El juez ha decretado la apertura de juicio oral contra el abogado veratense y los demás encausados. También ha requerido una fianza de 457.655 euros a cada uno de los seis investigados, incluida la SAT Climasol. La acusación particular eleva la petición de cárcel a 3,5 años, dos más que los solicitados por el fiscal
ALMERÍA HOY / 25·05·2022
El titular del número 1 de Huércal Overa ha acordado la apertura de juicio oral contra Antonio Segura, abogado veratense y presidente de la SAT Climasol. La decisión se extiende a su socio Francisco Montoya, presidente de UEPA SAT, y Fulgencio Marín Bravo, representante de Agroproducciones Integradas SL, empresa que compraba agua de un pozo supuestamente ilegal y de propiedad pública, que presuntamente sobreexplotaban Segura y Montoya en Overa, según informes que constan en las diligencias. También están investigadas en la causa, como responsables subsidiarias, las tres sociedades citadas.
El juez ha impuesto a cada uno de los seis investigados, fianzas de 457.655 euros para “asegurar las responsabilidades pecuniarias” que pudieran derivarse de las actuaciones que van a juzgarse. En total, 2.750.000 euros.
El auto señala como órgano competente para dirimir la causa al Juzgado de lo Penal de Almería, y ha tenido en cuenta tanto las peticiones del fiscal como las de las acusaciones privadas, que elevan notablemente la solicitud de penas.
Tal vez para eludir esta circunstancia, la defensa del abogado veratense se empleó a fondo oponiéndose a la participación de las partes ajenas al Ministerio Público en el proceso criminal.
Con ese fin, presentó recursos contra la personación, en calidad de acusaciones particulares, de AMAyT (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia) y el propio denunciante ante la Fiscalía, Rafael Salinas, que lo hizo a través de su empresa SARAMA. De hecho, la participación de Salinas no fue admitida hasta bien entrado el procedimiento, apenas un par de días antes de que concluyera el plazo para la calificación de los hechos denunciados. Para ser admitido tuvo que demostrar su condición de perjudicado.
Después de lo que hoy conocemos, la actitud de Segura resulta comprensible. Porque si hace un mes trascendió que el fiscal solicitaba “un año y medio de prisión” para cada uno de los acusados, así como 7.200 euros de multa e indemnizar “conjunta y solidariamente” a la Junta de Andalucía con 343.249,92 euros “por el daño producido al dominio público hidráulico”, ahora sabemos que las dos acusaciones privadas elevan sustancialmente la petición de penas.
MAYOR CONDENA
Ambas coinciden en exigir “tres años y seis meses” de cárcel para los tres investigados, 24.000 euros de multa y la misma indemnización que el fiscal solicita para resarcir a la Junta de Andalucía. Recordemos que esta última cantidad corresponde al valor de las aguas extraídas entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019, según el cálculo aportado por el jefe de servicio de la Delegación de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, aún coincidiendo con la cifra de 343.249,92 euros que exige la Fiscalía en concepto de indemnización para la Junta, las acusaciones particulares quieren que el juez amplíe la compensación al erario andaluz. Están convencidas de que el perjuicio provocado es sensiblemente mayor.
Para demostrarlo, quieren que se evalúe el caudal aforado desde el 5 de febrero de 2014. Ya se lo han pedido al juez. Se basan en uno de los documentos aportados durante la instrucción por los propios investigados. Es el contrato por el que el socio de Antonio Segura –Francisco Montoya- subarrendó la finca de la Terrera a la empresa de otro de los acusados, Fulgencio Marín. La escritura fue firmada ese día y especificaba que el arrendatario podía servirse del pozo. Las acusaciones sostienen que es la prueba de que ya estaba siendo utilizado en esas fechas.
De ser cierta esta conclusión, los imputados habrían aforado agua durante cinco años y dos meses y no sólo en el año y medio calculado por el técnico de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible.
Más lejos lleva la cosa Rafael Salinas. El denunciante ha notificado que pedirá al juez que retroceda la investigación ¡hasta el 10 de enero de 1996!
