Las cuatro comunidades gobernadas por el PP han presentado alegaciones conjuntas
ALMERÍA HOY / 03·05·2024
Ahora que se cumplen 45 años de la puesta en funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura —que beneficia a las localidades almerienses de Pulpí, Huércal-Overa, Cuevas, Zurgena, Antas y Vera—, se cumple el plazo de presentación de alegaciones para la actualización de las reglas de explotación del Trasvase, un hecho que ha provocado la unión entre las comunidades de Madrid, Valencia, la Región de Murcia y Andalucía para hacer frente a los planteamientos que pretenden prevalecer en el Plan Hidrológico del Tajo (PHT), condiciones que ha impuesto la Junta de Castilla-La Mancha.
En concreto, el punto clave del que dependerá la continuidad de las transferencias hídricas o que el “trasvase desaparezca, objetivo declarado por la Junta de Castilla-La Mancha, se sitúa en la elevación de caudales ecológicos”, según recogen en las alegaciones presentadas.
Se complica la situación por las nuevas demandas del Trasvase Tajo-Guadiana ya que, siguiendo las alegaciones, “las últimas autorizaciones de derivación de aguas se emiten aceptando las peticiones formuladas y detrayendo los volúmenes requeridos a la cuota de regadío del trasvase Tajo-Segura, sin que exista soporte legal alguno para esta asimilación”.
“Cuando se culminó la actual regulación del trasvase Tajo-Segura mediante el conocido como Memorándum (en 2013), el trasvase Tajo-Guadiana tenía plena vigencia legal pero, a diferencia del Tajo.Segura, operativo desde hacía décadas y sobre el que existe abundante normativa desde hace 50 años, el del Guadiana apenas se había desarrollado, los consumos para usos ambientales eran ocasionales y reducidos, y los de abastecimiento inexistentes y sin infraestructuras que posibilitasen su materialización efectiva”.
Igualmente, en el acto de conmemoración del Trasvase Tajo-Segura, acaecido la semana pasada en Murcia, se hizo hincapié y se resaltó que la última modificación en las reglas de explotación del trasvase data del año 2021 y ya supuso una merma en la posibilidad de desembalses. Siempre se tuvieron en cuenta los critierios técnicos para su regulación; ahora se advierte que no deben ser criterios políticos, alentados desde Castilla-La Mancha, los que primen en ese cambio que rige los envíos de agua desde la cabecera del río Tajo hacia el levante. El plazo para la presentación de alegaciones en este período de consulta pública concluyó el pasado 2 de mayo y ahora será el Ministerio quien decidirá atender o no las demandas respectivas de este frente común, en clara oposición a la postura de Emiliano García-Page.
En concreto, el punto clave del que dependerá la continuidad de las transferencias hídricas o que el “trasvase desaparezca, objetivo declarado por la Junta de Castilla-La Mancha, se sitúa en la elevación de caudales ecológicos”, según recogen en las alegaciones presentadas.
Se complica la situación por las nuevas demandas del Trasvase Tajo-Guadiana ya que, siguiendo las alegaciones, “las últimas autorizaciones de derivación de aguas se emiten aceptando las peticiones formuladas y detrayendo los volúmenes requeridos a la cuota de regadío del trasvase Tajo-Segura, sin que exista soporte legal alguno para esta asimilación”.
“Cuando se culminó la actual regulación del trasvase Tajo-Segura mediante el conocido como Memorándum (en 2013), el trasvase Tajo-Guadiana tenía plena vigencia legal pero, a diferencia del Tajo.Segura, operativo desde hacía décadas y sobre el que existe abundante normativa desde hace 50 años, el del Guadiana apenas se había desarrollado, los consumos para usos ambientales eran ocasionales y reducidos, y los de abastecimiento inexistentes y sin infraestructuras que posibilitasen su materialización efectiva”.
Igualmente, en el acto de conmemoración del Trasvase Tajo-Segura, acaecido la semana pasada en Murcia, se hizo hincapié y se resaltó que la última modificación en las reglas de explotación del trasvase data del año 2021 y ya supuso una merma en la posibilidad de desembalses. Siempre se tuvieron en cuenta los critierios técnicos para su regulación; ahora se advierte que no deben ser criterios políticos, alentados desde Castilla-La Mancha, los que primen en ese cambio que rige los envíos de agua desde la cabecera del río Tajo hacia el levante. El plazo para la presentación de alegaciones en este período de consulta pública concluyó el pasado 2 de mayo y ahora será el Ministerio quien decidirá atender o no las demandas respectivas de este frente común, en clara oposición a la postura de Emiliano García-Page.
