Las condiciones serán abordadas durante la visita que Pedro Sánchez cursará al presidente norteamericano el próximo viernes
ALMERÍA HOY / 10·05·2023
Según informa el diario 'El País', el Gobierno de Estados Unidos ha comunicado a España que está dispuesto a participar en la limpieza de las parcelas que todavía están contaminadas por el accidente nuclear de Palomares, hace 57 años, en la costa almeriense. En alrededor de 40 hectáreas hay presencia de plutonio desde que en enero de 1966 colisionaron en vuelo dos aviones del Ejército estadounidense. EE UU y España han reactivado en los últimos meses las negociaciones para descontaminar la zona, que estaban suspendidas desde hace años. En 2015, se llegó a un acuerdo político (sin vinculación jurídica) por el que España se encargaría de la limpieza y EE UU se quedaría con las tierras radiactivas. Pero aquel memorándum nunca se desarrolló y los diferentes cambios de gobierno en España y EE UU dejaron este asunto en un limbo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retomado el tema y a principios de este año trasladó formalmente a Estados Unidos la petición de afrontar el problema sobre la base del acuerdo nunca ejecutado de 2015, según adelantó EL PAÍS en marzo pasado. Washington, según fuentes gubernamentales, ya ha respondido a la petición y lo ha hecho positivamente, mostrándose dispuesto a llevarse las tierras contaminadas una vez que se llegue a un acuerdo en torno a qué responsabilidad asumiría cada parte y cómo se repartiría el coste de la operación, que asciende a cientos de millones.
Las fuentes consultadas no han ofrecido detalles sobre las condiciones puestas por Estados Unidos para proceder a la limpieza total de la zona, pero han reconocido que este expediente forma parte de la agenda que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abordará este miércoles en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken, y del encuentro que mantendrá el próximo viernes el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. “En los últimos meses se ha reactivado este expediente y se han producido avances. Como sucede con otros asuntos, la visita del presidente del Gobierno a la Casa Blanca supondrá un empujón importante”, añadieron las mismas fuentes, que no descartaron que este mismo viernes pueda anunciarse un acuerdo.
El pasado lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya firmó con la embajadora de Estados Unidos en Madrid, Julissa Reynoso, el acuerdo para aumentar de cuatro a seis el número de buques lanzamisiles que la Marina de EE UU desplegará en la base naval de Rota (Cádiz), cerrando así otro de los flecos pendientes en las relaciones bilaterales.
Es ahora o nunca. Así resumen la situación fuentes conocedoras de las negociaciones entre España y Estados Unidos para intentar cerrar un radiactivo capítulo de la Guerra Fría que permanece abierto desde hace 57 años: la contaminación en las pedanías almerienses de Palomares y Villaricos provocada por el choque entre un B-52 y un avión cisterna KC-135 del Ejército de EE UU durante una operación de repostaje en vuelo en 1966. El B-52 iba cargado con cuatro bombas termonucleares que cayeron a tierra. No explotaron, pero dos se rompieron y dispersaron la carga de plutonio. Hubo una primera limpieza en plena dictadura y Washington pagó algunas indemnizaciones a los vecinos afectados. Pero en 2007 un estudio del Ciemat —el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia— confirmó que el Ejército estadounidense se había dejado atrás un rastro de contaminación: restos de plutonio repartidos por unas 40 hectáreas.
Esas parcelas, con unos 50.000 metros cúbicos de arena contaminada, fueron valladas. Y en 2010 se elaboró un primer proyecto de limpieza, pero en el que la principal duda era qué hacer con los residuos radiactivos resultantes del proyecto de descontaminación, para los que España no dispone de ningún almacenamiento adecuado. El plan pasaba por compactar y filtrar la tierra afectada para dejarla en unos 6.000 metros cúbicos, y el acuerdo de 2015 incluía que esos residuos fueran llevados hasta las instalaciones que tiene Estados Unidos en el desierto de Nevada.
Aquel memorándum fue firmado por una Administración demócrata, la que lideraba Barack Obama, y por el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy. Pero la sucesión de elecciones en España y la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca dejaron en nada aquel preacuerdo. El verano pasado, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, visitó Cuevas de Almanzora y afirmó que el Ejecutivo estaba “trabajando en el ámbito económico y diplomático para darle una solución” al problema de Palomares, aunque no concretó nada.
Las fuentes consultadas confirman que este tema está en la agenda del encuentro de Biden y Sánchez este viernes y se muestran optimistas sobre una posible solución a este problema entre dos Administraciones que tienen ahora muy buena sintonía en sus relaciones. Pero el reloj corre y en ambos países hay elecciones presidenciales a la vista, lo que de nuevo podría paralizar la negociación. Además, la clave son los detalles sobre qué gastos asume cada país. Los costes económicos de toda la operación están en gran medida tras la falta de solución, aunque también la reticencia de EE UU a hacerse cargo de este tipo de residuos para no sentar precedentes para otras reclamaciones.
