Las obras, que serán adjudicadas en este mes de octubre y ejecutadas en once meses, continuarán el Malecón hasta el límite con Mojácar. Serán sufragadas íntegramente por la Unión Europea
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| Imagen del proyecto de ampliación del Paseo Marítimo de Garrucha. |
ALMERÍA HOY / 12·10·2022
El Boletín Oficial del Estado iniciaba el pasado 16 de agosto el plazo de presentación de ofertas sobre la construcción de los 300 metros que restan para conectar el actual Paseo Marítimo de Garrucha -a la altura del Castillo de Jesús Nazareno- con la frontera que le separa de Mojácar, frente a la gasolinera.
Pero, a diferencia de lo que acostumbra a suceder en el municipio vecino, los garrucheros no tendrán que soltar ni un euro para su construcción. Será la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España, por medio de la Dirección General de Costas, quien asuma íntegramente la financiación de la nueva infraestructura, cuyo importe se ha estimado inicialmente en 1.969.808,44 euros. Con ese fin, la obra ha sido incluida en el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ que gestiona los fondos de la Unión Europea conocidos como ‘Next generation’.
El plazo de recepción de propuestas finalizó el pasado 20 de septiembre, por lo que el subdelegado del Gobierno, José María Martín, espera firmar el contrato durante el mes de octubre. Como el pliego de condiciones establece un periodo de once meses para concluir los trabajos, Martín dijo que Garrucha contará con el nuevo Paseo “antes de que acabe 2023”.
Se trata de una permanente aspiración municipal. La alcaldesa María Antonia López Cervantes (PSOE) sitúa el primer proyecto “en 2002 ó 2003, hace ya 20 años”. Los planos originales eran mucho más ambiciosos. No se limitaban a dibujar una acera más o menos ancha con jardines, árboles y la correspondiente balaustrada, sino que incluían otros equipamientos, entre los que cabe destacar “un auditorio al aire libre”. Corrían los tiempos de esplendor del desarrollo inmobiliario que experimentaba la comarca y toda España.
Sin embargo, la burbuja estalló y su metralla dejó malheridos no pocos bolsillos privados y casi todos los públicos. Como tantos otros proyectos, el de ampliación del Paseo Marítimo de Garrucha construido durante el mandato de Adolfo Pérez, sufrió una ‘poda’ de contenidos, primero, y, después, el olvido.
Años más tarde, a partir de 2015, cuando López Cervantes alcanzó la alcaldía, “uno de los primeros” asuntos que desempolvó fue precisamente terminar el Malecón. “Finalmente, ha llegado el momento de hacerlo realidad y, además, gratis para el pueblo, sin que le cueste ni un euro a los garrucheros”.
EL CASO DE MOJÁCAR
El caso de Mojácar es muy diferente. Allí, la alcaldesa Rosa María Cano (PP) ha instaurado una manera de gestionar que pasa por que todo lo paguen los vecinos, incluso aquellas infraestructuras que no les corresponde financiar por ser competencia de otras administraciones.
Un buen ejemplo es, precisamente, el Paseo Marítimo y nos sirve para esta comparativa con Garrucha, puesto que se trata de dos actuaciones idénticas. Hablamos de un vial que sirve para delimitar el dominio marítimo del terrestre. Su construcción corresponde en todos los casos a la Dirección General de Costas, es decir, al Gobierno de España. Por eso a Garrucha, como acabamos de ver, no le va a costar ni un euro.
Por el contrario, los mojaqueros pagaron 830.000 euros de los 993.240 que costaron los 880 metros construidos en 2014, es decir, el 84%. Costas contribuyó únicamente con 163.240. El acuerdo inicial –que no era beneficioso para los intereses del Consistorio- obligaba a las dos administraciones a financiar al 50%, pero con una cláusula: si se adjudicaba por un valor inferior al presupuestado, sería en beneficio de la aportación de Costas. Y así ocurrió. 830.000 municipales desembolsados frente a 163.240 por parte de la Dirección General.
