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J. A. SÁEZ CALVO
Andalucía, tal como en los últimos cuarenta años se concibe, no existió nunca. Ni como entidad política, ni unidad económica y menos como una cultura uniforme. No hubo un marco histórico porque hubo reinos, jurisdicciones y tradiciones diversas. El Reino de Granada, el Santo Reino de Jaén, las tierras de Córdoba y Sevilla, cada cual, con sus fronteras, su administración y su identidad propia.
Lo que hoy llamamos Andalucía es una invención de laboratorio político, diseñada durante la Transición para crear una comunidad grande, vistosa y manejable, capaz de absorber el deseo de autogestión sin tener en cuenta el equilibrio territorial español.
El resultado fue una amalgama de ocho provincias con realidades muy distintas. Y cuando llegó el referéndum del 28 de febrero de 1980, esa fractura quedó al descubierto ya que Almería no aprobó la autonomía. No alcanzó el mínimo exigido por la Constitución. Nació, por tanto, sin el respaldo legal completo de todos sus territorios. Pero en vez de admitir el hecho y buscar una fórmula respetuosa con la diversidad, y quizá considerar dos regiones, el Estado y los partidos optaron por la solución más cómoda, forzar la incorporación de Almería mediante un ardid parlamentario. La nueva Comunidad nació con fisuras y con deuda moral.
Desde entonces, la maquinaria institucional ha funcionado como un aparato de homogeneizar, que impone símbolos, mitos y discursos culturales donde nunca existieron. Se ha creado una identidad política ex novo y, ahora, se pretende institucionalizarla académicamente, como demuestra la creación de “cátedras de Historia del Andalucismo” incluso en universidades donde el sentimiento andalucista es inexistente. Resulta paradójico que se investigue y se enseñe algo que en el territorio real nunca ha latido y en un espacio histórico tan reducido.
Mientras tanto, las consecuencias prácticas del modelo son medibles:
• El centralismo regional ha reproducido los mismos vicios de un modelo estatal.
• Las inversiones públicas se concentran en torno a los grandes ejes occidentales, mientras el sureste espera.
• En contra de pactos iniciales, la toma de decisiones de instituciones y organismos, como consejerías, Alhambra, Sierra Nevada, se efectúan en la capital impuesta.
• Almería, pese a generar más de 3.700 millones de euros en exportaciones hortofrutícolas, sigue sin un corredor ferroviario competitivo, sin plan energético propio y con infraestructuras de transporte obsoletas. Recordemos cómo la Autovía del 92 llegó 10 años tarde, con lo que la vertebración regional ha sido lenta e inacabada.
• Sevilla, además de su inversión ordinaria, busca un marco legal que abra financiación extra por su condición de capital institucional.
Históricamente no hay mapas de una región de ocho provincias. Además, en el escudo de España lo que aparece es el Reino de Granada, que debería ostentar el rango de Comunidad Histórica, recordemos que la parte occidental ha sido Castilla.
Una Real Audiencia y Chancillería se instala en 1505 y ejerce jurisdicción sobre las actuales Granada, Almería, Jaén y Málaga hasta 1833, donde se suprimen los reinos y se fijan las actuales provincias. Es una pieza institucional que evidencia un ámbito diferenciado. Se ha hablado de Andalucía Alta y Baja, aún se distingue Oriental y Occidental. La excusa de Al Andalus tampoco es plausible, si realmente se estudia su concepto.
En La Gaceta de Madrid, el actual BOE, en 1924 el Estado vuelve a distinguir oriental y occidental con capitales separadas.
En 1933 la asamblea de Córdoba fracasó en el intento de un estatuto único. Se retiraron representantes de Almería Granada y Jaén y también Huelva. La documentación académica y de prensa lo recoge de forma clara.
El propio Centro de Estudios Andaluces describe la escasa adhesión social y el rechazo de fuerzas relevantes. La conclusión de entonces es útil hoy. Un proyecto uniforme encuentra resistencia cuando ignora la pluralidad interna.
Cuatro décadas más tarde, Andalucía optó por la vía rápida para culminar su proceso autonómico. Al no haber tenido un Estatuto durante la Segunda República, no pudo acogerse a la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución, recurriéndose a una solución excepcional mediante el artículo 151. Tras el referéndum de 1980, fallido en la provincia de Almería, se aplicó una interpretación “flexible” de los resultados, un verdadero artilugio político que permitió continuar el proceso.
