La futura ley otorgará el reconocimiento «de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones» a los inspectores agroalimentarios y creará un registro de explotaciones agrícolas para luchar contra el fraude
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| Archivo. | EP. |
ALMERÍA HOY / 11·10·2016
La Junta de Andalucía prevé sancionar con hasta 800.000 euros a mayoristas y cadenas de distribución que compren productos hortofrutícolas «por debajo del coste de producción», tal y como recoge el anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la comunidad.
Según detalla la administración autonómica en un comunicado, esta ley incrementará «las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria», y fija como «infracción muy grave» la compra de productos perecederos «por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador –mayorista o cadena de distribución– abusando de su posición dominante», estableciendo «multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras».
Por otro lado, apunta el Gobierno andaluz, se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador.
Como infracciones «muy graves» se tipifican también las «amenazas y agresiones» a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que pasarán a tener consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Además, el anteproyecto de ley abre la posibilidad de que, «en casos de riesgo o daño para los intereses económicos del sector agroalimentario» y de infracciones graves o muy graves, se publique un listado de sanciones y de infractores y marcas comerciales.
Obligación de denunciar a los agricultores
En el capítulo de seguridad y calidad agroalimentaria, los operadores estarán legalmente obligados a comunicar todos aquellos fraudes, falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.
Regalar lo que no se venda
En relación con la «función social de la cadena alimentaria», la futura ley obligará a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en «procesos de economía circular». Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.
Un registro de explotaciones agrarias
Otra de las novedades recogidas en el texto es la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que contribuirá luchar contra el fraude, así como a mejorar la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal.
Este documento establecerá además deberes como los de no infrautilizar el suelo agrario, gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo las buenas prácticas en todas las explotaciones, no sólo en las receptoras de ayudas de la Unión Europea.
Intervención en los Consejos Reguladores
Finalmente, el texto modificará la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para que la Junta pueda intervenir en los Consejos Reguladores «en casos graves o reiterados de incumplimiento de sus funciones», y la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, con el objetivo de incluir a la distribución comercial en estas entidades.
Según detalla la administración autonómica en un comunicado, esta ley incrementará «las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria», y fija como «infracción muy grave» la compra de productos perecederos «por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador –mayorista o cadena de distribución– abusando de su posición dominante», estableciendo «multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras».
Por otro lado, apunta el Gobierno andaluz, se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador.
Como infracciones «muy graves» se tipifican también las «amenazas y agresiones» a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que pasarán a tener consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Además, el anteproyecto de ley abre la posibilidad de que, «en casos de riesgo o daño para los intereses económicos del sector agroalimentario» y de infracciones graves o muy graves, se publique un listado de sanciones y de infractores y marcas comerciales.
Obligación de denunciar a los agricultores
En el capítulo de seguridad y calidad agroalimentaria, los operadores estarán legalmente obligados a comunicar todos aquellos fraudes, falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.
Regalar lo que no se venda
En relación con la «función social de la cadena alimentaria», la futura ley obligará a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en «procesos de economía circular». Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.
Un registro de explotaciones agrarias
Otra de las novedades recogidas en el texto es la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que contribuirá luchar contra el fraude, así como a mejorar la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal.
Este documento establecerá además deberes como los de no infrautilizar el suelo agrario, gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo las buenas prácticas en todas las explotaciones, no sólo en las receptoras de ayudas de la Unión Europea.
Intervención en los Consejos Reguladores
Finalmente, el texto modificará la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía, para que la Junta pueda intervenir en los Consejos Reguladores «en casos graves o reiterados de incumplimiento de sus funciones», y la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, con el objetivo de incluir a la distribución comercial en estas entidades.
