La juez decreta la apertura diligencias previas y solicita un informe a la UDEF para esclarecer, entre otras cuestiones, si el SAT ha desviado fondos de subvenciones e indemnizaciones, o si pagó a sus empleados en 'negro'
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| Sánchez Godillo (izquierda) y Diego Cañamero (derecha) durante una protesta |
EUROPA PRESS / 03·12·2014
El Juzgado de Instrucción número 3 de Almería ha incoado diligencias previas para investigar presuntas irregularidades denunciadas por un grupo de 17 exmilitantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, entre ellos el exportavoz territorial Mariano Junco, que señalan un presunto «desvío de dinero de indemnizaciones del Fogasa a trabajadores», y de «ayudas recibidas para cursos de formación».
La citada denuncia, interpuesta el 1 de octubre ante el Decanato de los juzgados de Almería y cuyo contenido hicieron público sus promotores en una rueda de prensa, está dirigida contra dos responsables de la cúpula en Almería y contra su portavoz nacional, Diego Cañamero, quien, según los demandantes, «no solo era conocedor de lo ocurrido, sino que lo habría permitido por no depurar las responsabilidades y no haber actuado en consecuencia para limpiar el sindicato».
El exportavoz territorial, Mariano Junco, ha explicado que la jueza ha pedido a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional que elabore un informe para dirimir si se dieron las irregularidades denunciadas y si existe ilícito penal en la gestión de los querellados.
La resolución abre investigación sobre tres hechos fundamentales en los que se resume la denuncia y que pasan por «irregularidades económico-financieras cómo el desvío del dinero de indemnizaciones del Fogasa a trabajadores para otros menesteres»; «irregularidades en relación a las subvenciones recibidas para cursos de formación» e «ilegalidades en materia sociolaboral», ya que, según señalan, hay «trabajadores sin contrato que perciben salarios del sindicato, pero que a la vez están percibiendo prestaciones que son incompatibles».
Sobre el primer punto, relata que la asesora laboral del SAT en Almería, ante un déficit que cifran en «7.000 euros», habría admitido ante los denunciados «que le habían cargado una serie de gastos nuevos a la cuenta de la asesoría y, que cómo no había suficiente dinero para cubrir esos gastos, lo cogieron del apartado especial de las Indemnizaciones de los Trabajadores provenientes de salarios impagados que abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)» y recoge los datos de filiación de los supuestos afectados por esta decisión.
Con respecto a los cursos de formación, hace referencia la denuncia a dos subvenciones aprobadas al SOC-SAT de 4.300 euros y de 5.600 por los cursos 'Formación Laboral Trabajadores Inmigrantes' y 'Formación en materia de inmigración asesores sindicales', y de los que, según aseguran, «no hay constancia de que se hayan realizado».
Por último, detalla cuestiones relacionadas con presuntos «fraudes a la Seguridad Social» y contra los derechos de los trabajadores. «Algunas estaban en el sindicato sin dar de alta en la seguridad social y otras cobrando en 'negro' y a la vez cobrando prestaciones incompatibles de otro tipo. De hecho tenemos constancia, en este sentido, de la intervención de la Inspección de Trabajo de Almería», aseguran los denunciantes.
Los exmilitantes del SAT, que fueron expedientados en mayo de 2014, afirman que «todas las irregularidades» fueron trasmitidas «con pelos y señales, desde julio del 2013 hasta marzo del 2014» a la dirección del sindicato en Sevilla y a la Permanente Nacional.
«Campaña orquestada de desprestigio»
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha asegurado este miércoles que sus cuentas «son claras, sin nada que ocultar», y ha defendido su «transparencia, absoluta», manifestando su «alegría» por la apertura de la investigación.
«Cuando las multas y la represión no han podido con la lucha de este sindicato, aparece esta campaña orquestada de desprestigio que no va a abrirse paso ni nos va a afectar. Al contrario, estas personas se desacreditan ellas solas al atacar al sindicalismo andaluz de clase, el más represaliado de toda Europa», ha indicado el SAT en un comunicado.
El sindicato ha explicado, con respecto al supuesto desvío de indemnizaciones del Fogasa a trabajadores, que tiene pendiente el pago a «a tres trabajadores, por un importe que asciende a 8.607,88 euros», y que el impago se debe a «la no localización de las personas beneficiarias, en este caso inmigrantes, sin domicilio y con un teléfono móvil como contacto a los que seguimos buscando». En esta línea, ha asegurado que los fondos del Fogasa «nunca se han dedicado a ninguna otra actividad dentro del SAT».
Por otro lado, ha hecho referencia al supuesto «desvío» de subvenciones para cursos de formación, y lo ha calificado como un «intento de dañar la honestidad del SAT» y de «lanzar la idea de que todos son iguales», en una época marcada por «los escándalos y procesos judiciales abiertos en la gestión de los cursos de la Consejería de Empleo por parte de otras entidades sindicales».
El SAT apunta a que «no se trata de cursos», sino de «subvención pública para dos proyectos de la Consejería de Justicia orientados a la puesta en marcha de jornadas para asesores sindicales de toda Andalucía y para inmigrantes, sobre legislación laboral, asesoramiento sindical y ley de extranjería». «Estos dos proyectos se han ejecutado conforme a lo previsto, y su justificación económica ha sido presentada ante la Consejería de Justicia e Interior en Almería, habiéndose cerrado debidamente el procedimiento administrativo», ha puntualizado.
En esta línea, ha rechazado supuestos «pagos en 'negro'», justificando que se trata de un concepto que usan los denunciantes para referirse al «pago de pequeños importes que puntualmente se le ha realizado a militantes del sindicato». «El concepto de ese pago ha sido el ayudarles a sufragar los gastos de dietas, desplazamientos, que les ocasionaba la acción sindical que realizaban voluntariamente», ha asegurado.
