Ecologistas en Acción de Almería denuncia la "irresponsable" decisión, que ignora las emisiones contaminantes y la saturación ganadera del municipio
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| Macrogranja porcina (Archivo) |
ALMERÍA HOY / 15·12·2025
La Federación de Ecologistas en Acción de Almería ha denunciado públicamente la resolución emitida por la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que ha dado luz verde a la Valoración de Impacto a la Salud (VIS) de una explotación industrial porcina en el término municipal de Huércal-Overa. La instalación se proyecta en la pedanía de Rambla Grande, a apenas 300 metros del Colegio Público Rural "Las Estancias", lo que ha generado una fuerte controversia.
La preocupación de la organización ecologista se intensifica al considerar que esta decisión se produce a pesar de la Sentencia nº 2866/2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 19 de octubre, que previamente anuló la calificación ambiental del proyecto. El TSJA tomó esta determinación precisamente por la proximidad de la macrogranja a un centro educativo, buscando proteger los derechos de salud más básicos de los menores y del personal docente.
Pese a este antecedente judicial, el delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte Mena, concluye en su informe que el proyecto es "totalmente viable" al asegurar que "no va a generar impactos significativos en la salud". Una afirmación que, para Ecologistas en Acción, resulta "irresponsable, injustificada y contraria al principio de precaución".
EMISIONES Y EFECTOS ACUMULATIVOS IGNORADOS
Según la denuncia de los ecologistas, el informe favorable de la Delegación de Salud ignora de manera alarmante los datos de emisiones aportados por la propia empresa promotora. La compañía reconoce la emisión anual de más de 9.000 kg de amoniaco y 2.928 kg de metano solo por la gestión de estiércoles.
Ecologistas en Acción considera que estos valores, ya de por sí elevados, están incompletos y "maquillados", señalando que el informe sanitario no realiza una valoración crítica ni exige medidas correctoras reales, más allá de una valla arbolada que consideran claramente insuficiente para proteger a la población escolar. La organización tacha de incomprensible que, con estos datos sobre la mesa, se concluya que la macrogranja no supone riesgo alguno para alumnos, docentes y vecinos, ignorando la exposición continuada a contaminantes atmosféricos, ruidos, olores y el tránsito de vehículos pesados.
Además, la federación ecologista subraya que el informe de impacto a la salud no valora en ningún momento los efectos acumulativos que esta explotación sumará a una situación ya crítica en Huércal-Overa, un municipio que supera las 300.000 cabezas de ganado porcino en régimen intensivo.
Especialmente grave, según la denuncia, es la omisión de cualquier referencia al Hospital Comarcal La Inmaculada, situado a menos de tres kilómetros de la explotación y de sus balsas de purines. Esto se produce a pesar de las reiteradas quejas por los intensos malos olores trasladadas por el personal sanitario y los pacientes, evidenciando que la Delegación de Salud ni siquiera considera al propio hospital como población sensible afectada.
APOYO A LA MOVILIZACIÓN VECINAL
Ecologistas en Acción lamenta que la Junta de Andalucía, "lejos de reforzar la protección de la salud pública", opte por blindar los intereses de la ganadería industrial, incluso en un contexto sanitario alarmante marcado por la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía y la presencia de brotes de peste porcina africana en España.
Finalmente, la organización ha manifestado su apoyo a los movimientos vecinales que se oponen a este modelo de producción, que señalan como insostenible por el consumo desmedido de recursos hídricos, la vulneración del derecho constitucional a un medio ambiente adecuado y las decisiones administrativas que obligan a las poblaciones rurales a costear numerosos procedimientos judiciales para defenderse.
La organización concluye su denuncia afirmando que "la salud de la infancia, del personal educativo y de la ciudadanía de Huércal-Overa no puede seguir siendo sacrificada en favor de intereses privados".
La preocupación de la organización ecologista se intensifica al considerar que esta decisión se produce a pesar de la Sentencia nº 2866/2023 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 19 de octubre, que previamente anuló la calificación ambiental del proyecto. El TSJA tomó esta determinación precisamente por la proximidad de la macrogranja a un centro educativo, buscando proteger los derechos de salud más básicos de los menores y del personal docente.
Pese a este antecedente judicial, el delegado territorial de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte Mena, concluye en su informe que el proyecto es "totalmente viable" al asegurar que "no va a generar impactos significativos en la salud". Una afirmación que, para Ecologistas en Acción, resulta "irresponsable, injustificada y contraria al principio de precaución".
EMISIONES Y EFECTOS ACUMULATIVOS IGNORADOS
Según la denuncia de los ecologistas, el informe favorable de la Delegación de Salud ignora de manera alarmante los datos de emisiones aportados por la propia empresa promotora. La compañía reconoce la emisión anual de más de 9.000 kg de amoniaco y 2.928 kg de metano solo por la gestión de estiércoles.
Ecologistas en Acción considera que estos valores, ya de por sí elevados, están incompletos y "maquillados", señalando que el informe sanitario no realiza una valoración crítica ni exige medidas correctoras reales, más allá de una valla arbolada que consideran claramente insuficiente para proteger a la población escolar. La organización tacha de incomprensible que, con estos datos sobre la mesa, se concluya que la macrogranja no supone riesgo alguno para alumnos, docentes y vecinos, ignorando la exposición continuada a contaminantes atmosféricos, ruidos, olores y el tránsito de vehículos pesados.
Además, la federación ecologista subraya que el informe de impacto a la salud no valora en ningún momento los efectos acumulativos que esta explotación sumará a una situación ya crítica en Huércal-Overa, un municipio que supera las 300.000 cabezas de ganado porcino en régimen intensivo.
Especialmente grave, según la denuncia, es la omisión de cualquier referencia al Hospital Comarcal La Inmaculada, situado a menos de tres kilómetros de la explotación y de sus balsas de purines. Esto se produce a pesar de las reiteradas quejas por los intensos malos olores trasladadas por el personal sanitario y los pacientes, evidenciando que la Delegación de Salud ni siquiera considera al propio hospital como población sensible afectada.
APOYO A LA MOVILIZACIÓN VECINAL
Ecologistas en Acción lamenta que la Junta de Andalucía, "lejos de reforzar la protección de la salud pública", opte por blindar los intereses de la ganadería industrial, incluso en un contexto sanitario alarmante marcado por la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía y la presencia de brotes de peste porcina africana en España.
Finalmente, la organización ha manifestado su apoyo a los movimientos vecinales que se oponen a este modelo de producción, que señalan como insostenible por el consumo desmedido de recursos hídricos, la vulneración del derecho constitucional a un medio ambiente adecuado y las decisiones administrativas que obligan a las poblaciones rurales a costear numerosos procedimientos judiciales para defenderse.
La organización concluye su denuncia afirmando que "la salud de la infancia, del personal educativo y de la ciudadanía de Huércal-Overa no puede seguir siendo sacrificada en favor de intereses privados".
