faltó la mayoría censal. Es una solución política, un amaño, un remiendo, con forma de ley, con efectos prácticos de reconducción sobre el sentido del resultado anterior.
El detalle municipal, que suele ser el termómetro más sincero, refuerza esa lectura de rechazo. Estudios citados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogen que, en Andalucía Oriental, el 61,34 % de los municipios votaron en contra de la ratificación. En cifras: 284 de 463 municipios. La construcción institucional posterior se hizo igualmente como si el respaldo hubiera sido compacto en todo el arco oriental.
El referéndum de ratificación del Estatuto, celebrado el 20 de octubre de 1981, completa la imagen de resistencia. El BOE publicó los resultados oficiales por provincias. En Granada, con 547.285 electores, los votos afirmativos fueron 243.890; el “sí” sobre censo quedó en torno al 44,6 %. El dato es limpio: la adhesión, medida con el criterio más duro, el censo, no sube, baja respecto al 52,95 % de 1980. Y una autonomía nacida con adhesiones tan desiguales tiende a organizar su política alrededor del centro que más empujó y mejor se articuló.
Cuatro décadas después, la economía vuelve a dibujar la misma línea, sobre todo, la brecha interna entre un eje occidental más institucionalizado y un arco oriental que ha tenido que multiplicar esfuerzo para alcanzar servicios, infraestructuras y oportunidades comparables.
En infraestructuras, lo que debe primar no es el titular de prensa sino el cumplimiento de plazos de ejecución. En el caso de las conexiones ferroviarias, como la línea Granada-Almería, el proceso actual sigue marcado por fases de planificación y diseño, pese a la licitación de proyectos y estudios técnicos, que retrasan la puesta en servicio real del corredor, lo que evidencia un patrón de ejecución dilatado. Por ejemplo, Adif ha adjudicado por 17,2 millones € los proyectos de renovación integral de la línea, con el objetivo de aumentar la capacidad y permitir instalaciones futuras, pero estos trabajos no conllevan aún obra ejecutada ni servicio mejorado.
En la costa, ocurre algo similar. El Puerto de Motril tiene capacidad de crecimiento como infraestructura portuaria, pero sin un enlace ferroviario eficaz con el interior, que todavía no figura entre las prioridades definidas de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) o Corredor Mediterráneo operativo, la capacidad de desarrollo queda limitada y dependiente de futuras decisiones y plazos de ejecución concretos por parte de administraciones estatales y autonómicas.
La desigualdad se fija, sobre todo, por sedes y proyectos tractores. Sevilla fue designada sede de la Agencia Espacial Española; La Coruña, sede de la Agencia de Supervisión de la IA sin el apoyo que se debía, por liderar ese campo, a Granada. Son decisiones oficiales y tienen efecto arrastre inmediato: empleo técnico, contratos, proveedores, convenios, visibilidad. En paralelo, Córdoba concentra un proyecto militar-logístico de primer nivel que estaba destinado a Jaén. Solo la fase I de la Base Logística del Ejército aparece licitada con un valor estimado de 391,6 millones.
Y hay pérdidas que pesan por sí solas. Desde la IX Región Militar, pasando por las federaciones deportivas, hasta el Banco de España, que cerró su sucursal en Granada en 2004; menos presencia, menos rango, menos interlocución y más centralismo autonómico. En patrimonio, los yacimientos Baria-Villaricos, que se remontan a la Edad del Cobre y clave en la colonización fenicia, exige protección y continuidad real, investigación, protección, musealización o se queda en escaparate local o incluso su desaparición, pese a su valor histórico. Encontramos otro agravio cuando nuevamente otra sede institucional no se ha constituido como la oriental del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Mientras Sevilla convierte la boda imperial en campaña y calendario, se borra lo que vino después: la estancia en Granada, la luna de miel en la Alhambra y los meses en que la corte imperial residió allí, con Granada funcionando, de hecho, como capital de la monarquía itinerante.
Sierra Nevada se ha convertido en emblema, pero la gestión real se vive a espaldas de sus verdaderas necesidades: empresarios de la estación han denunciado que la reordenación de la Hoya de la Mora se plantea “de espaldas” a quienes sostienen el día a día y piden participar en las decisiones. A la vez, el propio municipio de Monachil y la Junta han llegado a cruzarse acusaciones públicas por la gestión de servicios y accesos en Pradollano, síntoma de un modelo donde el territorio que soporta la carga tiene poco poder de decisión.
La reivindicación de la Sierra se extiende a la zona almeriense, donde municipios como Bayárcal, Laujar, Abla, Ohanes, Fondón reclaman más participación en decisiones, conectividad, desarrollo turístico, complemento en infraestructuras, ya que está invisibilizada.
En la Alhambra, el patrón es aún más delicado: el conjunto monumental genera recursos extraordinarios, pero el reparto y la reinversión han sido objeto de controversia política y presupuestaria, hasta el punto de que se ha denunciado que el dinero no se queda donde se produce. Y, cuando se toca el conocimiento, la sensación de periferia se agrava: la Escuela Andaluza de Salud Pública ha vivido un proceso de “extinción/integración” contestado por especialistas y descrito como una pérdida de capacidad propia.
