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JOSÉ Mª MARTÍNEZ DE HARO
SUMISIÓN, SEGÚN LA RAE: “Acción de someterse sin cuestionarlo a la voluntad de otra persona”. En árabe, Islam significa entrega o sumisión total”. En el idioma español y en el árabe significa lo mismo, un individuo actúa sometido a la voluntad de otro.
Si algún servidor público tuviera dudas sobre el alcance del último episodio de sumisión del presidente del Gobierno y demás episodios que de su mano conducen a la desvertebración de las instituciones y organismos del Estado, el cese fulminante de la directora del CNI servirá de alerta y aviso a navegantes. Pedro Sánchez no ha dudado un segundo en ofrecer la cabeza de Paz Esteban para solaz de sus socios golpistas en Cataluña.
Es muestra identitaria sanchista amoldarse mansamente y sumiso a las exigencias de sus socios parlamentarios y de gobierno y, según la ocasión, castigar a quienes aún tratan de mantener la dignidad del Estado español sin doblegarse a políticas oportunistas. Altos funcionarios conocen la ausencia de escrúpulos de un gobernante que nos humilla a todos con su jactancia y psicótica obsesión de continuar en el poder. Ejemplos tan sonoros como la destitución de Edmundo Bal como Jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado por no plegarse a las pretensiones del Gobierno de Sánchez sobre la calificación penal de los golpistas en Cataluña. La entrega del Tribunal de Cuentas a la causa separatista que obligó a una rectificación favorable sobre los avales de la Generalitat para cubrir las sanciones dinerarias y evitar que los golpistas respondieran con sus bienes. Un amplio catálogo de despropósitos acompañan las decisiones de Sánchez flanqueado por fieles escuderos: Félix Bolaños, Dolores Delgado, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, entre otros peones de briega entregados sin reservas a la causa del poder sanchista. Finalmente, la sumisión del Gobierno y de su presidente a los propósitos de los separatistas en Cataluña, que no ocultan su objetivo de trocear la integridad territorial del Estado español, es un espectáculo humillante en cuanto permite, con su inacción y omisión de responsabilidades, que el jefe del Estado, el Rey de España, no pueda entregar los Premios Princesa de Gerona en la ciudad de Gerona. Felipe VI y su hija, la Infanta Leonor, Princesa de Gerona, no pueden pisar una provincia del Reino de España.
Este boicot inaudito es la decisión del Ayuntamiento de Gerona que se siente con la suficiencia y arrogancia de decir al Patronato de los Premios: “Aquí no puede venir el Rey”. No cabe imaginar que cualquier otro jefe de Estado de un país civilizado pudiera plegarse a tan indignante boicot. En España, en estas aciagas fechas pueden ocurrir estas cosas.
La realidad señala que el presidente Pedro Sánchez cede a los constantes chantajes de miembros de su gobierno: comunistas, anticapitalistas, populistas, de izquierda extrema y a los de sus socios parlamentarios; golpistas, secesionistas y filo terroristas, lo mejorcito de cada casa, que deciden el presente y el futuro de España. En una decisión de expresa sumisión al chantaje de los golpistas condenados por el Tribunal Supremo e indultados con alevosía, Pedro Sánchez ordenó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la inmediata destitución de Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia, causando un daño en su reputación y malestar y desánimo en el CNI.
Desde su fundación, el CNI se ha ganado el respeto de otros organismos que velan por la seguridad de países democráticos. Servidores públicos de intachable trayectoria, sus funcionarios no han hecho otra cosa que cumplir con sus propios cometidos acogidos a la estricta legalidad para proteger a la sociedad española de cualquier amenaza y garantizar la seguridad del Estado, Al parecer, la firma de un magistrado del Tribunal Supremo sobre las presuntas escuchas no avala garantías de legalidad para el presidente del Gobierno: Magister Plagiarius, que dirían los romanos.
En esa espiral de acontecimientos escandalosos, ¿dónde queda la dignidad del Estado? La dignidad del Estado ampara y representa la dignidad de todos los españoles y precisamente quienes vienen obligados a defenderla, se esfuerzan sin pausa por degradarla al punto de no reconocerse una jerarquía de las instituciones y organismos del Estado que no haya sido vituperada o sometida por el poder aplastante del propio gobierno; singularmente algunos de sus ministros y de sus socios parlamentarios. Estas maniobras debilitan la estructura de un Estado legítimo y democrático como el español. Así ocurrió para desgracia de los españoles en la II República española, cuyo Estado fue debilitado, tal como ahora, por intereses bastardos de medradores y mercenarios del poder.
