Abonaron incrementos en la nómina de tres funcionarios de manera supuestamente "arbitraria" y "desoyendo" las objeciones de Secretaría
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| Pedro Llamas (izda) y Gaspar Masegosa serán juzgados en enero por presuntos delitos de prevaricación. |
ALMERÍA HOY / 19·10·2022
El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha fijado para el 23 de enero de 2023 la vista oral contra el exalcalde de Cantoria (Almería) Pedro Llamas, para el que la Fiscalía de Almería pide 10 años de inhabilitación y dos años de prisión por prevaricación, petición que se suma a la de 9 años de inhabilitación para su sucesor en el cargo, Gaspar Masegosa (PP), también por prevaricación.
En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EFE, se cita a las 09:45 horas de dicho día a los acusados, al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, y ordena que se informe a los letrados de los investigados y a la acusación particular para que puedan solicitar, en su caso, la suspensión de la vista oral en el plazo establecido.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal señala que Llamas, "en su condición de alcalde", emitió el 30 de marzo de 2012 una resolución "sin sujeción a tramitación alguna", en la que ordenaba la subida de nómina de tres trabajadores del Ayuntamiento.
Según el fiscal, hizo esto con "pleno conocimiento de la arbitrariedad de su decisión" y "desoyendo" las advertencias del secretario-interventor, que había emitido un informe en el que declaraba nula esta subida salarial.
Pese a esto, el acusado presuntamente emitió las nóminas con los incrementos de retribuciones, "mensualmente durante todo su mandato", aunque fueron "constantes los reparos" del secretario-interventor.
Asimismo, la Fiscalía mantiene que, a pesar de conocer la "ilegalidad de la subida de la nómina", el segundo acusado, Masegosa, abonó "el exceso de la nómina a dichos trabajadores de forma reiterada durante todo su mandato".
Por otro lado, también supuestamente sin "sujetarse a tramitación alguna", el 25 de febrero de 2011 Llamas firmó un contrato de servicios con una empresa que "aún no se había constituido formalmente" y por el que el Consistorio debía abonar 3.000 euros a esta sociedad para su constitución, subraya el fiscal.
Para ello, pese a la "arbitrariedad e ilegalidad de su proceder", el 14 de marzo de 2011 dictó una orden de Alcaldía para abonar dicha cuantía "en beneficio único" de los socios de esta empresa.
Posteriormente, Llamas abonó "de forma sistemática" a lo largo de su mandato diversas facturas a esta empresa, en las que presuntamente no se detallaban de forma concreta los servicios prestados, además de no contar con una fiscalización previa y esto mismo se lo achaca el Ministerio Público al exregidor Masegosa.
El fiscal insiste en que el secretario-interventor llegó a formular hasta 52 reparos a las órdenes de pago, que fueron rechazados, por lo que en 2011 se abonaron 29.786 euros: 100.602,90 euros en 2012; 66.088,89 euros en 2013, y 98.411,93 euros en 2014.
Por estos hechos, el fiscal solicita 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación para Llamas, quien también se enfrenta al pago de una multa, tres años de suspensión para empleo o cargo público, y dos años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos.
También pide que Llamas indemnice al Ayuntamiento con 3.000 euros, y para Masegosa interesa únicamente una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso EFE, se cita a las 09:45 horas de dicho día a los acusados, al Ministerio Fiscal y demás partes personadas, y ordena que se informe a los letrados de los investigados y a la acusación particular para que puedan solicitar, en su caso, la suspensión de la vista oral en el plazo establecido.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal señala que Llamas, "en su condición de alcalde", emitió el 30 de marzo de 2012 una resolución "sin sujeción a tramitación alguna", en la que ordenaba la subida de nómina de tres trabajadores del Ayuntamiento.
Según el fiscal, hizo esto con "pleno conocimiento de la arbitrariedad de su decisión" y "desoyendo" las advertencias del secretario-interventor, que había emitido un informe en el que declaraba nula esta subida salarial.
Pese a esto, el acusado presuntamente emitió las nóminas con los incrementos de retribuciones, "mensualmente durante todo su mandato", aunque fueron "constantes los reparos" del secretario-interventor.
Asimismo, la Fiscalía mantiene que, a pesar de conocer la "ilegalidad de la subida de la nómina", el segundo acusado, Masegosa, abonó "el exceso de la nómina a dichos trabajadores de forma reiterada durante todo su mandato".
Por otro lado, también supuestamente sin "sujetarse a tramitación alguna", el 25 de febrero de 2011 Llamas firmó un contrato de servicios con una empresa que "aún no se había constituido formalmente" y por el que el Consistorio debía abonar 3.000 euros a esta sociedad para su constitución, subraya el fiscal.
Para ello, pese a la "arbitrariedad e ilegalidad de su proceder", el 14 de marzo de 2011 dictó una orden de Alcaldía para abonar dicha cuantía "en beneficio único" de los socios de esta empresa.
Posteriormente, Llamas abonó "de forma sistemática" a lo largo de su mandato diversas facturas a esta empresa, en las que presuntamente no se detallaban de forma concreta los servicios prestados, además de no contar con una fiscalización previa y esto mismo se lo achaca el Ministerio Público al exregidor Masegosa.
El fiscal insiste en que el secretario-interventor llegó a formular hasta 52 reparos a las órdenes de pago, que fueron rechazados, por lo que en 2011 se abonaron 29.786 euros: 100.602,90 euros en 2012; 66.088,89 euros en 2013, y 98.411,93 euros en 2014.
Por estos hechos, el fiscal solicita 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación para Llamas, quien también se enfrenta al pago de una multa, tres años de suspensión para empleo o cargo público, y dos años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos.
También pide que Llamas indemnice al Ayuntamiento con 3.000 euros, y para Masegosa interesa únicamente una pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