La siguiente fase del Paseo se negoció igual –igual de mal-. Cano se comprometió a sufragar las expropiaciones por un valor de ¡¡7 millones!! –según el portavoz del PSOE Manuel Zamora- y a poner 850.000 euros de los 2,2 millones totales de la obra, permitiendo, de nuevo, que fuera Costas la que sacara partido del precio final si el proyecto se adjudicaba por una cantidad inferior. El despropósito no llegó a consumarse porque el proceso de adjudicación se anuló. ¿Por qué? Las insistentes injerencias de la alcaldesa y su controvertida intervención con los que iban a ser expropiados, especialmente los dueños de los chiringuitos, desembocaron en varias polémicas que llegaron al punto de desorientar literalmente a Costas. El resultado de tanto error acabó en que se consumieron los plazos de adjudicación e inicio de obras hasta en dos ocasiones, y el asunto se fue al traste. Y ahí sigue. El caso constituye uno de los fracasos más sonados de Rosa María Cano, que ni asumiendo responsabilidades económicas que no competían a las arcas municipales, consiguió su propósito.
VARIANTE Y RESIDENCIA DE MAYORES
Otros ejemplos de la manera de actuar de la regidora pueden contemplarse en la segunda fase de la variante costera. La obra es competencia de la Junta de Andalucía, pues se trata de una carretera de titularidad regional.
No obstante, los mojaqueros pagarán casi tres millones, 2.973.372,50 euros, mientras que la Administración regional pondrá 2.326.627,50, es decir, 750.000 menos. Así quedó como resultado de una segunda negociación pues, inicialmente, el Consistorio propuso cargar con la totalidad de los 6 millones de euros que en aquel momento valía la variante, doblegándose, además, a que la circunvalación no abarcase de extremo a extremo la zona urbana de la costa.
Con la variante, de nuevo Rosmari repitió la fórmula que empleó con al paseo marítimo sin tener en cuenta que el Consistorio no es competente.
Hay más casos similares, pero terminaremos recordando el de la residencia de mayores. En 2018 comenzaron los procedimientos para erigir tres en otros tantos municipios de la misma comarca, la del Levante almeriense.
Sin embargo, mientras Vera y Garrucha sacaban a licitación la construcción y gestión de sus respectivos centros geriátricos de manera que la ganadora del concurso corría con los gastos de edificación a cambio de los ingresos recibidos durante el periodo de explotación, Mojácar desembolsó 2,1 millones para levantar el edificio.
Sólo la alcaldesa -que nunca ha accedido a hablar con este medio- conocerá el motivo de su decisión. La realidad es que la residencia mojaquera aún permanece cerrada mientras que la de Garrucha abrió a mediados de 2020 y la veratense –con 120 camas, el doble de capacidad que las otras- lo hizo el 6 de enero del presente año.
Pero, a diferencia de lo que acostumbra a suceder en el municipio vecino, los garrucheros no tendrán que soltar ni un euro para su construcción. Será la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España, por medio de la Dirección General de Costas, quien asuma íntegramente la financiación de la nueva infraestructura, cuyo importe se ha estimado inicialmente en 1.969.808,44 euros. Con ese fin, la obra ha sido incluida en el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’ que gestiona los fondos de la Unión Europea conocidos como ‘Next generation’.
El plazo de recepción de propuestas finalizó el pasado 20 de septiembre, por lo que el subdelegado del Gobierno, José María Martín, espera firmar el contrato durante el mes de octubre. Como el pliego de condiciones establece un periodo de once meses para concluir los trabajos, Martín dijo que Garrucha contará con el nuevo Paseo “antes de que acabe 2023”.
Se trata de una permanente aspiración municipal. La alcaldesa María Antonia López Cervantes (PSOE) sitúa el primer proyecto “en 2002 ó 2003, hace ya 20 años”. Los planos originales eran mucho más ambiciosos. No se limitaban a dibujar una acera más o menos ancha con jardines, árboles y la correspondiente balaustrada, sino que incluían otros equipamientos, entre los que cabe destacar “un auditorio al aire libre”. Corrían los tiempos de esplendor del desarrollo inmobiliario que experimentaba la comarca y toda España.
Sin embargo, la burbuja estalló y su metralla dejó malheridos no pocos bolsillos privados y casi todos los públicos. Como tantos otros proyectos, el de ampliación del Paseo Marítimo de Garrucha construido durante el mandato de Adolfo Pérez, sufrió una ‘poda’ de contenidos, primero, y, después, el olvido.
