Intentó eludir su responsabilidad incriminando al difunto Antonio Alonso, su antecesor al frente de la SAT Climasol. No contestó a la juez sobre quién daba las órdenes de extracción de agua y terminó criticando a los guardias del Seprona. Se enfrenta a un delito penado con hasta cinco años de cárcel
ALMERÍA HOY / 09·01·2022
Aunque trató de aparentar calma y dominio, el abogado veratense Antonio Segura compareció visiblemente nervioso el pasado 16 de noviembre ante la juez del número 1 de Huércal Overa. Lo hizo como investigado, en calidad de presidente de la veratense SAT Climasol, para declarar en las diligencias previas que se siguen por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El delito que se le imputa está penado con hasta cinco años de cárcel.
Entró en la Sala cargado de papeles, sin embargo, su relato fue a veces vacilante y llegó incluso a reconocer que carecía de autorización para explotar el pozo del que se extraía el agua con que supuestamente traficaba de manera ilegal. Y es que Segura, muy probablemente, en ese preciso instante se preguntara por qué estaba allí.
LOS HECHOS
Todo empezó con la denuncia de otro abogado, Rafael Salinas, tal vez algo exagerada, pero la Policía Judicial primero, y la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía provincial, después, apuntaron en la misma dirección.
Salinas puso en conocimiento del Ministerio Público que el letrado Antonio Segura y Francisco Montoya, su socio en la mercantil Chumbos del Almanzora AIE, extraían 285 l/sg, o lo que es lo mismo, 8.988.000 m3 de agua al año (casi 9 Hm3) del pozo de la Terrera, en la pedanía de Overa, que tenía permiso para aforar apenas 4 l/sg. Eso habría propiciado a la sociedad unos ingresos de 5.393.000 anuales.
Sin embargo, las diligencias emprendidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha a instancias de la Fiscalía rebajaron los cálculos del denunciante a 1.761.037 m3, una cantidad en cualquier caso exorbitante, pero, además, concluyeron que el sondeo de marras carece de permisos, pues la autorización referida por Salinas para el pozo de la Terrera corresponde a una noria cercana actualmente en desuso.
No recogen los párrafos anteriores los únicos aspectos que no se ajustan con la legalidad. Según testifica la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que aporta como prueba un certificado de la Dirección General del Catastro, la finca en que se ubica el pozo explotado por Segura y socio es propiedad de la Junta de Andalucía. Es decir, la extracción se habría estado haciendo en terreno público y sacando agua pública.
No queda todo ahí… En declaraciones a la Policía Judicial, los testigos señalaron a un trabajador de la veratense SAT Climasol –cuyo presidente es Antonio Segura-, como la persona que custodiaba el agua del pozo de la Terrera. Ese encargado –“un tal Alfonso”- lo admitió, y dijo hacerlo “siguiendo las instrucciones de los directivos” de la Comunidad de Regantes que preside Segura.
Las pesquisas revelaron un nuevo hallazgo no menos sorprendente: Las facturas de electricidad del pozo de La Terrera se emitieron a nombre de la SAT Climasol, a pesar de que quien facturaba el agua era UEPA SAT, una compañía de Francisco Montoya, el socio del abogado veratense en Chumbos del Almanzora.
Tras examinar toda esta información, el fiscal de Medio Ambiente observó indicios de delito suficientes como para poner una denuncia que la titular del juzgado número 1 de Huércal Overa admitió a trámite.
Sobre todo esto tenía que dar explicaciones Antonio Segura a la juez y, a tal efecto, fue citado el pasado 31 de mayo. Sin embargo, no compareció. Minutos antes de que el reloj marcara las 11:30, un funcionario salió a la puerta para anunciar escuetamente que la sesión había quedado suspendida. Por el momento no ha habido más explicaciones, a pesar de que han sido solicitadas por los procuradores de la acusación particular, representada por la asociación Amayt. A los Salinas, pese a ser los iniciadores del proceso, poniendo todos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, aún no se les ha permitido hacerlo.
Finalmente el 16 de noviembre tuvo lugar la comparecencia. En un primer momento sorprendió la ausencia en la Sala del fiscal que puso la querella. Sin embargo, el decano del Ministerio Público en Huércal Overa, Juan Sánchez, aseguró a esta redacción que no se trata de algo extraño. Todo lo contrario. Es lo “habitual”. La Fiscalía sólo se persona en la toma de declaraciones en diligencias previas “en casos muy excepcionales, como cuando hay testigos menores de edad”.
