La acusación particular no entiende que el magistrado “diga una cosa y la contraria”. Valora trasladar una queja al Consejo General del Poder Judicial
ALMERÍA HOY / 28·09·2022
Manuel Muñoz, portavoz de SARAMA y de la acusación particular en la querella que se sigue contra Antonio Segura y otros por el presunto tráfico de agua extraída de un pozo ilegal perforado en terrenos de la Junta de Andalucía, se siente “perplejo” ante la última decisión judicial.
Se trata de una providencia, firmada el pasado 23 de agosto, que rechaza la petición de la acusación solicitando que el Número 1 de Huércal Overa exigiera el depósito de las seis fianzas de 457.655 euros cuyo depósito había requerido el mismo Juzgado el 4 de mayo al conocido abogado veratense y los otros cinco investigados en el caso.
El total asciende a 2.745.930 euros. Con su requerimiento, el juez trataba de asegurar los fondos necesarios para indemnizar a la Junta de Andalucía “por el daño producido al dominio público hidráulico”, así como atender “los perjuicios que se hayan podido ocasionar indirectamente a terceros”. Y es que los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente informaron que, sólo entre el 30 de noviembre de 2017 y el 3 de mayo de 2019, Antonio Segura y los demás investigados habrían aforado y vendido “1.761.037 m3”, lo que supone “entre el 20% y el 27% del volumen total disponible” en la cubeta de Overa, situada en la cola del pantano.
Como adelantábamos al inicio de este artículo, Muñoz se confiesa “perplejo” ante la decisión del juez negándose a exigir las fianzas con el argumento de que la acusación no había registrado los requerimientos de manera “personal” para cada acusado.
“No es normal que el titular de un juzgado decrete una cosa un día y al siguiente la contraria”, asevera el portavoz de la acusación. A continuación, anuncia que en los próximos días se reunirá “con todos” sus abogados –“no uno solo”- para “obrar en consecuencia”. Una de las conclusiones podría moverle a presentar “una queja ante el Consejo General del Poder Judicial” tras conocer si la última decisión del juez “es o no legal”.
Muñoz comprende que las resoluciones de un juez pueden ser “más o menos razonables”, sin embargo, no entiende que sean “contradictorias”. “Fue él quien exigió el depósito de las fianzas en el plazo de 24 horas y, ahora, que se lo hemos reclamado cuatro meses y medio después, responde que no procede. Debería explicar por qué”.
PERSONACIÓN
En este último mismo auto, el juez rechaza también la última petición de Antonio Segura. El abogado veratense solicitó que apartaran a SARAMA de la acusación particular.
SARAMA, representada por Manuel Muñoz, es la empresa de Rafael Salinas. Fue quien puso en conocimiento del fiscal los supuestos delitos que ahora se juzgan.
A Muñoz le parece “lógico” que el “presunto delincuente se afane” en excluirles del caso”. Sin embargo, está convencido de que la razón no está del lado de Segura y que SARAMA como empresa perjudicada, tiene derecho a estar personada.
Explica que Antonio Segura ha intentado apartarles mediante la presentación de un documento que negaba la legalidad del pozo de SARAMA y, por tanto, su calidad de dañados por la presuntamente ilegal extracción masiva de agua.
Muñoz sostiene que la documentación del sondeo de su finca está en orden. “Nuestro pozo es legal”. No obstante, recuerda un episodio protagonizado hace unos meses por un agente del SEPRONA.
Cuenta el portavoz de SARAMA que el guardia apareció en la finca “saltándose la cadena, sin pedir permiso y sin portar ninguna orden de registro”. Pidió “los papeles” del pozo y “le fueron entregados”. Pocos días después, SARAMA recibió un sobre con “una orden de precinto del sondeo y otra de desprecinto. Alguien tendrá que explicar cómo fue posible esa circunstancia”, revela Muñoz.
El representante de la acusación particular explica que, cuando se abre cualquier expediente, se notifica con el fin de “ofrecer una opción de defensa”. Sin embargo, en este caso se incoó y cerró de una tacada “porque el único fin era fabricar un documento –la orden de precinto- para que Antonio Segura y sus presuntos cómplices lo presentaran ante el juez y se nos apartara del caso”.
Recuerda que ya lo intentaron al principio del proceso y casi lo consiguieron. “Sorprendentemente, tuvimos que justificar que nuestro pozo era legal y el juez nos readmitió. Pero volvimos justo el día anterior a la conclusión del plazo para presentar la calificación penal de los hechos”. De esa manera, “estamos personados, pero con las manos atadas, sin haber podido pedir pruebas ni participar en la toma de declaraciones durante la instrucción de la querella”.
Manuel Muñoz se niega a señalar “quién pudo haber urdido tal maniobra. Que cada uno piense y saque sus conclusiones. La gente no es tonta”.