Por último, el SAT ha achacado la denuncia a «la existencia de un conflicto interno que se desarrolló en la Unión Territorial de Almería, donde hubo un cruce de acusaciones entre diferentes afiliados del SAT», y que requirió la creación de un gestora.
La citada denuncia, interpuesta el 1 de octubre ante el Decanato de los juzgados de Almería y cuyo contenido hicieron público sus promotores en una rueda de prensa, está dirigida contra dos responsables de la cúpula en Almería y contra su portavoz nacional, Diego Cañamero, quien, según los demandantes, «no solo era conocedor de lo ocurrido, sino que lo habría permitido por no depurar las responsabilidades y no haber actuado en consecuencia para limpiar el sindicato».
El exportavoz territorial, Mariano Junco, ha explicado que la jueza ha pedido a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional que elabore un informe para dirimir si se dieron las irregularidades denunciadas y si existe ilícito penal en la gestión de los querellados.
La resolución abre investigación sobre tres hechos fundamentales en los que se resume la denuncia y que pasan por «irregularidades económico-financieras cómo el desvío del dinero de indemnizaciones del Fogasa a trabajadores para otros menesteres»; «irregularidades en relación a las subvenciones recibidas para cursos de formación» e «ilegalidades en materia sociolaboral», ya que, según señalan, hay «trabajadores sin contrato que perciben salarios del sindicato, pero que a la vez están percibiendo prestaciones que son incompatibles».
Sobre el primer punto, relata que la asesora laboral del SAT en Almería, ante un déficit que cifran en «7.000 euros», habría admitido ante los denunciados «que le habían cargado una serie de gastos nuevos a la cuenta de la asesoría y, que cómo no había suficiente dinero para cubrir esos gastos, lo cogieron del apartado especial de las Indemnizaciones de los Trabajadores provenientes de salarios impagados que abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)» y recoge los datos de filiación de los supuestos afectados por esta decisión.
Con respecto a los cursos de formación, hace referencia la denuncia a dos subvenciones aprobadas al SOC-SAT de 4.300 euros y de 5.600 por los cursos 'Formación Laboral Trabajadores Inmigrantes' y 'Formación en materia de inmigración asesores sindicales', y de los que, según aseguran, «no hay constancia de que se hayan realizado».
Por último, detalla cuestiones relacionadas con presuntos «fraudes a la Seguridad Social» y contra los derechos de los trabajadores. «Algunas estaban en el sindicato sin dar de alta en la seguridad social y otras cobrando en 'negro' y a la vez cobrando prestaciones incompatibles de otro tipo. De hecho tenemos constancia, en este sentido, de la intervención de la Inspección de Trabajo de Almería», aseguran los denunciantes.
Los exmilitantes del SAT, que fueron expedientados en mayo de 2014, afirman que «todas las irregularidades» fueron trasmitidas «con pelos y señales, desde julio del 2013 hasta marzo del 2014» a la dirección del sindicato en Sevilla y a la Permanente Nacional.
«Campaña orquestada de desprestigio»
El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ha asegurado este miércoles que sus cuentas «son claras, sin nada que ocultar», y ha defendido su «transparencia, absoluta», manifestando su «alegría» por la apertura de la investigación.
«Cuando las multas y la represión no han podido con la lucha de este sindicato, aparece esta campaña orquestada de desprestigio que no va a abrirse paso ni nos va a afectar. Al contrario, estas personas se desacreditan ellas solas al atacar al sindicalismo andaluz de clase, el más represaliado de toda Europa», ha indicado el SAT en un comunicado.
El sindicato ha explicado, con respecto al supuesto desvío de indemnizaciones del Fogasa a trabajadores, que tiene pendiente el pago a «a tres trabajadores, por un importe que asciende a 8.607,88 euros», y que el impago se debe a «la no localización de las personas beneficiarias, en este caso inmigrantes, sin domicilio y con un teléfono móvil como contacto a los que seguimos buscando». En esta línea, ha asegurado que los fondos del Fogasa «nunca se han dedicado a ninguna otra actividad dentro del SAT».
Por otro lado, ha hecho referencia al supuesto «desvío» de subvenciones para cursos de formación, y lo ha calificado como un «intento de dañar la honestidad del SAT» y de «lanzar la idea de que todos son iguales», en una época marcada por «los escándalos y procesos judiciales abiertos en la gestión de los cursos de la Consejería de Empleo por parte de otras entidades sindicales».
El SAT apunta a que «no se trata de cursos», sino de «subvención pública para dos proyectos de la Consejería de Justicia orientados a la puesta en marcha de jornadas para asesores sindicales de toda Andalucía y para inmigrantes, sobre legislación laboral, asesoramiento sindical y ley de extranjería». «Estos dos proyectos se han ejecutado conforme a lo previsto, y su justificación económica ha sido presentada ante la Consejería de Justicia e Interior en Almería, habiéndose cerrado debidamente el procedimiento administrativo», ha puntualizado.
En esta línea, ha rechazado supuestos «pagos en 'negro'», justificando que se trata de un concepto que usan los denunciantes para referirse al «pago de pequeños importes que puntualmente se le ha realizado a militantes del sindicato». «El concepto de ese pago ha sido el ayudarles a sufragar los gastos de dietas, desplazamientos, que les ocasionaba la acción sindical que realizaban voluntariamente», ha asegurado.
Por último, el SAT ha achacado la denuncia a «la existencia de un conflicto interno que se desarrolló en la Unión Territorial de Almería, donde hubo un cruce de acusaciones entre diferentes afiliados del SAT», y que requirió la creación de un gestora.