Llegado el momento, Antonio Segura inició su relato queriendo exculparse. Utilizó como escudo a un difunto. Lo hizo hasta en cuatro ocasiones. “Soy presidente de Climasol desde el 10 de mayo de 2018. Anteriormente lo era don Antonio Alonso Cervantes” dijo para, acto seguido, señalar a su antecesor como quien “gestionó” el convenio sobre la explotación del pozo de la Terrera con Francisco Montoya “en 2012”, si bien, el periodo objeto de investigación es el comprendido entre los días 30 de noviembre de 2017 y 2 de mayo de 2019, siendo Segura presidente durante casi todo ese tiempo.
EL POZO
A continuación, el abogado veratense reveló a la juez que aportaba una serie de documentos, entre ellos, el “permiso para extraer 45 l/sg” del sondeo que explotaba. Pero, al mismo tiempo, confesó que ese pozo había sido perforado en 1985, aunque no solicitó la oportuna licencia hasta 1995.
El resultado de la petición fue, en palabras de Antonio Segura, que “no se autorizó”, aunque el abogado reaccionó –quizás tras escuchar lo que él mismo había dicho- añadiendo que “tampoco se notificó que no se autorizara”, razón que esgrimió para entender “que tenía licencia para extraer 45 l/sg a 120 metros de profundidad”.
En Minas aseguran que el procedimiento para legalizar un pozo consiste en, primero, solicitar la concesión del derecho de uso privativo del agua a la Confederación Hidrográfica y, una vez obtenido, pedir a la Dirección General de Minas el permiso para construir el sondeo y la captación de aguas subterráneas. No cabe entender como afirmativo el silencio administrativo. La licencia se tiene o no se tiene.
Declaró también Segura que el pozo de la Terrera “jamás fue expropiado” por la Junta. “Sí el terreno”, pero no el sondeo que hay en él “desde 1985”. Era la respuesta al certificado de la Dirección General del Catastro reflejando que el pozo se encuentra en suelo de la Junta de Andalucía, fruto de la expropiación llevada a cabo para la construcción del pantano de Cuevas.
Ahora bien, ¿quería decir Segura que Climasol perforó un pozo en terrenos que no eran suyos? Porque el embalse cuevano se construyó en 1986, y una obra de esa envergadura no se termina en un año ni la Administración comienza a invertir en un suelo que no es suyo, por lo que en 1985 –año en que declara Segura que se perforó el pozo-, la parcela ya debía ser de la Junta de Andalucía.
EL CONVENIO
No menos asombro causó en la Sala conocer en qué consistía el convenio existente entre Climasol y el socio de Segura –Francisco Montoya- para explotar el pozo de la Terrera.
Tras insistir en que el acuerdo fue firmado por su antecesor, Antonio Alonso, el abogado veratense explicó a la juez que “la luz [para alimentar la bomba] estaba a nombre de Climasol y Francisco Montoya sacaba el agua para regar sus fincas propias y facturaba –vendía- las sobrantes o las pasaba a la SAT”.
La titular del Juzgado no debió dar crédito a lo que acababa de escuchar, porque repitió las palabras de Antonio Segura. “Es decir, [Francisco Montoya] regaba sus fincas y el sobrante se lo pasaba a la SAT Climasol”, y el declarante insistió. “Climasol pagaba la luz y aprovechaba los sobrantes”.
Quiso saber la juez si continuaba en vigor “el mismo régimen” en la actualidad, a lo que el interpelado repuso que “no”.
Primero justificó el cambio en que “él mismo –pidiéndoselo a su socio Montoya- cerró el pozo”. No obstante, a renglón seguido se contradijo añadiendo que todo estuvo funcionando “hasta que el SEPRONA fue allí, empezó a investigar y el propio Paco [Montoya] me llamó y me dijo que cortaba el suministro porque el SEPRONA estuvo por allí.
Y volvió a contradecirse de nuevo apostillando: “No tuvo que venir la Junta ni el SEPRONA. Creo que lo hizo [cerrar el pozo] el propio Montoya cuando tuvo el primer conocimiento de que algo no iba bien”. Después de oír esto último, cabe preguntarse si alguien cerraría un pozo de su propiedad que estuviera en perfecto estado legal.