Años más tarde, a partir de 2015, cuando López Cervantes alcanzó la alcaldía, “uno de los primeros” asuntos que desempolvó fue precisamente terminar el Malecón. “Finalmente, ha llegado el momento de hacerlo realidad y, además, gratis para el pueblo, sin que le cueste ni un euro a los garrucheros”.
EL CASO DE MOJÁCAR
El caso de Mojácar es muy diferente. Allí, la alcaldesa Rosa María Cano (PP) ha instaurado una manera de gestionar que pasa por que todo lo paguen los vecinos, incluso aquellas infraestructuras que no les corresponde financiar por ser competencia de otras administraciones.
Un buen ejemplo es, precisamente, el Paseo Marítimo y nos sirve para esta comparativa con Garrucha, puesto que se trata de dos actuaciones idénticas. Hablamos de un vial que sirve para delimitar el dominio marítimo del terrestre. Su construcción corresponde en todos los casos a la Dirección General de Costas, es decir, al Gobierno de España. Por eso a Garrucha, como acabamos de ver, no le va a costar ni un euro.
Por el contrario, los mojaqueros pagaron 830.000 euros de los 993.240 que costaron los 880 metros construidos en 2014, es decir, el 84%. Costas contribuyó únicamente con 163.240. El acuerdo inicial –que no era beneficioso para los intereses del Consistorio- obligaba a las dos administraciones a financiar al 50%, pero con una cláusula: si se adjudicaba por un valor inferior al presupuestado, sería en beneficio de la aportación de Costas. Y así ocurrió. 830.000 municipales desembolsados frente a 163.240 por parte de la Dirección General.
La siguiente fase del Paseo se negoció igual –igual de mal-. Cano se comprometió a sufragar las expropiaciones por un valor de ¡¡7 millones!! –según el portavoz del PSOE Manuel Zamora- y a poner 850.000 euros de los 2,2 millones totales de la obra, permitiendo, de nuevo, que fuera Costas la que sacara partido del precio final si el proyecto se adjudicaba por una cantidad inferior. El despropósito no llegó a consumarse porque el proceso de adjudicación se anuló. ¿Por qué? Las insistentes injerencias de la alcaldesa y su controvertida intervención con los que iban a ser expropiados, especialmente los dueños de los chiringuitos, desembocaron en varias polémicas que llegaron al punto de desorientar literalmente a Costas. El resultado de tanto error acabó en que se consumieron los plazos de adjudicación e inicio de obras hasta en dos ocasiones, y el asunto se fue al traste. Y ahí sigue. El caso constituye uno de los fracasos más sonados de Rosa María Cano, que ni asumiendo responsabilidades económicas que no competían a las arcas municipales, consiguió su propósito.
VARIANTE Y RESIDENCIA DE MAYORES
Otros ejemplos de la manera de actuar de la regidora pueden contemplarse en la segunda fase de la variante costera. La obra es competencia de la Junta de Andalucía, pues se trata de una carretera de titularidad regional.
No obstante, los mojaqueros pagarán casi tres millones, 2.973.372,50 euros, mientras que la Administración regional pondrá 2.326.627,50, es decir, 750.000 menos. Así quedó como resultado de una segunda negociación pues, inicialmente, el Consistorio propuso cargar con la totalidad de los 6 millones de euros que en aquel momento valía la variante, doblegándose, además, a que la circunvalación no abarcase de extremo a extremo la zona urbana de la costa.
Con la variante, de nuevo Rosmari repitió la fórmula que empleó con al paseo marítimo sin tener en cuenta que el Consistorio no es competente.
Hay más casos similares, pero terminaremos recordando el de la residencia de mayores. En 2018 comenzaron los procedimientos para erigir tres en otros tantos municipios de la misma comarca, la del Levante almeriense.
Sin embargo, mientras Vera y Garrucha sacaban a licitación la construcción y gestión de sus respectivos centros geriátricos de manera que la ganadora del concurso corría con los gastos de edificación a cambio de los ingresos recibidos durante el periodo de explotación, Mojácar desembolsó 2,1 millones para levantar el edificio.
Sólo la alcaldesa -que nunca ha accedido a hablar con este medio- conocerá el motivo de su decisión. La realidad es que la residencia mojaquera aún permanece cerrada mientras que la de Garrucha abrió a mediados de 2020 y la veratense –con 120 camas, el doble de capacidad que las otras- lo hizo el 6 de enero del presente año.
