Investigan los elevados pagos a la empresa de limpieza viaria sin renovar la concesión. El fiscal ve indicios de un delito contra la Administración pública y el juez habla de malversación, un crimen castigado con hasta seis años de cárcel
ALMERÍA HOY / 09·10·2022
Al alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, se le acumulan las querellas. La última tiene que ver con el pago millonario a la empresa responsable de la limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines sin que supuestamente exista un contrato en vigor.
Este procedimiento criminal se une al que investiga el Juzgado número 1 de Vera por haber presuntamente dispuesto el alcalde el abono de “gratificaciones extraordinarias”. El dinero iba a parar a un selecto club de trabajadores municipales. Entre ellos se encuentran conocidos militantes socialistas como Juana Caparrós Lozano; secretaria de Organización y Administración de la ejecutiva local del PSOE; Diego Hernández Belmonte, vocal del mismo órgano, y Salvador Hernández Lozano, quien fue presidente del partido en Carboneras durante ocho años, antes de entregar el relevo al propio Amérigo. El fiscal acusa al alcalde de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
El primer edil también tendrá que responder por una segunda denuncia presentada ante la Fiscalía por ejercer como jefe de la Policía Local, un cargo cuyo desempeño la ley limita a oficiales de cuerpos de seguridad. Previamente había destituido al oficial Jesús Ridao.
Pero, además, el Juzgado número 2 de Vera ha abierto diligencias contra Amérigo por una tercera querella. Le imputa el pago de facturas millonarias a la empresa que se encarga de la limpieza viaria y el mantenimiento de parques, jardines y playas sin mediar contrato en vigor alguno.
LOS HECHOS
Para entender bien el caso es preciso remontarse a 2011. Ese año se produjo un relevo en el Gobierno local. El independiente Salvador Hernández obtuvo la alcaldía desalojando al socialista Cristóbal Fernández, tío del actual regidor. Hernández encontró que las tareas de limpieza de las calles, parques y jardines las realizaba la empresa Cespa, cuyo contrato había vencido “seis años atrás”. El convenio caducado con Cespa estipulaba el pago de 800.000 euros al año, pero la realidad era muy diferente: La compañía obtenía anualmente otros 800.000 euros más por “servicios extraordinarios”.
Para solventar este estado de cosas, el equipo de Hernández sacó a licitación un nuevo contrato que añadía el mantenimiento de las playas. Fue adjudicado en enero de 2013 a la UTE Limpiezas Carboneras –integrada por las compañías Tejera y Ciclo Medio Ambiente- por un importe de 1.326.215,82 euros anuales durante 4 años con la posibilidad de prorrogarlos dos más. A diferencia de lo que ocurría en la etapa de Cristóbal Fernández, los importes abonados en cada ejercicio se ajustaban al contrato y los servicios extraordinarios eran excepcionales. Sirva como ejemplo que en 2016 se pagó un total de 1.381.288,20 euros y 1.360.818,80 en 2017.
Pero el tiempo pasa, y el 18 de enero de 2019 concluyeron los cuatro años de contrato con la UTE Limpiezas Carboneras y, también, los dos de prórroga previstos. El entonces alcalde, Felipe Cayuela (Gicar), firmó nueve meses más. Era el tiempo que se había dado para organizar la prestación del servicio con medios del propio Ayuntamiento.
Sin embargo, cinco meses después, el 15 de junio de 2019, tras las elecciones, José Luis Amérigo fue investido regidor.
El 26 de septiembre de ese mismo año, el Pleno de la Corporación suscribió por unanimidad municipalizar la limpieza viaria y el mantenimiento de parques, jardines y playas. Un mes más tarde, el 24 de octubre, el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Urbanos –Pedro López ‘El Fortuna’- firmaba una resolución aprobando la creación de una comisión que estudiase una nueva gestión del servicio desde el propio Ayuntamiento.
La comisión nunca llegó a reunirse, pero sí se produjo un cambio sustancial y notable. Mientras que durante el gobierno de los independientes el gasto en limpieza se mantuvo estable y ceñido a lo estipulado en el contrato –en 2019, en que Gicar gobernó medio ejercicio, se abonaron 1.369.849,38 euros-, el primer año en solitario de Amérigo se disparó hasta los 2.413.039,20, cerca del doble, y para 2021 se habían presupuestado 2.050.000. La diferencia entre el precio del contrato y el gasto real recordaba a los tiempos en que era alcalde Cristóbal Fernández.