También se interesó la juez por las consecuencias que la explotación del pozo podría tener sobre el acuífero de Overa. El abogado respondió que ninguna y, tras volver a insistir, aunque sin venir a cuento, en que “ahora soy yo el presidente, pero antes era otro”, recordó que, recién terminado el pantano, “se hizo un pozo en el propio embalse del Almanzora autorizado por Confederación. Sacaba 200 l/sg y en ningún momento llegó a afectar a la cubeta de Overa”. Olvidó Antonio Segura referir a la juez que, en aquel momento, el pantano de Cuevas estaba lleno, y lo siguió estando durante los tres años siguientes, a pesar de mantener las compuertas de la presa abiertas para evitar que rebosara. Es decir, que en aquellos años la presa estaba completa, como la cubeta de Overa y todos los acuíferos de la zona en un tiempo de sequía en el resto de España.
¿QUIÉN DABA LAS ÓRDENES?
Una de las claves para conocer el grado de implicación de un imputado en los hechos que son objeto de una querella, posiblemente el más importante, consiste en averiguar el puesto que ocupa en la pirámide de la estructura que se investiga.
Tal vez por ese motivo, la juez formuló una pregunta sencilla: “¿Quién daba las órdenes de cuánta agua se debía extraer?”. Segura respondió con una evasiva: “En función de las necesidades”.
No satisfecha con lo escuchado, la titular del número 1 insistió en su interpelación: “Pero, ¿quién daba la orden?”. Y Segura se enrocó en su anterior contestación. “En función de la demanda”, dijo sin revelar el nombre que le pedía la juez.
A menudo, hay silencios que resultan esclarecedores.
ADVERTENCIA AL SEPRONA
No es la primera vez que existe constancia de la inclinación por las ‘advertencias’ que parece tener Antonio Segura. Ya intentó intimidar a esta casa con hacer lo posible para que clientes de ACTUALIDAD ALMANZORA dejaran de anunciarse por haber difundido la noticia de la denuncia que puso Rafael Salinas contra él, por la que ahora está siendo investigado.
También envió un burofax al director de noticiasdealmería.com, Rafael Martos, que Martos interpretó como un intento de amedrentarle; y Manuel Muñoz, el portavoz de la familia Salinas, ha presentado una querella por las amenazas de muerte que dice haber recibido del abogado veratense.
Pero lo insólito es que esta manera de ‘advertir’ la haya usado en sede judicial y contra un grupo de agentes de la Guardia Civil de Garrucha, concretamente los del SEPRONA, a los que recriminó por no hacer bien su trabajo.
Fueron sus palabras finales, tras negarse a responder al letrado de la acusación particular: “Haremos saber a instancias superiores que, si el SEPRONA hubiera investigado con todas las partes, quizás hubiéramos evitado esta historia, que no tiene sentido común. (…) Si el SEPROINA hubiera hecho un mínimo de investigación, seguramente no estaríamos aquí”.
Entró en la Sala cargado de papeles, sin embargo, su relato fue a veces vacilante y llegó incluso a reconocer que carecía de autorización para explotar el pozo del que se extraía el agua con que supuestamente traficaba de manera ilegal. Y es que Segura, muy probablemente, en ese preciso instante se preguntara por qué estaba allí.
LOS HECHOS
Todo empezó con la denuncia de otro abogado, Rafael Salinas, tal vez algo exagerada, pero la Policía Judicial primero, y la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía provincial, después, apuntaron en la misma dirección.
Salinas puso en conocimiento del Ministerio Público que el letrado Antonio Segura y Francisco Montoya, su socio en la mercantil Chumbos del Almanzora AIE, extraían 285 l/sg, o lo que es lo mismo, 8.988.000 m3 de agua al año (casi 9 Hm3) del pozo de la Terrera, en la pedanía de Overa, que tenía permiso para aforar apenas 4 l/sg. Eso habría propiciado a la sociedad unos ingresos de 5.393.000 anuales.
Sin embargo, las diligencias emprendidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha a instancias de la Fiscalía rebajaron los cálculos del denunciante a 1.761.037 m3, una cantidad en cualquier caso exorbitante, pero, además, concluyeron que el sondeo de marras carece de permisos, pues la autorización referida por Salinas para el pozo de la Terrera corresponde a una noria cercana actualmente en desuso.
No recogen los párrafos anteriores los únicos aspectos que no se ajustan con la legalidad. Según testifica la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que aporta como prueba un certificado de la Dirección General del Catastro, la finca en que se ubica el pozo explotado por Segura y socio es propiedad de la Junta de Andalucía. Es decir, la extracción se habría estado haciendo en terreno público y sacando agua pública.
