La juez le ha impuesto 3 años de cárcel
ALMERÍA HOY / 5·04·2024
Una juez de Almería ha impuesto tres años de prisión a un hombre acusado de haber estafado más de 5.700 euros con la compra de botellas de vino a dos bodegas a nombre de la propietaria de un restaurante de la zona de Los Vélez aprovechando que tenía su número de identificación debido al contacto comercial que había mantenido meses antes con su marido.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y ante la que cabe recurso de apelación, condena al acusado por un delito continuado de estafa a dos años de prisión con agravante de reincidencia, al constarle condenas anteriores, y por un delito de uso continuado de documento de identidad falso a otro año de cárcel al que se une una multa de seis euros diarios durante seis meses.
Los hechos tuvieron lugar entre marzo y mayo de 2018 cuando el acusado, "con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito", contactó con una bodega para comprar una serie de botellas de vino a nombre de la propietaria de un restaurante, para lo que empleó su DNI.
En el mismo periodo y bajo el mismo propósito, el acusado contactó con una segunda bodega para concertar la compra de más botellas de vino bajo el mismo procedimiento, de modo que en ambos casos articuló los pedidos para que llegaran a su domicilio.
Así, acumuló facturas a nombre de la perjudicada por importe de 4.054,71 y de 1.700,40 euros sin que ésta conociera el origen de las deudas que se le reclamaron directamente a ella y que motivaron la interposición de una denuncia ante la Guardia Civil.
La magistrada apunta en sus fundamentos que el propio acusado admitió durante el juicio y la investigación previa que realizó los pedidos de vinos a las dos bodegas, que los recibió en las direcciones por él indicadas, que vendió parte de la mercancía sin abonar el importe de las facturas, si bien ve "inverosímil" su explicación sobre por qué se achacaron los pedidos a la perjudicada.
El acusado alegó que, debido a su situación insolvencia, realizó los pedidos a nombre de su supuesta pareja, cuyo nombre y primer apellido coincidía con el de la perjudicada, si bien no ofreció ni "un solo dato identificativo, ni de ubicación, ni siquiera de la existencia real de tal persona", toda vez que tampoco pudo explicar por qué utilizó el número del DNI de la denunciante para formalizar los pedidos de vino.
"La versión del acusado no solo se reputa no creíble, sino que ha sido desvirtuada mediante la contundente prueba de cargo analizada", sostiene la juez en relación a que el acusado poseía los datos identificativos de la denunciante por el contacto comercial mantenido meses antes con el marido de la misma.
Con ello, resume que el acusado "engañó a ambas bodegas vendedoras que, ante la apariencia de solvencia del comprador y en la creencia de que iban a ser abonados, procedieron a enviar los pedidos de vino a las direcciones que indicó el acusado, que fueron recibidos por éste, sin haber abonado el importe, como él mismo admite".
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y ante la que cabe recurso de apelación, condena al acusado por un delito continuado de estafa a dos años de prisión con agravante de reincidencia, al constarle condenas anteriores, y por un delito de uso continuado de documento de identidad falso a otro año de cárcel al que se une una multa de seis euros diarios durante seis meses.
Los hechos tuvieron lugar entre marzo y mayo de 2018 cuando el acusado, "con ánimo de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito", contactó con una bodega para comprar una serie de botellas de vino a nombre de la propietaria de un restaurante, para lo que empleó su DNI.
En el mismo periodo y bajo el mismo propósito, el acusado contactó con una segunda bodega para concertar la compra de más botellas de vino bajo el mismo procedimiento, de modo que en ambos casos articuló los pedidos para que llegaran a su domicilio.
Así, acumuló facturas a nombre de la perjudicada por importe de 4.054,71 y de 1.700,40 euros sin que ésta conociera el origen de las deudas que se le reclamaron directamente a ella y que motivaron la interposición de una denuncia ante la Guardia Civil.
La magistrada apunta en sus fundamentos que el propio acusado admitió durante el juicio y la investigación previa que realizó los pedidos de vinos a las dos bodegas, que los recibió en las direcciones por él indicadas, que vendió parte de la mercancía sin abonar el importe de las facturas, si bien ve "inverosímil" su explicación sobre por qué se achacaron los pedidos a la perjudicada.
El acusado alegó que, debido a su situación insolvencia, realizó los pedidos a nombre de su supuesta pareja, cuyo nombre y primer apellido coincidía con el de la perjudicada, si bien no ofreció ni "un solo dato identificativo, ni de ubicación, ni siquiera de la existencia real de tal persona", toda vez que tampoco pudo explicar por qué utilizó el número del DNI de la denunciante para formalizar los pedidos de vino.
"La versión del acusado no solo se reputa no creíble, sino que ha sido desvirtuada mediante la contundente prueba de cargo analizada", sostiene la juez en relación a que el acusado poseía los datos identificativos de la denunciante por el contacto comercial mantenido meses antes con el marido de la misma.
Con ello, resume que el acusado "engañó a ambas bodegas vendedoras que, ante la apariencia de solvencia del comprador y en la creencia de que iban a ser abonados, procedieron a enviar los pedidos de vino a las direcciones que indicó el acusado, que fueron recibidos por éste, sin haber abonado el importe, como él mismo admite".
