LAURA RODRÍGUEZ-CARRETERO
29·02·2016
Hace unos días hemos conocido que Almería goza del honor de ser la octava ciudad española con el IBI más caro de España, y ello a pesar de que el Gobierno municipal ha bajado en varias ocasiones los coeficientes para calcularlo. Claro que, por mucho que bajes un coeficiente, si has subido previamente el valor catastral casi un 250%, con la bajada lo único que el almeriense ve es lo mucho que paga en comparación con lo que pagaba.En cualquier caso, quizá sea conveniente recordar que el valor catastral lo fija Hacienda, pero que lo hace con el asesoramiento municipal, es decir, que los almerienses tengamos unos valores tan altos es responsabilidad del Ministerio, pero también del Ayuntamiento y de la Junta.
Todos ellos contribuyeron en 2007 a establecer un valor de la vivienda en Almería que, a todas luces, no solo era irreal, también era inmensamente injusto si tenemos en cuenta que es de los más altos de España. Hago esta apreciación porque se está convirtiendo en común el hecho de que «en lugar de buscar una solución, buscamos un culpable», y en este caso, debe quedar claro, Gobierno central, autonómico y local son responsables de la subida del valor catastral.
Y dado que somos la octava ciudad con el IBI más caro de España, como consecuencia de tener el cuarto valor catastral más caro, espero que nadie se moleste si digo que el Gobierno municipal debería de ser más humilde y no ponerse medallas por sus ‘bajadas de coeficientes’, en tanto han contribuido a que el valor catastral del metro cuadrado de una vivienda en Oliveros, en Almería capital, sea casi tres veces mayor que el metro cuadrado de una vivienda en la calle Príncipe de Vergara de Madrid —lugar en el que tiene su residencia el extesorero Luis Bárcenas—, mientras ciudades con una mayor renta, como Valencia o Bilbao, disfrutan de una presión fiscal municipal más baja.
Cualquiera se preguntaría cómo hemos llegado a esta situación, y quizá sea justo reconocer que algunos nos dimos cuenta, por lo que en 2014 presenté —bueno, lo hizo mi compañero José Luis Raya, en nombre de UPyD— una moción para que el alcalde solicitara la revisión de los valores catastrales. En aquella ocasión, ni el Gobierno ni la oposición —PSOE e IU— pensaron que fuera importante este asunto, y ni tan siquiera fue discutido. Hace unos días, en 2016, el PSOE y C's proponían lo mismo, y el Ayuntamiento, al quite, ha aprobado la moción, pero indicando que «lo estamos estudiando», lo que quiere decir que la moción pasará al grupo de mociones aprobadas, y que se aplicaran tarde, mal o nunca. Eso sí, el Ayuntamiento apunta que ha solicitado una reducción del valor catastral lineal, es decir, «adherirse a un decreto dictado por el Gobierno en los presupuestos que permite reducir a todos los inmuebles, por igual, su valor».
La adhesión al decreto que reduce los valores catastrales y, por tanto, nuestra factura de IBI, se solicita por parte de los ayuntamientos y lo concede el Gobierno central si se cumple una serie de características, entre la que destaca el hecho de que el precio de la vivienda haya bajado sensiblemente. Digo esto después de comprobar que son pocos los ayuntamientos a los que se les ha concedido —tampoco sabemos si han sido muchos los que lo han solicitado—, y que este mismo Ayuntamiento podía haber pedido la bajada tres veces, y no lo ha hecho hasta que la oposición ha solicitado la revisión de valores.
En resumen: en 2008 subimos, de media, el valor catastral un 235%, en 2013 lo bajamos un 27%; en 2014 se pide la revisión catastral, pero nadie lo considera importante; en 2016 se solicita de nuevo y el Gobierno del PP dice que va a solicitar adherirse al decreto de reducción lineal del valor catastral. Somos la cuarta ciudad con el valor catastral más alto y la octava con el IBI más caro; y ello sin contar los planes del Gobierno para modificar de forma lineal el IBI de las fincas rústicas, cuestión que tiene levantados a los agricultores de media España, pero que apenas ha tenido eco en Almería.
En cualquier caso, no desesperemos; la oposición ha hecho lo que debe, es decir, presentar una moción, el ayuntamiento ha hecho lo suyo, decir que llegan tarde y que ya hace algo —no lo que pide la oposición por bueno que sea, hace otra cosa—; y los ciudadanos seguimos pagando uno de los IBI más altos de toda España. Seguramente esto pasa porque en Almería no se ha creado la Plataforma por un IBI y Valor Catastral Justo, tal y como se hizo en Vélez-Málaga, no hemos tenido actos ni reivindicaciones publicas como los organizados por la AAVV de Sant Feliu de Llobregat, ni hemos llevado la valoración catastral ante los tribunales, tal y como hizo la Unión de Consumidores de Extremadura o José Luis Ballester, vecino de Chiclana, quienes plantearon contenciosos sobre los valores catastrales aplicados en sus municipios y consiguieron sentencias favorables.
Aquí, en Almería, los ciudadanos, recostados en el sofá, nos ‘cabreamos’ con lo que hace el Gobierno o lo que dice la oposición, nos alteramos en la barra del bar lo más grande, pero, al fin y a la postre, de ahí no pasamos y pagamos.