Cabe recordar que, cuando se adjudicó el contrato, a José Luis Amérigo le parecía que 1,32 millones “es mucho más de lo que cuesta” la prestación anual del servicio, aunque él, después, paga 2,4.
“MALVERSACIÓN”
Los hechos descritos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial el 26 de julio del año pasado por el entonces portavoz de Gicar, Salvador Hernández.
El edil independiente acompañaba su escrito con documentos apoyando su relato. Entendía que el alcalde estaba incumpliendo los procedimientos legales “de forma consciente y deliberada”, causando un “grave perjuicio” a las arcas municipales.
Al poco, tras realizar las oportunas pesquisas, el fiscal observó en la conducta de José Luis Amérigo la concurrencia de posibles delitos contra la Administración Pública y presentó denuncia en los Juzgados de Vera el 20 de octubre de 2021.
La instrucción del caso recayó en el Número 2. En las diligencias previas, el juez cambió la tipificación del delito, acusando al regidor de malversación de caudales públicos. La diferencia no es baladí. En el caso observado por el fiscal, las penas oscilan entre uno y cuatro años de cárcel y entre seis y diez de inhabilitación para cargo o empleo público. Por contra, para el delito que apunta el magistrado, la condena de inhabilitación es idéntica, sin embargo, la prisión se eleva sustancialmente a un periodo comprendido entre dos y seis años.
Salvador Hernández ya ha comparecido ante el juez y se ha ratificado en su denuncia. Al cierre de esta edición, aún no ha trascendido que haya declarado José Luis Amérigo.
Tres años para iniciar un procedimiento
El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobó por unanimidad municipalizar el servicio de limpieza viaria, parques, jardines y playas el 26 de septiembre de 2019. Sin embargo, el Gobierno Local, con la totalidad de sus miembros cobrando una nómina municipal, ha necesitado cerca de tres años para disponerse a cumplir el mandato de la Corporación Fue el 13 de mayo último. Ese día, la Junta de Gobierno aprobaba encargar, mediante el procedimiento de contrato menor, la elaboración del preceptivo estudio económico de viabilidad de la decisión de los munícipes. Es el primer requisito que exige el expediente.
La agraciada con el contrato, que asciende a 12.600 euros más IVA, fue la consultora Expertos abogados y economistas, SL, dirigida por Francisco Giménez, que en 2014 era secretario de Economía del PSOE de Almería y responsable de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Este procedimiento criminal se une al que investiga el Juzgado número 1 de Vera por haber presuntamente dispuesto el alcalde el abono de “gratificaciones extraordinarias”. El dinero iba a parar a un selecto club de trabajadores municipales. Entre ellos se encuentran conocidos militantes socialistas como Juana Caparrós Lozano; secretaria de Organización y Administración de la ejecutiva local del PSOE; Diego Hernández Belmonte, vocal del mismo órgano, y Salvador Hernández Lozano, quien fue presidente del partido en Carboneras durante ocho años, antes de entregar el relevo al propio Amérigo. El fiscal acusa al alcalde de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos.
El primer edil también tendrá que responder por una segunda denuncia presentada ante la Fiscalía por ejercer como jefe de la Policía Local, un cargo cuyo desempeño la ley limita a oficiales de cuerpos de seguridad. Previamente había destituido al oficial Jesús Ridao.
Pero, además, el Juzgado número 2 de Vera ha abierto diligencias contra Amérigo por una tercera querella. Le imputa el pago de facturas millonarias a la empresa que se encarga de la limpieza viaria y el mantenimiento de parques, jardines y playas sin mediar contrato en vigor alguno.
LOS HECHOS
Para entender bien el caso es preciso remontarse a 2011. Ese año se produjo un relevo en el Gobierno local. El independiente Salvador Hernández obtuvo la alcaldía desalojando al socialista Cristóbal Fernández, tío del actual regidor. Hernández encontró que las tareas de limpieza de las calles, parques y jardines las realizaba la empresa Cespa, cuyo contrato había vencido “seis años atrás”. El convenio caducado con Cespa estipulaba el pago de 800.000 euros al año, pero la realidad era muy diferente: La compañía obtenía anualmente otros 800.000 euros más por “servicios extraordinarios”.