El Estatuto de Autonomía se promulgó como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, tras un segundo referéndum en el que se votaba solo el texto estatutario. Significativa fue la baja participación, del 53 %, pese al 87 % de votos favorables. Posteriormente, fue reformado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
La sensación del pueblo es que el sureste sobrevive gracias a sí mismo. Los agricultores de El Ejido, los exportadores de Níjar, los pequeños empresarios de Mojácar o Vera han creado una economía que funciona aparte de la administración. Si se mide el PIB generado frente al gasto público recibido, Almería es una de las provincias con mayor desequilibrio negativo de retorno de inversión de toda España.
La estructura productiva del campo refuerza la tesis oriental. La campaña hortofrutícola 2024- 2025 alcanza 3.716 millones en exportaciones y sube un catorce por ciento en valor respecto al curso anterior. Con esa magnitud, la provincia necesita puertos y corredores que fluyan, energía con reglas estables y una gestión de agua que mire el invernadero y la ciudad al mismo tiempo.
Las obras del corredor mediterráneo y de la alta velocidad avanzan por tramos. El Ministerio de Transportes ha autorizado nuevas inversiones en 2025 para el enlace Murcia Almería y Adif ha licitado trabajos en los noventa y seis kilómetros entre Pulpí y Almería. Bienvenidos esos pasos, pero con un cuadro de tramos, fechas y responsables que el ciudadano pueda seguir sin armar un rompecabezas de notas de prensa.
Todo esto lleva a una conclusión incómoda. El andalucismo, más que una corriente cultural, se ha convertido en una ideología de poder. Se ha construido un relato oficial que oculta la diversidad y mantiene un aparato burocrático gigantesco para legitimar una nueva estructura agrupada. Las diferencias internas no solo no se corrigen, sino que se maquillan con retórica identitaria; pero sin trenes, sin carreteras modernas, sin industria y volando símbolos como Carboneras.
Y, aun así, hay quien se sorprende de que surjan movimientos críticos, igual que los hay en León, que reclaman algo tan simple como gestión propia. Si hay que tener gobiernos regionales, que sean funcionales, cercanos y proporcionales. ¿Por qué una Comunidad tan grande, dispar y difícil de vertebrar? ¿Por qué una autonomía que, en lugar de descentralizar, ha vuelto a concentrar poder? De hecho, en los inicios del mapa autonómico, Cantabria y La Rioja supieron reclamar una posición frente a Castilla que las llevó a una gestión propia.
El sureste español, heredero del antiguo Reino Nazarita y del espíritu mediterráneo, no necesita una bandera impuesta, necesita autogestión, infraestructuras, inversión, energía, ferrocarril, puertos interconectados y universidades sin trabas.
Lo que hoy llamamos Andalucía es una invención de laboratorio político, diseñada durante la Transición para crear una comunidad grande, vistosa y manejable, capaz de absorber el deseo de autogestión sin tener en cuenta el equilibrio territorial español.
El resultado fue una amalgama de ocho provincias con realidades muy distintas. Y cuando llegó el referéndum del 28 de febrero de 1980, esa fractura quedó al descubierto ya que Almería no aprobó la autonomía. No alcanzó el mínimo exigido por la Constitución. Nació, por tanto, sin el respaldo legal completo de todos sus territorios. Pero en vez de admitir el hecho y buscar una fórmula respetuosa con la diversidad, y quizá considerar dos regiones, el Estado y los partidos optaron por la solución más cómoda, forzar la incorporación de Almería mediante un ardid parlamentario. La nueva Comunidad nació con fisuras y con deuda moral.
Desde entonces, la maquinaria institucional ha funcionado como un aparato de homogeneizar, que impone símbolos, mitos y discursos culturales donde nunca existieron. Se ha creado una identidad política ex novo y, ahora, se pretende institucionalizarla académicamente, como demuestra la creación de “cátedras de Historia del Andalucismo” incluso en universidades donde el sentimiento andalucista es inexistente. Resulta paradójico que se investigue y se enseñe algo que en el territorio real nunca ha latido y en un espacio histórico tan reducido.
Mientras tanto, las consecuencias prácticas del modelo son medibles:
• El centralismo regional ha reproducido los mismos vicios de un modelo estatal.
• Las inversiones públicas se concentran en torno a los grandes ejes occidentales, mientras el sureste espera.
• En contra de pactos iniciales, la toma de decisiones de instituciones y organismos, como consejerías, Alhambra, Sierra Nevada, se efectúan en la capital impuesta.
• Almería, pese a generar más de 3.700 millones de euros en exportaciones hortofrutícolas, sigue sin un corredor ferroviario competitivo, sin plan energético propio y con infraestructuras de transporte obsoletas. Recordemos cómo la Autovía del 92 llegó 10 años tarde, con lo que la vertebración regional ha sido lenta e inacabada.