Con las universidades ocurre algo parecido: Jaén y Granada han denunciado vetos a titulaciones con alta demanda mientras se autorizan grados equivalentes a privadas en el lado Occidental, y el conflicto por la financiación ha escalado hasta reactivar la amenaza judicial.
Llegados aquí, lo coherente es asumir la consecuencia política: si el autogobierno no equilibra y, por el contrario, consolida una jerarquía interna, la reorganización territorial debería afrontarse. León ya exige ese debate en términos serios dentro de su propia comunidad. Granada, como región, como verdadera comunidad histórica, representada en el escudo nacional, no está obligada a resignarse a ser un apéndice de una Andalucía inventada.
(En relación con el mismo tema y del mismo autor el artículo 'Andalucía: invento y agravio que comenzó en los 80', haciendo click AQUÍ)
Esa dualidad, aparece una y otra vez en documentos, mapas y diagnósticos de cada época. La propia “Gaceta de Madrid” llegó a publicar, en 1924, la división agronómica del territorio en “Andalucía occidental”, con capital en Sevilla, y “Andalucía oriental”, con capital en Granada. No se trata de una simple etiqueta, sino de una clasificación del Estado, asentada sobre realidades económicas y geográficas observables.
Y, cuando se mira con la lupa de la sociología histórica, la fractura se reconoce también en el plano cultural y político. Fernando de los Ríos, en un texto de 1918, habla de una Andalucía con dos almas, con una “Andalucía alta” y una “Andalucía baja”, y utiliza esa distinción para explicar comportamientos, mentalidades y estructuras sociales. En publicaciones como “Horizonte Garnata” se coloca como síntesis “Granada nunca fue Andalucía” y condensa una intuición que la documentación de largo recorrido vuelve plausible: Granada se pensó, durante mucho tiempo, aparte.
El problema llega cuando, sobre esa complejidad histórica, se impone una simplificación política de final del siglo XX: un relato homogéneo que pide adhesión total, símbolos comunes y una capitalidad práctica concentrada. Esa reducción genera una paradoja: un territorio internamente diverso se gobierna como si fuera uniforme. La norma presupone igualdad de partida; y la realidad dibuja dos velocidades, una occidental, más conectada al centro de decisión, y otra oriental, que arrastra déficits acumulados en infraestructuras, sedes, inversión y capacidad de fijar población.
El 28 de febrero de 1980 es el punto de giro. La consulta sobre la iniciativa autonómica, planteada por la vía del artículo 151 de la Constitución, no medía solo “sí” y “no” en votos válidos: exigía mayorías en términos de censo, provincia a provincia. La Junta Electoral Central publicó los resultados oficiales en el BOE, y el propio acuerdo declara rechazada la ratificación por no alcanzarse el umbral en todas las provincias.
Hay que tener memoria histórica en este sentido. Antes incluso de la publicación definitiva, la prensa ya recogía la asimetría. El 1 de marzo de 1980, “Ideal” difundía porcentajes provisionales del “sí” sobre censo: Almería 42,07 %, Málaga 50,77 %, Granada 52,62 %, Jaén 49,35 %. El BOE de 13 de mayo incorporó los resultados oficiales tras “reajustes” de escrutinio en el caso de Jaén, y con cifras prácticamente en la misma línea: Almería 42,31 %, Málaga 52,40 %, Granada 52,95 %, Jaén con un curioso 50,07 %. La variación es pequeña; el patrón territorial permanece.
En Sevilla, el dato es el 64,88 %. La fotografía es clara: el Oeste empuja con más fuerza; el Este responde con un patrón distinto, y en Almería y Jaén el umbral se rompe.
Ese resultado no cerró el proceso; lo reorientó. Meses después, las Cortes aprobaron una reforma de la ley orgánica de referéndum (Ley Orgánica 12/1980), que incorporó una disposición transitoria pensada para salvar el escollo andaluz: si en el conjunto del territorio se alcanzaba la mayoría exigida, y si los representantes parlamentarios del territorio afectado lo solicitaban, podía entenderse sustituida la iniciativa en la provincia donde faltó la mayoría censal. Es una solución política, un amaño, un remiendo, con forma de ley, con efectos prácticos de reconducción sobre el sentido del resultado anterior.
El detalle municipal, que suele ser el termómetro más sincero, refuerza esa lectura de rechazo. Estudios citados en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogen que, en Andalucía Oriental, el 61,34 % de los municipios votaron en contra de la ratificación. En cifras: 284 de 463 municipios. La construcción institucional posterior se hizo igualmente como si el respaldo hubiera sido compacto en todo el arco oriental.
El referéndum de ratificación del Estatuto, celebrado el 20 de octubre de 1981, completa la imagen de resistencia. El BOE publicó los resultados oficiales por provincias. En Granada, con 547.285 electores, los votos afirmativos fueron 243.890; el “sí” sobre censo quedó en torno al 44,6 %. El dato es limpio: la adhesión, medida con el criterio más duro, el censo, no sube, baja respecto al 52,95 % de 1980. Y una autonomía nacida con adhesiones tan desiguales tiende a organizar su política alrededor del centro que más empujó y mejor se articuló.
