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J. A. SÁEZ CALVO
Hay países que se deterioran con una gran crisis y otros que se van gastando por mil grietas pequeñas. La avería que vuelve, la obra que dura años, la lista de espera que no avanza, el tren que acumula “incidencias”, la calle que se inunda con una tormenta intensa y, meses después, la misma comarca está mirando al cielo por falta de agua. El desgaste silencioso tiene una ventaja política, se traspasa y sin corte de cinta. Y tiene un inconveniente económico: siempre llega la factura, con recargo y lamentos.
La reflexión no es ideológica, es contable. ¿Qué compra hoy el contribuyente con lo que aporta? En la Unión Europea, la protección social concentra el mayor bloque de gasto público. En la UE, el último desglose COFOG cerrado publicado por Eurostat (2023) sitúa el gasto en protección social en el 19,2 % del PIB; pensiones 10,4 %, y enfermedad y discapacidad, 2,8 %. Para 2024, Eurostat no ofrece aún ese mismo desglose COFOG, pero sí una estimación temprana del gasto en prestaciones de protección social: 27,3 % del PIB en el conjunto de la UE, y dentro de ese total la función de pensiones concentra el 47,0 %.
Este hecho obliga a vigilar la eficacia, porque cada punto que crece el gasto corriente estrecha el margen de actuación. Además, hay un coste que no se aplica ni en hospitales ni en carreteras y es el interés de la deuda. En España, el pago de intereses supuso el 2,4 % del PIB en 2024, frente al 1,8 % de la media comunitaria. Cuando el gasto corriente aprieta, se recorta lo que no nos duele hoy. La conservación y la reposición de infraestructuras son víctimas perfectas. Su uso se mide en años y el ciudadano solo los nota cuando faltan. La OCDE lo resume con un dato muy claro: en 2023, la inversión pública promedió el 3,5 % del PIB en la OCDE, con un rango amplio del 6,8 % del PIB en Estonia al 1,4 % en Costa Rica. Y en 2024, la propia OCDE sitúa la inversión pública en el 3,6 % del PIB para el subconjunto de países OCDE de la UE. Quien sostiene un ritmo alto de inversiones durante largos periodos acumula menos emergencias y más competitividad; quien difiere el mantenimiento compra tranquilidad a corto plazo y problemas a largo.
En cuanto a recursos, Europa ya reconoce que el agua ha dejado de ser un asunto local. La Comisión Europea admite que se invierten alrededor de 55.000 millones de euros al año, pero estima una brecha anual de inversión de unos 23.000 millones. Y añade un dato que retrata el problema: de media, el 23 % del agua tratada se pierde durante la distribución por fugas. Según el indicador WEI+ de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 la escasez de agua afectó al 28 % del territorio de la UE y al 32 % de su población, al menos durante un trimestre del año (media aproximada: 30 % del territorio y 33 % de la población).
España, con sus ciclos de sequía y episodios de lluvia torrencial, debería ser el alumno más pragmático del sur. Instrumentos de planificación no faltan: los planes hidrológicos de demarcación del tercer ciclo (2022-2027) están aprobados y vigentes. Lo que sigue sin funcionar, en la práctica, es la pieza que debería coserlo todo a escala nacional: el Plan Hidrológico Nacional. Existe como ley desde 2001, pero no actúa como una hoja de ruta estable y ejecutable, con financiación plurianual, coordinación Inter cuencas y una disciplina de mantenimiento que no dependa del calendario político. El resultado es una gestión por sobresaltos: se reacciona cuando la riada inunda o cuando el embalse baja, y se vuelve a aplazar lo impopular y lo invisible: renovar redes, dimensionar drenajes, modernizar conducciones y asegurar capacidades de regulación y conexión del líquido elemento donde hacen falta.
En ese marco, la reutilización del agua residual tratada es un buen termómetro: España está entre los líderes europeos, en torno a un 7–13 % de reutilización según estimaciones recientes, mientras que en el conjunto de la UE apenas se reaprovecha aproximadamente un 2,4 % del efluente tratado; e Israel roza el 90 %. La paradoja española no es la falta de tecnología, sino la discontinuidad: avances puntuales sin un plan estatal operativo que convierta la excepción en norma y que haga del mantenimiento preventivo una obligación. Eso suele señalar lo mismo: redes envejecidas, drenajes insuficientes, embalses y conducciones sin modernizar o destruidas, falta de monitorización adecuada y una planificación que existe en el papel, pero se queda en el tablero de dibujo porque se atasca en los plazos y su ejecución real.
