Contratos precarios, traslados forzosos, movilidad encubierta y falta de transparencia económica entre las principales quejas
ALMERÍA HOY / 08·05·2025
Tras la decisión de Correos de cerrar su centro logístico de La Juaida en Viator, tuvo lugar este martes la primera reunión de la comisión negociadora entre la empresa y los sindicatos. Francisco Sabio, representante de SIPCTE en la provincia, comenta a ALMERÍA HOY que se han presentado formalmente alegaciones contra dicho cierre. Consideran que esta medida es injustificada, impuesta sin garantías, y que afectará directamente a 45 trabajadores, vulnerando derechos fundamentales recogidos tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en el Acuerdo Marco firmado por las organizaciones sindicales mayoritarias en marzo de 2025.
Sabio Rueda recuerda que el próximo martes 13 tendrá lugar la siguiente reunión en la que se tratarán las alegaciones presentadas, pero advierte que en otras provincias, como en Huelva, se está produciendo el mismo movimiento y forma de actuar de Correos, donde cierran centros y reubican al personal con contratos precarios (reducción horaria), movilidad encubierta y funciones distintas para las que estaban contratados.
Contratos precarios y funciones impuestas
SIPCTE denuncia que solo 6 de los 45 puestos ofertados tras el cierre son de jornada completa (4 en El Ejido y 2 en Roquetas de Mar), mientras que el resto —39 puestos— son de jornada parcial de 56 horas, en su mayoría en horario de tarde y repartidos por distintos municipios de la provincia. Además, muchos trabajadores pasarán de tareas de clasificación a funciones de reparto motorizado. Traslados forzosos y movilidad encubierta
La propuesta de reubicación contempla plazas en localidades a más de 100 kilómetros de la capital almeriense, como Fiñana, Vélez-Rubio o Pulpí. Esto podría suponer una movilidad geográfica encubierta, no reconocida ni compensada adecuadamente. SIPCTE exige que se limiten los traslados a un radio máximo de 50 km y que se garanticen compensaciones económicas reales por transporte, alojamiento o manutención.
Falta de transparencia económica
Correos justifica el cierre por una supuesta pérdida de 660.000 euros en 2023, pero hasta el momento no ha presentado un desglose detallado de los costes reales del centro ni ha demostrado que se hayan explorado alternativas menos traumáticas, como la reorganización interna, renegociación de alquileres o redistribución parcial de la actividad.
SIPCTE reclama la realización urgente de una auditoría externa independiente y la presentación de los datos económicos desglosados a nivel estatal y provincial, tal como exige la normativa aplicable en procesos de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) y movilidad colectiva.
Conciliación y salud laboral ignoradas
Las plazas ofrecidas, en su mayoría con jornada parcial de 15:00 a 20:00, dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente para trabajadores con menores o personas dependientes a su cargo. Además, muchos afectados no disponen del carné de moto exigido ni han sido sometidos a evaluaciones médicas previas, lo que podría constituir discriminación por razón de edad o salud.
Puestos inadecuados para el perfil profesional
Todos los puestos de reparto ofertados requieren el uso de moto, la imposición de estos puestos sin opciones alternativas vulnera el principio de adecuación funcional y expone al personal a riesgos innecesarios y reubicaciones forzadas, contrarias al marco legal vigente.
“No vamos a permitir que se impongan recortes disfrazados de reorganización. Si no hay transparencia ni respeto a los derechos de la plantilla, SIPCTE no firmará ningún acuerdo y llevará el conflicto hasta donde sea necesario”, ha señalado el responsable provincial del sindicato.
Sabio Rueda recuerda que el próximo martes 13 tendrá lugar la siguiente reunión en la que se tratarán las alegaciones presentadas, pero advierte que en otras provincias, como en Huelva, se está produciendo el mismo movimiento y forma de actuar de Correos, donde cierran centros y reubican al personal con contratos precarios (reducción horaria), movilidad encubierta y funciones distintas para las que estaban contratados.
Contratos precarios y funciones impuestas
SIPCTE denuncia que solo 6 de los 45 puestos ofertados tras el cierre son de jornada completa (4 en El Ejido y 2 en Roquetas de Mar), mientras que el resto —39 puestos— son de jornada parcial de 56 horas, en su mayoría en horario de tarde y repartidos por distintos municipios de la provincia. Además, muchos trabajadores pasarán de tareas de clasificación a funciones de reparto motorizado. Traslados forzosos y movilidad encubierta
La propuesta de reubicación contempla plazas en localidades a más de 100 kilómetros de la capital almeriense, como Fiñana, Vélez-Rubio o Pulpí. Esto podría suponer una movilidad geográfica encubierta, no reconocida ni compensada adecuadamente. SIPCTE exige que se limiten los traslados a un radio máximo de 50 km y que se garanticen compensaciones económicas reales por transporte, alojamiento o manutención.
Falta de transparencia económica
Correos justifica el cierre por una supuesta pérdida de 660.000 euros en 2023, pero hasta el momento no ha presentado un desglose detallado de los costes reales del centro ni ha demostrado que se hayan explorado alternativas menos traumáticas, como la reorganización interna, renegociación de alquileres o redistribución parcial de la actividad.
SIPCTE reclama la realización urgente de una auditoría externa independiente y la presentación de los datos económicos desglosados a nivel estatal y provincial, tal como exige la normativa aplicable en procesos de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) y movilidad colectiva.
Conciliación y salud laboral ignoradas
Las plazas ofrecidas, en su mayoría con jornada parcial de 15:00 a 20:00, dificultan la conciliación de la vida laboral y familiar, especialmente para trabajadores con menores o personas dependientes a su cargo. Además, muchos afectados no disponen del carné de moto exigido ni han sido sometidos a evaluaciones médicas previas, lo que podría constituir discriminación por razón de edad o salud.
Puestos inadecuados para el perfil profesional
Todos los puestos de reparto ofertados requieren el uso de moto, la imposición de estos puestos sin opciones alternativas vulnera el principio de adecuación funcional y expone al personal a riesgos innecesarios y reubicaciones forzadas, contrarias al marco legal vigente.
“No vamos a permitir que se impongan recortes disfrazados de reorganización. Si no hay transparencia ni respeto a los derechos de la plantilla, SIPCTE no firmará ningún acuerdo y llevará el conflicto hasta donde sea necesario”, ha señalado el responsable provincial del sindicato.
