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J. A. SÁEZ CALVO
Lo ocurrido en Valencia a finales de octubre de 2024 no fue solo una tormenta. Se podría describir como un fracaso político y técnico de un país que lleva años redactando leyes, estrategias y protocolos que después no cumple. El comportamiento climático mediterráneo no suele ser un fenómeno imprevisible, la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), conocida popularmente como gota fría, estaba anunciada con avisos rojos y predicciones detalladas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que advertían del riesgo extremo. Lo que falló no fue el cielo sino la gestión, la anticipación y la obligación de quienes debían proteger a los ciudadanos.
España cuenta con un entramado de normas y planes que, sobre el papel, son amplios: la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (SNP), el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), la Estrategia Nacional de Protección Civil 2024 elaborada bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI), los Planes Hidrológicos de Cuenca y los Planes de Emergencia de Presas y Balsas. Todos ellos forman un marco completo que establece cómo anticipar, prevenir, responder y recuperar. Pero ese mecanismo se convierte en papel mojado cuando las administraciones no lo aplican en su extensión.
El Gobierno central tenía la competencia principal porque dispone de los recursos y del mando. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias depende del Ministerio del Interior, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Todos disponían de información y capacidad de acción. No consta públicamente que se activara con antelación suficiente el Comité Estatal de Coordinación (CECO) previsto por la Ley 17/2015 para dirigir la respuesta cuando una crisis supera el ámbito autonómico. Tampoco hay registro de una movilización preventiva de los medios nacionales que el PLEGEM contempla para situaciones de esta magnitud. Cuando el Gobierno central reaccionó, el desastre ya era visible y los daños importantes.
La Generalitat Valenciana también tiene parte de responsabilidad. Le correspondía aplicar antes sus Planes Autonómicos de Emergencias y los protocolos frente al riesgo de inundaciones. No se anticiparon los cierres de carreteras ni la suspensión de clases y la comunicación con los municipios resultó insuficiente. Las miles de llamadas al 112 durante las horas más críticas reflejan la desorientación ciudadana. Cuando una sociedad no sabe cómo actuar en medio de una situación crítica, es señal de que la organización no ha funcionado como debería.
También hubo deficiencias técnicas. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable del mantenimiento de cauces, azudes y presas, había identificado en su Plan Hidrológico cuenca (2022–2027) varias zonas vulnerables de la cuenca del Júcar. Tras el episodio, el propio organismo ejecutó obras de emergencia de limpieza y reparación, lo que demuestra que las actuaciones preventivas fueron exiguas ante el alcance del fenómeno. Los Planes Hidrológicos de Cuenca y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) están concebidos para prevenir, no para actuar después. Si no se limpian cauces y se permite construir en zonas inundables, el resultado acaba siendo previsible.
La AEMET cumplió su función, emitió alertas rojas, avisos detallados y mapas de riesgo. Sin embargo, los avisos no siempre se tradujeron en decisiones efectivas. En España, los mensajes se difunden, pero pocas veces se transforman en órdenes preventivas. El Sistema de Alertas de Protección Civil (ES Alert), que permite enviar señales inmediatas a los teléfonos móviles, no se empleó de forma generalizada durante las primeras horas, según las informaciones públicas disponibles. Si un ciudadano recibe una notificación y no se le indica cómo actuar, la cadena de actuación no cumplió en lo esencial. La meteorología no salva vidas si la administración no reacciona.
Los ayuntamientos también forman parte de esta cadena. Aunque muchos carezcan de medios, los Planes Locales de Emergencia (PLE) existen. Un alcalde no puede quedarse esperando instrucciones cuando el río amenaza con desbordarse. La primera respuesta siempre es local. Faltan formación, simulacros y coordinación efectiva.
