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J. A. SÁEZ CALVO
El agua ha sido siempre el mayor desafío de los pueblos mediterráneos, poniendo a prueba su ingenio. No solo alimenta la vida y los cultivos, siempre recuerda que su fuerza no admite negligencias. En Almería esa dualidad se ve con claridad, meses enteros de sequía absoluta y de pronto un chaparrón devuelve al paisaje su memoria. Este hecho debe ser una advertencia, porque no es un elemento que se deje poseer, se ha de gestionar. Y cuando no se hace con responsabilidad, la naturaleza se encarga de recordarlo.
A lo largo de la historia, las civilizaciones que aprendieron a convivir con el líquido elemento prosperaron, mientras que las que la despreciaron o la creyeron dominada acabaron pagando el precio. En el sureste español, esa lección se repite desde hace siglos. Las acequias, las norias y las ramblas han sido formas de organizar la vida. Frecuentemente el crecimiento urbano y la falta de mantenimiento han roto equilibrios. Hoy, la provincia de Almería, como buena parte del litoral mediterráneo, convive con un riesgo que no solo es natural, sino también administrativo. El agua se ha convertido en un asunto discontinuo, sujeto a intereses o modas políticas cuando debería ser un ejercicio continuo de previsión técnica y sentido común.
España cuenta con una de las legislaciones más completas en esta materia. La Ley 29/1985 estableció que el dominio público hidráulico pertenece al Estado y, por tanto, a todos los ciudadanos. Esa norma consolidó la planificación mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca que coordinan el uso, la protección y la calidad en cada territorio. La Directiva Marco de la Unión Europea 2000/60/EC y su trasposición al derecho español forma parte esencial del marco de obligaciones sobre calidad y organización.
El Plan Hidrológico Nacional, aprobado mediante la Ley 10/2001, intentó articular una visión conjunta para todo el país y coordinar para un reparto equilibrado del recurso, con una visión nacional. Las medidas más relevantes estaban en la creación de un Sistema Global de Transferencias, regulación y modernización de embalses, regadíos y compensaciones medioambientales.
Su modificación a través del Real Decreto-ley 2/2004, alteró parte de aquel planteamiento y desde entonces ha habido desarrollos normativos locales. Con esta normativa, se derogaron las autorizaciones de grandes trasvases como del Ebro y suprimiendo el Anexo II que detallaba un plan de infraestructura, finalmente orientando la política hidráulica a desalación y reutilización.
La Comunidad Andaluza dispone de la Ley 9/2010, que regula el ejercicio de sus competencias autonómicas y locales en la consideración integral del ciclo de vida.
Las consecuencias de la descoordinación son visibles. Las confederaciones hidrográficas trabajan con esfuerzo, pero con recursos limitados y competencias fragmentadas. Los ayuntamientos deben ocuparse sobre cauces urbanos, careciendo, en muchos casos, de medios o de claridad sobre su competencia. Las comunidades autónomas aplican estrategias distintas. Y, mientras tanto, el territorio sigue expuesto a acontecimientos que se repiten históricamente. Lluvias intensas, avenidas súbitas, pérdidas económicas y víctimas que a menudo se pudieron evitar.
En Almería la memoria local registra episodios que no admiten el olvido. Las crecidas históricas de finales del siglo XIX y las avenidas que afectaron a cuencas en los años setenta recuerdan que no se trata de excepciones.
Más recientemente, la grave y dolorosa catástrofe de octubre de 2024 en Valencia, no solo dejó registros excepcionales de lluvia, incluso en varias provincias, sino que evidenció cómo el agua, al buscar su camino natural por barrancos y vaguadas, aumenta su volumen y velocidad hasta adquirir una fuerza difícil de contener, aunque el origen esté aparentemente lejano. Cuando el terreno carece de curso, mantenimiento o previsión, esa energía se desborda y se vuelve destructiva. Estos sucesos obligan a revisar los protocolos de aviso y respuesta, porque no basta con medir la precipitación, sino comprender el recorrido que sigue en su camino descendente.
Los daños en construcciones, las comunicaciones cortadas y la afectación de zonas agrícolas ilustran hasta qué punto la prevención y la coordinación operativa marcan la diferencia entre un incidente, un siniestro y un desastre.
Las decisiones técnicas requieren prudencia y criterios profesionales. Antes de demoler un azud o una pequeña presa es imprescindible que los ingenieros hagan su trabajo con rigor. Analizar sedimentos, evaluar la continuidad de servicios de abastecimiento, modelizar impactos de barrancos y cuencas, y plantear alternativas de gestión son pasos ineludibles. La demolición, como a veces se ha contemplado, por sí sola no es una solución si no va acompañada de un plan de limpieza, encauzamiento y de actuaciones de nuevas infraestructuras que eviten trasladar el problema río abajo. Dar voz a los técnicos significa anteponer la seguridad y la evidencia a la retórica. La ingeniería no es neutral cuando falla la planificación, el fundamento técnico existe y debe ser el criterio rector en el diseño de estructuras hidráulicas. La franja mediterránea española comparte condiciones de vulnerabilidad. Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad Balear y la desembocadura del Ebro comparten la combinación de demanda intensa y de respuesta rápida. Esa geografía reclama un compromiso coordinado que atienda tanto al abastecimiento como a la reducción del riesgo. No se trata de aplicar soluciones únicas sino de adaptar medidas operativas según la idiosincrasia de cada zona geográfica. Donde haga falta almacenamiento y garantías de suministro habrá que evaluarlo técnica y económicamente. Donde los embalses no sean eficaces frente a episodios de avenida habrá que priorizar espacios de expansión controlada y medidas de ordenación territorial.