En estos momentos, el Gobierno central está en pleno proceso de expropiación de 44 parcelas —que suman 34,2 hectáreas— afectadas en las que se detectó la contaminación hace más de tres lustros. Las actividades están restringidas en esos terrenos, que son los que se deberían limpiar para llevar luego los residuos radiactivos a EE UU. Hasta ahora, se pagaba un alquiler a los propietarios, varios de ellos promotoras inmobiliarias. Pero en 2021 se decidió abrir un proceso de expropiación que sigue sin concluirse. El Ciemat explica que se ha dado el paso de expropiar tras un informe de la Abogacía del Estado en el que se desaconseja seguir prorrogando la ocupación de los terrenos a través de la fórmula de los alquileres.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retomado el tema y a principios de este año trasladó formalmente a Estados Unidos la petición de afrontar el problema sobre la base del acuerdo nunca ejecutado de 2015, según adelantó EL PAÍS en marzo pasado. Washington, según fuentes gubernamentales, ya ha respondido a la petición y lo ha hecho positivamente, mostrándose dispuesto a llevarse las tierras contaminadas una vez que se llegue a un acuerdo en torno a qué responsabilidad asumiría cada parte y cómo se repartiría el coste de la operación, que asciende a cientos de millones.
Las fuentes consultadas no han ofrecido detalles sobre las condiciones puestas por Estados Unidos para proceder a la limpieza total de la zona, pero han reconocido que este expediente forma parte de la agenda que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, abordará este miércoles en Washington con el secretario de Estado, Antony Blinken, y del encuentro que mantendrá el próximo viernes el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. “En los últimos meses se ha reactivado este expediente y se han producido avances. Como sucede con otros asuntos, la visita del presidente del Gobierno a la Casa Blanca supondrá un empujón importante”, añadieron las mismas fuentes, que no descartaron que este mismo viernes pueda anunciarse un acuerdo.
El pasado lunes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya firmó con la embajadora de Estados Unidos en Madrid, Julissa Reynoso, el acuerdo para aumentar de cuatro a seis el número de buques lanzamisiles que la Marina de EE UU desplegará en la base naval de Rota (Cádiz), cerrando así otro de los flecos pendientes en las relaciones bilaterales.
Es ahora o nunca. Así resumen la situación fuentes conocedoras de las negociaciones entre España y Estados Unidos para intentar cerrar un radiactivo capítulo de la Guerra Fría que permanece abierto desde hace 57 años: la contaminación en las pedanías almerienses de Palomares y Villaricos provocada por el choque entre un B-52 y un avión cisterna KC-135 del Ejército de EE UU durante una operación de repostaje en vuelo en 1966. El B-52 iba cargado con cuatro bombas termonucleares que cayeron a tierra. No explotaron, pero dos se rompieron y dispersaron la carga de plutonio. Hubo una primera limpieza en plena dictadura y Washington pagó algunas indemnizaciones a los vecinos afectados. Pero en 2007 un estudio del Ciemat —el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, dependiente del Ministerio de Ciencia— confirmó que el Ejército estadounidense se había dejado atrás un rastro de contaminación: restos de plutonio repartidos por unas 40 hectáreas.
Esas parcelas, con unos 50.000 metros cúbicos de arena contaminada, fueron valladas. Y en 2010 se elaboró un primer proyecto de limpieza, pero en el que la principal duda era qué hacer con los residuos radiactivos resultantes del proyecto de descontaminación, para los que España no dispone de ningún almacenamiento adecuado. El plan pasaba por compactar y filtrar la tierra afectada para dejarla en unos 6.000 metros cúbicos, y el acuerdo de 2015 incluía que esos residuos fueran llevados hasta las instalaciones que tiene Estados Unidos en el desierto de Nevada.
Aquel memorándum fue firmado por una Administración demócrata, la que lideraba Barack Obama, y por el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy. Pero la sucesión de elecciones en España y la llegada del republicano Donald Trump a la Casa Blanca dejaron en nada aquel preacuerdo. El verano pasado, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, visitó Cuevas de Almanzora y afirmó que el Ejecutivo estaba “trabajando en el ámbito económico y diplomático para darle una solución” al problema de Palomares, aunque no concretó nada.
Las fuentes consultadas confirman que este tema está en la agenda del encuentro de Biden y Sánchez este viernes y se muestran optimistas sobre una posible solución a este problema entre dos Administraciones que tienen ahora muy buena sintonía en sus relaciones. Pero el reloj corre y en ambos países hay elecciones presidenciales a la vista, lo que de nuevo podría paralizar la negociación. Además, la clave son los detalles sobre qué gastos asume cada país. Los costes económicos de toda la operación están en gran medida tras la falta de solución, aunque también la reticencia de EE UU a hacerse cargo de este tipo de residuos para no sentar precedentes para otras reclamaciones.
En estos momentos, el Gobierno central está en pleno proceso de expropiación de 44 parcelas —que suman 34,2 hectáreas— afectadas en las que se detectó la contaminación hace más de tres lustros. Las actividades están restringidas en esos terrenos, que son los que se deberían limpiar para llevar luego los residuos radiactivos a EE UU. Hasta ahora, se pagaba un alquiler a los propietarios, varios de ellos promotoras inmobiliarias. Pero en 2021 se decidió abrir un proceso de expropiación que sigue sin concluirse. El Ciemat explica que se ha dado el paso de expropiar tras un informe de la Abogacía del Estado en el que se desaconseja seguir prorrogando la ocupación de los terrenos a través de la fórmula de los alquileres.
