Contratos irregulares, o falta de ellos, fraude y venta de drogas en un golpe a locales de ocio
ALMERÍA HOY / 20·06·2025
La Guardia Civil de Almería y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han intensificado sus actuaciones conjuntas en la provincia de Almería para luchar contra el fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. Durante la noche del pasado sábado 7 de junio, se desarrolló un operativo especial en diversos establecimientos de ocio nocturno en las localidades de Aguadulce y Roquetas de Mar.
Esta actuación se enmarca dentro del Plan Integral de lucha contra el fraude y de los convenios de colaboración vigentes entre ambas administraciones. El objetivo principal fue el control y detección de irregularidades laborales que vulneran los derechos de los trabajadores, así como la identificación de personas que desarrollan actividades laborales siendo perceptores de prestaciones por desempleo.
Fruto de esta intervención, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó más de media docena de infracciones por parte de los responsables de los establecimientos, al emplear a trabajadores sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. Asimismo, se identificó a una persona que, a pesar de estar empleada, percibía una prestación por desempleo.
Por su parte, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas: una mujer de 34 años por un delito contra la salud pública al estar implicada en el tráfico de drogas dentro de uno de los locales, y dos hombres de 33 y 55 años respectivamente, sobre los que además pesaban órdenes de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados de lo penal.
Asimismo, se levantaron varias denuncias administrativas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en espacios públicos y por posesión de armas prohibidas. Se incautaron dosis de cocaína, hachís y MDMA, así como cajetillas de tabaco y vapers con nicotina procedentes de contrabando. También fueron precintadas botellas de bebidas alcohólicas de importación carentes de los correspondientes precintos fiscales acreditativos del pago de los Impuestos Especiales.
Este tipo de operativos son parte del firme compromiso de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la protección de los derechos laborales, la lucha contra la economía sumergida y el refuerzo de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad económica.
Esta actuación se enmarca dentro del Plan Integral de lucha contra el fraude y de los convenios de colaboración vigentes entre ambas administraciones. El objetivo principal fue el control y detección de irregularidades laborales que vulneran los derechos de los trabajadores, así como la identificación de personas que desarrollan actividades laborales siendo perceptores de prestaciones por desempleo.
Fruto de esta intervención, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó más de media docena de infracciones por parte de los responsables de los establecimientos, al emplear a trabajadores sin contrato y sin alta en la Seguridad Social. Asimismo, se identificó a una persona que, a pesar de estar empleada, percibía una prestación por desempleo.
Por su parte, la Guardia Civil procedió a la detención de tres personas: una mujer de 34 años por un delito contra la salud pública al estar implicada en el tráfico de drogas dentro de uno de los locales, y dos hombres de 33 y 55 años respectivamente, sobre los que además pesaban órdenes de búsqueda y detención emitidas por distintos juzgados de lo penal.
Asimismo, se levantaron varias denuncias administrativas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes en espacios públicos y por posesión de armas prohibidas. Se incautaron dosis de cocaína, hachís y MDMA, así como cajetillas de tabaco y vapers con nicotina procedentes de contrabando. También fueron precintadas botellas de bebidas alcohólicas de importación carentes de los correspondientes precintos fiscales acreditativos del pago de los Impuestos Especiales.
Este tipo de operativos son parte del firme compromiso de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la protección de los derechos laborales, la lucha contra la economía sumergida y el refuerzo de la legalidad en todos los ámbitos de la actividad económica.
