‘Mafias’ ejecutan conexiones ilegales a las redes de agua y electricidad y alquilan los pisos. Los vecinos indignados y con miedo. El Ayuntamiento, impotente. La mayoría de los inmuebles pertenecen a entidades financieras que no mueven un dedo, pero otros son de la Junta, que tampoco se inquieta
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| El edificio Pawui se alza como un coloso blanco okupado casi al completo. |
ALMERÍA HOY / 17·08·2020
La actualidad suele esconder un lado oscuro que pocos ven pero otros padecen. Es el caso de un asunto que nos muestran a veces los telediarios o es argumento de reportajes que devoramos desde el sofá pensando que ocurren en lugares distantes de nuestras casas. Sin embargo, esa realidad puede estar rodándose a la vuelta de la esquina. Tal vez en nuestro pueblo.
Está sucediendo en la provincia. En Vera, por ejemplo, donde más de un centenar de viviendas han sido okupadas, muchas de ellas en quince bloques usurpados casi por completo en el corazón de la ciudad, en una escalada que se ha acelerado durante los últimos meses.
La forma de proceder es la misma en casi todos los casos. Un grupo hace las veces de ‘gestoría inmobiliaria’. Primero identifican edificios que pertenecen a entidades financieras, aunque no descartan viviendas sociales construidas por la Junta de Andalucía. Seguidamente, los que negocian con esta situación cambian cerraduras y proceden a conectarlos a las redes de abastecimiento de agua y electricidad. Por último, los alquilan a bajo precio -entre cien y ciento cincuenta euros-. En el caso de Vera, principalmente a inmigrantes magrebíes.
Son bloques okupados prácticamente enteros, como el edificio Pawui y los tres de la promoción ‘Los Patios’ construidos frente a Mercovera, otros cuatro bloques en la calle Carlos V, cuatro más en la Plaza de España y tres en la calle Clavel, por encima de la Iglesia Parroquial. Lo mismo sucede en viviendas aisladas a lo largo del casco urbano y en urbanizaciones de la playa que, en ocasiones, se emplean para el cultivo de marihuana.
‘LA CÁRCEL’
Los bloques okupados en la calle Carlos V son conocidos como ‘La Cárcel’. Los vecinos han recurrido al Ayuntamiento en varias ocasiones, pero el Gobierno municipal se siente “impotente”. Sus competencias son muy limitadas.
El Ayuntamiento conoce la situación y fuentes municipales explican que es uno de los principales motivos que le llevó a crear un cuerpo especial dentro de la Policía Local y asignar un técnico dedicado exclusivamente al asunto.
Esas mismas fuentes creen que detrás de las recientes oleadas se dan tres variables. Por una parte, se trata de inquilinos que han sido expulsados de anteriores okupaciones en otros municipios colindantes. En segundo lugar, Vera es un destino fácil porque existe un gran número de viviendas vacías en poder de entidades financieras. Y, por último, “el efecto llamada que supone el ingreso mínimo vital”.
Para conseguir ese subsidio, el solicitante tiene que demostrar estar censado en España, y el Ayuntamiento está obligado a empadronar a todo aquel que pueda mostrar evidencias de vivir en el municipio. Una de las maneras de probarlo corresponde a la Policía Local. “Antes se procuraba evitar levantar actas de domicilio, pero desde hace unos meses están obligados a hacerlo a solicitud del interesado”. El okupa no tiene que justificar que reside legalmente en el inmueble. Le basta con estar en él cuando lleguen los agentes a comprobarlo.
El principal problema con que se encuentra el Consistorio para resolver este problema es la falta de acción por parte de sus dueños. En este caso son entidades financieras como Cajamar, La Caixa o Bankia.
Precisamente a Bankia pertenecen los bloques okupados en la calle Clavel. Como los demás bancos, Bankia no había movido un dedo para recuperar sus propiedades, pero ahora ha llegado a un acuerdo con el Gobierno municipal. Los responsables de la entidad irán levantando actas y denunciando los hechos ante la Fiscalía para que tramite las demandas mediante procedimientos rápidos.
Además de con los bancos, el Gobierno municipal también quiere llegar a convenios con las compañías suministradoras de energía eléctrica y agua para detectar e interrumpir las conexiones ilegales que, además, “suponen un grave perjuicio a otros vecinos, en algunos casos, o a la ciudad en el resto”.
LA JUNTA
Mención especial merecen los cuatro bloques de la calle Carlos V. Pertenecen a la Junta de Andalucía, que los promovió en su día como viviendas sociales. Están completamente okupados, pero la Administración autonómica no hace nada por recuperar unas propiedades que son de todos los andaluces.
El Ayuntamiento se puso en contacto con la Junta y ésta le pidió que le enviara “una relación con las viviendas afectadas para interponer las denuncias”. Empleados municipales elaboraron la lista y la remitieron al día siguiente. “Hablamos de febrero o marzo, pero todo sigue igual”, lamentan fuentes del Consistorio que, al mismo tiempo, recuerdan que el acuerdo con la Delegación de Fomento consistía en que “ellos interpondrán las denuncias y, cuando se consume cada desalojo, el Ayuntamiento se encargará de tapiar puertas y ventanas. Es ilegal, pero la única solución que nos plantean”.
