Es la primera consecuencia de la entrada de la Policía Judicial en el Ayuntamiento
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| La alcaldesa de Garrucha y presidenta provincial del PSOE durante un reciente acto electoral del partido. |
ALMERÍA HOY / 10·06·2022
La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha decidido interponer una querella contra la alcaldesa de Garrucha y presidenta provincial del PSOE, María Antonia López Cervantes.
Es la primera consecuencia de las reiteradas entradas de la Policía Judicial en el Ayuntamiento desarrolladas desde primeros de abril. El fiscal acusa a la regidora de un delito contra los derechos cívicos y otro contra la Administración Pública por haber contratado trabajadores de manera supuestamente irregular.
Se da la circunstancia de que la presidenta de los socialistas almerienses ya se encuentra imputada por un delito contra los derechos cívicos acusada de negar documentación al portavoz de Garrucha para la Gente, Álvaro Ramos. Además, el juzgado investiga también el posible uso ilegal de las tarjetas de repostaje del Ayuntamiento.
Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local aprobó para defender a la alcaldesa la contratación del prestigioso bufete madrileño de abogados Ramón y Cajal, en el que trabaja el que fuera juez Javier Gómez Bermúdez, conocido por presidir el tribunal del juicio por los atentados del 11-M y por haber presidido durante años la Audiencia Provincial de Almería.
Es la primera consecuencia de las reiteradas entradas de la Policía Judicial en el Ayuntamiento desarrolladas desde primeros de abril. El fiscal acusa a la regidora de un delito contra los derechos cívicos y otro contra la Administración Pública por haber contratado trabajadores de manera supuestamente irregular.
Se da la circunstancia de que la presidenta de los socialistas almerienses ya se encuentra imputada por un delito contra los derechos cívicos acusada de negar documentación al portavoz de Garrucha para la Gente, Álvaro Ramos. Además, el juzgado investiga también el posible uso ilegal de las tarjetas de repostaje del Ayuntamiento.
Cabe recordar que la Junta de Gobierno Local aprobó para defender a la alcaldesa la contratación del prestigioso bufete madrileño de abogados Ramón y Cajal, en el que trabaja el que fuera juez Javier Gómez Bermúdez, conocido por presidir el tribunal del juicio por los atentados del 11-M y por haber presidido durante años la Audiencia Provincial de Almería.