• Sevilla, además de su inversión ordinaria, busca un marco legal que abra financiación extra por su condición de capital institucional.
Históricamente no hay mapas de una región de ocho provincias. Además, en el escudo de España lo que aparece es el Reino de Granada, que debería ostentar el rango de Comunidad Histórica, recordemos que la parte occidental ha sido Castilla.
Una Real Audiencia y Chancillería se instala en 1505 y ejerce jurisdicción sobre las actuales Granada, Almería, Jaén y Málaga hasta 1833, donde se suprimen los reinos y se fijan las actuales provincias. Es una pieza institucional que evidencia un ámbito diferenciado. Se ha hablado de Andalucía Alta y Baja, aún se distingue Oriental y Occidental. La excusa de Al Andalus tampoco es plausible, si realmente se estudia su concepto.
En La Gaceta de Madrid, el actual BOE, en 1924 el Estado vuelve a distinguir oriental y occidental con capitales separadas.
En 1933 la asamblea de Córdoba fracasó en el intento de un estatuto único. Se retiraron representantes de Almería Granada y Jaén y también Huelva. La documentación académica y de prensa lo recoge de forma clara.
El propio Centro de Estudios Andaluces describe la escasa adhesión social y el rechazo de fuerzas relevantes. La conclusión de entonces es útil hoy. Un proyecto uniforme encuentra resistencia cuando ignora la pluralidad interna.
Cuatro décadas más tarde, Andalucía optó por la vía rápida para culminar su proceso autonómico. Al no haber tenido un Estatuto durante la Segunda República, no pudo acogerse a la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución, recurriéndose a una solución excepcional mediante el artículo 151. Tras el referéndum de 1980, fallido en la provincia de Almería, se aplicó una interpretación “flexible” de los resultados, un verdadero artilugio político que permitió continuar el proceso.
El Estatuto de Autonomía se promulgó como Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, tras un segundo referéndum en el que se votaba solo el texto estatutario. Significativa fue la baja participación, del 53 %, pese al 87 % de votos favorables. Posteriormente, fue reformado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
La sensación del pueblo es que el sureste sobrevive gracias a sí mismo. Los agricultores de El Ejido, los exportadores de Níjar, los pequeños empresarios de Mojácar o Vera han creado una economía que funciona aparte de la administración. Si se mide el PIB generado frente al gasto público recibido, Almería es una de las provincias con mayor desequilibrio negativo de retorno de inversión de toda España.
La estructura productiva del campo refuerza la tesis oriental. La campaña hortofrutícola 2024- 2025 alcanza 3.716 millones en exportaciones y sube un catorce por ciento en valor respecto al curso anterior. Con esa magnitud, la provincia necesita puertos y corredores que fluyan, energía con reglas estables y una gestión de agua que mire el invernadero y la ciudad al mismo tiempo.
Las obras del corredor mediterráneo y de la alta velocidad avanzan por tramos. El Ministerio de Transportes ha autorizado nuevas inversiones en 2025 para el enlace Murcia Almería y Adif ha licitado trabajos en los noventa y seis kilómetros entre Pulpí y Almería. Bienvenidos esos pasos, pero con un cuadro de tramos, fechas y responsables que el ciudadano pueda seguir sin armar un rompecabezas de notas de prensa.
Todo esto lleva a una conclusión incómoda. El andalucismo, más que una corriente cultural, se ha convertido en una ideología de poder. Se ha construido un relato oficial que oculta la diversidad y mantiene un aparato burocrático gigantesco para legitimar una nueva estructura agrupada. Las diferencias internas no solo no se corrigen, sino que se maquillan con retórica identitaria; pero sin trenes, sin carreteras modernas, sin industria y volando símbolos como Carboneras.
Y, aun así, hay quien se sorprende de que surjan movimientos críticos, igual que los hay en León, que reclaman algo tan simple como gestión propia. Si hay que tener gobiernos regionales, que sean funcionales, cercanos y proporcionales. ¿Por qué una Comunidad tan grande, dispar y difícil de vertebrar? ¿Por qué una autonomía que, en lugar de descentralizar, ha vuelto a concentrar poder? De hecho, en los inicios del mapa autonómico, Cantabria y La Rioja supieron reclamar una posición frente a Castilla que las llevó a una gestión propia.
El sureste español, heredero del antiguo Reino Nazarita y del espíritu mediterráneo, no necesita una bandera impuesta, necesita autogestión, infraestructuras, inversión, energía, ferrocarril, puertos interconectados y universidades sin trabas.
