La Guardia Civil desvela que las facturas de electricidad del pozo sin autorización supuestamente explotado por el abogado veratense figuran a nombre de la comunidad de regantes
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Sede la SAT Climasol, cuyo local fue o sigue siendo
propiedad del abogado Antonio Segura. Su despacho privado, como puede
apreciarse, está en la planta superior. |
ALMERÍA HOY / 01·06·2021
Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil acerca de lo que, en un principio, podría ser la sobreexplotación de un pozo en la finca de La Terrera, en la pedanía huercalense de Overa, siguen aportando datos. Y sobre el último de ellos, el abogado Antonio Segura tendrá que dar algunas explicaciones al juez en los próximos días, además de, cabe suponer, a sus socios de la SAT Climasol.
Entre otras cosas, habrá de responder a preguntas como por qué los recibos de electricidad relacionados con la explotación del pozo citado figuran a nombre de la comunidad de regantes veratense; por qué se encargaba un empleado de la SAT de distribuir el agua procedente del sondeo o por qué no se cobraba la que se suministraba a una finca de su socio Francisco Montoya.
Todo empezó con la denuncia de otro abogado, Rafael Salinas, tal vez algo exagerada, pero la Policía Judicial primero, y la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía provincial, después, apuntan en la misma dirección.
Salinas puso en conocimiento del Ministerio Público que el letrado Antonio Segura y Francisco Montoya, su socio en la mercantil Chumbos del Almanzora AIE, extraían 285 l/sg, o lo que es lo mismo, 8.988.000 m3 de agua al año (casi 9 Hm3) del pozo de la Terrera, que tenía permiso para aforar apenas 4 l/sg. Eso habría propiciado a la sociedad unos ingresos de 5.393.000 anuales.
Sin embargo, las diligencias emprendidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha a instancias de la Fiscalía rebajan los cálculos del denunciante a 1.761.037 m3, una cantidad en cualquier caso exorbitante, pero, además, concluyen que el sondeo de marras carece de permiso alguno, pues la autorización referida por Salinas corresponde a una noria cercana actualmente en desuso. Y, por si fuera poco, la finca en que se ubica es propiedad de la Junta de Andalucía, según testifica la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que aporta como prueba un certificado de la Dirección General del Catastro. Pero no son éstas las únicas sorpresas que depara la investigación.
TESTIGOS SEÑALAN A CLIMASOL
En declaraciones a la Policía Judicial, Cándido Bonillo –un empleado de Francisco Montoya, socio de Segura- manifestó que él era “la persona que accionaba y paraba el motor” para sacar agua del pozo de la Terrera, situado en una finca arrendada por una empresa de su jefe –UEPA SAT-, pero que lo hacía obedeciendo órdenes de “un tal Alfonso, que trabaja para la SAT Climasol”.
Cuando fue interpelado sobre los motivos de la relación de la Comunidad de regantes veratense con la explotación del sondeo, Bonillo refirió que su jefe, Francisco Montoya “arrendó” la finca en que se encontraba el aforo, pero decidió no cultivarla, y “llegó a un acuerdo con la SAT Climasol –presidida por Antonio Segura- para explotar el pozo y sufragar los gastos de arrendamiento” de esa manera. También contribuiría a minorar esos costes que Montoya, el socio de Segura, no pagara a la SAT el agua que le enviaba para regar otra finca de su propiedad llamada La Sartén. Así lo testifica a la Guardia Civil el empleado de Montoya, Cándido Bonillo.
Igualmente, Tomás Parra Ballester, empleado de la empresa Agropoducciones Integradas SL, señalaba como encargado de suministrar el agua del pozo de la Terrera a “Alfonso, trabajador de la SAT Climasol”. Y, como no podía ser de otra manera, el instructor de la Guardia Civil citó a declarar al “tal Alfonso”.
