Una caprichosa decisión urbanística tomada en 1986 obliga al Ayuntamiento a indemnizar al afectado con 1,2 millones. El Consistorio no sabe cómo pagar. Carece de fondos y la Ley le impide acceder a préstamos
ALMERÍA HOY / 18·04·2023
Se dice que la felicidad dura poco en la casa del pobre; que le pregunten al Ayuntamiento de Turre. Llevaba años sumido en la más absoluta indigencia.
Llegó a deber cerca de 11,5 millones al final del primer trimestre de 2015. De esa cantidad, 8,8 correspondían a bancos, 1,2 a Seguridad Social y Hacienda y otro tanto a Galasa. Con los proveedores solía estar al día. En esa misma fecha, las obligaciones con ellos apenas rondaban los 100.000 euros.
Un severo plan de ajuste emprendido durante los mandatos de la coalición PSOE-Turre para la Gente dejó a cero las cuentas con los dos ministerios y Galasa, al tiempo que se mantenía al corriente a los suministradores. El Periodo Medio de Pago llegó a estar por debajo de los treinta días. La deuda con las entidades financieras continuaba en los mismos 8,8 millones, pero en total, se había rebajado el endeudamiento en 2,4, prácticamente un presupuesto anual entero, que ronda los 3 millones.
Sin embargo, la alcaldesa María Isabel López daba cuenta al Pleno, el pasado 17 de noviembre, de un contundente revés: El Ayuntamiento deberá pagar 1,2 millones a los herederos de la familia Rubio.
El origen del millonario resarcimiento se remonta a 1986. Ese año, la Corporación presidida por Francisco Sánchez (PSOE) elaboró unas nuevas Normas Subsidiarias (NNSS) y decidió concentrar todas las zonas verdes correspondientes al pueblo en una sola finca de 1,5 hectáreas, tras la hilera de casas que hay frente a Muebles Núñez, en la zona próxima al cementerio. Se trataba de una parcela hasta entonces urbana propiedad de los Rubio.
“CASTIGO”
Tanto Martín Morales (Turre para la Gente) como Arturo Grima (PP) coinciden en que la decisión se adoptó en su día para “castigar” a alguien que “no era de la cuerda” del entonces partido gobernante y “premiar” a los adeptos, a quienes libraba de cargas sus posesiones al concentrar todas las zonas verdes en una sola propiedad. Al mismo tiempo, “penalizaba” a los habitantes del resto del casco urbano “dejándoles sin parques y jardines” en sus vecindarios.
El regidor Paco Sánchez obró dentro de la ley, pero olvidó compensar a la familia Rubio. Al negarle cualquier tipo de aprovechamiento, ya fuera para la edificación, agrícola o para montar una industria, debió expropiar y pagar un justiprecio.
No lo hizo, y los herederos reclamaron en 2020 la indemnización que les correspondía por derecho. No hubo acuerdo. Presentaron una tasación por encima de los 2,5 millones mientras que Diputación valoró la parcela en 500.000 euros. La norma contempla para estos casos la intervención de la Comisión Provincial de Arbitraje y Valoración, un órgano administrativo cuyas resoluciones son vinculantes y, en casos como éste, firmes. La decisión final obliga al Ayuntamiento a pagar 1,2 millones, a los que hay que añadir 100 euros diarios desde junio de 2021 -fecha en que los afectados registraron la ‘hoja de apremio’- y hasta que se liquide el resarcimiento.
El problema se agrava por la imposibilidad material del Ayuntamiento para abonar dicha cantidad. Ofreció resolver la obligación por medio de unos terrenos urbanos en Sierra Cabrera, pero la familia no lo acepta. Quieren cobrar en un dinero que no existe en las cuentas municipales. El Gobierno local tampoco puede solicitar un préstamo, porque su deuda con los bancos se eleva a un 300% del presupuesto y la ley limita la capacidad de endeudamiento de una corporación en el 100%. Sólo podría acudir a una línea de crédito extraordinaria avalada por el Ministerio de Hacienda en el supuesto de que la deuda se debiera a una decisión judicial. Pero no es el caso, pues la decisión deriva de un órgano vinculante, pero administrativo.
“NO HACER NADA”
La oposición plantea otra posibilidad. Arturo Grima (PP) propone volver a calificar como urbana la parcela afectada, pero el Gobierno local descarta esa opción. Según los técnicos municipales, una modificación de tal calibre sólo podría realizarse en el ámbito de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, “porque implicaría trasladar las zonas verdes a otros puntos del pueblo que ahora mismo no lo son, y aprobar un PGOU supone un procedimiento que duraría más de cuatro años con total seguridad”, explica Martín Morales.
El concejal de Turre para la Gente indica otra opción: “No hacer nada y esperar que los herederos de la familia Rubio denuncien al Ayuntamiento por impago”. Entonces, el juzgado condenaría al Consistorio y éste podría solicitar un préstamo. Pero la Justicia en España no cabalga a lomos de un Fórmula 1 y el taxímetro ya está funcionando. A saber en cuánto acabará finalmente la indemnización, que sube en 3.000 euros cada mes que pasa.