No queda todo ahí… En declaraciones a la Policía Judicial, los testigos señalaron a un trabajador de la veratense SAT Climasol –cuyo presidente es Antonio Segura-, como la persona que custodiaba el agua del pozo de la Terrera. Ese encargado –“un tal Alfonso”- lo admitió, y dijo hacerlo “siguiendo las instrucciones de los directivos” de la Comunidad de Regantes que preside Segura.
Las pesquisas revelaron un nuevo hallazgo no menos sorprendente: Las facturas de electricidad del pozo de La Terrera se emitieron a nombre de la SAT Climasol, a pesar de que quien facturaba el agua era UEPA SAT, una compañía de Francisco Montoya, el socio del abogado veratense en Chumbos del Almanzora.
Tras examinar toda esta información, el fiscal de Medio Ambiente observó indicios de delito suficientes como para poner una denuncia que la titular del juzgado número 1 de Huércal Overa admitió a trámite.
Sobre todo esto tenía que dar explicaciones Antonio Segura a la juez y, a tal efecto, fue citado el pasado 31 de mayo. Sin embargo, no compareció. Minutos antes de que el reloj marcara las 11:30, un funcionario salió a la puerta para anunciar escuetamente que la sesión había quedado suspendida. Por el momento no ha habido más explicaciones, a pesar de que han sido solicitadas por los procuradores de la acusación particular, representada por la asociación Amayt. A los Salinas, pese a ser los iniciadores del proceso, poniendo todos los hechos en conocimiento de la Fiscalía, aún no se les ha permitido hacerlo.
Finalmente el 16 de noviembre tuvo lugar la comparecencia. En un primer momento sorprendió la ausencia en la Sala del fiscal que puso la querella. Sin embargo, el decano del Ministerio Público en Huércal Overa, Juan Sánchez, aseguró a esta redacción que no se trata de algo extraño. Todo lo contrario. Es lo “habitual”. La Fiscalía sólo se persona en la toma de declaraciones en diligencias previas “en casos muy excepcionales, como cuando hay testigos menores de edad”.
Llegado el momento, Antonio Segura inició su relato queriendo exculparse. Utilizó como escudo a un difunto. Lo hizo hasta en cuatro ocasiones. “Soy presidente de Climasol desde el 10 de mayo de 2018. Anteriormente lo era don Antonio Alonso Cervantes” dijo para, acto seguido, señalar a su antecesor como quien “gestionó” el convenio sobre la explotación del pozo de la Terrera con Francisco Montoya “en 2012”, si bien, el periodo objeto de investigación es el comprendido entre los días 30 de noviembre de 2017 y 2 de mayo de 2019, siendo Segura presidente durante casi todo ese tiempo.
EL POZO
A continuación, el abogado veratense reveló a la juez que aportaba una serie de documentos, entre ellos, el “permiso para extraer 45 l/sg” del sondeo que explotaba. Pero, al mismo tiempo, confesó que ese pozo había sido perforado en 1985, aunque no solicitó la oportuna licencia hasta 1995.
El resultado de la petición fue, en palabras de Antonio Segura, que “no se autorizó”, aunque el abogado reaccionó –quizás tras escuchar lo que él mismo había dicho- añadiendo que “tampoco se notificó que no se autorizara”, razón que esgrimió para entender “que tenía licencia para extraer 45 l/sg a 120 metros de profundidad”.
En Minas aseguran que el procedimiento para legalizar un pozo consiste en, primero, solicitar la concesión del derecho de uso privativo del agua a la Confederación Hidrográfica y, una vez obtenido, pedir a la Dirección General de Minas el permiso para construir el sondeo y la captación de aguas subterráneas. No cabe entender como afirmativo el silencio administrativo. La licencia se tiene o no se tiene.
Declaró también Segura que el pozo de la Terrera “jamás fue expropiado” por la Junta. “Sí el terreno”, pero no el sondeo que hay en él “desde 1985”. Era la respuesta al certificado de la Dirección General del Catastro reflejando que el pozo se encuentra en suelo de la Junta de Andalucía, fruto de la expropiación llevada a cabo para la construcción del pantano de Cuevas.
Ahora bien, ¿quería decir Segura que Climasol perforó un pozo en terrenos que no eran suyos? Porque el embalse cuevano se construyó en 1986, y una obra de esa envergadura no se termina en un año ni la Administración comienza a invertir en un suelo que no es suyo, por lo que en 1985 –año en que declara Segura que se perforó el pozo-, la parcela ya debía ser de la Junta de Andalucía.
EL CONVENIO
No menos asombro causó en la Sala conocer en qué consistía el convenio existente entre Climasol y el socio de Segura –Francisco Montoya- para explotar el pozo de la Terrera.
