A los tres comprometidos por la mitad del presupuesto inicial de la variante, tendrá que sumar medio millón por “excesos de medición” y 600.000 en concepto de intereses. La Junta sólo contribuirá con 2,3 millones en una obra de su exclusiva competencia
ALMERÍA HOY / 20·11·2022
La prodigalidad con que la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano (PP) administra el dinero de sus vecinos no cesa de sorprender. El encantador municipio turístico cada vez semeja más un ‘todo incluido’ para las demás administraciones, que comprueban cómo la regidora acaba sufragando la mayor parte de obras que son competencia de la Junta de Andalucía o el Gobierno de España y, por consiguiente, corresponde pagar a estas administraciones.
El último capítulo conocido revela que el Ayuntamiento añadirá más de un millón de euros a los casi tres (2.973.372,75) con que se comprometió a financiar el 50% del presupuesto de una carretera autonómica que no debería costarle ni un céntimo.
Sin embargo, el pasado 17 de mayo, Cano firmó con la consejera de Fomento un convenio por el que se repartían a medias la financiación de la segunda fase de la variante costera de la localidad.
Ya entonces conocimos que la previsible rebaja en el precio como consecuencia de la licitación favorecería a la Junta según lo acordado entre alcaldesa y consejera. El 20 de septiembre fue adjudicada la obra a la empresa pulpileña Servicios Técnicos Napal por 5.321.950,51 euros. Son 624.795,29 menos –fueron 5.946.745 los presupuestados inicialmente- que no serán restados a la aportación de Mojácar, sino a la de la Junta. Es decir, la Consejería contribuirá con 2.348.577,46 euros en la ejecución de una carretera de su competencia frente a los casi tres millones comprometidos por Mojácar.
Mientras tanto, aunque aún no ha comenzado la obra, el montante a pagar por el Ayuntamiento continúa creciendo.
“EXCESO DE MEDICIÓN”
En ese contexto, el Pleno extraordinario celebrado el 19 de octubre ofreció otra sorpresa. Uno de los puntos consistía en aprobar el gasto de 534.367,15 euros por trabajos no contemplados en el proyecto de la obra.
Dicho sobrecoste debería ser compartido al 50% por Ayuntamiento y Junta según el convenio. No obstante, la Corporación aprobó la propuesta de la alcaldesa de consignar en el ejercicio 2023 una partida de 267.183,57 euros para hacer frente a “las obligaciones contraídas con la Consejería de Fomento” y vincular otros 267.183,57 euros “en la certificación final”, presumiblemente en 2024.
La suma de ambas cantidades coincide con el 100% del aumento del presupuesto. Cuando la edil socialista Rosa Bartolomé preguntó a la alcaldesa por qué aprobaba el gasto del total del incremento y no el 50%, Rosa María Cano le respondió: “Cosas de la Junta”. Y medio millón más a las costillas de los mojaqueros para una obra por la que no tendrían que pagar ni un céntimo. Pero aún hay más.
Durante el mismo Pleno, la regidora informó que el procedimiento para concertar un préstamo por importe de 2.081.360,93 euros para financiar una parte de su contribución a la variante había quedado desierto.
Ninguna entidad bancaria optó a conceder un crédito en las condiciones impuestas por Rosa María Cano: Interés fijo del 0,85% en un momento en que el Euribor, es decir, el precio del dinero en Europa, estaba al 2,69%.
A renglón seguido, la mayoría con que cuenta el Grupo Popular bastó para aprobar otro pliego de condiciones para una operación al 1,76%. En ese momento, el tipo de referencia en Europa ascendía al 3,106%, y la tendencia continúa al alza.
En cualquier caso, la operación calculada según el Euribor –ninguna entidad la va a aprobar por debajo, sino que, además, añadirá un porcentaje de beneficios- supondrá al Ayuntamiento no menos de 600.000 euros en intereses que añadir al coste de una infraestructura que debería pagar íntegramente la Junta de Andalucía.
NADA NUEVO
Por desgracia, esta manera de conducir los intereses municipales no es nada nuevo, sino una costumbre de Rosa María Cano.
Recordemos que de los 993.240 euros que en 2014 costó la construcción de 880 metros de Paseo Marítimo -una competencia de la Dirección General de Costas-, Mojácar aportó 830.000, es decir, el 84%.
La siguiente fase no llegó a ejecutarse a consecuencia de los enfrentamientos por el trazado con los negocios afectados, cuyos propietarios no dejaron pasar ninguno de los errores cometidos en un proceloso procedimiento que terminó abortado. No obstante, la negociación de Cano se situó en la misma línea. En una inversión de 2,2 millones que debía cubrir íntegramente Costas, la alcaldesa se comprometió a contribuir con 850.000 euros, pero, además, decidió sufragar las expropiaciones necesarias, cuyo valor podría ascender –según el portavoz del PSOE local, Manuel Zamora- a 7 millones una vez incluido el lucro cesante.
Otro ejemplo del modelo de gestión de Cano se puede apreciar en la construcción de la residencia de mayores.
Como la regidora acostumbra a ir con el monedero de los vecinos por delante, los mojaqueros pagaron 2,1 millones para levantar el edificio, en tanto que los Ayuntamientos vecinos de Garrucha y Vera no han tenido que emplear ni un euro al licitar la construcción y la gestión de sus respectivas residencias.