A ello se suma una política hidráulica que podríamos catalogar como desorientada e incoherente. Durante décadas se ha identificado la protección con el simple encauzamiento, como si bastara con canalizar un río para evitar su desbordamiento. Encauzar es necesario cuando se hace con criterio técnico y dentro de una planificación integral, pero lo que ha predominado ha sido una política fragmentada, sin obras de laminación ni espacios de desbordamiento natural. En muchos casos, se sustituyó la regulación (Plan Hidrológico Nacional) y el mantenimiento por soluciones rápidas o por el abandono, y más recientemente por una retórica de “renaturalización” sin medios reales. Se han paralizado presas, balsas y diques de contención por decisiones políticas o por interpretaciones ideológicas del medio. Mientras tanto, los cauces urbanos siguen saturados, las ramblas se han cubierto y los márgenes se han ocupado. Cuando el agua llega, lo hace con fuerza y sin salida, porque el territorio no está preparado ni protegido de forma adecuada.
España, sin embargo, ha demostrado en muchas ocasiones que sí es capaz de actuar con rapidez y eficacia. La UME y las Fuerzas Armadas han intervenido en terremotos internacionales en Haití, Marruecos y Turquía, también en incendios, nevadas y crisis humanitarias dentro y fuera del país. En el extranjero, la respuesta es inmediata y disciplinada. Dentro, los tiempos se alargan y la reacción se mide en función del coste político. Este contraste revela una pérdida del sentido de Estado. La cooperación ha sido sustituida por la confrontación y la gestión por el cálculo partidista.
Después llegaron las declaraciones. El Gobierno central señaló a la Generalitat, la Generalitat a la CHJ, y esta a los ayuntamientos. Algunos incluso insinuaron fallos en los modelos de la AEMET. Nadie asumió responsabilidad directa. Nadie explicó con claridad qué se hizo o qué no se hizo. Esa sucesión de reproches refleja un problema más profundo, la falta de unidad en la respuesta y la tendencia a convertir cualquier crisis en un debate político.
Las emergencias no deben entender de campañas ni de colores. Se trata de gestión, decisión y deber. Si el Estado no coordina, si las autonomías no aplican sus planes, si los ayuntamientos no actúan y si la técnica se queda en informes, el resultado es siempre el mismo. La DANA de Valencia ha vuelto a mostrar lo que ya sabíamos, que tenemos normas, planes y recursos, pero no reflejos. Las alertas no se transforman en acción y el miedo político a decidir pesa más que el deber de prevenir. El sistema no cumplió su función esencial. Y lo peor es que, si vuelve a ocurrir, se dirá que nadie podía imaginarlo. (Ver 'Encauzar el agua (1)' haciendo click AQUÍ)
España cuenta con un entramado de normas y planes que, sobre el papel, son amplios: la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (SNP), el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM), la Estrategia Nacional de Protección Civil 2024 elaborada bajo la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI), los Planes Hidrológicos de Cuenca y los Planes de Emergencia de Presas y Balsas. Todos ellos forman un marco completo que establece cómo anticipar, prevenir, responder y recuperar. Pero ese mecanismo se convierte en papel mojado cuando las administraciones no lo aplican en su extensión.
El Gobierno central tenía la competencia principal porque dispone de los recursos y del mando. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias depende del Ministerio del Interior, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa, y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Todos disponían de información y capacidad de acción. No consta públicamente que se activara con antelación suficiente el Comité Estatal de Coordinación (CECO) previsto por la Ley 17/2015 para dirigir la respuesta cuando una crisis supera el ámbito autonómico. Tampoco hay registro de una movilización preventiva de los medios nacionales que el PLEGEM contempla para situaciones de esta magnitud. Cuando el Gobierno central reaccionó, el desastre ya era visible y los daños importantes.
La Generalitat Valenciana también tiene parte de responsabilidad. Le correspondía aplicar antes sus Planes Autonómicos de Emergencias y los protocolos frente al riesgo de inundaciones. No se anticiparon los cierres de carreteras ni la suspensión de clases y la comunicación con los municipios resultó insuficiente. Las miles de llamadas al 112 durante las horas más críticas reflejan la desorientación ciudadana. Cuando una sociedad no sabe cómo actuar en medio de una situación crítica, es señal de que la organización no ha funcionado como debería.