La gestión moderna del cualquier recurso exige instrumentos operativos definidos y permanentes. Es imprescindible disponer de un inventario público y actualizado de infraestructuras y puntos vulnerables, que permita planificar la intervención sin improvisaciones. También resulta prioritario articular una red interoperable de sensores hidrometeorológicos y de telecontrol capaz de ofrecer datos en tiempo real a los ayuntamientos y servicios de emergencia. Los protocolos de actuación deben ser comunes y verificables, con planes que aseguren la conservación de cauces, barrancos y embalses. La financiación para el mantenimiento y la prevención ha de ser estable, no dependiente de fondos de urgencia. Y las responsabilidades deben quedar definidas en el marco normativo, de modo que ninguna Administración, desde la Central, pueda eludir su deber cuando el riesgo es conocido.
La prevención tiene componente social. Identificar a colectivos vulnerables, garantizar apoyo y alojamiento temporal, hacer simulacros y comunicar con claridad, son pasos tan técnicos como cualquier obra. La ingeniería fracasa cuando no se integra con la conducta social. Un sistema de alertas no funciona si no existe una cultura cívica que enseñe a interpretarlo.
La transparencia es condición de gobernabilidad. Las concesiones, los usos, los planes de emergencia y los calendarios deben estar accesibles. No hay mejor vacuna contra la desconfianza que datos abiertos y decisiones explicadas. El agua genera confianza cuando su conocimiento es comprensible.
Mantener no significa alterar, sino conservar. Cada rambla obstruida, cada obra menor abandonada o cada colector saturado es una invitación al desastre. La limpieza de vertientes, el control de drenaje y arrastres, la retirada sistemática de obstáculos y la mejora de la permeabilidad del territorio deben programarse con calendario público y financiación asegurada. La tecnología disponible permite anticipar situaciones, pero necesita de una estructura capaz de traducir la alerta a la población. Encauzar y controlar no debe ser solo una consigna política, es también una cuestión técnica. Igualmente se trata de una obligación práctica que combina memoria, experiencia y compromiso administrativo. Almería es espejo del Mediterráneo. Su futuro depende de decisiones que hoy se tomen y que mañana condicionarán la seguridad económica y humana de sus pueblos. Gestionar con rigor, transparencia y continuidad no es una opción ideológica, es una obligación civil.
A lo largo de la historia, las civilizaciones que aprendieron a convivir con el líquido elemento prosperaron, mientras que las que la despreciaron o la creyeron dominada acabaron pagando el precio. En el sureste español, esa lección se repite desde hace siglos. Las acequias, las norias y las ramblas han sido formas de organizar la vida. Frecuentemente el crecimiento urbano y la falta de mantenimiento han roto equilibrios. Hoy, la provincia de Almería, como buena parte del litoral mediterráneo, convive con un riesgo que no solo es natural, sino también administrativo. El agua se ha convertido en un asunto discontinuo, sujeto a intereses o modas políticas cuando debería ser un ejercicio continuo de previsión técnica y sentido común.
España cuenta con una de las legislaciones más completas en esta materia. La Ley 29/1985 estableció que el dominio público hidráulico pertenece al Estado y, por tanto, a todos los ciudadanos. Esa norma consolidó la planificación mediante los Planes Hidrológicos de Cuenca que coordinan el uso, la protección y la calidad en cada territorio. La Directiva Marco de la Unión Europea 2000/60/EC y su trasposición al derecho español forma parte esencial del marco de obligaciones sobre calidad y organización.
El Plan Hidrológico Nacional, aprobado mediante la Ley 10/2001, intentó articular una visión conjunta para todo el país y coordinar para un reparto equilibrado del recurso, con una visión nacional. Las medidas más relevantes estaban en la creación de un Sistema Global de Transferencias, regulación y modernización de embalses, regadíos y compensaciones medioambientales.
Su modificación a través del Real Decreto-ley 2/2004, alteró parte de aquel planteamiento y desde entonces ha habido desarrollos normativos locales. Con esta normativa, se derogaron las autorizaciones de grandes trasvases como del Ebro y suprimiendo el Anexo II que detallaba un plan de infraestructura, finalmente orientando la política hidráulica a desalación y reutilización.
La Comunidad Andaluza dispone de la Ley 9/2010, que regula el ejercicio de sus competencias autonómicas y locales en la consideración integral del ciclo de vida.