Éste, de apellidos Guevara Viudez, reconoció que, aunque se jubiló en mayo de 2020, había estado hasta ese momento trabajando en la SAT Climasol “en los últimos 34 años”. Guevara admitió que la SAT veratense gestionaba el agua del pozo de La Terrera “por acuerdo mutuo entre la SAT y D. Francisco Montoya”, y que daba órdenes a Bonillo –el empleado de Montoya- de arrancar o parar el motor “siguiendo las instrucciones de los directivos de Climasol”.
También reconoció Fulgencio Marín, gerente de Agroproducciones Integradas SL, al trabajador de Climasol como encargado de distribuir el agua del pozo de La Terrera, pero, además, añadió un detalle cuya relevancia no pasó desapercibida para el instructor de la Guardia Civil: a partir de marzo de 2019, en las facturas y albaranes que le giraba Francisco Montoya por medio de UEPA SAT –porque no era la comunidad de regantes de Vera quien cobraba el agua de la Terrera, sino la empresa del socio de Segura- ya no figuraba el agua suministrada como concepto a cobrar, igual que hasta entonces, sino “prestación de servicios agrícolas”. Sin embargo “lo que se abona es el agua que se ha suministrado a la finca desde el pozo de La Terrera”, asevera Marín. Cabría preguntar –y muy posiblemente lo hará el fiscal o alguna de las acusaciones particulares- si quienes vendían el agua del mencionado pozo cayeron en la cuenta de que lo que estaban haciendo no era muy cristalino y era mejor no dejar el menor rastro.
RECIBOS DE LA LUZ A NOMBRE DE LA SAT
Por último –y no por ello menos importante-, también contribuiría a “sufragar” los gastos de arrendamiento de la finca por parte de Francisco Montoya, socio de Antonio Segura, que las facturas de electricidad del pozo de La Terrera se emitieran a nombre de la SAT Climasol.
No se trata precisamente de una cuestión insignificante, pues el montante total del importe de la energía que debió abonar la comunidad de regantes veratense ascendió entre el 31 de octubre de 2017 y el 6 de junio de 2019, según los documentos incluidos en las diligencias previas que instruye el juzgado, a 136.878,59 euros. Es algo sobre lo que tendrá que ofrecer explicaciones el abogado Antonio Segura al juez titular del número 1 de Huércal Overa, ante quien tendrá que comparecer el 31 de mayo. Cabe suponer que los socios de la SAT Climasol también exigirán explicaciones a Segura en alguna de las próximas reuniones del Consejo de Administración o la Asamblea.
Entre otras cosas, habrá de responder a preguntas como por qué los recibos de electricidad relacionados con la explotación del pozo citado figuran a nombre de la comunidad de regantes veratense; por qué se encargaba un empleado de la SAT de distribuir el agua procedente del sondeo o por qué no se cobraba la que se suministraba a una finca de su socio Francisco Montoya.
Todo empezó con la denuncia de otro abogado, Rafael Salinas, tal vez algo exagerada, pero la Policía Judicial primero, y la Sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía provincial, después, apuntan en la misma dirección.
Salinas puso en conocimiento del Ministerio Público que el letrado Antonio Segura y Francisco Montoya, su socio en la mercantil Chumbos del Almanzora AIE, extraían 285 l/sg, o lo que es lo mismo, 8.988.000 m3 de agua al año (casi 9 Hm3) del pozo de la Terrera, que tenía permiso para aforar apenas 4 l/sg. Eso habría propiciado a la sociedad unos ingresos de 5.393.000 anuales.
Sin embargo, las diligencias emprendidas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha a instancias de la Fiscalía rebajan los cálculos del denunciante a 1.761.037 m3, una cantidad en cualquier caso exorbitante, pero, además, concluyen que el sondeo de marras carece de permiso alguno, pues la autorización referida por Salinas corresponde a una noria cercana actualmente en desuso. Y, por si fuera poco, la finca en que se ubica es propiedad de la Junta de Andalucía, según testifica la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que aporta como prueba un certificado de la Dirección General del Catastro. Pero no son éstas las únicas sorpresas que depara la investigación.