España presume con razón de su alta velocidad, pero la productividad se juega en la logística cotidiana. n el último año con dato armonizado y comparable de cuota modal (2023), el ferrocarril movió solo el 4,2 % del transporte interior de mercancías en España, frente al 16,9 % de media en la UE y al 20,6 % en Alemania. Cuando la mercancía no va por tren, circula por carretera: más camiones, más desgaste del firme, más dependencia energética, más emisiones y más coste de conservación. Y después llegan las “incidencias” y la resignación, como si fueran meteorología. No lo son, es mantenimiento diferido convertido en ruido diario.
Conviene mirar un dato de contexto: en 2024, el PIB per cápita de España, medido en paridad de poder adquisitivo, se situó en el 92 % de la media de la UE (UE=100). Con esa brecha, no se puede tolerar una logística peor que la de los vecinos. No hace falta pensar en megaproyectos; se necesita fiabilidad: cercanías que funcionen, corredores de mercancías continuos, nodos intermodales, accesos portuarios y mantenimiento preventivo. La competitividad no se gana con una obra espectacular cada década, sino con miles de decisiones pequeñas bien ejecutadas. Las provincias de la región del sureste español carecen de transporte ferroviario necesario para el desarrollo.
La comparación también ordena el debate sanitario. En la UE, el último año con dato armonizado publicado es 2023: el gasto sanitario alcanzó el 10,0 % del PIB; España se situó en el 9,2 %. En términos per cápita (PPS), España permanece por debajo del promedio europeo. Y, si se atiende a estimaciones recientes de la OCDE para 2024, España se movería en torno al 9,0 % del PIB.
Y en I+D el desfase es mayor: en España, el gasto interno en I+D representó el 1,49 % del PIB en 2023 (último dato publicado por el INE), mientras la UE se situó en el 2,24 % del PIB en 2024. Es una medida de hasta qué punto se apuesta por conocimiento, productividad y soberanía tecnológica en un mundo que ya compite por cadenas de valor avanzadas.
Por eso ha tenido eco el caso del cáncer de páncreas. Mariano Barbacid explicó que para iniciar ensayos clínicos en humanos harían falta unos 30 millones de euros. Son un puente relativamente corto entre ciencia y vida. Se financia lo visible y se descuida el tramo intermedio que convierte investigación en tratamiento. Si ese puente falla, el país termina pagando dos veces: con salud y con productividad.
La factura del mantenimiento diferido también aparece donde menos se quiere mirar: en la salud laboral, en la organización y en el tiempo perdido. La AIReF ha documentado que el gasto público en incapacidad temporal se ha duplicado desde 2017 y que, entre 2017 y 2024, la incidencia de los procesos aumentó alrededor del 60 %, con una duración media un 14,8 % mayor; el coste total en 2024 se situó en torno a 16.500 millones de euros. Si la prevención, atención primaria, coordinación y digitalización fallan, la baja se alarga, la empresa se resentirá y el servicio público también.
La discusión relevante no es “más” o “menos” sector público, sino qué prioridades financia y qué control ejerce. España no está en un Estado mínimo: el gasto público ronda el 45,4 % del PIB y se ha mantenido en ese nivel también en 2024, por encima de la media OCDE. El problema no es solo de volumen, sino de composición, evaluación y disciplina de ejecución.
En plantilla, además, el Estado crece. La EPA refleja 3,64 millones de empleo público en el 4T 2025, aproximadamente un 16,2 % del empleo total. Esa cifra no demuestra por sí sola ni exceso ni defecto; lo que sí sugiere es que la gestión pública debe girar hacia productividad administrativa, duplicidades evitables, compras y contratos mejor diseñados, y un presupuesto del que carecemos que proteja lo que sostiene el crecimiento. Aquí encaja una reducción al absurdo. Un país sin empresa privada, sin precios que transmitan información y sin posibilidad real de emprender no administra prosperidad; administra escasez. A Joan Robinson se le atribuye, con intención provocadora, esta frase: “La miseria de ser explotado por los capitalistas no es nada comparada con la miseria de no ser explotado por nadie”.
En una economía liberal, el mercado hace bien su trabajo cuando se le deja competir, innovar y asignar recursos, pero exige un suelo firme: seguridad jurídica, regulación clara, justicia que funcione, y un Estado que cumpla. Si el presupuesto se concentra en gasto corriente y el país aplaza la reposición de activos, la economía se encoge, cae la productividad, sube el coste de transacción y la inversión se va donde el riesgo institucional es menor.
