El Alto Tribunal exige al Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras informes mensuales sobre los progresos realizados para el cumplimiento de las sentencias
ALMERÍA HOY / 14·04·2021
Son numerosas las sentencias firmes que han dictaminado que la construcción de un edificio en la playa carbonera del Algarrobico para ser usado como hotel fue ilegal y debe ser demolido. Sin embargo, la mole de más de veinte plantas continúa en pie.
Ése fue el motivo que movió a Greenpeace a denunciar la "desidia" de las administraciones para cumplir las resoluciones judiciales. El testigo fue recibido por el Tribunal Supremo, que en diciembre de 2020 dictó una resolución exigiendo al Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntmaiento de Carboneras informes mensuales sobre el cumplimiento de las sentencias y, ahora, ha emitido un auto para que dichos informes se envíen al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como garante de la ejecución de las mismas.
Recuerda el abogado de la organización verde, José Igancio Domínguez, que el Ayuntamiento aún no ha clasificado los sectores de El Algarrobico y El Canillar como no urbanizables; la Junta no ha ejercido el derecho de retracto y el Gobierno de la Nación no ha actuado en la servidumbre de Costas afectada por la edificación.
"Quince años después -afirma Domínguez- sólo se ha cumplido la orden de paralización de las obras dictada en 2006 por el juez Rivera, titular entonces del número 2 de lo Contencioso de Almería".
Ése fue el motivo que movió a Greenpeace a denunciar la "desidia" de las administraciones para cumplir las resoluciones judiciales. El testigo fue recibido por el Tribunal Supremo, que en diciembre de 2020 dictó una resolución exigiendo al Gobierno de España, Junta de Andalucía y Ayuntmaiento de Carboneras informes mensuales sobre el cumplimiento de las sentencias y, ahora, ha emitido un auto para que dichos informes se envíen al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como garante de la ejecución de las mismas.
Recuerda el abogado de la organización verde, José Igancio Domínguez, que el Ayuntamiento aún no ha clasificado los sectores de El Algarrobico y El Canillar como no urbanizables; la Junta no ha ejercido el derecho de retracto y el Gobierno de la Nación no ha actuado en la servidumbre de Costas afectada por la edificación.
"Quince años después -afirma Domínguez- sólo se ha cumplido la orden de paralización de las obras dictada en 2006 por el juez Rivera, titular entonces del número 2 de lo Contencioso de Almería".
