El Gobierno de España ha aprobado la nueva regla de explotación que restará más de la mitad de las transferencias de agua que cada año –desde hace 40- llegan a las provincias de Alicante, Murcia y el Levante almeriense para abastecimiento humano y riego
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ALMERÍA HOY / 24·06·2021
“Surgiendo de la nada, hemos alcanzado las más altas cotas de la miseria”. Con esta frase atribuida a Groucho Marx, describe el presidente de los regantes del Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, la sensación que le ha deparado el proyecto de plan hidrológico del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobado el pasado 21 de junio por la Dirección General de Aguas del Ministerio para la Transición Ecológica.
Jiménez tilda de “eutanasia” del trasvase el proyecto recién suscrito. Recuerda que, hace un año, la ministra Teresa Ribera proponía elevar el caudal ecológico del río, a su paso por Aranjuez, de los 7 m3/s actuales a 8,52. A los regantes del Sureste español les parecía una “barbaridad”, porque los técnicos calculaban las necesidades en ese punto en 6,20 m3/s.
A partir de ahí, los agricultores de las tres provincias afectadas se movilizaron y se entrevistaron con la ministra. Sin embargo, llegada la hora de la verdad, el caudal ecológico aprobado se incrementó todavía más, hasta llegar a los 8,6 m3/s.
Hay que decir que ‘caudal ecológico’ es un concepto de reciente cuño que designa la cantidad de agua necesaria para que el río mantenga niveles de calidad suficientes que aseguren la vida en su ecosistema. Los técnicos insisten en que lo oportuno es actuar en la depuración de las aguas residuales de Madrid, Toledo y Talavera de la Reina, ya que “por más agua que se aporte, no se va a disolver la mierda” que esas tres ciudades arrojan al Tajo. No obstante, el Gobierno de España ha optado por echar más agua.
Los cálculos de los técnicos de SCRATS cifran en 109 Hm3 la cantidad que dejará de llegar cada año a la cuenca del Segura a partir de 2027. Porque en el incremento del caudal ecológico y, por tanto, la merma en el trasvase, se aplicará progresivamente hasta instaurarse definitivamente y en toda su magnitud dentro de cinco años. En 2022, el recorte será de 43 Hm3. Para hacernos una idea del golpe, sirva recordar que la media anual de agua transferida se sitúa entre los 200 y los 205 Hm3 anuales.
“IDEOLOGÍA”
Más que un golpe, parece un hachazo que, sin embargo, Lucas Jiménez no atribuye a una presunta “victoria” del presidente castellano-manchego García-Page. El portavoz de los regantes del Sureste sostiene que es fruto de un plan antiguo puesto en marcha por Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente con Zapatero y hoy presidenta del PSOE.
Jiménez la culpa de querer “cerrar” el trasvase porque “es del pasado”, y se pregunta qué será lo próximo a desmantelar: “¿Quizás los hospitales construidos antes de 1979 [año en que se puso en marcha el trasvase]?”
Otro problema añadido, según el presidente de SCRATS, consiste en la utilización del agua como arma política. En ese sentido, al uso del Tajo por Castilla-La Mancha en una suerte de “lucha identitaria” –cabe recordar que todo el espectro político de esa región, desde PP hasta IU, pasando por Cs y PSOE, suscribió el documento de García-Page reclamando el recorte del trasvase-, Jiménez añade que ya Borrell elaboró un “buen” plan hidrológico que no llegó a aplicarse porque Aznar lo sustituyó por el suyo. Éste es el que aún está en vigor “salvo en el capítulo relativo al Sureste de España, derogado por Zapatero a toda velocidad para asegurarse el apoyo de los catalanes suprimiendo el trasvase desde el Ebro”. El origen del problema es claro para el regante: “Ha faltado consenso y sentido de Estado para llegar a acuerdos en lo importante”.
CONSECUENCIAS
Se pregunta Jiménez cómo soportará la cuenca del Segura, que está “exánime”, el recorte anunciado de 109 Hm3 anuales. Y se responde que habrá que subir el precio del agua, lo que significará “menor actividad” y, por tanto, “menos empleo”.
“Da la impresión de que los políticos nos ven como hamsters dando vueltas eternamente en su rulo, pero olvidan que necesitamos alimento para seguir moviéndonos”.
Otro interrogante que surge es qué van a hacer los regantes afectados. El portavoz de los del Sureste advierte que no se sentarán a ver cómo deja de llegar un recurso que lleva cuatro décadas alimentando a tres provincias.