De entre los patéticos figurantes de este esperpento político, la figura de Margarita Robles alcanza cotas insuperables de incoherencia. Ella, la que fuera “musa constitucional” de este Gobierno, la que tantos como yo elogiábamos por su defensa del Estado de Derecho, llegada la ocasión cambia el rostro y el discurso y se pliega genuflexa a la voluntad de Pedro Sánchez en vergonzoso acto de voluntaria sumisión.
Sus mejores años, cuando vestía ropones de magistrada del Tribunal Supremo, ahora se destiñen en el armario de lo inservible como si la dignidad profesional y humana fueran objeto de mercadillo político. Eso parece haber ocurrido para que una jurista experimentada renuncie a la autoridad moral de sus propias palabras y sus argumentos en defensa del CNI y de su directora, y horas más tarde hiciera pública renuncia de lo dicho, y con gesto patético tratara de justificar lo injustificable: la destitución fulminante de Paz Esteban con su propia firma. Convendría a los magistrados y fiscales que se suman a la actividad política una reflexión sobre el valor y la autoridad de sus palabras y sus decisiones; el mismo peso habrían de tener en una sentencia dictada, en una decisión política, en una Junta de Propietarios o en la compra de un coche usado. El buen dios nos libre de jueces y magistrados que tras su paso por la política vuelven a ejercer en los tribunales, algunos de ellos podrían teñir sus sentencias de sospechas señaladas por una trayectoria contaminada en el lodazal político y la sumisión a otros poderes alejados del Estado de Derecho y de la Razón de Estado.
El origen de estas anomalías constitucionales tiene su explicación en la degradación de la política española a niveles desconocidos en los años de transición. Ya lo advirtió de manera premonitoria Alfredo Pérez Rubalcaba. La mayoría de los miembros del Gobierno y sus socios en el Parlamento conspiran de noche y de día contra la existencia del Estado español, su integridad territorial, su legitimidad democrática y contra las leyes que emanan de la Constitución de 1978. Un desequilibrio entre legitimidad y sedición, entre el imperio de la Ley y la fragmentación y el caos, abarca las decisiones más relevantes de la política española de los últimos años. Por ahora van ganando la sedición y el caos con su más eficaz aliado: la sumisión.
Si algún servidor público tuviera dudas sobre el alcance del último episodio de sumisión del presidente del Gobierno y demás episodios que de su mano conducen a la desvertebración de las instituciones y organismos del Estado, el cese fulminante de la directora del CNI servirá de alerta y aviso a navegantes. Pedro Sánchez no ha dudado un segundo en ofrecer la cabeza de Paz Esteban para solaz de sus socios golpistas en Cataluña.
Es muestra identitaria sanchista amoldarse mansamente y sumiso a las exigencias de sus socios parlamentarios y de gobierno y, según la ocasión, castigar a quienes aún tratan de mantener la dignidad del Estado español sin doblegarse a políticas oportunistas. Altos funcionarios conocen la ausencia de escrúpulos de un gobernante que nos humilla a todos con su jactancia y psicótica obsesión de continuar en el poder. Ejemplos tan sonoros como la destitución de Edmundo Bal como Jefe de la Sección Penal de la Abogacía del Estado por no plegarse a las pretensiones del Gobierno de Sánchez sobre la calificación penal de los golpistas en Cataluña. La entrega del Tribunal de Cuentas a la causa separatista que obligó a una rectificación favorable sobre los avales de la Generalitat para cubrir las sanciones dinerarias y evitar que los golpistas respondieran con sus bienes. Un amplio catálogo de despropósitos acompañan las decisiones de Sánchez flanqueado por fieles escuderos: Félix Bolaños, Dolores Delgado, Fernando Grande Marlaska y Margarita Robles, entre otros peones de briega entregados sin reservas a la causa del poder sanchista. Finalmente, la sumisión del Gobierno y de su presidente a los propósitos de los separatistas en Cataluña, que no ocultan su objetivo de trocear la integridad territorial del Estado español, es un espectáculo humillante en cuanto permite, con su inacción y omisión de responsabilidades, que el jefe del Estado, el Rey de España, no pueda entregar los Premios Princesa de Gerona en la ciudad de Gerona. Felipe VI y su hija, la Infanta Leonor, Princesa de Gerona, no pueden pisar una provincia del Reino de España.