Para resumir la situación, el Ayuntamiento de Turre ha recibido un directo a la mandíbula de 1,2 millones de euros. Está grogui. Siente el dolor sordo del golpe, pero no sabe qué hacer. Mientras tanto, el Gobierno local espera que suene la campana y la intervención del árbitro. En este caso, de un juez.
Llegó a deber cerca de 11,5 millones al final del primer trimestre de 2015. De esa cantidad, 8,8 correspondían a bancos, 1,2 a Seguridad Social y Hacienda y otro tanto a Galasa. Con los proveedores solía estar al día. En esa misma fecha, las obligaciones con ellos apenas rondaban los 100.000 euros.
Un severo plan de ajuste emprendido durante los mandatos de la coalición PSOE-Turre para la Gente dejó a cero las cuentas con los dos ministerios y Galasa, al tiempo que se mantenía al corriente a los suministradores. El Periodo Medio de Pago llegó a estar por debajo de los treinta días. La deuda con las entidades financieras continuaba en los mismos 8,8 millones, pero en total, se había rebajado el endeudamiento en 2,4, prácticamente un presupuesto anual entero, que ronda los 3 millones.
Sin embargo, la alcaldesa María Isabel López daba cuenta al Pleno, el pasado 17 de noviembre, de un contundente revés: El Ayuntamiento deberá pagar 1,2 millones a los herederos de la familia Rubio.
El origen del millonario resarcimiento se remonta a 1986. Ese año, la Corporación presidida por Francisco Sánchez (PSOE) elaboró unas nuevas Normas Subsidiarias (NNSS) y decidió concentrar todas las zonas verdes correspondientes al pueblo en una sola finca de 1,5 hectáreas, tras la hilera de casas que hay frente a Muebles Núñez, en la zona próxima al cementerio. Se trataba de una parcela hasta entonces urbana propiedad de los Rubio.
“CASTIGO”
Tanto Martín Morales (Turre para la Gente) como Arturo Grima (PP) coinciden en que la decisión se adoptó en su día para “castigar” a alguien que “no era de la cuerda” del entonces partido gobernante y “premiar” a los adeptos, a quienes libraba de cargas sus posesiones al concentrar todas las zonas verdes en una sola propiedad. Al mismo tiempo, “penalizaba” a los habitantes del resto del casco urbano “dejándoles sin parques y jardines” en sus vecindarios.
El regidor Paco Sánchez obró dentro de la ley, pero olvidó compensar a la familia Rubio. Al negarle cualquier tipo de aprovechamiento, ya fuera para la edificación, agrícola o para montar una industria, debió expropiar y pagar un justiprecio.
No lo hizo, y los herederos reclamaron en 2020 la indemnización que les correspondía por derecho. No hubo acuerdo. Presentaron una tasación por encima de los 2,5 millones mientras que Diputación valoró la parcela en 500.000 euros. La norma contempla para estos casos la intervención de la Comisión Provincial de Arbitraje y Valoración, un órgano administrativo cuyas resoluciones son vinculantes y, en casos como éste, firmes. La decisión final obliga al Ayuntamiento a pagar 1,2 millones, a los que hay que añadir 100 euros diarios desde junio de 2021 -fecha en que los afectados registraron la ‘hoja de apremio’- y hasta que se liquide el resarcimiento.
El problema se agrava por la imposibilidad material del Ayuntamiento para abonar dicha cantidad. Ofreció resolver la obligación por medio de unos terrenos urbanos en Sierra Cabrera, pero la familia no lo acepta. Quieren cobrar en un dinero que no existe en las cuentas municipales. El Gobierno local tampoco puede solicitar un préstamo, porque su deuda con los bancos se eleva a un 300% del presupuesto y la ley limita la capacidad de endeudamiento de una corporación en el 100%. Sólo podría acudir a una línea de crédito extraordinaria avalada por el Ministerio de Hacienda en el supuesto de que la deuda se debiera a una decisión judicial. Pero no es el caso, pues la decisión deriva de un órgano vinculante, pero administrativo.
“NO HACER NADA”
La oposición plantea otra posibilidad. Arturo Grima (PP) propone volver a calificar como urbana la parcela afectada, pero el Gobierno local descarta esa opción. Según los técnicos municipales, una modificación de tal calibre sólo podría realizarse en el ámbito de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, “porque implicaría trasladar las zonas verdes a otros puntos del pueblo que ahora mismo no lo son, y aprobar un PGOU supone un procedimiento que duraría más de cuatro años con total seguridad”, explica Martín Morales.
El concejal de Turre para la Gente indica otra opción: “No hacer nada y esperar que los herederos de la familia Rubio denuncien al Ayuntamiento por impago”. Entonces, el juzgado condenaría al Consistorio y éste podría solicitar un préstamo. Pero la Justicia en España no cabalga a lomos de un Fórmula 1 y el taxímetro ya está funcionando. A saber en cuánto acabará finalmente la indemnización, que sube en 3.000 euros cada mes que pasa.
Para resumir la situación, el Ayuntamiento de Turre ha recibido un directo a la mandíbula de 1,2 millones de euros. Está grogui. Siente el dolor sordo del golpe, pero no sabe qué hacer. Mientras tanto, el Gobierno local espera que suene la campana y la intervención del árbitro. En este caso, de un juez.
