PSOE e IU votaron en contra mientras UPyD y Ciudadanos se abstuvieron
 |
| Imagen del Pleno |
ALMERÍA HOY / 16·02·2019
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido ha sacado adelante con los votos a favor del PP, la propuesta presentada por el Grupo Popular Municipal en el Pleno, que pretende acabar con los ‘okupas’ y combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas que afecta, de manera directa, a muchos vecinos del municipio. El resto de los grupos de la oposición, no solo han solicitado la retirada del punto durante la sesión, sino que se han mostrado en contra de esta iniciativa; así tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista han votado en contra; y Ciudadanos y UPyD se han abstenido.
El alcalde, Francisco Góngora, ha explicado que “es necesario aprobar una normativa mucho más estricta para garantizar el derecho de la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social que en muchos casos se está viendo perjudicada por esta circunstancia”. Al tiempo, ha añadido que “es urgente llevar a cabo cambios legislativos tanto en la ocupación ilegal como en materia de inmigración porque son temas que inquietan y afectan a gran parte de la ciudadanía en El Ejido”.
Y es que la propuesta define por primera vez de forma clara esta situación e impide a los ‘okupas’ que se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada. Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio para proceder al desalojo. La autoridad, por tanto, podrá desalojar las viviendas en un plazo de 24 horas. Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias.
En esta línea, el regidor ha subrayado que “el tema es especialmente sensible con aquellos ciudadanos que destinan gran parte de sus ingresos a pagar sus casas y después se encuentran con ‘okupas’ de vecinos que no respetan las normas básicas de convivencia”, un hecho que intenta erradicar esta iniciativa reconociendo que hay un acto contrario a derecho.
Y es que la nueva normativa facultaría también a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal.
Además, cabe reseñar que la propuesta no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como incluye los conocidos “precarios” y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial vulnerabilidad.
Durante el Pleno, Góngora también ha puesto de manifiesto que “está generando otro efecto negativo ya que hay edificios completos de viviendas que se quedan sin posibilidad de ser comercializados o vendidos a consecuencia de haber sido ocupados”.
Ante tales circunstancias y siendo conocedores de que los casos en el municipio de El Ejido de vecinos que sufren los problemas derivados de la ocupación cada vez son mayores y están en crecimiento, el equipo de gobierno se ha sumado a esta medida cuyo objetivo es “sacar adelante una ley antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades contrarias al derecho de la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas”.
Intervención de una vecina afectada durante el Pleno
Al término del Pleno, el alcalde, Francisco Góngora, ha dado voz a una vecina que había asistido como oyente a la sesión plenaria y que durante el debate de este punto ha solicitado intervenir para explicar su situación como afectada por la ocupación ilegal en el edificio en el que vive en El Ejido. El regidor le ha dado la palabra, tiempo que ha aprovechado para contar que vive “en una constante situación de miedo por culpa de los ‘okupas’ en una casa que me cuesta mucho esfuerzo pagar cada mes”, asegurando que ella misma ha visto cómo se ocupaba la vivienda de un vecino desde otra terraza. Para terminar, ha insistido en que “la situación es insostenible para el resto de vecinos por la inseguridad que genera este hecho”.
El alcalde, Francisco Góngora, ha explicado que “es necesario aprobar una normativa mucho más estricta para garantizar el derecho de la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social que en muchos casos se está viendo perjudicada por esta circunstancia”. Al tiempo, ha añadido que “es urgente llevar a cabo cambios legislativos tanto en la ocupación ilegal como en materia de inmigración porque son temas que inquietan y afectan a gran parte de la ciudadanía en El Ejido”.
Y es que la propuesta define por primera vez de forma clara esta situación e impide a los ‘okupas’ que se intenten amparar en resquicios legales o en derechos que asisten al ciudadano que actúa legalmente, para cometer ese atentado contra la propiedad privada. Para ello se permite que las autoridades públicas y sus agentes intervengan dentro del espacio para proceder al desalojo. La autoridad, por tanto, podrá desalojar las viviendas en un plazo de 24 horas. Asimismo, la nueva ley reforzará las penas asociadas a los delitos de usurpación, que pasarían de multa a privación de libertad de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las mafias.
En esta línea, el regidor ha subrayado que “el tema es especialmente sensible con aquellos ciudadanos que destinan gran parte de sus ingresos a pagar sus casas y después se encuentran con ‘okupas’ de vecinos que no respetan las normas básicas de convivencia”, un hecho que intenta erradicar esta iniciativa reconociendo que hay un acto contrario a derecho.
Y es que la nueva normativa facultaría también a las comunidades de propietarios, cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas o incívicas, para garantizar la correcta convivencia vecinal.
Además, cabe reseñar que la propuesta no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como incluye los conocidos “precarios” y deja claro que esta normativa nada tiene que ver con la que se ha aprobado en protección de las personas en situaciones de emergencia social o especial vulnerabilidad.
Durante el Pleno, Góngora también ha puesto de manifiesto que “está generando otro efecto negativo ya que hay edificios completos de viviendas que se quedan sin posibilidad de ser comercializados o vendidos a consecuencia de haber sido ocupados”.
Ante tales circunstancias y siendo conocedores de que los casos en el municipio de El Ejido de vecinos que sufren los problemas derivados de la ocupación cada vez son mayores y están en crecimiento, el equipo de gobierno se ha sumado a esta medida cuyo objetivo es “sacar adelante una ley antiokupa, pionera en España, por ser de interés general y necesaria para corregir un grave problema social y de convivencia generado a causa de estas actividades contrarias al derecho de la propiedad y a la seguridad de las personas y las cosas”.
Intervención de una vecina afectada durante el Pleno
Al término del Pleno, el alcalde, Francisco Góngora, ha dado voz a una vecina que había asistido como oyente a la sesión plenaria y que durante el debate de este punto ha solicitado intervenir para explicar su situación como afectada por la ocupación ilegal en el edificio en el que vive en El Ejido. El regidor le ha dado la palabra, tiempo que ha aprovechado para contar que vive “en una constante situación de miedo por culpa de los ‘okupas’ en una casa que me cuesta mucho esfuerzo pagar cada mes”, asegurando que ella misma ha visto cómo se ocupaba la vivienda de un vecino desde otra terraza. Para terminar, ha insistido en que “la situación es insostenible para el resto de vecinos por la inseguridad que genera este hecho”.