También hubo deficiencias técnicas. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), responsable del mantenimiento de cauces, azudes y presas, había identificado en su Plan Hidrológico cuenca (2022–2027) varias zonas vulnerables de la cuenca del Júcar. Tras el episodio, el propio organismo ejecutó obras de emergencia de limpieza y reparación, lo que demuestra que las actuaciones preventivas fueron exiguas ante el alcance del fenómeno. Los Planes Hidrológicos de Cuenca y los Planes de Gestión del Riesgo de Inundaciones (PGRI) están concebidos para prevenir, no para actuar después. Si no se limpian cauces y se permite construir en zonas inundables, el resultado acaba siendo previsible.
La AEMET cumplió su función, emitió alertas rojas, avisos detallados y mapas de riesgo. Sin embargo, los avisos no siempre se tradujeron en decisiones efectivas. En España, los mensajes se difunden, pero pocas veces se transforman en órdenes preventivas. El Sistema de Alertas de Protección Civil (ES Alert), que permite enviar señales inmediatas a los teléfonos móviles, no se empleó de forma generalizada durante las primeras horas, según las informaciones públicas disponibles. Si un ciudadano recibe una notificación y no se le indica cómo actuar, la cadena de actuación no cumplió en lo esencial. La meteorología no salva vidas si la administración no reacciona.
Los ayuntamientos también forman parte de esta cadena. Aunque muchos carezcan de medios, los Planes Locales de Emergencia (PLE) existen. Un alcalde no puede quedarse esperando instrucciones cuando el río amenaza con desbordarse. La primera respuesta siempre es local. Faltan formación, simulacros y coordinación efectiva.
A ello se suma una política hidráulica que podríamos catalogar como desorientada e incoherente. Durante décadas se ha identificado la protección con el simple encauzamiento, como si bastara con canalizar un río para evitar su desbordamiento. Encauzar es necesario cuando se hace con criterio técnico y dentro de una planificación integral, pero lo que ha predominado ha sido una política fragmentada, sin obras de laminación ni espacios de desbordamiento natural. En muchos casos, se sustituyó la regulación (Plan Hidrológico Nacional) y el mantenimiento por soluciones rápidas o por el abandono, y más recientemente por una retórica de “renaturalización” sin medios reales. Se han paralizado presas, balsas y diques de contención por decisiones políticas o por interpretaciones ideológicas del medio. Mientras tanto, los cauces urbanos siguen saturados, las ramblas se han cubierto y los márgenes se han ocupado. Cuando el agua llega, lo hace con fuerza y sin salida, porque el territorio no está preparado ni protegido de forma adecuada.
España, sin embargo, ha demostrado en muchas ocasiones que sí es capaz de actuar con rapidez y eficacia. La UME y las Fuerzas Armadas han intervenido en terremotos internacionales en Haití, Marruecos y Turquía, también en incendios, nevadas y crisis humanitarias dentro y fuera del país. En el extranjero, la respuesta es inmediata y disciplinada. Dentro, los tiempos se alargan y la reacción se mide en función del coste político. Este contraste revela una pérdida del sentido de Estado. La cooperación ha sido sustituida por la confrontación y la gestión por el cálculo partidista.
Después llegaron las declaraciones. El Gobierno central señaló a la Generalitat, la Generalitat a la CHJ, y esta a los ayuntamientos. Algunos incluso insinuaron fallos en los modelos de la AEMET. Nadie asumió responsabilidad directa. Nadie explicó con claridad qué se hizo o qué no se hizo. Esa sucesión de reproches refleja un problema más profundo, la falta de unidad en la respuesta y la tendencia a convertir cualquier crisis en un debate político.
Las emergencias no deben entender de campañas ni de colores. Se trata de gestión, decisión y deber. Si el Estado no coordina, si las autonomías no aplican sus planes, si los ayuntamientos no actúan y si la técnica se queda en informes, el resultado es siempre el mismo. La DANA de Valencia ha vuelto a mostrar lo que ya sabíamos, que tenemos normas, planes y recursos, pero no reflejos. Las alertas no se transforman en acción y el miedo político a decidir pesa más que el deber de prevenir. El sistema no cumplió su función esencial. Y lo peor es que, si vuelve a ocurrir, se dirá que nadie podía imaginarlo. (Ver 'Encauzar el agua (1)' haciendo click AQUÍ)
