Sólo podrá actuar en una parte de la finca, 100 metros desde el mar, el resto es responsabilidad de la Junta
ALMERÍA HOY / 10·02·2025
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado hoy que el Gobierno va a iniciar el proceso para demoler el hotel Azata del Sol, ubicado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras.
Se trata de una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuyo suelo, según sentencia del Tribunal Supremo, no es urbanizable.
“Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural”, ha afirmado Montero a los medios cerca del lugar donde se levanta el hotel, en la playa de El Algarrobico.
Se trata de una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuyo suelo, según sentencia del Tribunal Supremo, no es urbanizable.
“Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural”, ha afirmado Montero a los medios cerca del lugar donde se levanta el hotel, en la playa de El Algarrobico.
EL MARTES COMENZARÁ EL PROCESO
Para ello, la vicepresidenta primera ha explicado que mañana, martes, el Consejo de Ministros pondrá en marcha este proceso. En concreto, el Gobierno aprobará una declaración de utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras, al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Se trata del primer paso para abordar la expropiación de la edificación y el suelo que se sitúan en terrenos sobre los que tiene competencia la Administración General del Estado. El objetivo final es demoler el hotel, símbolo de los desmanes urbanísticos, y proceder a la restauración del paraje natural. “Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo”, ha enfatizado Montero.
La vicepresidenta primera ha destacado que la voluntad del Gobierno es poner fin a un “símbolo de la depredación inmobiliaria”, dado que es una edificación que no respeta el espacio natural, daña el litoral y que, además, colisiona con la Ley de Costas. Un problema que lleva enquistado más de 20 años a pesar de las distintas resoluciones judiciales que rechazan la edificación en esos terrenos.
LLAMAMIENTO DE COLABORACIÓN A LA JUNTA
En cualquier caso, Montero ha recordado que solo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata sobre la que se ubica el hotel se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, que se extiende 100 metros desde el mar, y es sobre la que el Gobierno puede actuar. El resto se adentra más allá de este límite y es la comunidad autónoma quien es competente sobre esa parte del suelo.
Por ese motivo, Montero ha instado a la Junta de Andalucía a actuar y a “trabajar Conjuntamente” para que la administración autonómica realice el mismo proceso y de forma coordinada pueda llevarse a cabo la operación de demolición del hotel en su totalidad, poniendo fin a uno de los mayores ataques urbanísticos al litoral andaluz. Una medida de colaboración acorde a la legalidad que permitirá recuperar tras dos décadas un espacio natural en beneficio de todos los andaluces.
Para ello, la vicepresidenta primera ha explicado que mañana, martes, el Consejo de Ministros pondrá en marcha este proceso. En concreto, el Gobierno aprobará una declaración de utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre en el término municipal de Carboneras, al amparo de la disposición adicional tercera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Se trata del primer paso para abordar la expropiación de la edificación y el suelo que se sitúan en terrenos sobre los que tiene competencia la Administración General del Estado. El objetivo final es demoler el hotel, símbolo de los desmanes urbanísticos, y proceder a la restauración del paraje natural. “Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo”, ha enfatizado Montero.
La vicepresidenta primera ha destacado que la voluntad del Gobierno es poner fin a un “símbolo de la depredación inmobiliaria”, dado que es una edificación que no respeta el espacio natural, daña el litoral y que, además, colisiona con la Ley de Costas. Un problema que lleva enquistado más de 20 años a pesar de las distintas resoluciones judiciales que rechazan la edificación en esos terrenos.
LLAMAMIENTO DE COLABORACIÓN A LA JUNTA
En cualquier caso, Montero ha recordado que solo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata sobre la que se ubica el hotel se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre, que se extiende 100 metros desde el mar, y es sobre la que el Gobierno puede actuar. El resto se adentra más allá de este límite y es la comunidad autónoma quien es competente sobre esa parte del suelo.
Por ese motivo, Montero ha instado a la Junta de Andalucía a actuar y a “trabajar Conjuntamente” para que la administración autonómica realice el mismo proceso y de forma coordinada pueda llevarse a cabo la operación de demolición del hotel en su totalidad, poniendo fin a uno de los mayores ataques urbanísticos al litoral andaluz. Una medida de colaboración acorde a la legalidad que permitirá recuperar tras dos décadas un espacio natural en beneficio de todos los andaluces.