Tras insistir en que el acuerdo fue firmado por su antecesor, Antonio Alonso, el abogado veratense explicó a la juez que “la luz [para alimentar la bomba] estaba a nombre de Climasol y Francisco Montoya sacaba el agua para regar sus fincas propias y facturaba –vendía- las sobrantes o las pasaba a la SAT”.
La titular del Juzgado no debió dar crédito a lo que acababa de escuchar, porque repitió las palabras de Antonio Segura. “Es decir, [Francisco Montoya] regaba sus fincas y el sobrante se lo pasaba a la SAT Climasol”, y el declarante insistió. “Climasol pagaba la luz y aprovechaba los sobrantes”.
Quiso saber la juez si continuaba en vigor “el mismo régimen” en la actualidad, a lo que el interpelado repuso que “no”.
Primero justificó el cambio en que “él mismo –pidiéndoselo a su socio Montoya- cerró el pozo”. No obstante, a renglón seguido se contradijo añadiendo que todo estuvo funcionando “hasta que el SEPRONA fue allí, empezó a investigar y el propio Paco [Montoya] me llamó y me dijo que cortaba el suministro porque el SEPRONA estuvo por allí.
Y volvió a contradecirse de nuevo apostillando: “No tuvo que venir la Junta ni el SEPRONA. Creo que lo hizo [cerrar el pozo] el propio Montoya cuando tuvo el primer conocimiento de que algo no iba bien”. Después de oír esto último, cabe preguntarse si alguien cerraría un pozo de su propiedad que estuviera en perfecto estado legal.
También se interesó la juez por las consecuencias que la explotación del pozo podría tener sobre el acuífero de Overa. El abogado respondió que ninguna y, tras volver a insistir, aunque sin venir a cuento, en que “ahora soy yo el presidente, pero antes era otro”, recordó que, recién terminado el pantano, “se hizo un pozo en el propio embalse del Almanzora autorizado por Confederación. Sacaba 200 l/sg y en ningún momento llegó a afectar a la cubeta de Overa”. Olvidó Antonio Segura referir a la juez que, en aquel momento, el pantano de Cuevas estaba lleno, y lo siguió estando durante los tres años siguientes, a pesar de mantener las compuertas de la presa abiertas para evitar que rebosara. Es decir, que en aquellos años la presa estaba completa, como la cubeta de Overa y todos los acuíferos de la zona en un tiempo de sequía en el resto de España.
¿QUIÉN DABA LAS ÓRDENES?
Una de las claves para conocer el grado de implicación de un imputado en los hechos que son objeto de una querella, posiblemente el más importante, consiste en averiguar el puesto que ocupa en la pirámide de la estructura que se investiga.
Tal vez por ese motivo, la juez formuló una pregunta sencilla: “¿Quién daba las órdenes de cuánta agua se debía extraer?”. Segura respondió con una evasiva: “En función de las necesidades”.
No satisfecha con lo escuchado, la titular del número 1 insistió en su interpelación: “Pero, ¿quién daba la orden?”. Y Segura se enrocó en su anterior contestación. “En función de la demanda”, dijo sin revelar el nombre que le pedía la juez.
A menudo, hay silencios que resultan esclarecedores.
ADVERTENCIA AL SEPRONA
No es la primera vez que existe constancia de la inclinación por las ‘advertencias’ que parece tener Antonio Segura. Ya intentó intimidar a esta casa con hacer lo posible para que clientes de ACTUALIDAD ALMANZORA dejaran de anunciarse por haber difundido la noticia de la denuncia que puso Rafael Salinas contra él, por la que ahora está siendo investigado.
También envió un burofax al director de noticiasdealmería.com, Rafael Martos, que Martos interpretó como un intento de amedrentarle; y Manuel Muñoz, el portavoz de la familia Salinas, ha presentado una querella por las amenazas de muerte que dice haber recibido del abogado veratense.
Pero lo insólito es que esta manera de ‘advertir’ la haya usado en sede judicial y contra un grupo de agentes de la Guardia Civil de Garrucha, concretamente los del SEPRONA, a los que recriminó por no hacer bien su trabajo.
Fueron sus palabras finales, tras negarse a responder al letrado de la acusación particular: “Haremos saber a instancias superiores que, si el SEPRONA hubiera investigado con todas las partes, quizás hubiéramos evitado esta historia, que no tiene sentido común. (…) Si el SEPROINA hubiera hecho un mínimo de investigación, seguramente no estaríamos aquí”.
