El portavoz del partido considera que la decisión de la Junta "es contraria a los derechos y libertades de los andaluces"
ALMERÍA HOY / 09·12·2021
El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos de este partido estudian la resolución de la Junta de Andalucía para exigir el pasaporte Covid en el acceso a hospitales y centros sociosanitarios, que entró en vigor el martes y permanecerá vigente hasta el 15 de enero.
En rueda de prensa, Gavira ha explicado que el equipo jurídico de este partido "estudian con detalle el componente técnico-jurídico" de la orden aprobada por el Gobierno andaluz por cuanto pretenden determinar cuál es "la instancia en la que nos gustaría recurrir", de manera que escudriñan el tribunal "competente para presentar el recurso".
El portavoz parlamentario de Vox ha considerado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que este martes dio luz verde a la exigencia del pasaporte Covid una vez que la Junta de Andalucía cumplió con la exigencia de acotar el periodo de vigencia, "ha caído en la trampa mediática".
Gavira, que ha descrito el documento que acredita la vacunación completa de los andaluces como "el mal llamado pasaporte Covid", ha sostenido que su partido "está en contra de la adopción de esta medida" con el convencimiento de que ese instrumento debería ser "para garantizar la libertad de movimientos".
El portavoz parlamentario de Vox ha apelado a la búsqueda del "adecuado cauce legal para poder combatir la toma de decisión de la Junta de Andalucía, que es contraria a los derechos y libertades" de los andaluces.
La orden de 3 de diciembre de 2021 del Gobierno andaluz, publicada en el BOJA el día 7 tras obtener el aval del TSJA en un segundo pronunciamiento, estipula que "las personas mayores de 12 años, visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados en centros sanitarios con internamiento o de personas residentes en centros sociosanitarios residenciales, podrán acceder a los mismos, ya sean centros de titularidad pública o privada, siempre que dispongan de un certificado emitido por el servicio público de salud o por un laboratorio autorizado (...) que acredite la concurrencia de que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la Covid-19; que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas en el caso de las PCR y 48 horas en el caso de los test de antígenos" o que "se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses", para lo cual "la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la Covid-19 hace 11 días o más, mediante una prueba PCR, y no es válido otro tipo de test".
La medida, "no será aplicable para el acceso de las personas acompañantes de pacientes en el ámbito de las consultas hospitalarias o el servicio de urgencias hospitalarias".
En rueda de prensa, Gavira ha explicado que el equipo jurídico de este partido "estudian con detalle el componente técnico-jurídico" de la orden aprobada por el Gobierno andaluz por cuanto pretenden determinar cuál es "la instancia en la que nos gustaría recurrir", de manera que escudriñan el tribunal "competente para presentar el recurso".
El portavoz parlamentario de Vox ha considerado que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que este martes dio luz verde a la exigencia del pasaporte Covid una vez que la Junta de Andalucía cumplió con la exigencia de acotar el periodo de vigencia, "ha caído en la trampa mediática".
Gavira, que ha descrito el documento que acredita la vacunación completa de los andaluces como "el mal llamado pasaporte Covid", ha sostenido que su partido "está en contra de la adopción de esta medida" con el convencimiento de que ese instrumento debería ser "para garantizar la libertad de movimientos".
El portavoz parlamentario de Vox ha apelado a la búsqueda del "adecuado cauce legal para poder combatir la toma de decisión de la Junta de Andalucía, que es contraria a los derechos y libertades" de los andaluces.
La orden de 3 de diciembre de 2021 del Gobierno andaluz, publicada en el BOJA el día 7 tras obtener el aval del TSJA en un segundo pronunciamiento, estipula que "las personas mayores de 12 años, visitantes y acompañantes de pacientes hospitalizados en centros sanitarios con internamiento o de personas residentes en centros sociosanitarios residenciales, podrán acceder a los mismos, ya sean centros de titularidad pública o privada, siempre que dispongan de un certificado emitido por el servicio público de salud o por un laboratorio autorizado (...) que acredite la concurrencia de que recibieron la pauta completa de una vacuna contra la Covid-19; que disponen de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas en el caso de las PCR y 48 horas en el caso de los test de antígenos" o que "se recuperaron de una infección por el SARS-CoV-2 en los últimos 6 meses", para lo cual "la persona deberá haber sido diagnosticada como caso confirmado de la Covid-19 hace 11 días o más, mediante una prueba PCR, y no es válido otro tipo de test".
La medida, "no será aplicable para el acceso de las personas acompañantes de pacientes en el ámbito de las consultas hospitalarias o el servicio de urgencias hospitalarias".