Para solventar este estado de cosas, el equipo de Hernández sacó a licitación un nuevo contrato que añadía el mantenimiento de las playas. Fue adjudicado en enero de 2013 a la UTE Limpiezas Carboneras –integrada por las compañías Tejera y Ciclo Medio Ambiente- por un importe de 1.326.215,82 euros anuales durante 4 años con la posibilidad de prorrogarlos dos más. A diferencia de lo que ocurría en la etapa de Cristóbal Fernández, los importes abonados en cada ejercicio se ajustaban al contrato y los servicios extraordinarios eran excepcionales. Sirva como ejemplo que en 2016 se pagó un total de 1.381.288,20 euros y 1.360.818,80 en 2017.
Pero el tiempo pasa, y el 18 de enero de 2019 concluyeron los cuatro años de contrato con la UTE Limpiezas Carboneras y, también, los dos de prórroga previstos. El entonces alcalde, Felipe Cayuela (Gicar), firmó nueve meses más. Era el tiempo que se había dado para organizar la prestación del servicio con medios del propio Ayuntamiento.
Sin embargo, cinco meses después, el 15 de junio de 2019, tras las elecciones, José Luis Amérigo fue investido regidor.
El 26 de septiembre de ese mismo año, el Pleno de la Corporación suscribió por unanimidad municipalizar la limpieza viaria y el mantenimiento de parques, jardines y playas. Un mes más tarde, el 24 de octubre, el concejal de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios Urbanos –Pedro López ‘El Fortuna’- firmaba una resolución aprobando la creación de una comisión que estudiase una nueva gestión del servicio desde el propio Ayuntamiento.
La comisión nunca llegó a reunirse, pero sí se produjo un cambio sustancial y notable. Mientras que durante el gobierno de los independientes el gasto en limpieza se mantuvo estable y ceñido a lo estipulado en el contrato –en 2019, en que Gicar gobernó medio ejercicio, se abonaron 1.369.849,38 euros-, el primer año en solitario de Amérigo se disparó hasta los 2.413.039,20, cerca del doble, y para 2021 se habían presupuestado 2.050.000. La diferencia entre el precio del contrato y el gasto real recordaba a los tiempos en que era alcalde Cristóbal Fernández.
Cabe recordar que, cuando se adjudicó el contrato, a José Luis Amérigo le parecía que 1,32 millones “es mucho más de lo que cuesta” la prestación anual del servicio, aunque él, después, paga 2,4.
“MALVERSACIÓN”
Los hechos descritos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial el 26 de julio del año pasado por el entonces portavoz de Gicar, Salvador Hernández.
El edil independiente acompañaba su escrito con documentos apoyando su relato. Entendía que el alcalde estaba incumpliendo los procedimientos legales “de forma consciente y deliberada”, causando un “grave perjuicio” a las arcas municipales.
Al poco, tras realizar las oportunas pesquisas, el fiscal observó en la conducta de José Luis Amérigo la concurrencia de posibles delitos contra la Administración Pública y presentó denuncia en los Juzgados de Vera el 20 de octubre de 2021.
La instrucción del caso recayó en el Número 2. En las diligencias previas, el juez cambió la tipificación del delito, acusando al regidor de malversación de caudales públicos. La diferencia no es baladí. En el caso observado por el fiscal, las penas oscilan entre uno y cuatro años de cárcel y entre seis y diez de inhabilitación para cargo o empleo público. Por contra, para el delito que apunta el magistrado, la condena de inhabilitación es idéntica, sin embargo, la prisión se eleva sustancialmente a un periodo comprendido entre dos y seis años.
Salvador Hernández ya ha comparecido ante el juez y se ha ratificado en su denuncia. Al cierre de esta edición, aún no ha trascendido que haya declarado José Luis Amérigo.
Tres años para iniciar un procedimiento
El Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobó por unanimidad municipalizar el servicio de limpieza viaria, parques, jardines y playas el 26 de septiembre de 2019. Sin embargo, el Gobierno Local, con la totalidad de sus miembros cobrando una nómina municipal, ha necesitado cerca de tres años para disponerse a cumplir el mandato de la Corporación Fue el 13 de mayo último. Ese día, la Junta de Gobierno aprobaba encargar, mediante el procedimiento de contrato menor, la elaboración del preceptivo estudio económico de viabilidad de la decisión de los munícipes. Es el primer requisito que exige el expediente.
La agraciada con el contrato, que asciende a 12.600 euros más IVA, fue la consultora Expertos abogados y economistas, SL, dirigida por Francisco Giménez, que en 2014 era secretario de Economía del PSOE de Almería y responsable de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