SARAMA: “Antonio es nuestro mejor testigo”
La empresa SARAMA está convencida de que “nuestro mejor testigo es Antonio Segura Asensio”. ¿Por qué?, le preguntamos a SARAMA, “porque en su testimonio lo cuenta todo. De hecho, sus declaraciones en el juzgado son la parte más importante de la nueva querella que vamos a presentar muy pronto contra él”.
Se trata de una providencia, firmada el pasado 23 de agosto, que rechaza la petición de la acusación solicitando que el Número 1 de Huércal Overa exigiera el depósito de las seis fianzas de 457.655 euros cuyo depósito había requerido el mismo Juzgado el 4 de mayo al conocido abogado veratense y los otros cinco investigados en el caso.
El total asciende a 2.745.930 euros. Con su requerimiento, el juez trataba de asegurar los fondos necesarios para indemnizar a la Junta de Andalucía “por el daño producido al dominio público hidráulico”, así como atender “los perjuicios que se hayan podido ocasionar indirectamente a terceros”. Y es que los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente informaron que, sólo entre el 30 de noviembre de 2017 y el 3 de mayo de 2019, Antonio Segura y los demás investigados habrían aforado y vendido “1.761.037 m3”, lo que supone “entre el 20% y el 27% del volumen total disponible” en la cubeta de Overa, situada en la cola del pantano.
Como adelantábamos al inicio de este artículo, Muñoz se confiesa “perplejo” ante la decisión del juez negándose a exigir las fianzas con el argumento de que la acusación no había registrado los requerimientos de manera “personal” para cada acusado.
“No es normal que el titular de un juzgado decrete una cosa un día y al siguiente la contraria”, asevera el portavoz de la acusación. A continuación, anuncia que en los próximos días se reunirá “con todos” sus abogados –“no uno solo”- para “obrar en consecuencia”. Una de las conclusiones podría moverle a presentar “una queja ante el Consejo General del Poder Judicial” tras conocer si la última decisión del juez “es o no legal”.
Muñoz comprende que las resoluciones de un juez pueden ser “más o menos razonables”, sin embargo, no entiende que sean “contradictorias”. “Fue él quien exigió el depósito de las fianzas en el plazo de 24 horas y, ahora, que se lo hemos reclamado cuatro meses y medio después, responde que no procede. Debería explicar por qué”.
PERSONACIÓN
En este último mismo auto, el juez rechaza también la última petición de Antonio Segura. El abogado veratense solicitó que apartaran a SARAMA de la acusación particular.
SARAMA, representada por Manuel Muñoz, es la empresa de Rafael Salinas. Fue quien puso en conocimiento del fiscal los supuestos delitos que ahora se juzgan.
A Muñoz le parece “lógico” que el “presunto delincuente se afane” en excluirles del caso”. Sin embargo, está convencido de que la razón no está del lado de Segura y que SARAMA como empresa perjudicada, tiene derecho a estar personada.
Explica que Antonio Segura ha intentado apartarles mediante la presentación de un documento que negaba la legalidad del pozo de SARAMA y, por tanto, su calidad de dañados por la presuntamente ilegal extracción masiva de agua.
Muñoz sostiene que la documentación del sondeo de su finca está en orden. “Nuestro pozo es legal”. No obstante, recuerda un episodio protagonizado hace unos meses por un agente del SEPRONA.
Cuenta el portavoz de SARAMA que el guardia apareció en la finca “saltándose la cadena, sin pedir permiso y sin portar ninguna orden de registro”. Pidió “los papeles” del pozo y “le fueron entregados”. Pocos días después, SARAMA recibió un sobre con “una orden de precinto del sondeo y otra de desprecinto. Alguien tendrá que explicar cómo fue posible esa circunstancia”, revela Muñoz.
El representante de la acusación particular explica que, cuando se abre cualquier expediente, se notifica con el fin de “ofrecer una opción de defensa”. Sin embargo, en este caso se incoó y cerró de una tacada “porque el único fin era fabricar un documento –la orden de precinto- para que Antonio Segura y sus presuntos cómplices lo presentaran ante el juez y se nos apartara del caso”.
Recuerda que ya lo intentaron al principio del proceso y casi lo consiguieron. “Sorprendentemente, tuvimos que justificar que nuestro pozo era legal y el juez nos readmitió. Pero volvimos justo el día anterior a la conclusión del plazo para presentar la calificación penal de los hechos”. De esa manera, “estamos personados, pero con las manos atadas, sin haber podido pedir pruebas ni participar en la toma de declaraciones durante la instrucción de la querella”.
Manuel Muñoz se niega a señalar “quién pudo haber urdido tal maniobra. Que cada uno piense y saque sus conclusiones. La gente no es tonta”.
SARAMA: “Antonio es nuestro mejor testigo”
La empresa SARAMA está convencida de que “nuestro mejor testigo es Antonio Segura Asensio”. ¿Por qué?, le preguntamos a SARAMA, “porque en su testimonio lo cuenta todo. De hecho, sus declaraciones en el juzgado son la parte más importante de la nueva querella que vamos a presentar muy pronto contra él”.
