El fedatario municipal negó su responsabilidad en un segundo procedimiento que se sigue contra el exalcalde Salvador Hernández por conculcar los derechos cívicos de la oposición
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| El exsecretario municipal de Carboneras, Francisco Javier Rodríguez (izda), junto al exalcalde inhabilitado Salvador Hernández (GICAR) |
ALMERÍA HOY / 17·08·2018
Durante la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, uno de los guardias que había tomado el Congreso de los Diputados, decía a un compañero golpista que tenía ganas de saber quién era Sagaseta, representante de los independentistas canarios muy conocido en aquellos días por ser, tal vez, el discurso más radical de izquierdas que se oía en la Cámara baja.
El otro picoleto señaló con el dedo al aludido, que ocupaba un escaño en la parte alta del hemiciclo, en la fila del Grupo mixto, y Blas Piñar, el ultraderechista vecino de asiento del extremista guanche, dicen que envuelto en sudores, se afanó en señalar al mentado al tiempo que negaba ser él aquél por quién preguntaban.
Muy parecida debió ser la escena que se vivió en la mañana del pasado 19 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, cuando el que fuera secretario municipal de Carboneras, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, hoy desempeñando sus funciones en Rioja –huyendo del caldero político carbonero-, señaló con su declaración al coordinador general, Joaquín González Belmonte, como el funcionario competente sobre “dar vista al acceso a consulta de los expedientes”.
Rodríguez lo hizo durante sus respuestas, en calidad de investigado, a las preguntas formuladas por el juez y su abogado en las diligencias previas que se siguen contra él y el exalcalde Salvador Hernández (GICAR) por un presunto delito contra los derechos cívicos después de que, según la denuncia presentada por el portavoz socialista en la Corporación, José Luis Amérigo, hubieran obstaculizado la labor de oposición del PSOE al retrasar o impedirle, supuestamente, el acceso a actas, acuerdos y expedientes municipales durante el mandato del que fuera regidor independiente.
Se trata de los mismos hechos por los que Hernández está cumpliendo una condena de un año de inhabilitación, sólo que, en esta ocasión, los hechos denunciados habrían sucedido, supuestamente, entre junio de 2014 y septiembre de 2017, tiempo en el que las actas y acuerdos de la Junta de Gobierno local -unas 160 reuniones- se habrían notificado a los socialistas con un “manifiesto retraso”, siendo “casi siempre superior a los diez días”.
Ha sido en el marco de este nuevo procedimiento cuando, a preguntas de su letrado, el exsecretario de Carboneras negó haber intervenido en ningún trámite “para dar vista al acceso a consulta de los expedientes” solicitados en su día por el portavoz del Grupo Socialista.
También negó su participación en “dar vista a otros expedientes”, así como aseguró que “nunca elaboró ningún informe jurídico” al respecto porque “nunca se lo pidieron”, y no dudó a la hora de afirmar que quien se ocupaba de los menesteres denunciados en el Ayuntamiento carbonero es “Joaquín González Belmonte, coordinador de servicios generales” del municipio.
Sin embargo, pese a negar su responsabilidad o colaboración en los procedimientos para facilitar la documentación requerida por la oposición, Rodríguez parecía conocerlo al dedillo, como lo demuestra el hecho de responder durante el interrogatorio “que hasta que no se recibía toda la documentación, no se podía poner [el expediente] a disposición de la alcaldía para el visto bueno, último trámite antes de la entrega” al edil solicitante.
Sí reconoció el entonces fedatario municipal de Carboneras que la entrega de las actas de las Juntas de Gobierno –una labor de su competencia- se solían retrasar porque esas sesiones se celebran “todas las semanas y normalmente se acumulaban varias y se entregaban todas de golpe”, siendo únicamente la última “la que estaba en plazo”. En términos similares respondió Francisco Javier Rodríguez al titular del Juzgado.
En ese sentido, el exsecretario carbonero contestó al juez que “de los hechos de la denuncia se encargaba un compañero suyo, que era el que contestaba a los escritos y grapaba un acta que no redactaba él”. Al mismo tiempo, en esa misma línea de eludir responsabilidades, Rodríguez declaró que “las contestaciones son competencia de alcaldía”, y que él se limitaba a mandar a todos los concejales “las actas de las Juntas de Gobierno una vez firmadas”, pero “que las demás peticiones de documentación no las llevaba”. Insistió el exsecretario en que, cuando le requerían algún expediente, él no podía dar la información “porque no era su competencia” y, entonces, derivaba al solicitante “al alcalde que es a quien tenían que pedírselo”.
Por otra parte, el fedatario público también manifestó comprender la existencia de retrasos en la entrega de expedientes. Así, respondió al juez que “no le consta que retrasasen la entrega de los expedientes y la documentación, que la negaran injustificadamente o dieran cualquier tipo de excusa” al respecto.
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez rehusó, en el uso de su derecho como investigado, responder tanto a las preguntas del abogado defensor del alcalde como a las formuladas por el letrado de la acusación.
