Almería Acoge dice que sufren vulneraciones de sus derechos básicos
ALMERÍA HOY / 12·11·2024
Andalucía Acoge atiende de forma estable durante todo el año a más de 4.500 migrantes en asentamientos vinculados a la agricultura intensiva en el campo de Níjar. Asimismo lo hace en los municipios onubenses de Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto en Huelva.
Según indica la ONG en su informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en los poblados chabolistas en los que trabaja Almería Acoge en Níjar viven unas 3.537 personas. De estas, 3.038 son hombres y 499 son mujeres. Entre estas personas se encuentran 83 menores, que están escolarizados.
Según Andalucía Acoge, los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen “el no reconocimiento de la vecindad”. Pese a ello, hay “diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses”. Esto se debe, sobre todo, a la existencia de distintas dinámicas vinculadas a la actividad agraria en cada provincia.
El caso de Níjar
El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales. Entre ellos, los derechos laborales, el acceso a la vivienda, la sanidad y de movilidad segura.
Existen diferentes tipos de asentamientos. Son chabolas, asentamientos verticales y cortijos abandonados. Una de las principales barreras administrativas es la falta de empadronamiento. Esto es fundamental para el acceso a servicios básicos.
La población migrante en esta zona no tiene un carácter temporero. Se ha convertido en una presencia permanente. “Esto agrava la situación porque las soluciones habitacionales a medio y corto plazo no responden a sus necesidades de vivienda”, explican.
Según la ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada. En las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras es más frecuente.
Consideran que el deterioro en la calidad de vida de las personas migrantes ha aumentado. Esto se debe a su situación de exclusión social. “Este fenómeno de segregación no solo margina a estas personas, sino que también activa el ciclo de la exclusión, incentivando actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de las poblaciones locales”.
Propuestas
Entre las propuestas de actuación, Andalucía Acoge insta a reforzar la coordinación entre todos los agentes clave. Asimismo, garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local. Es preciso también “cambiar la lógica” de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una “alternativa habitacional digna”. Del mismo modo, apuestan por acometer medidas de urgencia para facilitar el acceso a recursos básicos como el agua, la electricidad y el transporte.
También piden diferenciar las actuaciones dirigidas a las personas que viven de manera estable en los asentamientos (necesidad de viviendas estables) de aquellas dirigidas a las personas que están de manera temporal durante la campaña; además de reforzar la construcción de recursos habitacionales y ampliar el parque de viviendas sociales.
Además, solicitan programas de apoyo a la inclusión social y cultural, aumentar las inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, promover una regulación especial de las personas que se encuentran actualmente trabajando de manera irregular, impulsar campañas de información y sensibilización, y crear canales y recursos de denuncia, entre otros. Informa Agencia EFE.
Según indica la ONG en su informe ‘Situación de las personas residentes en asentamientos agrícolas en Andalucía: Hitos desde 2023’, en los poblados chabolistas en los que trabaja Almería Acoge en Níjar viven unas 3.537 personas. De estas, 3.038 son hombres y 499 son mujeres. Entre estas personas se encuentran 83 menores, que están escolarizados.
Según Andalucía Acoge, los migrantes sufren una vulneración de sus derechos básicos que tiene como origen “el no reconocimiento de la vecindad”. Pese a ello, hay “diferencias significativas entre los asentamientos de Almería y los municipios onubenses”. Esto se debe, sobre todo, a la existencia de distintas dinámicas vinculadas a la actividad agraria en cada provincia.
El caso de Níjar
El principal problema que enfrenta la población migrante residente en Níjar es la falta de reconocimiento de los derechos fundamentales. Entre ellos, los derechos laborales, el acceso a la vivienda, la sanidad y de movilidad segura.
Existen diferentes tipos de asentamientos. Son chabolas, asentamientos verticales y cortijos abandonados. Una de las principales barreras administrativas es la falta de empadronamiento. Esto es fundamental para el acceso a servicios básicos.
La población migrante en esta zona no tiene un carácter temporero. Se ha convertido en una presencia permanente. “Esto agrava la situación porque las soluciones habitacionales a medio y corto plazo no responden a sus necesidades de vivienda”, explican.
Según la ONG, se ha estandarizado el pago de cinco euros por hora trabajada. En las pequeñas explotaciones agrícolas el incumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras es más frecuente.
Consideran que el deterioro en la calidad de vida de las personas migrantes ha aumentado. Esto se debe a su situación de exclusión social. “Este fenómeno de segregación no solo margina a estas personas, sino que también activa el ciclo de la exclusión, incentivando actitudes discriminatorias y xenófobas dentro de las poblaciones locales”.
Propuestas
Entre las propuestas de actuación, Andalucía Acoge insta a reforzar la coordinación entre todos los agentes clave. Asimismo, garantizar el acceso al padrón cumpliendo con la ley de bases de régimen local. Es preciso también “cambiar la lógica” de los desalojos por realojos que vayan acompañados de una “alternativa habitacional digna”. Del mismo modo, apuestan por acometer medidas de urgencia para facilitar el acceso a recursos básicos como el agua, la electricidad y el transporte.
También piden diferenciar las actuaciones dirigidas a las personas que viven de manera estable en los asentamientos (necesidad de viviendas estables) de aquellas dirigidas a las personas que están de manera temporal durante la campaña; además de reforzar la construcción de recursos habitacionales y ampliar el parque de viviendas sociales.
Además, solicitan programas de apoyo a la inclusión social y cultural, aumentar las inspecciones de trabajo en las explotaciones agrícolas, promover una regulación especial de las personas que se encuentran actualmente trabajando de manera irregular, impulsar campañas de información y sensibilización, y crear canales y recursos de denuncia, entre otros. Informa Agencia EFE.