El motivo es fácil de entender. Salinas recuerda que la defensa del acusado Antonio Segura aportó a las actuaciones un contrato de arrendamiento de la finca de la Terrera suscrito en esa fecha. El propio Segura reveló en su declaración ante el juez que el pozo se perforó en 1985 e intentó legalizarlo en 1995, aunque no recibió la autorización.
A nadie escapa la importancia que tiene el tiempo de explotación que se investigue, porque la cantidad de dinero con que resarcir a la Junta por el daño en el acuífero público situado en la cola del pantano, se estipula en función de los metros cúbicos extraídos. El técnico de la Delegación cifró en 1,76 Hm3 el volumen aforado que, a un precio de 0,195 euros el m3 –aunque existen facturas en el expediente que indican que el agua se vendía a 0,50- habrían supuesto un perjuicio al erario público de 343.249,92 euros. Todo eso en apenas dieciocho meses. Cabe preguntarse a cuánto ascenderían esas cantidades si el periodo investigado abarcara a 5 ó 23 años antes. En cualquiera de ambos casos estaríamos hablando de cifras millonarias muy abultadas.
MÁS INDEMNIZACIONES
Por otra parte, el abogado de Rafael Salinas ha comunicado en su escrito de calificación que, una vez dictada sentencia firme, su cliente solicitará una indemnización a Antonio Segura y los demás encausados.
Para ello aportará un informe pericial sobre los “daños producidos al pozo de su propiedad” -inscrito en el Registro de Minas con el número 249- por el alto nivel de salinidad provocado por la sobreexplotación que se investiga del existente en la Terrera. Al mismo tiempo, añadirá la valoración del perjuicio ocasionado por la misma circunstancia “a las plantaciones de cítricos” que el denunciante cultiva en su finca.
A modo de resumen, Antonio Segura, su socio Francisco Montoya y el responsable de la empresa que supuestamente les compraba el agua del pozo de la Terrera, tendrán que sentarse en el banquillo para ser juzgados en una querella criminal. Se enfrentan a peticiones de entre 18 meses y 3 años y medio de cárcel, a multas de 24.000 euros y a una indemnización de 343.249,92 euros que podría verse sensiblemente incrementada.
En el caso de Segura, los recientes antecedentes penales con que cuenta podrían hacer inevitable su ingreso en prisión en caso de ser condenado.
Es preciso recordar que la SAT Climasol –como también las dos sociedades propiedad de los otros dos procesados- se encuentra imputada en el mismo procedimiento criminal en calidad de “responsable civil subsidiaria”, es decir, que de resultar culpable su presidente –el abogado veratense-, los comuneros podrían terminar pagando sus presuntas ilegalidades.
El juez ha impuesto a cada uno de los seis investigados, fianzas de 457.655 euros para “asegurar las responsabilidades pecuniarias” que pudieran derivarse de las actuaciones que van a juzgarse. En total, 2.750.000 euros.
El auto señala como órgano competente para dirimir la causa al Juzgado de lo Penal de Almería, y ha tenido en cuenta tanto las peticiones del fiscal como las de las acusaciones privadas, que elevan notablemente la solicitud de penas.
Tal vez para eludir esta circunstancia, la defensa del abogado veratense se empleó a fondo oponiéndose a la participación de las partes ajenas al Ministerio Público en el proceso criminal.
Con ese fin, presentó recursos contra la personación, en calidad de acusaciones particulares, de AMAyT (Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia) y el propio denunciante ante la Fiscalía, Rafael Salinas, que lo hizo a través de su empresa SARAMA. De hecho, la participación de Salinas no fue admitida hasta bien entrado el procedimiento, apenas un par de días antes de que concluyera el plazo para la calificación de los hechos denunciados. Para ser admitido tuvo que demostrar su condición de perjudicado.
Después de lo que hoy conocemos, la actitud de Segura resulta comprensible. Porque si hace un mes trascendió que el fiscal solicitaba “un año y medio de prisión” para cada uno de los acusados, así como 7.200 euros de multa e indemnizar “conjunta y solidariamente” a la Junta de Andalucía con 343.249,92 euros “por el daño producido al dominio público hidráulico”, ahora sabemos que las dos acusaciones privadas elevan sustancialmente la petición de penas.