“Podría haber un nuevo investigado”
Según un experto jurista consultado por esta redacción, la declaración del exsecretario municipal de Carboneras “podría acabar con la inclusión de un nuevo actor investigado. Al exonerar su responsabilidad, Rodríguez ha señalado al coordinador general del Ayuntamiento como principal autor de los supuestos hechos que se están juzgando. Es muy probable que acabe siendo llamado a declarar como nuevo investigado”.
Muy parecida debió ser la escena que se vivió en la mañana del pasado 19 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vera, cuando el que fuera secretario municipal de Carboneras, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, hoy desempeñando sus funciones en Rioja –huyendo del caldero político carbonero-, señaló con su declaración al coordinador general, Joaquín González Belmonte, como el funcionario competente sobre “dar vista al acceso a consulta de los expedientes”.
Rodríguez lo hizo durante sus respuestas, en calidad de investigado, a las preguntas formuladas por el juez y su abogado en las diligencias previas que se siguen contra él y el exalcalde Salvador Hernández (GICAR) por un presunto delito contra los derechos cívicos después de que, según la denuncia presentada por el portavoz socialista en la Corporación, José Luis Amérigo, hubieran obstaculizado la labor de oposición del PSOE al retrasar o impedirle, supuestamente, el acceso a actas, acuerdos y expedientes municipales durante el mandato del que fuera regidor independiente.
Se trata de los mismos hechos por los que Hernández está cumpliendo una condena de un año de inhabilitación, sólo que, en esta ocasión, los hechos denunciados habrían sucedido, supuestamente, entre junio de 2014 y septiembre de 2017, tiempo en el que las actas y acuerdos de la Junta de Gobierno local -unas 160 reuniones- se habrían notificado a los socialistas con un “manifiesto retraso”, siendo “casi siempre superior a los diez días”.
Ha sido en el marco de este nuevo procedimiento cuando, a preguntas de su letrado, el exsecretario de Carboneras negó haber intervenido en ningún trámite “para dar vista al acceso a consulta de los expedientes” solicitados en su día por el portavoz del Grupo Socialista.
También negó su participación en “dar vista a otros expedientes”, así como aseguró que “nunca elaboró ningún informe jurídico” al respecto porque “nunca se lo pidieron”, y no dudó a la hora de afirmar que quien se ocupaba de los menesteres denunciados en el Ayuntamiento carbonero es “Joaquín González Belmonte, coordinador de servicios generales” del municipio.
Sin embargo, pese a negar su responsabilidad o colaboración en los procedimientos para facilitar la documentación requerida por la oposición, Rodríguez parecía conocerlo al dedillo, como lo demuestra el hecho de responder durante el interrogatorio “que hasta que no se recibía toda la documentación, no se podía poner [el expediente] a disposición de la alcaldía para el visto bueno, último trámite antes de la entrega” al edil solicitante.
Sí reconoció el entonces fedatario municipal de Carboneras que la entrega de las actas de las Juntas de Gobierno –una labor de su competencia- se solían retrasar porque esas sesiones se celebran “todas las semanas y normalmente se acumulaban varias y se entregaban todas de golpe”, siendo únicamente la última “la que estaba en plazo”. En términos similares respondió Francisco Javier Rodríguez al titular del Juzgado.
En ese sentido, el exsecretario carbonero contestó al juez que “de los hechos de la denuncia se encargaba un compañero suyo, que era el que contestaba a los escritos y grapaba un acta que no redactaba él”. Al mismo tiempo, en esa misma línea de eludir responsabilidades, Rodríguez declaró que “las contestaciones son competencia de alcaldía”, y que él se limitaba a mandar a todos los concejales “las actas de las Juntas de Gobierno una vez firmadas”, pero “que las demás peticiones de documentación no las llevaba”. Insistió el exsecretario en que, cuando le requerían algún expediente, él no podía dar la información “porque no era su competencia” y, entonces, derivaba al solicitante “al alcalde que es a quien tenían que pedírselo”.
Por otra parte, el fedatario público también manifestó comprender la existencia de retrasos en la entrega de expedientes. Así, respondió al juez que “no le consta que retrasasen la entrega de los expedientes y la documentación, que la negaran injustificadamente o dieran cualquier tipo de excusa” al respecto.
Francisco Javier Rodríguez Rodríguez rehusó, en el uso de su derecho como investigado, responder tanto a las preguntas del abogado defensor del alcalde como a las formuladas por el letrado de la acusación.
“Podría haber un nuevo investigado”
Según un experto jurista consultado por esta redacción, la declaración del exsecretario municipal de Carboneras “podría acabar con la inclusión de un nuevo actor investigado. Al exonerar su responsabilidad, Rodríguez ha señalado al coordinador general del Ayuntamiento como principal autor de los supuestos hechos que se están juzgando. Es muy probable que acabe siendo llamado a declarar como nuevo investigado”.