Con el Gobierno de España, los responsables municipales sólo han mantenido alguna conversación “informal” a través del subdelegado en Almería, pero pretenden mantener en breve una reunión para abordar el asunto y buscar soluciones. “Aunque si Pedro Sánchez no cambia de ideas, será difícil encontrarlas”.
Está sucediendo en la provincia. En Vera, por ejemplo, donde más de un centenar de viviendas han sido okupadas, muchas de ellas en quince bloques usurpados casi por completo en el corazón de la ciudad, en una escalada que se ha acelerado durante los últimos meses.
La forma de proceder es la misma en casi todos los casos. Un grupo hace las veces de ‘gestoría inmobiliaria’. Primero identifican edificios que pertenecen a entidades financieras, aunque no descartan viviendas sociales construidas por la Junta de Andalucía. Seguidamente, los que negocian con esta situación cambian cerraduras y proceden a conectarlos a las redes de abastecimiento de agua y electricidad. Por último, los alquilan a bajo precio -entre cien y ciento cincuenta euros-. En el caso de Vera, principalmente a inmigrantes magrebíes.
Son bloques okupados prácticamente enteros, como el edificio Pawui y los tres de la promoción ‘Los Patios’ construidos frente a Mercovera, otros cuatro bloques en la calle Carlos V, cuatro más en la Plaza de España y tres en la calle Clavel, por encima de la Iglesia Parroquial. Lo mismo sucede en viviendas aisladas a lo largo del casco urbano y en urbanizaciones de la playa que, en ocasiones, se emplean para el cultivo de marihuana.
‘LA CÁRCEL’
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Los bloques de la calle Carlos V son
conocidos como ‘La Cárcel’. No faltan cables colgando para ‘enganches ilegales’
junto a la profusión de rejas que le sirvió de sobrenombre.
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Los bloques okupados en la calle Carlos V son conocidos como ‘La Cárcel’. Los vecinos han recurrido al Ayuntamiento en varias ocasiones, pero el Gobierno municipal se siente “impotente”. Sus competencias son muy limitadas.
El Ayuntamiento conoce la situación y fuentes municipales explican que es uno de los principales motivos que le llevó a crear un cuerpo especial dentro de la Policía Local y asignar un técnico dedicado exclusivamente al asunto.
Esas mismas fuentes creen que detrás de las recientes oleadas se dan tres variables. Por una parte, se trata de inquilinos que han sido expulsados de anteriores okupaciones en otros municipios colindantes. En segundo lugar, Vera es un destino fácil porque existe un gran número de viviendas vacías en poder de entidades financieras. Y, por último, “el efecto llamada que supone el ingreso mínimo vital”.
Para conseguir ese subsidio, el solicitante tiene que demostrar estar censado en España, y el Ayuntamiento está obligado a empadronar a todo aquel que pueda mostrar evidencias de vivir en el municipio. Una de las maneras de probarlo corresponde a la Policía Local. “Antes se procuraba evitar levantar actas de domicilio, pero desde hace unos meses están obligados a hacerlo a solicitud del interesado”. El okupa no tiene que justificar que reside legalmente en el inmueble. Le basta con estar en él cuando lleguen los agentes a comprobarlo.
El principal problema con que se encuentra el Consistorio para resolver este problema es la falta de acción por parte de sus dueños. En este caso son entidades financieras como Cajamar, La Caixa o Bankia.
Precisamente a Bankia pertenecen los bloques okupados en la calle Clavel. Como los demás bancos, Bankia no había movido un dedo para recuperar sus propiedades, pero ahora ha llegado a un acuerdo con el Gobierno municipal. Los responsables de la entidad irán levantando actas y denunciando los hechos ante la Fiscalía para que tramite las demandas mediante procedimientos rápidos.
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| Cuadros de contadores sin ninguno dentro. |
LA JUNTA
Mención especial merecen los cuatro bloques de la calle Carlos V. Pertenecen a la Junta de Andalucía, que los promovió en su día como viviendas sociales. Están completamente okupados, pero la Administración autonómica no hace nada por recuperar unas propiedades que son de todos los andaluces.
El Ayuntamiento se puso en contacto con la Junta y ésta le pidió que le enviara “una relación con las viviendas afectadas para interponer las denuncias”. Empleados municipales elaboraron la lista y la remitieron al día siguiente. “Hablamos de febrero o marzo, pero todo sigue igual”, lamentan fuentes del Consistorio que, al mismo tiempo, recuerdan que el acuerdo con la Delegación de Fomento consistía en que “ellos interpondrán las denuncias y, cuando se consume cada desalojo, el Ayuntamiento se encargará de tapiar puertas y ventanas. Es ilegal, pero la única solución que nos plantean”.
Con el Gobierno de España, los responsables municipales sólo han mantenido alguna conversación “informal” a través del subdelegado en Almería, pero pretenden mantener en breve una reunión para abordar el asunto y buscar soluciones. “Aunque si Pedro Sánchez no cambia de ideas, será difícil encontrarlas”.