Las consecuencias de la descoordinación son visibles. Las confederaciones hidrográficas trabajan con esfuerzo, pero con recursos limitados y competencias fragmentadas. Los ayuntamientos deben ocuparse sobre cauces urbanos, careciendo, en muchos casos, de medios o de claridad sobre su competencia. Las comunidades autónomas aplican estrategias distintas. Y, mientras tanto, el territorio sigue expuesto a acontecimientos que se repiten históricamente. Lluvias intensas, avenidas súbitas, pérdidas económicas y víctimas que a menudo se pudieron evitar.
En Almería la memoria local registra episodios que no admiten el olvido. Las crecidas históricas de finales del siglo XIX y las avenidas que afectaron a cuencas en los años setenta recuerdan que no se trata de excepciones.
Más recientemente, la grave y dolorosa catástrofe de octubre de 2024 en Valencia, no solo dejó registros excepcionales de lluvia, incluso en varias provincias, sino que evidenció cómo el agua, al buscar su camino natural por barrancos y vaguadas, aumenta su volumen y velocidad hasta adquirir una fuerza difícil de contener, aunque el origen esté aparentemente lejano. Cuando el terreno carece de curso, mantenimiento o previsión, esa energía se desborda y se vuelve destructiva. Estos sucesos obligan a revisar los protocolos de aviso y respuesta, porque no basta con medir la precipitación, sino comprender el recorrido que sigue en su camino descendente.
Los daños en construcciones, las comunicaciones cortadas y la afectación de zonas agrícolas ilustran hasta qué punto la prevención y la coordinación operativa marcan la diferencia entre un incidente, un siniestro y un desastre.
Las decisiones técnicas requieren prudencia y criterios profesionales. Antes de demoler un azud o una pequeña presa es imprescindible que los ingenieros hagan su trabajo con rigor. Analizar sedimentos, evaluar la continuidad de servicios de abastecimiento, modelizar impactos de barrancos y cuencas, y plantear alternativas de gestión son pasos ineludibles. La demolición, como a veces se ha contemplado, por sí sola no es una solución si no va acompañada de un plan de limpieza, encauzamiento y de actuaciones de nuevas infraestructuras que eviten trasladar el problema río abajo. Dar voz a los técnicos significa anteponer la seguridad y la evidencia a la retórica. La ingeniería no es neutral cuando falla la planificación, el fundamento técnico existe y debe ser el criterio rector en el diseño de estructuras hidráulicas. La franja mediterránea española comparte condiciones de vulnerabilidad. Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad Balear y la desembocadura del Ebro comparten la combinación de demanda intensa y de respuesta rápida. Esa geografía reclama un compromiso coordinado que atienda tanto al abastecimiento como a la reducción del riesgo. No se trata de aplicar soluciones únicas sino de adaptar medidas operativas según la idiosincrasia de cada zona geográfica. Donde haga falta almacenamiento y garantías de suministro habrá que evaluarlo técnica y económicamente. Donde los embalses no sean eficaces frente a episodios de avenida habrá que priorizar espacios de expansión controlada y medidas de ordenación territorial.
La gestión moderna del cualquier recurso exige instrumentos operativos definidos y permanentes. Es imprescindible disponer de un inventario público y actualizado de infraestructuras y puntos vulnerables, que permita planificar la intervención sin improvisaciones. También resulta prioritario articular una red interoperable de sensores hidrometeorológicos y de telecontrol capaz de ofrecer datos en tiempo real a los ayuntamientos y servicios de emergencia. Los protocolos de actuación deben ser comunes y verificables, con planes que aseguren la conservación de cauces, barrancos y embalses. La financiación para el mantenimiento y la prevención ha de ser estable, no dependiente de fondos de urgencia. Y las responsabilidades deben quedar definidas en el marco normativo, de modo que ninguna Administración, desde la Central, pueda eludir su deber cuando el riesgo es conocido.
La prevención tiene componente social. Identificar a colectivos vulnerables, garantizar apoyo y alojamiento temporal, hacer simulacros y comunicar con claridad, son pasos tan técnicos como cualquier obra. La ingeniería fracasa cuando no se integra con la conducta social. Un sistema de alertas no funciona si no existe una cultura cívica que enseñe a interpretarlo.
La transparencia es condición de gobernabilidad. Las concesiones, los usos, los planes de emergencia y los calendarios deben estar accesibles. No hay mejor vacuna contra la desconfianza que datos abiertos y decisiones explicadas. El agua genera confianza cuando su conocimiento es comprensible.
Mantener no significa alterar, sino conservar. Cada rambla obstruida, cada obra menor abandonada o cada colector saturado es una invitación al desastre. La limpieza de vertientes, el control de drenaje y arrastres, la retirada sistemática de obstáculos y la mejora de la permeabilidad del territorio deben programarse con calendario público y financiación asegurada. La tecnología disponible permite anticipar situaciones, pero necesita de una estructura capaz de traducir la alerta a la población. Encauzar y controlar no debe ser solo una consigna política, es también una cuestión técnica. Igualmente se trata de una obligación práctica que combina memoria, experiencia y compromiso administrativo. Almería es espejo del Mediterráneo. Su futuro depende de decisiones que hoy se tomen y que mañana condicionarán la seguridad económica y humana de sus pueblos. Gestionar con rigor, transparencia y continuidad no es una opción ideológica, es una obligación civil.