TESTIGOS SEÑALAN A CLIMASOL
En declaraciones a la Policía Judicial, Cándido Bonillo –un empleado de Francisco Montoya, socio de Segura- manifestó que él era “la persona que accionaba y paraba el motor” para sacar agua del pozo de la Terrera, situado en una finca arrendada por una empresa de su jefe –UEPA SAT-, pero que lo hacía obedeciendo órdenes de “un tal Alfonso, que trabaja para la SAT Climasol”.
Cuando fue interpelado sobre los motivos de la relación de la Comunidad de regantes veratense con la explotación del sondeo, Bonillo refirió que su jefe, Francisco Montoya “arrendó” la finca en que se encontraba el aforo, pero decidió no cultivarla, y “llegó a un acuerdo con la SAT Climasol –presidida por Antonio Segura- para explotar el pozo y sufragar los gastos de arrendamiento” de esa manera. También contribuiría a minorar esos costes que Montoya, el socio de Segura, no pagara a la SAT el agua que le enviaba para regar otra finca de su propiedad llamada La Sartén. Así lo testifica a la Guardia Civil el empleado de Montoya, Cándido Bonillo.
Igualmente, Tomás Parra Ballester, empleado de la empresa Agropoducciones Integradas SL, señalaba como encargado de suministrar el agua del pozo de la Terrera a “Alfonso, trabajador de la SAT Climasol”. Y, como no podía ser de otra manera, el instructor de la Guardia Civil citó a declarar al “tal Alfonso”.
Éste, de apellidos Guevara Viudez, reconoció que, aunque se jubiló en mayo de 2020, había estado hasta ese momento trabajando en la SAT Climasol “en los últimos 34 años”. Guevara admitió que la SAT veratense gestionaba el agua del pozo de La Terrera “por acuerdo mutuo entre la SAT y D. Francisco Montoya”, y que daba órdenes a Bonillo –el empleado de Montoya- de arrancar o parar el motor “siguiendo las instrucciones de los directivos de Climasol”.
También reconoció Fulgencio Marín, gerente de Agroproducciones Integradas SL, al trabajador de Climasol como encargado de distribuir el agua del pozo de La Terrera, pero, además, añadió un detalle cuya relevancia no pasó desapercibida para el instructor de la Guardia Civil: a partir de marzo de 2019, en las facturas y albaranes que le giraba Francisco Montoya por medio de UEPA SAT –porque no era la comunidad de regantes de Vera quien cobraba el agua de la Terrera, sino la empresa del socio de Segura- ya no figuraba el agua suministrada como concepto a cobrar, igual que hasta entonces, sino “prestación de servicios agrícolas”. Sin embargo “lo que se abona es el agua que se ha suministrado a la finca desde el pozo de La Terrera”, asevera Marín. Cabría preguntar –y muy posiblemente lo hará el fiscal o alguna de las acusaciones particulares- si quienes vendían el agua del mencionado pozo cayeron en la cuenta de que lo que estaban haciendo no era muy cristalino y era mejor no dejar el menor rastro.
RECIBOS DE LA LUZ A NOMBRE DE LA SAT
Por último –y no por ello menos importante-, también contribuiría a “sufragar” los gastos de arrendamiento de la finca por parte de Francisco Montoya, socio de Antonio Segura, que las facturas de electricidad del pozo de La Terrera se emitieran a nombre de la SAT Climasol.
No se trata precisamente de una cuestión insignificante, pues el montante total del importe de la energía que debió abonar la comunidad de regantes veratense ascendió entre el 31 de octubre de 2017 y el 6 de junio de 2019, según los documentos incluidos en las diligencias previas que instruye el juzgado, a 136.878,59 euros. Es algo sobre lo que tendrá que ofrecer explicaciones el abogado Antonio Segura al juez titular del número 1 de Huércal Overa, ante quien tendrá que comparecer el 31 de mayo. Cabe suponer que los socios de la SAT Climasol también exigirán explicaciones a Segura en alguna de las próximas reuniones del Consejo de Administración o la Asamblea.