MAYOR CONDENA
Ambas coinciden en exigir “tres años y seis meses” de cárcel para los tres investigados, 24.000 euros de multa y la misma indemnización que el fiscal solicita para resarcir a la Junta de Andalucía. Recordemos que esta última cantidad corresponde al valor de las aguas extraídas entre el 30 de noviembre de 2017 y el 2 de mayo de 2019, según el cálculo aportado por el jefe de servicio de la Delegación de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, aún coincidiendo con la cifra de 343.249,92 euros que exige la Fiscalía en concepto de indemnización para la Junta, las acusaciones particulares quieren que el juez amplíe la compensación al erario andaluz. Están convencidas de que el perjuicio provocado es sensiblemente mayor.
Para demostrarlo, quieren que se evalúe el caudal aforado desde el 5 de febrero de 2014. Ya se lo han pedido al juez. Se basan en uno de los documentos aportados durante la instrucción por los propios investigados. Es el contrato por el que el socio de Antonio Segura –Francisco Montoya- subarrendó la finca de la Terrera a la empresa de otro de los acusados, Fulgencio Marín. La escritura fue firmada ese día y especificaba que el arrendatario podía servirse del pozo. Las acusaciones sostienen que es la prueba de que ya estaba siendo utilizado en esas fechas.
De ser cierta esta conclusión, los imputados habrían aforado agua durante cinco años y dos meses y no sólo en el año y medio calculado por el técnico de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible.
Más lejos lleva la cosa Rafael Salinas. El denunciante ha notificado que pedirá al juez que retroceda la investigación ¡hasta el 10 de enero de 1996!
El motivo es fácil de entender. Salinas recuerda que la defensa del acusado Antonio Segura aportó a las actuaciones un contrato de arrendamiento de la finca de la Terrera suscrito en esa fecha. El propio Segura reveló en su declaración ante el juez que el pozo se perforó en 1985 e intentó legalizarlo en 1995, aunque no recibió la autorización.
A nadie escapa la importancia que tiene el tiempo de explotación que se investigue, porque la cantidad de dinero con que resarcir a la Junta por el daño en el acuífero público situado en la cola del pantano, se estipula en función de los metros cúbicos extraídos. El técnico de la Delegación cifró en 1,76 Hm3 el volumen aforado que, a un precio de 0,195 euros el m3 –aunque existen facturas en el expediente que indican que el agua se vendía a 0,50- habrían supuesto un perjuicio al erario público de 343.249,92 euros. Todo eso en apenas dieciocho meses. Cabe preguntarse a cuánto ascenderían esas cantidades si el periodo investigado abarcara a 5 ó 23 años antes. En cualquiera de ambos casos estaríamos hablando de cifras millonarias muy abultadas.
MÁS INDEMNIZACIONES
Por otra parte, el abogado de Rafael Salinas ha comunicado en su escrito de calificación que, una vez dictada sentencia firme, su cliente solicitará una indemnización a Antonio Segura y los demás encausados.
Para ello aportará un informe pericial sobre los “daños producidos al pozo de su propiedad” -inscrito en el Registro de Minas con el número 249- por el alto nivel de salinidad provocado por la sobreexplotación que se investiga del existente en la Terrera. Al mismo tiempo, añadirá la valoración del perjuicio ocasionado por la misma circunstancia “a las plantaciones de cítricos” que el denunciante cultiva en su finca.
A modo de resumen, Antonio Segura, su socio Francisco Montoya y el responsable de la empresa que supuestamente les compraba el agua del pozo de la Terrera, tendrán que sentarse en el banquillo para ser juzgados en una querella criminal. Se enfrentan a peticiones de entre 18 meses y 3 años y medio de cárcel, a multas de 24.000 euros y a una indemnización de 343.249,92 euros que podría verse sensiblemente incrementada.
En el caso de Segura, los recientes antecedentes penales con que cuenta podrían hacer inevitable su ingreso en prisión en caso de ser condenado.
Es preciso recordar que la SAT Climasol –como también las dos sociedades propiedad de los otros dos procesados- se encuentra imputada en el mismo procedimiento criminal en calidad de “responsable civil subsidiaria”, es decir, que de resultar culpable su presidente –el abogado veratense-, los comuneros podrían terminar pagando sus presuntas ilegalidades.