Este boicot inaudito es la decisión del Ayuntamiento de Gerona que se siente con la suficiencia y arrogancia de decir al Patronato de los Premios: “Aquí no puede venir el Rey”. No cabe imaginar que cualquier otro jefe de Estado de un país civilizado pudiera plegarse a tan indignante boicot. En España, en estas aciagas fechas pueden ocurrir estas cosas.
La realidad señala que el presidente Pedro Sánchez cede a los constantes chantajes de miembros de su gobierno: comunistas, anticapitalistas, populistas, de izquierda extrema y a los de sus socios parlamentarios; golpistas, secesionistas y filo terroristas, lo mejorcito de cada casa, que deciden el presente y el futuro de España. En una decisión de expresa sumisión al chantaje de los golpistas condenados por el Tribunal Supremo e indultados con alevosía, Pedro Sánchez ordenó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, la inmediata destitución de Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia, causando un daño en su reputación y malestar y desánimo en el CNI.
Desde su fundación, el CNI se ha ganado el respeto de otros organismos que velan por la seguridad de países democráticos. Servidores públicos de intachable trayectoria, sus funcionarios no han hecho otra cosa que cumplir con sus propios cometidos acogidos a la estricta legalidad para proteger a la sociedad española de cualquier amenaza y garantizar la seguridad del Estado, Al parecer, la firma de un magistrado del Tribunal Supremo sobre las presuntas escuchas no avala garantías de legalidad para el presidente del Gobierno: Magister Plagiarius, que dirían los romanos.
En esa espiral de acontecimientos escandalosos, ¿dónde queda la dignidad del Estado? La dignidad del Estado ampara y representa la dignidad de todos los españoles y precisamente quienes vienen obligados a defenderla, se esfuerzan sin pausa por degradarla al punto de no reconocerse una jerarquía de las instituciones y organismos del Estado que no haya sido vituperada o sometida por el poder aplastante del propio gobierno; singularmente algunos de sus ministros y de sus socios parlamentarios. Estas maniobras debilitan la estructura de un Estado legítimo y democrático como el español. Así ocurrió para desgracia de los españoles en la II República española, cuyo Estado fue debilitado, tal como ahora, por intereses bastardos de medradores y mercenarios del poder.
De entre los patéticos figurantes de este esperpento político, la figura de Margarita Robles alcanza cotas insuperables de incoherencia. Ella, la que fuera “musa constitucional” de este Gobierno, la que tantos como yo elogiábamos por su defensa del Estado de Derecho, llegada la ocasión cambia el rostro y el discurso y se pliega genuflexa a la voluntad de Pedro Sánchez en vergonzoso acto de voluntaria sumisión.
Sus mejores años, cuando vestía ropones de magistrada del Tribunal Supremo, ahora se destiñen en el armario de lo inservible como si la dignidad profesional y humana fueran objeto de mercadillo político. Eso parece haber ocurrido para que una jurista experimentada renuncie a la autoridad moral de sus propias palabras y sus argumentos en defensa del CNI y de su directora, y horas más tarde hiciera pública renuncia de lo dicho, y con gesto patético tratara de justificar lo injustificable: la destitución fulminante de Paz Esteban con su propia firma. Convendría a los magistrados y fiscales que se suman a la actividad política una reflexión sobre el valor y la autoridad de sus palabras y sus decisiones; el mismo peso habrían de tener en una sentencia dictada, en una decisión política, en una Junta de Propietarios o en la compra de un coche usado. El buen dios nos libre de jueces y magistrados que tras su paso por la política vuelven a ejercer en los tribunales, algunos de ellos podrían teñir sus sentencias de sospechas señaladas por una trayectoria contaminada en el lodazal político y la sumisión a otros poderes alejados del Estado de Derecho y de la Razón de Estado.
El origen de estas anomalías constitucionales tiene su explicación en la degradación de la política española a niveles desconocidos en los años de transición. Ya lo advirtió de manera premonitoria Alfredo Pérez Rubalcaba. La mayoría de los miembros del Gobierno y sus socios en el Parlamento conspiran de noche y de día contra la existencia del Estado español, su integridad territorial, su legitimidad democrática y contra las leyes que emanan de la Constitución de 1978. Un desequilibrio entre legitimidad y sedición, entre el imperio de la Ley y la fragmentación y el caos, abarca las decisiones más relevantes de la política española de los últimos años. Por ahora van ganando la sedición y el caos con su más eficaz aliado: la sumisión.