“Estamos examinando con nuestros abogados las actuaciones de funcionarios que no han resuelto los errores que les hemos señalado, y que nos han abocado a esta situación. Ahora tenemos seis meses para presentar alegaciones. Acudiremos a los juzgados a defender nuestros derechos, pero también saldremos a la calle. No descartamos presentar una querella por prevaricación contra el Ministerio y vamos a reanudar las movilizaciones”. No obstante, elude hablar de ‘guerra’. “En una guerra participan dos bandos con armas semejantes, y éste no es el caso”.
Jiménez tilda de “eutanasia” del trasvase el proyecto recién suscrito. Recuerda que, hace un año, la ministra Teresa Ribera proponía elevar el caudal ecológico del río, a su paso por Aranjuez, de los 7 m3/s actuales a 8,52. A los regantes del Sureste español les parecía una “barbaridad”, porque los técnicos calculaban las necesidades en ese punto en 6,20 m3/s.
A partir de ahí, los agricultores de las tres provincias afectadas se movilizaron y se entrevistaron con la ministra. Sin embargo, llegada la hora de la verdad, el caudal ecológico aprobado se incrementó todavía más, hasta llegar a los 8,6 m3/s.
Hay que decir que ‘caudal ecológico’ es un concepto de reciente cuño que designa la cantidad de agua necesaria para que el río mantenga niveles de calidad suficientes que aseguren la vida en su ecosistema. Los técnicos insisten en que lo oportuno es actuar en la depuración de las aguas residuales de Madrid, Toledo y Talavera de la Reina, ya que “por más agua que se aporte, no se va a disolver la mierda” que esas tres ciudades arrojan al Tajo. No obstante, el Gobierno de España ha optado por echar más agua.
Los cálculos de los técnicos de SCRATS cifran en 109 Hm3 la cantidad que dejará de llegar cada año a la cuenca del Segura a partir de 2027. Porque en el incremento del caudal ecológico y, por tanto, la merma en el trasvase, se aplicará progresivamente hasta instaurarse definitivamente y en toda su magnitud dentro de cinco años. En 2022, el recorte será de 43 Hm3. Para hacernos una idea del golpe, sirva recordar que la media anual de agua transferida se sitúa entre los 200 y los 205 Hm3 anuales.
“IDEOLOGÍA”
Más que un golpe, parece un hachazo que, sin embargo, Lucas Jiménez no atribuye a una presunta “victoria” del presidente castellano-manchego García-Page. El portavoz de los regantes del Sureste sostiene que es fruto de un plan antiguo puesto en marcha por Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente con Zapatero y hoy presidenta del PSOE.
Jiménez la culpa de querer “cerrar” el trasvase porque “es del pasado”, y se pregunta qué será lo próximo a desmantelar: “¿Quizás los hospitales construidos antes de 1979 [año en que se puso en marcha el trasvase]?”
Otro problema añadido, según el presidente de SCRATS, consiste en la utilización del agua como arma política. En ese sentido, al uso del Tajo por Castilla-La Mancha en una suerte de “lucha identitaria” –cabe recordar que todo el espectro político de esa región, desde PP hasta IU, pasando por Cs y PSOE, suscribió el documento de García-Page reclamando el recorte del trasvase-, Jiménez añade que ya Borrell elaboró un “buen” plan hidrológico que no llegó a aplicarse porque Aznar lo sustituyó por el suyo. Éste es el que aún está en vigor “salvo en el capítulo relativo al Sureste de España, derogado por Zapatero a toda velocidad para asegurarse el apoyo de los catalanes suprimiendo el trasvase desde el Ebro”. El origen del problema es claro para el regante: “Ha faltado consenso y sentido de Estado para llegar a acuerdos en lo importante”.
CONSECUENCIAS
Se pregunta Jiménez cómo soportará la cuenca del Segura, que está “exánime”, el recorte anunciado de 109 Hm3 anuales. Y se responde que habrá que subir el precio del agua, lo que significará “menor actividad” y, por tanto, “menos empleo”.
“Da la impresión de que los políticos nos ven como hamsters dando vueltas eternamente en su rulo, pero olvidan que necesitamos alimento para seguir moviéndonos”.
Otro interrogante que surge es qué van a hacer los regantes afectados. El portavoz de los del Sureste advierte que no se sentarán a ver cómo deja de llegar un recurso que lleva cuatro décadas alimentando a tres provincias.
“Estamos examinando con nuestros abogados las actuaciones de funcionarios que no han resuelto los errores que les hemos señalado, y que nos han abocado a esta situación. Ahora tenemos seis meses para presentar alegaciones. Acudiremos a los juzgados a defender nuestros derechos, pero también saldremos a la calle. No descartamos presentar una querella por prevaricación contra el Ministerio y vamos a reanudar las movilizaciones”. No obstante, elude hablar de ‘guerra’. “En una guerra participan dos bandos con armas semejantes, y éste no es el caso”.