La factura invisible del mantenimiento diferido debería tratarse como una magnitud económica: planes plurianuales de conservación y reposición, indicadores públicos simples, auditorías técnicas y evaluación de programas. No se trata de inaugurar más, sino de conservar lo imprescindible: que lo básico funcione, que la reposición no llegue tarde y que el país no se desgaste por una cadena de renuncias. (Querido lector, para ver la anterior entrega del artículo click AQUÍ)
La reflexión no es ideológica, es contable. ¿Qué compra hoy el contribuyente con lo que aporta? En la Unión Europea, la protección social concentra el mayor bloque de gasto público. En la UE, el último desglose COFOG cerrado publicado por Eurostat (2023) sitúa el gasto en protección social en el 19,2 % del PIB; pensiones 10,4 %, y enfermedad y discapacidad, 2,8 %. Para 2024, Eurostat no ofrece aún ese mismo desglose COFOG, pero sí una estimación temprana del gasto en prestaciones de protección social: 27,3 % del PIB en el conjunto de la UE, y dentro de ese total la función de pensiones concentra el 47,0 %.
Este hecho obliga a vigilar la eficacia, porque cada punto que crece el gasto corriente estrecha el margen de actuación. Además, hay un coste que no se aplica ni en hospitales ni en carreteras y es el interés de la deuda. En España, el pago de intereses supuso el 2,4 % del PIB en 2024, frente al 1,8 % de la media comunitaria. Cuando el gasto corriente aprieta, se recorta lo que no nos duele hoy. La conservación y la reposición de infraestructuras son víctimas perfectas. Su uso se mide en años y el ciudadano solo los nota cuando faltan. La OCDE lo resume con un dato muy claro: en 2023, la inversión pública promedió el 3,5 % del PIB en la OCDE, con un rango amplio del 6,8 % del PIB en Estonia al 1,4 % en Costa Rica. Y en 2024, la propia OCDE sitúa la inversión pública en el 3,6 % del PIB para el subconjunto de países OCDE de la UE. Quien sostiene un ritmo alto de inversiones durante largos periodos acumula menos emergencias y más competitividad; quien difiere el mantenimiento compra tranquilidad a corto plazo y problemas a largo.
En cuanto a recursos, Europa ya reconoce que el agua ha dejado de ser un asunto local. La Comisión Europea admite que se invierten alrededor de 55.000 millones de euros al año, pero estima una brecha anual de inversión de unos 23.000 millones. Y añade un dato que retrata el problema: de media, el 23 % del agua tratada se pierde durante la distribución por fugas. Según el indicador WEI+ de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en 2023 la escasez de agua afectó al 28 % del territorio de la UE y al 32 % de su población, al menos durante un trimestre del año (media aproximada: 30 % del territorio y 33 % de la población).
España, con sus ciclos de sequía y episodios de lluvia torrencial, debería ser el alumno más pragmático del sur. Instrumentos de planificación no faltan: los planes hidrológicos de demarcación del tercer ciclo (2022-2027) están aprobados y vigentes. Lo que sigue sin funcionar, en la práctica, es la pieza que debería coserlo todo a escala nacional: el Plan Hidrológico Nacional. Existe como ley desde 2001, pero no actúa como una hoja de ruta estable y ejecutable, con financiación plurianual, coordinación Inter cuencas y una disciplina de mantenimiento que no dependa del calendario político. El resultado es una gestión por sobresaltos: se reacciona cuando la riada inunda o cuando el embalse baja, y se vuelve a aplazar lo impopular y lo invisible: renovar redes, dimensionar drenajes, modernizar conducciones y asegurar capacidades de regulación y conexión del líquido elemento donde hacen falta.
En ese marco, la reutilización del agua residual tratada es un buen termómetro: España está entre los líderes europeos, en torno a un 7–13 % de reutilización según estimaciones recientes, mientras que en el conjunto de la UE apenas se reaprovecha aproximadamente un 2,4 % del efluente tratado; e Israel roza el 90 %. La paradoja española no es la falta de tecnología, sino la discontinuidad: avances puntuales sin un plan estatal operativo que convierta la excepción en norma y que haga del mantenimiento preventivo una obligación. Eso suele señalar lo mismo: redes envejecidas, drenajes insuficientes, embalses y conducciones sin modernizar o destruidas, falta de monitorización adecuada y una planificación que existe en el papel, pero se queda en el tablero de dibujo porque se atasca en los plazos y su ejecución real.
España presume con razón de su alta velocidad, pero la productividad se juega en la logística cotidiana. n el último año con dato armonizado y comparable de cuota modal (2023), el ferrocarril movió solo el 4,2 % del transporte interior de mercancías en España, frente al 16,9 % de media en la UE y al 20,6 % en Alemania. Cuando la mercancía no va por tren, circula por carretera: más camiones, más desgaste del firme, más dependencia energética, más emisiones y más coste de conservación. Y después llegan las “incidencias” y la resignación, como si fueran meteorología. No lo son, es mantenimiento diferido convertido en ruido diario.
