La alcaldesa de Garrucha y presidenta del PSOE provincial tendrá que dar explicaciones sobre los documentos requeridos por la Guardia Civil. Será en un Pleno que se celebrará este lunes a instancias del PP. El fiscal ha presentado denuncia. Acusa a la regidora de firmar contratos ilegales
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Foto de
archivo. Intervención de la policía judicial en el marco de la Operación
Costurero. Dos de abril de 2008. |
ALMERÍA HOY / 12·06·2022
La alcaldesa de Garrucha y presidenta provincial del PSOE, María Antonia López, tendrá que dar explicaciones a la Corporación sobre los registros que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha realizado en el Ayuntamiento. Será durante un pleno extraordinario convocado a instancias del PP que se celebrará este lunes, 13 de junio, a las 20:00. Como hace un mes adelantaba ACTUALIDAD, la Policía Judicial entró a primeros de abril en el Ayuntamiento de Garrucha y, desde entonces, lo ha hecho “casi a diario”, según el presidente del PP local, Cristóbal Valera.
La actuación de los agentes tiene que ver con las denuncias presentadas por el portavoz de Garrucha para la Gente (GpG) Álvaro Ramos, y habría provocado, según el edil, “pánico” en la alcaldesa.
El concejal puso en conocimiento del fiscal que la regidora María Antonia López Cervantes (PSOE) le negó documentación relacionada con el uso presuntamente irregular de tarjetas para el pago de combustible utilizado por vehículos municipales.
El Ministerio Público observó indicios de delito en la denegación de información, y presentó denuncia contra López Cervantes. Fue el juez quien, tras estudiar el expediente, decidió abrir una pieza separada sobre los repostajes irregulares y encargó su investigación a la Guardia Civil. Durante las pesquisas, Ramos añadió la contratación de trabajadores municipales supuestamente sin concurso alguno.
“EXPLICACIONES”
Precisamente el uso de las tarjetas de combustible y los contratos laborales han sido el objetivo de las visitas de los agentes al Ayuntamiento garruchero. Y, ante la “falta de transparencia” sobre un asunto que Cristóbal Valera considera “muy grave”, el Partido Popular ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario para que la alcaldesa “ofrezca explicaciones” sobre la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento, “aporte toda la información” sobre el asunto y “enumere los expedientes” que han sido requeridos. Además, solicita la creación de una comisión especial de investigación “presidida por un miembro de la oposición”. Los populares recuerdan que la regidora está siendo encausada actualmente por un delito contra los derechos cívicos y otro de malversación de caudales públicos, ambos investigados por la Justicia.
El Pleno se celebrará el próximo 13 de junio a las 20:00. El PSOE ha invitado a todos los vecinos para que asistan. Les asegura que serán “testigos del mayor ridículo del PP”, que se habría entregado a las “directrices de Álvaro Ramos, el personaje más nefasto y surrealista que ha pasado por Garrucha en sus 161 años de Historia”. Sobre el asunto de los repostajes de combustible, María Antonia López justificó en un vídeo hace un año el gasto en combustible de 606,45 euros entre 2015 y 2019, aunque las facturas durante ese periodo “superaban los 200.000” -a razón de 3.000 mensuales-, según Ramos.
La alcaldesa añadía entonces que “no estamos nerviosos”, sin embargo, ha contratado por 15.000 euros al bufete Ramón y Cajal Abogados, en el que trabaja el exjuez Javier Gómez Bermúdez. Este letrado presidió la Sala de la Audiencia Nacional que se ocupó de los atentados del 11-M. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Almería.
Para Álvaro Ramos, “contratar con el dinero de todos los garrucheros a un profesional de la talla y el caché de Gómez Bermúdez es un síntoma de miedo. Maritoñi entró en pánico desde que la Policía Judicial intervino en el Ayuntamiento. Ella conoce perfectamente lo que ha ocurrido, tanto en el caso de los repostajes como en el de los contratos ‘a dedo’ que ha firmado. Es consciente de que la cosa pinta muy mal para ella”.
CONTRATOS
El caso de los contratos supuestamente irregulares merece un punto y aparte. Según información de los servicios municipales que obra en poder de la Guardia Civil, la plantilla del Ayuntamiento de Garrucha incluye a 76 trabajadores, de los que 50 han ingresado a partir de 2015.
Lo llamativo del caso es que, desde ese año, en que comenzó el primer mandato de María Antonia López, no ha tenido lugar ningún concurso de selección de personal. La única fórmula para entrar ha consistido en la Bolsa de Empleo, que se creó para proporcionar contratos de seis meses a fin de beneficiar al máximo número posible de vecinos. No obstante, 24 de estos trabajadores llevan más de un año en el mismo puesto, y otro suma diez meses.
En esta nómina abundan personas relacionadas con el PSOE local. Es el caso de varios integrantes de los puestos de cola de la candidatura del partido, como José Requena, José Antonio Caparrós o José María Alonso Ares, empleado en la oficina de Turismo desde el 1 de agosto de 2018.
También es destacable el caso de Agustín Berrocal Rodríguez, marido de la candidata socialista Josefa Franco, contratado el 4 de agosto de 2021, pero que ya facturaba trabajos al Consistorio con anterioridad -a través de la empresa Pixels Audiovisuales SL- servicios como la grabación y retransmisión de los plenos –asunto que proporciona Diputación de manera gratuita-, la gestión de las redes municipales o de eventos como la ruta de la tapa.