Cuatro décadas después, la economía vuelve a dibujar la misma línea, sobre todo, la brecha interna entre un eje occidental más institucionalizado y un arco oriental que ha tenido que multiplicar esfuerzo para alcanzar servicios, infraestructuras y oportunidades comparables.
En infraestructuras, lo que debe primar no es el titular de prensa sino el cumplimiento de plazos de ejecución. En el caso de las conexiones ferroviarias, como la línea Granada-Almería, el proceso actual sigue marcado por fases de planificación y diseño, pese a la licitación de proyectos y estudios técnicos, que retrasan la puesta en servicio real del corredor, lo que evidencia un patrón de ejecución dilatado. Por ejemplo, Adif ha adjudicado por 17,2 millones € los proyectos de renovación integral de la línea, con el objetivo de aumentar la capacidad y permitir instalaciones futuras, pero estos trabajos no conllevan aún obra ejecutada ni servicio mejorado.
En la costa, ocurre algo similar. El Puerto de Motril tiene capacidad de crecimiento como infraestructura portuaria, pero sin un enlace ferroviario eficaz con el interior, que todavía no figura entre las prioridades definidas de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) o Corredor Mediterráneo operativo, la capacidad de desarrollo queda limitada y dependiente de futuras decisiones y plazos de ejecución concretos por parte de administraciones estatales y autonómicas.
La desigualdad se fija, sobre todo, por sedes y proyectos tractores. Sevilla fue designada sede de la Agencia Espacial Española; La Coruña, sede de la Agencia de Supervisión de la IA sin el apoyo que se debía, por liderar ese campo, a Granada. Son decisiones oficiales y tienen efecto arrastre inmediato: empleo técnico, contratos, proveedores, convenios, visibilidad. En paralelo, Córdoba concentra un proyecto militar-logístico de primer nivel que estaba destinado a Jaén. Solo la fase I de la Base Logística del Ejército aparece licitada con un valor estimado de 391,6 millones.
Y hay pérdidas que pesan por sí solas. Desde la IX Región Militar, pasando por las federaciones deportivas, hasta el Banco de España, que cerró su sucursal en Granada en 2004; menos presencia, menos rango, menos interlocución y más centralismo autonómico. En patrimonio, los yacimientos Baria-Villaricos, que se remontan a la Edad del Cobre y clave en la colonización fenicia, exige protección y continuidad real, investigación, protección, musealización o se queda en escaparate local o incluso su desaparición, pese a su valor histórico. Encontramos otro agravio cuando nuevamente otra sede institucional no se ha constituido como la oriental del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Mientras Sevilla convierte la boda imperial en campaña y calendario, se borra lo que vino después: la estancia en Granada, la luna de miel en la Alhambra y los meses en que la corte imperial residió allí, con Granada funcionando, de hecho, como capital de la monarquía itinerante.
Sierra Nevada se ha convertido en emblema, pero la gestión real se vive a espaldas de sus verdaderas necesidades: empresarios de la estación han denunciado que la reordenación de la Hoya de la Mora se plantea “de espaldas” a quienes sostienen el día a día y piden participar en las decisiones. A la vez, el propio municipio de Monachil y la Junta han llegado a cruzarse acusaciones públicas por la gestión de servicios y accesos en Pradollano, síntoma de un modelo donde el territorio que soporta la carga tiene poco poder de decisión.
La reivindicación de la Sierra se extiende a la zona almeriense, donde municipios como Bayárcal, Laujar, Abla, Ohanes, Fondón reclaman más participación en decisiones, conectividad, desarrollo turístico, complemento en infraestructuras, ya que está invisibilizada.
En la Alhambra, el patrón es aún más delicado: el conjunto monumental genera recursos extraordinarios, pero el reparto y la reinversión han sido objeto de controversia política y presupuestaria, hasta el punto de que se ha denunciado que el dinero no se queda donde se produce. Y, cuando se toca el conocimiento, la sensación de periferia se agrava: la Escuela Andaluza de Salud Pública ha vivido un proceso de “extinción/integración” contestado por especialistas y descrito como una pérdida de capacidad propia.
Con las universidades ocurre algo parecido: Jaén y Granada han denunciado vetos a titulaciones con alta demanda mientras se autorizan grados equivalentes a privadas en el lado Occidental, y el conflicto por la financiación ha escalado hasta reactivar la amenaza judicial.
Llegados aquí, lo coherente es asumir la consecuencia política: si el autogobierno no equilibra y, por el contrario, consolida una jerarquía interna, la reorganización territorial debería afrontarse. León ya exige ese debate en términos serios dentro de su propia comunidad. Granada, como región, como verdadera comunidad histórica, representada en el escudo nacional, no está obligada a resignarse a ser un apéndice de una Andalucía inventada.
(En relación con el mismo tema y del mismo autor el artículo 'Andalucía: invento y agravio que comenzó en los 80', haciendo click AQUÍ)
