Niegan 10 Hm3 al Levante almeriense y arrojan 79 al mar

El Gobierno ha rechazado que los regantes del Júcar vendan recursos a Aguas del Almanzora, pero mantiene importantes desembalses hacia el mar en el pantano de Tous para evitar inundaciones


Antella, 22 mayo 2022. Protesta de medio centenar de ecologistas y políticos. 


ALMERÍA HOY / 14·07·2022

En la izquierda se preguntan aún qué han hecho para que los almerienses les voten tan poco. Tal vez, si miraran a Madrid, se sorprenderían de que todavía reciban algún sufragio en nuestra comarca.

El último agravio lo ha perpetrado el Ministerio para la Transición Ecológica. Se ha opuesto a un acuerdo por el que la Acequia Real del Júcar (ARJ) -una comunidad de regantes con 757 años de historia que agrupa a 25.000 socios- cedía los derechos sobre 10 Hm3 durante 5 años, hasta un total de 50, a Aguas del Almanzora (AA) al precio de 0,27 euros/m3.

Pocas semanas más tarde, la Comisión de Desembalse del Júcar ordenaba evacuar hacia el mar 79 Hm3 del pantano de Tous para evitar posibles inundaciones como la que provocó más de 30 muertos en septiembre de 1982. Resulta difícil encontrar una afrenta más gratuita a los agricultores del Levangte almeriense.

Las organizaciones cedente y receptora habían llegado a un acuerdo. El convenio se producía a instancia del ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado mes de abril, y contaba con el beneplácito del Ministerio para la Transición Ecológica.

Ambas partes se mostraban satisfechas. Por un lado, la Acequia Real del Júcar tiene que hacer frente a unas obras de modernización de regadíos presupuestadas en 13,58 millones de euros. Un pacto anterior comprometía al Gobierno valenciano a ejecutar y sufragar los trabajos. Sin embargo, los comuneros decidieron hacerse cargo ante la tardanza de la Administración autonómica. “Lleva un retraso de trece años”.

Por la otra parte, esos 10 Hm3 contribuirían a mitigar una situación “crítica” en la comarca almeriense derivada del anunciado recorte en el Trasvase del Tajo y el cierre del grifo del Negratín desde hace justo un año, y sin perspectivas de que vuelva abrirse en los próximos doce meses.

En síntesis, significaba que Aguas del Almanzora obtendría una nueva fuente de recursos y los regantes del Júcar no tendrían que aportar una derrama extraordinaria para sufragar las obras previstas. Todos contentos.

RIBERA CONTRAATACA

La Junta General de la Acequia Real de Júcar tenía previsto aprobar formalmente el convenio el 29 de mayo pasado. Sin embargo, la reunión hubo de ser desconvocada.

¿Motivo? Seis días antes –el 23-, el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera había decidido “dejar sobre la mesa” la opción de ceder los 10 Hm3 anuales a los cultivos de Almería. De nada sirvieron las protestas de los regantes valencianos. Explicaron a la ministra que no se trataba de poner en marcha un nuevo uso de los recursos del río, sino de una medida “circunstancial” para hacer frente a las “exigencias” del propio Gobierno de España de modernizar 8 sectores de regadío. Además, la Acequia Real del Júcar reclama ahora que, ya que no se le permite “generar dinero” para pagar las obras, la Generalidad Valenciana debería asumir su coste.

¿Por qué la Generalidad? Muy sencillo. Los agricultores afectados recuerdan que el Gobierno de la Comunidad mostró su oposición al acuerdo entre los regantes. Más aún, los tres partidos que lo forman –PSOE, Compromís y Unidas Podemos- se sumaron a la convocatoria contra la cesión de agua a nuestra comarca que, organizada por Júcar Vivo, reunió a cerca de 500 personas en Antella.

Sin embargo, otra decisión más reciente adoptada a mediados de junio, enardecía sobremanera los ya caldeados ánimos de los comuneros del Júcar y el Almanzora. La Comisión de Desembalse del río –órgano dependiente del Ministerio de Teresa Ribera- ordenaba enviar al mar 79 Hm3 del pantano de Tous, que albergaba 246 Hm3 y se encontraba al 65% de su capacidad. El embalse debe rebajar considerablemente su nivel de agua almacenada cada verano para evitar inundaciones como la que en septiembre de 1982 causó la muerte de más de 30 personas, pero el Gobierno de España ha preferido enviar todos esos recursos al Mediterráneo sin atender las peticiones de los agricultores valencianos y almerienses.