Hace unos días, el pasado 23 de mayo, la alcaldesa convocó un Pleno extraordinario y urgente con un único punto en el orden del día: Iniciar el procedimiento para convertirlos a todos en personal fijo del Ayuntamiento. El portavoz del Grupo Popular en Garrucha, Juan Francisco Fernández, valoraba en estas páginas hace un mes de manera muy gráfica el caso de las contrataciones denunciadas por Álvaro Ramos: “Tiene razón. Todos han sido contratados por ser del PSOE o próximos al partido. Es la red clientelar en que la alcaldesa dilapida el dinero de los garrucheros”.
El fiscal ha determinad presentar denuncia contra la alcaldesa por la firma de contratos laborales presuntamente irregulares. La acusa de un delito contra los derechos cívicos y otro contra la Administración Pública.
La actuación de los agentes tiene que ver con las denuncias presentadas por el portavoz de Garrucha para la Gente (GpG) Álvaro Ramos, y habría provocado, según el edil, “pánico” en la alcaldesa.
El concejal puso en conocimiento del fiscal que la regidora María Antonia López Cervantes (PSOE) le negó documentación relacionada con el uso presuntamente irregular de tarjetas para el pago de combustible utilizado por vehículos municipales.
El Ministerio Público observó indicios de delito en la denegación de información, y presentó denuncia contra López Cervantes. Fue el juez quien, tras estudiar el expediente, decidió abrir una pieza separada sobre los repostajes irregulares y encargó su investigación a la Guardia Civil. Durante las pesquisas, Ramos añadió la contratación de trabajadores municipales supuestamente sin concurso alguno.
“EXPLICACIONES”
Precisamente el uso de las tarjetas de combustible y los contratos laborales han sido el objetivo de las visitas de los agentes al Ayuntamiento garruchero. Y, ante la “falta de transparencia” sobre un asunto que Cristóbal Valera considera “muy grave”, el Partido Popular ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario para que la alcaldesa “ofrezca explicaciones” sobre la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento, “aporte toda la información” sobre el asunto y “enumere los expedientes” que han sido requeridos. Además, solicita la creación de una comisión especial de investigación “presidida por un miembro de la oposición”. Los populares recuerdan que la regidora está siendo encausada actualmente por un delito contra los derechos cívicos y otro de malversación de caudales públicos, ambos investigados por la Justicia.
El Pleno se celebrará el próximo 13 de junio a las 20:00. El PSOE ha invitado a todos los vecinos para que asistan. Les asegura que serán “testigos del mayor ridículo del PP”, que se habría entregado a las “directrices de Álvaro Ramos, el personaje más nefasto y surrealista que ha pasado por Garrucha en sus 161 años de Historia”. Sobre el asunto de los repostajes de combustible, María Antonia López justificó en un vídeo hace un año el gasto en combustible de 606,45 euros entre 2015 y 2019, aunque las facturas durante ese periodo “superaban los 200.000” -a razón de 3.000 mensuales-, según Ramos.
La alcaldesa añadía entonces que “no estamos nerviosos”, sin embargo, ha contratado por 15.000 euros al bufete Ramón y Cajal Abogados, en el que trabaja el exjuez Javier Gómez Bermúdez. Este letrado presidió la Sala de la Audiencia Nacional que se ocupó de los atentados del 11-M. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Almería.
Para Álvaro Ramos, “contratar con el dinero de todos los garrucheros a un profesional de la talla y el caché de Gómez Bermúdez es un síntoma de miedo. Maritoñi entró en pánico desde que la Policía Judicial intervino en el Ayuntamiento. Ella conoce perfectamente lo que ha ocurrido, tanto en el caso de los repostajes como en el de los contratos ‘a dedo’ que ha firmado. Es consciente de que la cosa pinta muy mal para ella”.
CONTRATOS
El caso de los contratos supuestamente irregulares merece un punto y aparte. Según información de los servicios municipales que obra en poder de la Guardia Civil, la plantilla del Ayuntamiento de Garrucha incluye a 76 trabajadores, de los que 50 han ingresado a partir de 2015.
Lo llamativo del caso es que, desde ese año, en que comenzó el primer mandato de María Antonia López, no ha tenido lugar ningún concurso de selección de personal. La única fórmula para entrar ha consistido en la Bolsa de Empleo, que se creó para proporcionar contratos de seis meses a fin de beneficiar al máximo número posible de vecinos. No obstante, 24 de estos trabajadores llevan más de un año en el mismo puesto, y otro suma diez meses.
En esta nómina abundan personas relacionadas con el PSOE local. Es el caso de varios integrantes de los puestos de cola de la candidatura del partido, como José Requena, José Antonio Caparrós o José María Alonso Ares, empleado en la oficina de Turismo desde el 1 de agosto de 2018.
También es destacable el caso de Agustín Berrocal Rodríguez, marido de la candidata socialista Josefa Franco, contratado el 4 de agosto de 2021, pero que ya facturaba trabajos al Consistorio con anterioridad -a través de la empresa Pixels Audiovisuales SL- servicios como la grabación y retransmisión de los plenos –asunto que proporciona Diputación de manera gratuita-, la gestión de las redes municipales o de eventos como la ruta de la tapa.
Hace unos días, el pasado 23 de mayo, la alcaldesa convocó un Pleno extraordinario y urgente con un único punto en el orden del día: Iniciar el procedimiento para convertirlos a todos en personal fijo del Ayuntamiento. El portavoz del Grupo Popular en Garrucha, Juan Francisco Fernández, valoraba en estas páginas hace un mes de manera muy gráfica el caso de las contrataciones denunciadas por Álvaro Ramos: “Tiene razón. Todos han sido contratados por ser del PSOE o próximos al partido. Es la red clientelar en que la alcaldesa dilapida el dinero de los garrucheros”.
El fiscal ha determinad presentar denuncia contra la alcaldesa por la firma de contratos laborales presuntamente irregulares. La acusa de un delito contra los derechos cívicos y otro contra la Administración Pública.