Por cierto, la residencia de Mojácar debió entrar en servicio el pasado 15 de marzo según el contrato firmado con la empresa adjudicataria. Ocho meses después ni siquiera se contempla fecha de apertura. Rosmari sabrá.
El último capítulo conocido revela que el Ayuntamiento añadirá más de un millón de euros a los casi tres (2.973.372,75) con que se comprometió a financiar el 50% del presupuesto de una carretera autonómica que no debería costarle ni un céntimo.
Sin embargo, el pasado 17 de mayo, Cano firmó con la consejera de Fomento un convenio por el que se repartían a medias la financiación de la segunda fase de la variante costera de la localidad.
Ya entonces conocimos que la previsible rebaja en el precio como consecuencia de la licitación favorecería a la Junta según lo acordado entre alcaldesa y consejera. El 20 de septiembre fue adjudicada la obra a la empresa pulpileña Servicios Técnicos Napal por 5.321.950,51 euros. Son 624.795,29 menos –fueron 5.946.745 los presupuestados inicialmente- que no serán restados a la aportación de Mojácar, sino a la de la Junta. Es decir, la Consejería contribuirá con 2.348.577,46 euros en la ejecución de una carretera de su competencia frente a los casi tres millones comprometidos por Mojácar.
Mientras tanto, aunque aún no ha comenzado la obra, el montante a pagar por el Ayuntamiento continúa creciendo.
“EXCESO DE MEDICIÓN”
En ese contexto, el Pleno extraordinario celebrado el 19 de octubre ofreció otra sorpresa. Uno de los puntos consistía en aprobar el gasto de 534.367,15 euros por trabajos no contemplados en el proyecto de la obra.
Dicho sobrecoste debería ser compartido al 50% por Ayuntamiento y Junta según el convenio. No obstante, la Corporación aprobó la propuesta de la alcaldesa de consignar en el ejercicio 2023 una partida de 267.183,57 euros para hacer frente a “las obligaciones contraídas con la Consejería de Fomento” y vincular otros 267.183,57 euros “en la certificación final”, presumiblemente en 2024.
La suma de ambas cantidades coincide con el 100% del aumento del presupuesto. Cuando la edil socialista Rosa Bartolomé preguntó a la alcaldesa por qué aprobaba el gasto del total del incremento y no el 50%, Rosa María Cano le respondió: “Cosas de la Junta”. Y medio millón más a las costillas de los mojaqueros para una obra por la que no tendrían que pagar ni un céntimo. Pero aún hay más.
Durante el mismo Pleno, la regidora informó que el procedimiento para concertar un préstamo por importe de 2.081.360,93 euros para financiar una parte de su contribución a la variante había quedado desierto.
Ninguna entidad bancaria optó a conceder un crédito en las condiciones impuestas por Rosa María Cano: Interés fijo del 0,85% en un momento en que el Euribor, es decir, el precio del dinero en Europa, estaba al 2,69%.
A renglón seguido, la mayoría con que cuenta el Grupo Popular bastó para aprobar otro pliego de condiciones para una operación al 1,76%. En ese momento, el tipo de referencia en Europa ascendía al 3,106%, y la tendencia continúa al alza.
En cualquier caso, la operación calculada según el Euribor –ninguna entidad la va a aprobar por debajo, sino que, además, añadirá un porcentaje de beneficios- supondrá al Ayuntamiento no menos de 600.000 euros en intereses que añadir al coste de una infraestructura que debería pagar íntegramente la Junta de Andalucía.
NADA NUEVO
Por desgracia, esta manera de conducir los intereses municipales no es nada nuevo, sino una costumbre de Rosa María Cano.
Recordemos que de los 993.240 euros que en 2014 costó la construcción de 880 metros de Paseo Marítimo -una competencia de la Dirección General de Costas-, Mojácar aportó 830.000, es decir, el 84%.
La siguiente fase no llegó a ejecutarse a consecuencia de los enfrentamientos por el trazado con los negocios afectados, cuyos propietarios no dejaron pasar ninguno de los errores cometidos en un proceloso procedimiento que terminó abortado. No obstante, la negociación de Cano se situó en la misma línea. En una inversión de 2,2 millones que debía cubrir íntegramente Costas, la alcaldesa se comprometió a contribuir con 850.000 euros, pero, además, decidió sufragar las expropiaciones necesarias, cuyo valor podría ascender –según el portavoz del PSOE local, Manuel Zamora- a 7 millones una vez incluido el lucro cesante.
Otro ejemplo del modelo de gestión de Cano se puede apreciar en la construcción de la residencia de mayores.
Como la regidora acostumbra a ir con el monedero de los vecinos por delante, los mojaqueros pagaron 2,1 millones para levantar el edificio, en tanto que los Ayuntamientos vecinos de Garrucha y Vera no han tenido que emplear ni un euro al licitar la construcción y la gestión de sus respectivas residencias.
Por cierto, la residencia de Mojácar debió entrar en servicio el pasado 15 de marzo según el contrato firmado con la empresa adjudicataria. Ocho meses después ni siquiera se contempla fecha de apertura. Rosmari sabrá.