Conviene mirar un dato de contexto: en 2024, el PIB per cápita de España, medido en paridad de poder adquisitivo, se situó en el 92 % de la media de la UE (UE=100). Con esa brecha, no se puede tolerar una logística peor que la de los vecinos. No hace falta pensar en megaproyectos; se necesita fiabilidad: cercanías que funcionen, corredores de mercancías continuos, nodos intermodales, accesos portuarios y mantenimiento preventivo. La competitividad no se gana con una obra espectacular cada década, sino con miles de decisiones pequeñas bien ejecutadas. Las provincias de la región del sureste español carecen de transporte ferroviario necesario para el desarrollo.
La comparación también ordena el debate sanitario. En la UE, el último año con dato armonizado publicado es 2023: el gasto sanitario alcanzó el 10,0 % del PIB; España se situó en el 9,2 %. En términos per cápita (PPS), España permanece por debajo del promedio europeo. Y, si se atiende a estimaciones recientes de la OCDE para 2024, España se movería en torno al 9,0 % del PIB.
Y en I+D el desfase es mayor: en España, el gasto interno en I+D representó el 1,49 % del PIB en 2023 (último dato publicado por el INE), mientras la UE se situó en el 2,24 % del PIB en 2024. Es una medida de hasta qué punto se apuesta por conocimiento, productividad y soberanía tecnológica en un mundo que ya compite por cadenas de valor avanzadas.
Por eso ha tenido eco el caso del cáncer de páncreas. Mariano Barbacid explicó que para iniciar ensayos clínicos en humanos harían falta unos 30 millones de euros. Son un puente relativamente corto entre ciencia y vida. Se financia lo visible y se descuida el tramo intermedio que convierte investigación en tratamiento. Si ese puente falla, el país termina pagando dos veces: con salud y con productividad.
La factura del mantenimiento diferido también aparece donde menos se quiere mirar: en la salud laboral, en la organización y en el tiempo perdido. La AIReF ha documentado que el gasto público en incapacidad temporal se ha duplicado desde 2017 y que, entre 2017 y 2024, la incidencia de los procesos aumentó alrededor del 60 %, con una duración media un 14,8 % mayor; el coste total en 2024 se situó en torno a 16.500 millones de euros. Si la prevención, atención primaria, coordinación y digitalización fallan, la baja se alarga, la empresa se resentirá y el servicio público también.
La discusión relevante no es “más” o “menos” sector público, sino qué prioridades financia y qué control ejerce. España no está en un Estado mínimo: el gasto público ronda el 45,4 % del PIB y se ha mantenido en ese nivel también en 2024, por encima de la media OCDE. El problema no es solo de volumen, sino de composición, evaluación y disciplina de ejecución.
En plantilla, además, el Estado crece. La EPA refleja 3,64 millones de empleo público en el 4T 2025, aproximadamente un 16,2 % del empleo total. Esa cifra no demuestra por sí sola ni exceso ni defecto; lo que sí sugiere es que la gestión pública debe girar hacia productividad administrativa, duplicidades evitables, compras y contratos mejor diseñados, y un presupuesto del que carecemos que proteja lo que sostiene el crecimiento. Aquí encaja una reducción al absurdo. Un país sin empresa privada, sin precios que transmitan información y sin posibilidad real de emprender no administra prosperidad; administra escasez. A Joan Robinson se le atribuye, con intención provocadora, esta frase: “La miseria de ser explotado por los capitalistas no es nada comparada con la miseria de no ser explotado por nadie”.
En una economía liberal, el mercado hace bien su trabajo cuando se le deja competir, innovar y asignar recursos, pero exige un suelo firme: seguridad jurídica, regulación clara, justicia que funcione, y un Estado que cumpla. Si el presupuesto se concentra en gasto corriente y el país aplaza la reposición de activos, la economía se encoge, cae la productividad, sube el coste de transacción y la inversión se va donde el riesgo institucional es menor.
La factura invisible del mantenimiento diferido debería tratarse como una magnitud económica: planes plurianuales de conservación y reposición, indicadores públicos simples, auditorías técnicas y evaluación de programas. No se trata de inaugurar más, sino de conservar lo imprescindible: que lo básico funcione, que la reposición no llegue tarde y que el país no se desgaste por una cadena de renuncias. (Querido lector, para ver la anterior entrega del artículo click AQUÍ)
